COSTA RICA: LA POLÍTICA SOCIAL EN LA ENCRUCIJADA

Msc. Xinia Picado G.

1. INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la región centroamericana y aún en el de América Latina, Costa Rica ha venido presentando en las últimas décadas avances notables en el mejoramiento del bienestar de la población. Estos avances notables se han logrado por la extensión del beneficio social a numerosos sectores lo que ha redundado indudablemente en un mejoramiento en la calidad de vida. La expansión de las políticas en el campo social, la creación de instituciones dirigidas a combatir los problemas de desigualdad desde diversos ángulos; vivienda, alimentación y nutrición, y salud ( incluyendo agua potable), son indicadores de la intencionalidad formal del Estado de intervenir en esta problemática.

En este trabajo se pretende caracterizar el proceso de la política social en Costa Rica con el fin de dilucidar los principales condicionantes que han afectado su desarrollo.

Con este propósito, se destacan algunas variables como el crecimiento institucional y el gasto público en el campo social. Se analiza, además la racionalidad con que se administran nuestras políticas.

En un segundo momento se ubican estos aspectos en el contexto de la crisis económica que atraviesa Costa Rica, y los niveles de deuda externa. Se examina además, el impacto redistributivo de la política social tomando como ejemplo el caso de los programas de vivienda, considerada una política prioritaria en la administración Arias.

Nuestro propósito no es el de realizar un examen exhaustivo de la política social costarricense, ni tampoco avanzar en su conocimiento teórico, sino contribuir a destacar algunas de las principales variantes que han caracterizado su desarrollo, reflexionando sobre la encrucijada en que ésta se encuentra.

2. EL PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL COSTARRICENSE

En general ha sido mediante la vía jurídica que el país ha promovido las Reformas Sociales. Con la Constitución de 1949, se pone en marcha el esquema de intervensionismo y de tecnificación del aparato estatal. Ya desde 1943 con la introducción del capítulo de las Garantías sociales en la Constitución se da un avance muy importante en la protección a la familia, a la infancia, y se modifican sustancialmente las relaciones obrero patronales.

Con la Reforma Constitucional de 1946 se establece el Servicio Social para impedir que los puestos públicos se distribuyan como botín político.

Con la racionalización bancaria el Estado canaliza los recursos para inversión, dando continuidad a políticas más generales. Se fortalece la educación y se da acceso en los diferentes niveles del estado a nuevos grupos sociales mediante la generación de empleo.

Entre los años 1950-1980 se expande la estructura institucional significativa, situación que podemos apreciar en el cuadro I, el cual muestra el crecimiento institucional entre los años 1950, 1962, 1968, 1980 y 1987.

La explicación con relación a los términos empleados en ese cuadro es necesaria. Las instituciones públicas de servicio, son aquellas cuyo principal objetivo es la canalización de recursos hacia la satisfacción de necesidades sociales (salud, niñez, alimentación, vivienda) y aquellas otras que promuevan la ciencia, la tecnología, la educación y el turismo.

Las empresas públicas no financieras son aquellas entidades públicas cuyo objetivo principal de acuerdo con su ley orgánica, está centrado en la producción, distribución y venta de bienes y servicios en las cuales su motivación fundamental es el servicio a la sociedad y no la obtención de lucro aunque reciben retribución por ello. Entre estos bienes, podeos citar el suministro de agua potable, la producción y distribución de energía eléctrica, los servicios portuarios y de comercialización y el control de precios de ciertos bienes de consumo masivo, como por ejemplo el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

Las empresas públicas financieras están constituidas por los bancos comerciales del Sistema Bancario Nacional. El Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el instituto Nacional de Seguros, La Junta de Protección Social de San José, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo y otros. Las funciones que realizan estas instituciones son muy diversas y abarcan actividades financieras tales como la concesión de préstamos, captación de depósitos y ahorros, actividad de los seguros y asesoría a cooperativas y municipalidades.

