Dimensiones de la participación en las organizaciones sociales del área metropolitana de San José: Un análisis crítico de la categoría “participación ciudadana social y política

Dra. Marta Picado Mesén*

*Máster en Evaluación Educativa y licenciada en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica (UCR). Directora Centro de Evaluación Académica, Vicerrectoría Académica, UCR. Catedrática UCR.

Resumen

En este artículo se hace un recorrido conceptual sobre la categoría “participación” en los procesos de trabajo y en investigaciones realizadas por profesionales en Trabajo Social, en Costa Rica. Se alude a la participación como un procedimiento metodológico de raigambre político que surge ligado a la categoría “democracia”. Además, se describe la forma en que surgen y se utilizan las categorías: participación comunitaria, social, política y ciudadana.

También se plantea la participación ciudadana como un elemento sustancial que debería estar presente en todo sistema democrático con el propósito de fortalecer y construir herramientas que permitan, mediante la generación de espacios de participación, la interacción entre la sociedad civil y el Estado. La participación ciudadana se define como la participación de las personas en actividades de interés colectivo o público e incluye la participación política y la participación social. Finalmente, se explica cómo se visualiza la participación en un estado benefactor, neoliberal o socialista.

Descriptores

Participación, participación comunitaria y participación cuidadana.

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Participation levels of social organizations of the metropolitan Area of San José: A critical analysis of the category “social and political citizen ship participation

Dra. Marta Picado Mesén*

*(*) Master’s degree in Educational Assessment and Licentiate in Social Work. University of Costa Rica (UCR); director of the Center for Academic Evaluation, Office of the Vice Rector for Teaching, UCR. Tenured professor at this same university.

Abstract

This article gives a conceptual overview of the category “participation” in the work and research processes performed by Social Work professionals in Costa Rica. It alludes to participation as a politically-rooted methodological procedure that arises with connections to the category “democracy.” Additionally, it describes the way that the categories of community participation, social participation, political participation, and citizen participation arise and are used.

It also poses citizen participation as a substantial element that should be present in all democratic systems with the aim of strengthening and building tools that, through the generation of participation spaces, allow interaction between civil society and the State. Citizen participation is defined as the individuals’ participation in activities of collective or public interest, and includes political and social participation. Finally, it explains how to visualize participation in a welfare, neoliberal, or socialist state.

Keywords

Participation, community participation, and citizen participation.

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La referencia más antigua que existe sobre el concepto de “participación”1 está asociada a “democracia”, entendida esta como una forma de gobierno, con reglas y procedimientos que rigen y guían la toma de decisiones colectivas, tanto en el sector público como en el privado; es decir, esta concepción entiende la participación como un procedimiento metodológico (procesos y acciones) político y no como un fin¹.

En Atenas, por el año 500 a. C., se asume la categoría “democracia” a partir de una condición fundamental: la organización del “pueblo” mediante instituciones que garantizaban la participación igualitaria y directa en los asuntos públicos de la época, de los pocos que contaban con la calidad de “ciudadanos”. La antigua Grecia es, sin duda, la máxima expresión de lo que se presume como democracia. Mientras que en Atenas se concibió como democracia participativa o democracia del pueblo, en Esparta, la democracia se entendió como un mecanismo de participación indirecta (sin la mínima pretensión de ser democráticos) lo que en democracia moderna se llama democracia representativa. (Martínez Ramírez: 2007). Según lo anterior puede asumirse que la democracia constituye, desde sus inicios hasta la actualidad, un conjunto de reglas y de procedimientos que permite la toma de decisiones colectivas, con diversos matices e intensidades. A partir de ese momento queda planteado el concepto de “participación”.

La participación ciudadana³ es el elemento sustancial de un sistema democrático. Su propósito es fortalecer y construir herramientas que permitan la interacción entre la sociedad civil y el Estado mediante la generación de espacios que lo posibiliten. Así, la participación ciudadana se define como la participación de las personas en actividades de interés colectivo o público, e incluye la participación política y la participación social.

La diferencia básica entre lo que se denomina participación social y participación política es que la primera no tiene que incorporar, necesariamente, el tema de los derechos ciudadanos o políticos; la participación se refiere a formar parte de una agrupación social, sea esta deportiva, cultural, recreativa, o religiosa según la actividad que cada grupo desarrolle; por el contrario, la participación política4 sí incorpora el tema de los derechos, los cuales se orientan a actividades del ámbito político mediante organizaciones comunales, sindicales, organizaciones no gubernamentales (ONG), partidos políticos, sindicatos. Sus actividades más frecuentes están relacionadas con los derechos a votar y a ser electos, concurrir a manifestaciones públicas, intervenir en actividades cívicas o en otras actividades propias del ámbito público. Desde el momento en que un individuo nace y vive en una comunidad humana, se ve afectado por la forma de participación social propia de esa comunidad, se integra a ella y llega a formar parte de su ser. Además, al encontrarse integrado naturalmente a una comunidad, tiene la capacidad de influir en ella con sus actos y, de esa manera, ejerce otra forma de participación social de tipo constituyente. No obstante, la participación ciudadana, social o política, puede darse desde la “informalidad” en ciertas organizaciones políticas o ciudadanas como, por ejemplo, grupos y organizaciones de mujeres, jóvenes, grupos discriminados y excluidos que no “registran” o formalizan estas formas asociativas porque la informalidad les es más funcional y muchas veces más asequible.

“Tradicionalmente se asume que la participación social se refiere a los fenómenos de agrupación de los individuos en organizaciones a nivel de la sociedad civil para la defensa de su intereses sociales” (Suárez, 2009). Desde esta perspectiva, constituyen objeto de atención cuestiones relativas al cooperativismo, al “asociativismo”, a la autogestión y, aunque se supone que los individuos, en tanto ciudadanos, se involucran en alguna actividad pública, esta no es condición que se les impone, sin embargo, para este estudio, constituye un componente fundamental para su comprensión (Cunill, 1991,44).

Participación ciudadana y ciudadanía activa: dos caras de una misma moneda

La participación ciudadana presupone dos perspectivas: la del Estado y la de la ciudadanía. La “visión del Estado” enfatiza en la institucionalidad y en las responsabilidades de la ciudadanía. La “visión de la ciudadanía” enfatiza en los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos, y en las responsabilidades del Estado.

Desde la “visión del Estado”, la participación ciudadana tiene como responsabilidad informar a la ciudadanía, consultarla, para incorporar, de manera oportuna, las demandas sociales e integrarlas en la definición y en el diseño de programas y políticas sociales.

Desde el Estado, la categoría “participación” debería estar directamente vinculada a la de “equidad”, en la búsqueda de una sociedad democrática real (Cunill, 1991).

...el desarrollo económico y una democracia formal, por sí solos, no aseguran la conformación de una sociedad verdaderamente democrática, si el pueblo no se organiza y se da la participación consciente de todos los grupos sociales en el proceso de toma de decisiones sobre sus propias necesidades.

Desde la “visión del Estado” se plantean tres niveles de participación en la elaboración de políticas públicas : información, consulta y participación activa.

Información: las instituciones difunden información sobre la elaboración de políticas, o bien, la ciudadanía obtiene información a partir de sus demandas: informes, comunicados de prensa, agendas manuales, guías, etc.

Consulta: las instituciones demandan y reciben respuesta de la ciudadanía: talleres, encuestas, audiencias, agendas manuales, guías, entre otros.

Participación activa: los ciudadanos participan activamente en la elaboración de políticas mediante evaluaciones, comisiones tripartitas, actividades de concertación, entre otras.

Para analizar la participación ciudadana con base en “la visión de la ciudadanía”, es necesario considerar la categoría “ciudadanía” que fue definida a mediados del siglo XX, principalmente en términos de la posesión de derechos, por T. H. Marshall en su texto Ciudadanía y clase social (1949). Para él, la ciudadanía consiste, esencialmente, en asegurar que cada uno sea tratado como miembro pleno de una sociedad de iguales. En su criterio, es posible asegurar este tipo de pertenencia otorgando a los individuos un creciente número de derechos de ciudadanía: civiles, políticos y sociales (Kimlicka y Norman, 1996: p. 83).

Se plantea la ciudadanía como una forma de ampliación de derechos, de los civiles a los políticos y de estos a los sociales, en el marco de una institucionalidad propia de las estructuras de un Estado benefactor o de bienestar.

Esta forma de ciudadanía es propia de una sociedad capitalista en donde la libertad individual, el derecho al trabajo y a la propiedad deben estar debidamente resguardados para lograr la sostenibilidad del sistema. Con el propósito de mantener el orden social establecido se plantea la ampliación de derechos de manera escalonada.