Esa estructura institucional que se fue ampliando progresivamente desde 1950 muestra toda una gama de actividades que fue asumiendo el Sector Público. Dentro del Poder Ejecutivo el número y especialización de los ministerios fue creciendo.

El número de empleados públicos aumenta caso 9 veces absorbiendo para 1980 un 18.5% de la Población económicamente Activa (PEA) como se aprecia en el Cuadro 2. Un importante sector de la población se incorpora como personal del estado, se expande la clase media, el estado brinda nuevas posibilidades de trabajo e ingreso a la población. Si bien hasta los 80s hay una tendencia de crecimiento institucional, esta se ve fuertemente limitada a partir de 1982 por los condicionamientos de la deuda externa que s e imponen a la economía del país y a los que nos referiremos más adelante. (1)

3. EL CRECIMIENTO INSTITUCIONAL E INSTITUCIONES CREADAS CON OBJETIVOS SOCIALES

Como podemos observar el gráfico 1, es en las Administraciones Figueres y Oduber cuando de da una mayor proliferación de las instituciones con objetivos sociales. Es ésta la que podríamos llamar la Época de las Políticas Sociales, ya que el Estado tienen la capacidad económica para responder a las demandas sociales aún cuando la administración de los programas no sea la más eficiente, como lo destacaremos más adelante.

La creación de instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Fondo de Desarrollo Social y asignaciones Familiares es, como lo señala el mismo Figueres en su obra “La Pobreza de las naciones”, el reconocimiento por parte del Estado de que existe un sector de la población que es indigente y que hay que combatir la pobreza para combatir la lucha de clases. Por eso se denomina a las políticas de los años setenta como de “Cierre de la brecha social” (2).

Ha sido característico del estado costarricense una marcada intervención en el campo económico y social de la población.

El gasto público total para 1984 alcanza los 67 mil millones de colones, como se observa en el cuadro 3. Las instituciones públicas de servicio y las instituciones públicas no financieras son las que realizan un gasto mayor (3).

Paralelamente a la deuda pública externa creció a un ritmo vertiginoso teniéndose que la relación Deuda Pública externa / PIB pasó de 16.6% en 1970 a 86.7% en 1981, estando ubicado el periodo de mayor crecimiento entre 1978-81. Las disminuciones del servicio de la deuda en los últimos a los se deben, no a una disminución real de los compromisos, sino a la suspensión de pagos al exterior por insolvencia. La crisis económica que el país enfrenta a inicios de esta década, empieza a resquebrajar el tradicional modelo expansivo de la política social. La insolvencia económica coloca a Costa Rica en la lista de los países a los que no les queda otra alternativa que sujetarse a los lineamientos de los organismos financieros internacionales. Para agosto de 1986 la deuda externa alcanza los 3.643.90 millones de dólares y al 31 de diciembre de 1987 asciende a 4.002.60 millones de dólares. (4)

En los últimos años Costa Rica no solamente no está amortizando la deuda sino que tampoco está pagando intereses, no obstante, el servicio de la deuda representó en 1986 un 40% de las exportaciones.

4. LAS POLÍTICAS SOCIALES EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS

Resulta aún difícil precisar cuál ha sido el impacto real de la crisis económica sobre el logro de las metas de desarrollo social. Las variaciones que se han venido imprimiendo a la política social, más que producto de un estudio integral por parte de las instituciones estatales, han sido el resultado de las presiones, que para el establecimiento y firma de convenios ha realizado el gobierno en su afán de equilibrar la economía nacional. Cabe citar en este orden los Convenios con el Fondo Monetario Internacional firmado en diciembre (1982) por un monto de US 100 millones de dólares, ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público y el posterior Convenio con el FMI en los primeros meses de 1984. Algunas de las principales medidas de estos convenios contemplan:

-La eliminación de los subsidios otorgados por el Estado en la venta de productos básicos y otros productos alimenticios.

-Aumento en las tasas de Interés en los préstamos.