Al referirse Marshall a la noción de ciudadanía ofrece una promesa de igualdad, en un mundo de desigualdades; no es la igualdad que ofrece Marx en la que se plantea la igualdad de clases sociales, pues Marshall plantea el enfrentamiento de las desigualdades ilegítimas que ponen en riesgo el sistema o el orden establecido.

Desde esta perspectiva, el Estado tiene el propósito de mantener y de asegurar el acceso pleno a los derechos para hacer sentir a los ciudadanos y a las ciudadanas que viven en una comunidad de iguales.

Para Marshall, la más plena expresión de la ciudadanía requiere de un estado de bienestar liberal-democrático. Al garantizar a todos los derechos civiles, políticos y sociales, este Estado asegura que cada integrante de la sociedad se sienta como un miembro pleno, capaz de participar y de disfrutar de la vida en común. Allí donde uno de estos derechos sea limitado o violado, habrá gente que será marginada y se volverá incapaz de participar (Kimlicka & Norman, 1996: p. 84).

Marshall plantea que si se aseguran los derechos, se asegura la participación ciudadana, pues los ciudadanos y las ciudadanas, al sentirse parte de una comunidad, van a tener el deber de participar. A este énfasis en la ciudadanía, en los derechos, se le ha llamado “ciudadanía pasiva”, en tanto favorece el clientelismo político por parte de los sectores sociales excluidos en el estado de bienestar. Una forma de estado que adquirió su mayor desarrollo en las décadas de los años sesenta y setenta.

Para superar las limitaciones de una ciudadanía pasiva se propone la descentralización y la democratización del estado −años de la década de 1990− y se entrega más poder y control a los demandantes de los programas sociales utilizando la categoría “empoderamiento”, que supone el otorgamiento de derechos de participación en la administración de los programas, aunque no se alcancen mayores derechos de “bienestar” o de igualdad social. En esta década también se asientan las políticas neoliberales en Costa Rica.

La lógica de la participación en el ejercicio de la ciudadanía plantea que los derechos implican responsabilidades o deberes, que presuponen la participación de los ciudadanos y las ciudadanas en la vida pública. Se plantea un equilibrio óptimo, sin embargo, este no se alcanza, y cada vez está más lejos la posibilidad de lograr una “ciudadanía activa”, es decir, un colectivo de organizaciones sociales vinculadas entre sí que propicien y ejecuten acciones que evidencien su responsabilidad ante la sociedad y su comunidad −como espacio local− en particular. La responsabilidad debería reflejarse en el ejercicio de un control efectivo de la gestión de los organismos e instituciones sociales, y en la fiscalización de las políticas sociales; apunta al compromiso cívico y a la deliberación colectiva acerca de los temas que afectan a la comunidad política. Un ejemplo de la utilidad de ciudadanía se muestra en el feminismo, porque, además de poner el acento en la igualdad y en el acceso a los derechos, demanda el protagonismo de las mujeres en el ámbito político y social.

Según Arendt (2002) una “ciudadanía regenerada” es aquella que puede juzgar el poder estatal autonomizado burocráticamente y recurrir a formas propias de administración descentralizada. Agrega, que la ciudadanía como mecanismo de representación y participación se genera o se construye mediante la “acción pensada” de una o un ciudadano activo que articula pensamiento y acción.

La “construcción ciudadana” según Arendt no tiene que ver con dónde se debate sino con dónde se actúa; desde esta perspectiva el ciudadano (a) deja de ser un mero receptor de los derechos promovidos por el Estado para transformarse en “sujeto de derechos” que busca participar en los ámbitos que definen su capacidad de gestión y decisión; reacciona ante el poder impuesto desde arriba, mediante el contrapoder que, para Arendt, se edifica a partir de los problemas de la “gente corriente”, o sea el poder que viene de abajo y no de arriba. Desde su perspectiva de ciudadanía la acción humana está ubicada en las formas de participación política que surgen o se construyen para satisfacer necesidades de participación en asuntos públicos, tales como los consejos populares, las asambleas de barrios y otras formas de organización local (2002).

A partir de esta concepción de la ciudadanía activa, las organizaciones de feministas y de mujeres presentan dos tipos de demandas, una con base en su condición de clase y otra con fundamento en su condición de género. Ambas exigen la participación política y social de las mujeres como sujetos de derechos.

La categoría participación en la política social pública de Costa Rica: los años sesenta y setenta

En la década de los años sesenta, en el marco de un estado benefactor, se hablaba de participación comunitaria y de desarrollo de la comunidad, esto limitó las acciones comunitarias pues, en muchas ocasiones, se manipularon con el fin de extender la cobertura de los servicios estatales y lograr un mayor aprovechamiento de los servicios por parte de los beneficiarios de los programas. En general, esas acciones se concentraron en el desarrollo de infraestructura comunal pero no se logró la participación de la gente en la toma de decisiones. Fueron muy pocas las experiencias en las que se logró incorporar a las y los miembros de una comunidad en la planificación de las actividades de los distintos programas y proyectos sociales, para cumplir con lo estipulado en el concepto de “participación política”. Esto refleja la forma en que se cooptaron las organizaciones comunitarias, como movimientos sociales beligerantes, (Juntas progresistas) por parte del estado costarricense; la legalización se impuso como medio para acceder a recursos financieros en un ejercicio de poder hegemónico.

Pareciera también que esta forma de comprender e instrumentalizar la participación es propia de la concepción relativa a la participación ciudadana característica de la visión del Estado, pues surge como un instrumento para minimizar las expresiones ciudadanas que se tejían desde la ciudadanía, especialmente las articuladas por las Juntas progresistas. Una lectura detenida de la categoría “participación” y de su instrumentación desde el paradigma del “desarrollo de la comunidad” plantea el impulso de una participación ciudadana orientada hacia la participación social y no hacia la participación política, por cuanto se buscaba la participación ciudadana en las asociaciones de desarrollo, pero no se articulaba con la exigibilidad de los derechos civiles, políticos y sociales.

En sentido estricto, las diferencias fundamentales entre la participación y el desarrollo comunitario, por un lado, y la participación ciudadana por el otro, estribarían en que, en los primeros, la participación de los individuos y organizaciones no se plantea respecto de una actividad pública, sino de una actividad social, la que, eventualmente, puede requerir de la ayuda del Estado a través de la asistencia técnica, ayuda material capacitación o medios institucionales. El concepto de participación comunitaria cuyo uso es de antigua data, rescata el objetivo de estimular el esfuerzo propio de los individuos para mejorar su nivel de vida (Cunill, 1991).

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El concepto de participación comunitaria se sometió a una reflexión crítica debido a que fue utilizado para la incorporación de las ciudadanas y los ciudadanos en acciones ya planificadas, y excluye a la población de la problematización y el planteamiento de las propuestas de solución a los problemas comunes. Se propuso, entonces, el concepto de “participación social” con las características y principios rectores que emergen de los procesos políticos y sociales en los países latinoamericanos, especialmente en el contexto de la creciente democratización (Kimlicka & Norman, 1996: p. 1).

La categoría “participación social” se posiciona, pero no se evidencia una rigurosidad en su conceptualización, instrumentación y uso, más bien se acuña en el ámbito de la salud, específicamente de la promoción de la salud a partir de la experiencia del programa “Hospital sin paredes” de San Ramón y de la creación de los “Sistemas locales de salud” (Silos), por parte del Ministerio de Salud, en 1988.

A pesar del cuestionamiento hecho a la concepción de “participación comunitaria” en la década de los años setenta, la categoría se sigue utilizando de manera oficial por la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), en pleno siglo XXI, sin mayor discusión ni debate teórico-metodológico, y se plantea la participación comunitaria referida a un espacio geográfico de comunidad. Además, la categoría es usada también por estudiosas del tema de la participación, como se podrá observar a continuación.

Araya, Arias y Cerdas (2002) utilizan la categoría “participación comunitaria” y la definen como una responsabilidad compartida, tanto por profesionales como por el resto de actores locales, pero asumida como un deber y un derecho para la construcción y la puesta en práctica de iniciativas dirigidas a la reducción del riesgo y a la prevención de los desastres. Asimismo, afirman que la función del Trabajo Social es la identificación del riesgo junto con los actores sociales de la comunidad, la planificación, la coordinación, la ejecución y la evaluación de acciones para proponer transformaciones, así como la promoción de la participación comunitaria. Ubican así la participación comunitaria en el marco de una visión política pero generada e impulsada desde la ciudadanía.

De esta manera, la participación, para las autoras, es un proceso que permite a las personas de una determinada localidad constituirse en actores sociales con capacidad para involucrarse libre y responsablemente en la toma de decisiones sobre asuntos de interés colectivo. La participación es considerada un prerrequisito para la gestión del riesgo y, en consecuencia, para la sostenibilidad del proceso, ya que los actores, por medio de la participación, logran reconocer su realidad y emprender acciones conducentes a la transformación del riesgo en el que viven.