-Incremento en el impuesto selectivo de consumo.

-Modificaciones a los precios de servicios básicos: luz (90%) teléfonos (72%), agua potable (30%).

-Congelamiento del empleo en el sector público y postergación de la puesta en vigencia de la escala salarial y ajustes salariales.

-Eliminación del déficit financiero público (5).

Efectivamente con la ley para el Equilibrio Financiero N°. 6955 del Sector Público (del 25 de febrero de 1984) se estableció una Comisión de Reordenamiento Hacendario presidida por el Contralor General de la República. De acuerdo con esta legislación se imprimen caminos sustantivos en los siguientes campos:

-Normas concretas para establecer una caja única para atender el financiamiento de los programas públicos.

-Reglas para sustituir el sistema de partidas específicas.

-Mecanismos para la calificación de prioridades del sector público y métodos para racionalizar el gasto público.

-Establecimiento de un sistema permanente de fiscalización presupuestaria de los órganos del Poder Ejecutivo y de las instituciones descentralizadas.

-Congelamiento de plazas en el sector público. De acuerdo con esta medida se eliminan del Presupuesto Ordinario y extraordinario de la República las plazas vacantes o que vayan a estarlo.

-Reducción en los presupuestos de las instituciones públicas, estableciendo una contribución extraordinaria que éstas deben pagar al Gobierno de la República.

Reformas al Sistema Tributario con la imposición de nuevas tasas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas, impuestos selectivos de consumo y por el uso de puertos y fronteras entre otros.

Siguiendo los lineamientos de los convenios firmados con el FMI se han venido estableciendo reajustes en las tarifas de servicios públicos considerándose que esta es la medida básica para el fortalecimiento de las finanzas públicas (6).

Esta tendencia se ha acentuado con más fuerza en los últimos años. La Carta de Intenciones y el Programa de Ajuste Estructural (79 que el Gobierno presentó en abril y mayo de 1987 hace énfasis en la necesidad de ajustar las tarifas de los servicios públicos (electricidad, agua, transporte) eliminándose los subsidios que tradicionalmente el estado les había otorgado.

Paralelo a este encarecimiento de los servicios básicos, las políticas gubernamentales han venido imprimiendo una acción restrictiva a los servicios sociales dirigidos a los sectores más desposeídos. Si bien las políticas de vivienda han sido la excepción de esta tendencia, como lo explicaremos más adelante, la calidad operativa de algunos programas sociales presenta francas desmejorías. En el sector Alimentación y Nutrición, por ejemplo, el de más amplia cobertura (Programa de Comedores Escolares, (-P.C.E.-) vio drásticamente reducida su capacidad financiera al reducirse una tercera parte de su presupuesto para ser trasladado al sector vivienda (8)

Una investigación orientada a identificar la calidad del Programa de Comedores Escolares, destacó el deterioro en los servicios de alimentación a escolares, especialmente en algunas áreas rurales de débil desarrollo. (9)

Cabe agregar además que desde 1978 se han venido tratando de implementar en este programa, mediadas de selección de beneficiarios. Este hecho tiene su causa, en que desde su inicio, el programa ha cubierto a un 8606% de la población escolar, aunque fuera estrictamente necesario para solamente un 14% (10. La medida no ha sido puesta en práctica (11) sino en forma muy débil y parcial.

Se desprende entonces, que seguir manteniendo estas disfuncionalidades equivale a sacrificar la calidad de vida de un importante sector de la población costarricense.

4. LA RACIONALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.

A la problemática que nos hemos venido refiriendo de restricción del gasto público es importante agregar un examen de la racionalidad que se le imprime a la formulación y ejecución de la política social en el país.

Diversos estudios han señalado la ausencia de criterios técnicos a la hora de plantear y de poner en marcha un programa social específicamente en las áreas de Vivienda y Alimentación y Nutrición. Como ha sido ya reconocido “la modalidad de desarrollo adoptada por los diferentes gobiernos ha favorecido principalmente, los que han resultado beneficiados con el excedente de capital generado (...): así, importantes sectores de la población no han logrado incorporarse al proceso productivo del país” (12).