Desde esta perspectiva, se plantea la participación comunitaria como un medio que trasciende la participación social para colocarse en una dimensión política; una participación que se teje y se construye desde la ciudadanía. Pareciera que lo comunitario refiere a una dimensión geográfica de comunidad.

Otras investigadoras −Cordero y González- (2003) se ocupan de la participación comunitaria en el área ambiental y en relación con el Trabajo Social a partir de fuerzas que inducen a satisfacer necesidades humanas, cambios, ya sea en grupo o en forma individual, y en donde convergen esfuerzos para lograr un objetivo común, pero sin dejar de lado las características propias de cada sector: la ubicación geográfica, los rasgos culturales, los antecedentes o historia de la comunidad y el bienestar general. También, entienden la categoría “participación” como un medio para alcanzar otros fines y plantean una visión de participación comunitaria construida desde la ciudadanía; por ello, desde esta perspectiva, el término adquiere un carácter contestatario. No obstante, pareciera que no lo logran plantear e instrumentalizar desde la participación política y, más bien, reducen sus posibilidades a una participación social. También pareciera que lo comunitario sugiere una dimensión geográfica de comunidad.

Los aportes de estas investigadoras demuestran que la categoría “participación comunitaria” ha sufrido la influencia de los debates y las discusiones generadas alrededor de la categoría “participación”, pero ellas la han mantenido aislada de una discusión teórico-metodológica que devele sus alcances y sus limitaciones teórico-metodológicas y ético-políticas.

Desde las organizaciones locales o de “base” y las organizaciones no gubernamentales (ONG) se comprende la categoría “participación popular” orientada y fundamentada en las discusiones teórico-metodológicas de: Paulo Freire, Boris Yopo, Anthon de Shutter, Guy Le Boterf, Fals Borda, Francisco Gutiérrez y, más tarde, Gloria Pérez Serrano, entre otros educadores populares de América Latina. Este movimiento influencia, además, a las comunidades eclesiales de base cristiana inspiradas en la “teología de la liberación”.

La categoría “participación” y el desarrollo local: los años ochenta

Los organismos internacionales interpretan la categoría “participación” como simultánea del desarrollo local, como estrategia de trabajo; un ejemplo de ello se da en el campo de la salud, con el establecimiento de los “Sistemas locales de salud” (Silos) “como una táctica operativa para instituir la estrategia de atención primaria en salud” y lograr las metas propuestas para el año 2000, todo esto en el marco de un estado neoliberal.

La descentralización de los recursos y la toma de decisiones con respecto al uso y el manejo de dichos recursos; la coordinación intersectorial de las políticas y acciones para el desarrollo de la salud; y la participación social para lograr el análisis de los problemas y necesidades conjuntamente entre el equipo de salud, la autoridad político-civil local y organizaciones de base representativas de la población en la formulación de propuestas para mejorar la salud y la calidad de vida...” (Kimlicka & Norman, 1996: p. 3).

De esta forma, la “participación social” fue considerada un elemento central pues tenía relación directa con los mecanismos de toma de decisiones:

... la participación se refiere a la capacidad de los actores de contar con la información y el poder para negociar las propuestas de la comunidad. Es decir, ser sujeto que participa en las decisiones, no solamente estar involucrado en una acción colectiva. La participación es vista como la posibilidad de influir en los hechos (Kimlicka & Norman, 1996: p. 16).

La “participación social” se relaciona con los principios de democratización y equidad; se plantea como una forma de superar el centralismo en la toma de decisiones y en la conducción de los procesos sociales, lo que establece un modelo de cogestión social que incorpora la negociación como instrumento para resolver los conflictos sociales, así como un instrumento de interacción entre actores sociales.

El punto de partida es reconocer que las comunidades tienen organizaciones que deben ser comprendidas, apoyadas y fortalecidas. Es ahí donde surge el espacio local como radio de acción estratégica. Se plantea la “participación social activa” con acceso a la información y a la incorporación a procesos de diagnóstico, gerencia, negociación, ejecución y evaluación de los programas y los proyectos sociales.

Esta concepción de la categoría “participación social” enfrenta el desafío de superar la cultura institucional que pone límites a la participación de las ciudadanas y los ciudadanos, pues se da una suerte de integración a las decisiones generadas en las instituciones, y a la necesidad de superar el desafío de procurar una cultura de participación.

Como se puede observar, se plantea la categoría “participación” desde la visión del Estado, desde la institucionalidad y la exigibilidad pasiva de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos.

A finales de la década de los ochenta, década de la crisis del “estado de bienestar social”, se pone en boga la categoría “participación social”, pero se sigue utilizando en forma simultánea con la de “participación comunitaria” hasta nuestros días. Diversas investigadoras de la categoría “participación” la plantean desde la perspectiva de la “participación social”.

Murillo Calvo (2003) plantea que la participación social es un componente del proceso de la promoción de la salud; la define como un mecanismo que permite identificar las situaciones críticas en relación con las demandas y las necesidades que tiene la población. Además, considera que este proceso puede facilitar o inhibir las condiciones requeridas para que la población estudiantil goce de salud. Plantea la participación social como un elemento indispensable para promover la salud que se desarrolla cuando la comunidad escolar tiene un papel protagónico en la planificación de las transformaciones educativas que favorecen la salud en el ámbito escolar.

Por su parte, Castro y Granados (2009) comprenden la “participación social” como un procedimiento mediante el cual se involucra a actores sociales en el abordaje, la solución y la toma de decisiones de aquellos problemas que afecten su salud. La concepción que prevalece es la de un procedimiento; sin embargo, es criticada por las autoras, pues lo catalogan como mecánico, sistemático, rígido, preestablecido, sin dimensión espacial y temporal, además de que no reconoce el carácter político de los procesos participativos. No obstante, las autoras no aportan un concepto claro y distinto sobre este tema.

La categoría “participación” en el marco del ajuste estructural: los años noventa

En los años noventa, y dos mil, con el desarrollo de los programas de ajuste estructural, la categoría “participación comunitaria” fue superada y eliminada de los programas de los organismos internacionales. La categoría “participación” se propone como complemento de las funciones del Estado, no como una categoría relacionada con acciones contestatarias, transformadoras o subversivas sino, más bien, ligadas a procesos de descentralización y de desconcentración institucionales de acompañamiento a las funciones del Estado, así como de privatización pues propicia la injerencia de la empresa privada o de organizaciones no-gubernamentales en la gestión y ejecución de tareas que antes eran asunto exclusivo del Estado.

Estas formas de participación, cuando se aplican en sectores de extrema pobreza −definidos como “grupos vulnerables”− involucran a las poblaciones en la planificación, la ejecución y la evaluación; no obstante, permanecen ajenas a las decisiones del Estado y no se constituyen en mecanismos de control social.

Las transformaciones del Estado, la disminución de su tamaño, plantean cambios en la relación existente entre estado y sociedad, determinados por la globalización de los mercados y de las comunicaciones, y por los cambios políticos acaecidos después de la caída de la Unión Soviética. Las transformaciones se relacionan con la “democratización” de la institucionalidad del Estado ligadas a la transparencia, el control social, la garantía de derechos y la apertura de canales de participación. Pero, además, se propicia una modificación fundamental en la relación estado-sociedad mediada por la transformación productiva, la cual no solo debilita a los sindicatos en virtud de la pulverización de las relaciones capital-trabajo, sino que mina la identidad social y política basada en la inserción laboral y en la estructura de clases sociales que se había venido configurando durante las décadas anteriores.

En este contexto proliferan las organizaciones no gubernamentales (ONG), como intermediadoras y ejecutoras de programas y proyectos de bajo costo, y las organizaciones populares que permiten hacer más eficiente la inversión en el campo social, pues conocen las “necesidades” de las poblaciones, así como sus opiniones acerca de la forma en que deben hacerse mejor las cosas.

La comprensión de la categoría de “participación social” como un medio para alcanzar otros fines o metas, desde la visión de participación social promovida por las estructuras estatales, se lee, también, a partir de los aportes de otras investigadoras y de otros investigadores del tema, específicamente de Trabajo Social, quienes han investigado la categoría durante la década de los años dos mil. No obstante, algunas y algunos de ellos discrepan de la forma en que el Estado aplica esta categoría en sus distintas estructuras.

Para las autoras Bustillos y Vega (2001), la “participación social” permite el involucramiento de las personas en temas, problemas, procesos de interés y relevancia para el ser humano; constituye un derecho inherente, al igual que las garantías que lo hacen efectivo. Sin embargo, las autoras parten de la definición de participación que establece la “Caja Costarricense de Seguro Social” (CCSS) (1997), como un proceso social en el que los agentes sociales, directamente o por medio de sus representantes, intervienen en la toma de decisiones en todos los niveles de la actividad social y de las instituciones sociales, mediante acciones colectivas, sustentadas en un proceso educativo, con el fin de lograr la transformación de su realidad.