Los programas de vivienda social que promueve el INVU favorecen específicamente a los sectores medios y resultan prohibitivos a quienes ocupan las últimas posiciones en la distribución del ingreso.

Esta situación de agrava más si se toma en cuenta que con estos programas se ha beneficiado más a la población del área urbana, aún cuando la zona rural sea la que presente la mayor incidencia en los niveles de pobreza.

Otro aspecto que se presenta como problemático es la ubicación de los programas. Generalmente se ha recurrido a las áreas periféricas en donde se requiere establecer servicios de infraestructura (agua, luz, etc.) que repercuten en los costos de la urbanización y en dificultad de transporte para los usuarios. Asimismo los programas de autoconstrucción “presentan problemas técnicos y operativos considerables que se reflejan o bien en la mala calidad de la vivienda, en fracaso de los programas o en conflicto entre los beneficiarios” (13): ante esta problemática, las acciones del Estado amen a adolecer de una planificación real de los programas, se caracterice más por ser una respuesta incrementalista que una reforma sustancial al déficit habitacional.

1. VIVIENDA

El Gobierno de Oscar Arias (1986-1990) asumió como compromiso de campaña la edificación de 80.000 viviendas para los sectores más desposeídos. Cabe citar como principales acciones en el sector vivienda: La creación del ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos como ente rector; el establecimiento de un Sistema Financiero; y la activación de la Comisión Nacional de Emergencias mediante la creación de la Comisión Especial de Vivienda como entidad ejecutora.

Un examen atento de la acción gubernamental para el sector vivienda permite identificar como problemática principal:

-La escasa coordinación de las acciones e incapacidad encargadas de planificar, ejecutar las políticas de vivienda (14)(15).

-El sistema empleado para el otorgamiento de crédito para favorecer a los más pobres no es siempre el más eficiente. Se dan filtraciones del programa a los sectores medios.

-El restringido margen de capacidad para otorgar crédito blando. “La mayoría de los recursos económicos se continúan canalizando hacia el sector privado de la construcción y los estratos medios y altos” (16).

2. ALIMENTACIÓN Y NUTRICION

Los programas de Salud, Alimentación y Nutrición se fortalecieron con la creación de la Ley 5662 de Asignaciones en 1974.

Desde su inicio hasta 1981, la Dirección de Desarrollo Social y asignaciones Familiares ha invertido 847 millones de colones de estos rubros.

Entre los principales programas de Salud, Alimentación y Nutrición que funcionan en las diversas regiones del país se encuentran 538 Centros de Educación (CEN), donde se brinda atención a las madres embarazadas y a los lactantes. Existen además 33 Centros de Atención Integral (CINAI) que trabajan como guarderías atendiendo niños de edad preescolar y 2780 Comedores escolares, donde se brinda alimentación complementaria a 400.949 escolares entre 6 y 12 años.

Este último programa de comedores escolares es el que absorbe la mayor proporción de recursos y es considerado uno de los más importantes del Fondo de Desarrollo social y Asignaciones Familiares. El estudio de este programa destacó que:

En su ejecución no se habían utilizado criterios técnicos en lo referente a cobertura, selección de beneficiarios y modalidades de acción. De esta forma un programa que debía cubrir básicamente a menos de un 20% de la población, cubrió al 100% extendiéndose además a los docentes y funcionarios administrativos de esos centros educativos, más como consecuencia de presiones políticas que debido a justificaciones técnicas(17).

Problemas similares se presentan en los otros programas de alimentación y nutrición, como es la casa de los CEN y CINAI. Las evaluaciones realizadas son escasas; no se incorporan al funcionamiento de los programas y no se utilizan para la toma de decisiones correctivas (18). En general estos programas y otros similares adolecen de una dirección administrativa eficaz y es usual la falta de decisión política y coordinación interinstitucional.

Todas estas circunstancias repercuten en los costos económicos y en la eficiencia con que operan los programas.

En el caso del Programa de Comedores Escolares ya mencionado, en las últimas administraciones de gobierno se han venido haciendo esfuerzos para incorporar criterios para la selección de beneficiarios, prueba de ello son las recomendaciones emitidas por el Proyecto de Investigación Operacional de PAG en 1987 (19).

4. EL IMPACTO REDISTRIBUTIVO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES

Considerando la importancia que tradicionalmente el estado costarricense ha venido otorgando a los programas de carácter social, cabe plantear la interrogante de si en este período de treinta y ocho años (1950-1988) se cumplieron los objetivos de justicia social promulgados en los Planes Nacionales de Desarrollo de las distintas administraciones.

No es el período de contestar estas preguntas, sino tenerlas en cuanta a la hora de examinar la distribución del ingreso de las familias en Costa Rica. De acuerdo a una investigación realizada por el Instituto de Investigaciones en Ciencias económicas de la Universidad de Costa Rica (20) para el año 1983, el 20% de las familias más ricas se apropiaban del 46.6% (casi la mitad) del ingreso familiar total mientras que el 20% más pobre y el 30% siguiente (osea la mitas de las familias) se apropian apenas de un 24.3% del ingreso. El ingreso promedio per cápita de las familias más ricas es casi 14 veces mayor que el se las familias pobres, además las familias más pobres se ubican mayoritariamente en las zonas rurales.

Los programas de vivienda que opera principalmente con dos modalidades:

a)El subsidio directo generado a través de un préstamo o extendido por títulos nominativos a las familias de escasos recursos económicos. Estas formas de operación de crédito blando, exentos de impuestos se crearon expresamente con e le propósito de ayudar a los sectores más pobres.

b) La segunda modalidad (subsidio indirecto) consiste en préstamos con tasas de subsidio diferenciados para el INVU y para las instituciones financieras nacionales entre los que se encuentran principalmente el Sistema Bancario Nacional, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros.

En la forma de operar y aplicar los créditos es donde se empieza a distorsionar el objetivo de favorecer a los más pobres. Si bien la distribución de los subsidios directos es muy progresiva (21) la proyección de este programa alcanza a cubrir un escaso sector de la población. El subsidio indirecto otorgado a través de crédito con bancos e instituciones estatales es accesible únicamente a los sectores medios y altos. De estos programas de vivienda no participó el 10% de las familias más pobres en ninguna zona del país (22).

4. CONCLUSIONES

Con el panorama presentado es las páginas anteriores, se ha querido analizar (aunque no de manera exhaustiva), el proceso y coyuntura de la política social en Costa Rica.

Los condicionantes de la deuda externa y los niveles de inflación alcanzados en los últimos años, sujetan a nuestro país a una dependencia cada vez mayor de la asistencia financiera internacional.

Dentro de este contexto se presentan como variantes intervinientes que se entrecruzan:

Una tendencia reciente a restringir el gasto público social y a la vez, una palpable incapacidad institucional para imprimir mayor racionalidad a la ejecución de los programas sociales.

Es esta perspectiva, la política social requiere un carácter más simbólico que real, operando además en un contexto de crisis en donde la ineficacia de los programas, no pueden ser solamente atribuida a la restricción del gasto, sino también a la incapacidad e nuestros funcionarios públicos se administrar adecuadamente. Si bien ha venido intentando superar esta problemática, las iniciativas de racionalización no logran modificar sustancialmente la dinámica administrativa ya establecida, y bajo la cual operan algunas de nuestras principales instituciones sociales desde hace muchos años.