La categoría “participación”, así concebida, se vincula al paradigma de la gestión local del riesgo como un medio para transformar las condiciones de vulnerabilidad, mitigar los riesgos, y atender las posibilidades reales de las comunidades. Se sugiere un ligamen con la toma de decisiones en materia de desastres naturales, pero gestado desde las mismas comunidades.

Puede afirmarse que esta concepción es planteada desde una perspectiva política pues relaciona, explícitamente, la “participación” con la exigibilidad de derechos, más allá de los derechos civiles amplía su exigibilidad a los derechos sociales. Además, se parte de un punto de vista distinto pues entiende que es la ciudadanía la que puede lograr ciertas metas en la gestión local del riesgo ante posibles desastres.

Por su parte, Molina y Valverde (2001) plantean el análisis de la participación como un componente del “Triángulo de Solidaridad”, ya que, desde este programa, se pretendía fomentar una activa y constructiva participación en la toma de decisiones, y buscar un supuesto perfeccionamiento del sistema democrático, pues consideraba que los miembros de las comunidades son los que más conocen sus necesidades.

Se debe mencionar que para las autoras, con la propuesta del “Triángulo de Solidaridad” de crear una “democracia participativa”, se apela a la necesidad de que las personas asuman un papel protagónico en la toma de decisiones con una “participación activa” mediante espacios y mecanismos que posibiliten un supuesto acceso al poder, al planteamiento y a la ejecución de proyectos. Participar se constituye en un derecho y en una necesidad humana que permite tomar decisiones y ejecutarlas desde los escenarios de la cotidianeidad. Sin embargo, las investigadoras señalan que la participación de las personas no siempre es real, sino que, en la mayoría de los casos, se limita a la consulta, la difusión de información o se les manipula e induce a actuar de determinada manera. Es por eso que las personas deben ser promovidas para que formen parte de acciones que procuren su desarrollo y su bienestar, sobre todo mediante el pensamiento reflexivo, la autovalorización y la autoexpresión.

Así definida, la participación se convierte en un mecanismo de transformación de las personas en sujetos críticos y activos, con un grado de poder que les permite entablar procesos de negociación con otros participantes y, a la vez, apropiarse de ciertos espacios. Pero agregan que, para lograr esto, son necesarias las acciones colectivas, organizadas, corresponsables, en las que los sujetos sean protagonistas de cambios generados a partir del establecimiento de metas concretas.

Sin duda las investigadoras toman distancia de la posición oficial e institucionalizada de la “participación”, según la entiende el programa “Triángulo de la Solidaridad”; realizan un análisis crítico y nutren la categoría “participación” de contenido político y ético.

Vásquez y Villalobos (2004) plantean que la participación se constituye en fin y medio al mismo tiempo. Señalan que es un proceso social que se da en múltiples escalas y espacios. Se evidencian, en el debate desarrollado por las autoras, sus aportes a la reconceptualización de la categoría “participación social” desde una visión técnicooperativa con un fuerte énfasis instrumental, que la construye a partir de una visión de ciudadanía con claro contenido político.

Garsault Logham (2007) considera que el “empoderamiento” es la herramienta principal para lograr la “participación comunitaria”, y comprende que dicho proceso surge en el interior de cada persona, y depende de la confianza que tenga en sí misma. La participación política, según esta autora, es un “proceso social” mediante el cual diversos actores, en función de intereses particulares, intervienen de forma directa o por medio de representantes en las decisiones que afectan su destino. Además, Garsault agrega que la participación política se da en los procesos electorales, lo cual, sin duda, constituye una visión política reducida de la participación.

Rojas Sequeira (2009) argumenta que la participación es una necesidad humana fundamental; todos los seres humanos intervienen en distintas esferas de la vida cotidiana, en el hogar, en el trabajo, en la comunidad. La percepción de esta investigadora es la de un mecanismo para la atención de los problemas socio-ambientales en pro del desarrollo humano sostenible, es decir, la participación es una estrategia para lograr que el desarrollo sea incluyente. De nuevo, se plantea una visión instrumental de la “participación social” como medio para el desarrollo sostenible.