Se presenta el Estado un doble desafío:

9. el lograr que su personal alcance mayores niveles de eficiencia en el planteamiento y ejecución de los programas sociales, y

ii) el administrar estos programas en forma tal que se maximice su efectividad. La focalización de los sectores beneficiarios y la racionalidad, se manifiestan como posibles vías de salida y contención al deterioro social emergente.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

1. Sistema de indicadores sociales. El gasto público en los sectores sociales. MIDEPLAN. Doc. De trabajo #9, 1985.

2. Romero, C. Estado y Políticas en Costa Rica 1950-*1980. Tesis de maestría U.C.R., 1983.p.144.

3. Sistema de indicadores sociales. El gasto público en los sectores sociales. MIDEPLAN. Doc. De trabajo #9, 1985.

4. Sojo A. LA actualidad dinámica socioeconómica costarricense y las opciones de desarrollo social en el ocaso del siglo XX. Ponencia presentada Seminario del 40 Aniversario de la CEPAL, San José, Nov. 1988.

5. La Nación, Carta de Intenciones al FMI, 1 de diciembre 1982, San José, Costa Rica. La Nación, Carta de Intenciones al FMI, febrero, 1984, San José, Costa Rica.

6. La Gaceta, N°. 152 del lunes 23 de agosto de 1984, San José, Costa Rica.

7. Véase. Carta de Intenciones al FMI. La Nación, 27 de abril de 1987. Programa de Ajuste Estructural. La Nación, 5 de mayo de 1987.

8. Véase Ley N° 7052, Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. San José. Noviembre de 1986.

9. Véase Picado X. El Programa de Comedores Escolares: Análisis Evaluativo de una Política Social. Documento de Trabajo. IICE N° 105, Abril 1987. San José, Costa Rica.

10. Véase Valverde V. “El SIN y el Programa de Comedores Escolares “. Boletín Informativo del SIN. N° 5, OCAF, san José, 1980.

11. La Nación. “Seleccionarán beneficiarios de los comedores escolares”. Enero 3, 1988.

12. MIDEPLAN. “Los efectos de inversión social en Costa Rica. : La problemática de la alimentación complementaria y de la vivienda de interés social”. MIDEPLAN, San José, 1983.p.8.

13. IDEM

14. (15) Callaci. M. Presidente Ejecutivo del INVU. Periódico La República “El Problema de la Vivienda”, mayo 20, 1987 San José, Costa Rica.

(16) Centro de Estudios para la Acción Social (CEPAS). LA política de la vivienda de la Administración Arias Sánchez: Síntesis y Perspectivas. San José, 1988 p.8.

17. Picado X. Análisis de Políticas Públicas: El subprograma de comedores escolares 1975-1982. Tesis de maestría, U.C.R. 1984.

17. Picado X. Op.cit.

17. IOPAG. Informe final. Seminario-taller Identificación de Problemas y Formulación de Soluciones de los PAG. IOPAG, San José 1987.

17. Trejos J.D. Elizalde M.L. Costa Rica: La distribución del ingreso y el acceso a los programas de carácter social. San José. IICE, U.C.R. Documento de Trabajo N° 90, 1986.

17. Rodríguez A. Estudio del efecto redistributivo del subsidio generado en los programas públicos del financiamiento y dotación de vivienda, 1982 IICE. Doc. De Trabajo N°, U.C.R. S.J. 1986.P.76.

17. IDEM p.77.

BIBLIOGRAFÍA

Callaci, M. El problema de la vivienda, La República. San José Costa Rica, mayo 20, 1987.

Carta de Intenciones del Fondo Monetario Internacional, LA NACIÓN, San José, Costa Rica. 1 de diciembre, 1982.

Carta de Intenciones del FMI, LA NACIÓN, San José, Costa Rica 27 de baril, 1987.

Centros de Estudios para la Acción Social (CEPAS). La Política de vivienda en la administración Arias Sánchez: síntesis y perspectivas. San José, Costa Rica. 1988.

Contraloría General de la República. Listado de Control de Presupuesto de las Instituciones del Sector Público. San José, Costa Rica. 1982.

De la O. Julia. El crecimiento de la Administración Pública en el desarrollo: El caso de Cota Rica. IDELA; San José, Costa Rica.

MIDEPLAN. Los efectos de la inversión social el Costa Rica; la problemática de alimentación complementaria y de la vivienda de interés social. San José, Costa Rica. 1983.

Picado G., Xinia. Análisis de Políticas: El subprograma de Comedores Escolares 1972-1982. Tesis de maestría. San José, Costa Rica U.C.R. 1984.

Picado G. Xinia y Crowther Warren. El control en el sector público: Administración es más que control, control es más que información e información es más que datos, REVISTA CENTROAMERICANA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA. San José, costa Rica. Enero a junio, 1984.

Picado G., Xinia. Local Politics, Program Implementation, on Program Evaluation. INTERNATIONAL INNOVATIONS IN EVALUATION METHODOLOGY N° 42. San Francisco, London. 1989.

Programa de Ajuste Estructural, LA NACION. San José, Costa Rica mayo 5, 1987.

Rodríguez, Adrián. Estudio del efecto redistributivo del subsidio generado en los programas públicos del financiamiento y dotación de vivienda. San José, Costa Rica. U.C.R. IICE. Documento de trabajo N°. 98. 1980.

Romero, Carmen. Estado y Políticas Sociales en Costa Rica: 1950-1980. Tesis de maestría. San José, costa Rica. U.C.R. 1983.

Seleccionarán beneficiarios de los comedores escolares, LA NACIÓN, San José, Costa Rica. Enero 8, 1988.

Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. San José, Costa Rica. Noviembre, 1980.

La situación de la vivienda en Costa Rica. REVISTA QUINCENAL PRIMERA PLANA. San José, Costa Rica. 1 al 15 de abril. 1987.

Sojo, Ana. La Actual dinámica socio económica costarricense y de las opciones de desarrollo social en el caso del siglo XX. Ponencia presentada en el Seminario del 40 aniversario de la CEPAL. San José, Costa Rica.

Trejos J.D, Elizalde M.L. Costa Rica: la distribución del ingreso y el acceso a los programas de carácter social. San José, Costa Rica. U.C.R: IICE. Documento de trabajo N°90, 1986.

Valverde, V. El SIN y el Programa de Comedores Escolares, BOLETÍN INFORMATIVO DEL SIN N°5. San José, Costa Rica, 1980.

GRAFICO NO. 1

COSTA RICA: CRECIMIENTO INSTITUCIONAL E INSTITUCIONES CREADAS CON OBJETIVOS SOCIALES SEGÚN PERIODOS PRESIDENCIALES 1954-1978

FUENTE:

ROMERO, C.M. Estado y Políticas en Costa Rica 1950-1980. UCR 1983.

CUADRO 1

COSTA RICA: EVOLUCIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR PUBLICO POR GRANDES NIVELES, 1950-1987.

(Número de entidades)

Fuente: -Elaboración propia en base a: De la O.I. El crecimiento de la Administración Pública en el desarrollo:

El caso de Costa Rica, IDELA. 1982.

- Contraloría General de la República, Listado de Control de Presupuesto de las Instituciones del Sector Público. 1987.

CUADRO 2

COSTA RICA: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

NUMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS

RAZÓN NEP/PGA. 1950-1980

FUENTE: Para La PEA: Caja Costarricense de Seguro Social (Anuarios Estadísticos), y Ministerio de Trabajo y seguridad Social/ Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Encuesta de Hogares, Empleos y Desempleo). Julio de cada año.

Para número de Empleados Públicos: Cuadro 7 del Anexo.

De la O.J. El crecimiento de la Administración Pública en el desarrollo: El caso de Costa Rica. IDELA, 1982.

CUADRO 3

COSTA RICA: GASTO PUBLICO TOTAL

1975-1989

-miles de colones-

Únicamente los programas de Servicios Médicos y Riesgos Profesionales.

Fuente: Sistema Indicadores Sociales. El gasto público en los sectores sociales. MIDEPLAN. Doc. De trabajo #9, 1985.