Por otra parte, Lidia Granados (2009) define la participación social como un medio que permite a las personas vincularse activamente en la construcción de alternativas para el desarrollo del país, a partir de su cotidianeidad; menciona que, debido a la indefinición que se da en torno a este proceso como eje central de la descentralización, existe gran ambigüedad en la práctica, pues su “aplicación” en el ámbito local responde, generalmente, a criterios subjetivos. Además, esto impide que se den rupturas respecto a los modelos tradicionales de gobierno y, por el contrario, se sigue reproduciendo el modelo neoliberal imperante. En consecuencia, plantea que la “participación social” se torna imprescindible en los procesos de trabajo profesionales para direccionar políticamente estos espacios y lograr, así, que las poblaciones tengan mayor acceso a las estructuras de poder. En su criterio, lo anterior implica una lectura crítica de la realidad imperante en las distintas poblaciones.

Por último, Rodríguez y Saborío (2010) explican la participación social como un producto social e histórico que depende de una serie de valores, creencias, premisas, conceptos y enfoques desde los cuales cada persona trata de percibir e interpretar el mundo circundante -visión de mundo. Se parte de la definición que aporta De Souza (2000) sobre la participación en la visión de mundo holística, ya que −para los autores− por sus características, permite un análisis crítico de los procesos de participación que se desarrollen.

Conceptúan la participación social en salud como un proceso social dentro de un contexto determinado que permite la deliberación, la negociación, la concertación, la toma de decisiones y la organización; y que genera acciones colectivas concretas que contribuyen a construir socialmente una condición saludable.

Los autores toman distancia de lo que actualmente se define como “participación social en salud” y agregan que la participación se ha promovido desde las instituciones públicas, en este caso del sector salud, limitando a la población a ser depositaria de la intervención y a ajustarse a las propuestas que las instituciones establecen a partir de reglamentos, lo cual incide en que las personas aprendan a dejar de luchar por las necesidades y a dejar de concebir la “comunidad” como un medio para satisfacer las necesidades propias y las colectivas.

Durante el año 2008, desde el Ministerio de Salud se propone la categoría “participación social inteligente” para la no exclusión, concretamente en el Modelo conceptual y estratégico de rectoría de la producción social de la salud.

Esta categoría es entendida como un proceso mediante el cual el Ministerio dedica esfuerzos concretos, proactivos y sistemáticos a la construcción de una cultura de no exclusión, con el fin de que los actores sociales, en particular las comunidades, incorporen como parte de sus valores, actitudes y prácticas sociales, la no exclusión en la toma de decisiones que influencian directa o indirectamente su bienestar, y exijan vehementemente su derecho a participar (Ministerio de Salud, 2008: p. 33).

Desde esta perspectiva, la “participación social inteligente” se considera un derecho que se adquiere a partir de la institucionalidad estatal y cuya exigibilidad es una responsabilidad de la ciudadanía. Se plantea que la “participación social inteligente” no es una necesidad que puede ser satisfecha o no por el Estado; se concibe como un derecho inherente a las personas y a las organizaciones, admitiendo que es función de la institución rectora de la salud lograr que ese derecho sea exigido y respetado. Este acceso a la exigibilidad de derechos en el campo de la salud carece de las mediaciones de clase social, etnia, género, grupo etario y área geográfica.

Más aún, para que la “participación social inteligente” sea efectiva, consideran necesario que la comunidad –como espacio geográfico– intervenga estrechamente en los procesos económicos, sociales, culturales y políticos que afectan sus vidas, como una acción colectiva, deliberada, democrática y concertada de los individuos, los grupos y sus organizaciones en:

• La identificación y la expresión de sus necesidades, preocupaciones y expectativas.
• La determinación de prioridades.
• El diseño y la negociación de estrategias y propuestas de desarrollo.
• La implementación y la ejecución de acciones viables en el plano de lo económico y logístico.
• La evaluación de las acciones y el control social de las instituciones.

En síntesis, conceptualizan la “participación social inteligente” de la misma manera que, en la década de los años ochenta, se comprendió “la participación social activa” con la incorporación a procesos de diagnóstico, gerencia, negociación, ejecución y evaluación de los programas, proyectos y servicios sociales; y responde a uno de los enfoques de la social democracia.

Ubicar la participación en el ámbito de las metas de salud, no es una acción aislada y antojadiza, está influenciada por diferentes corrientes en el campo sociopolítico, y por distintas tendencias históricas, entre ellas el anarquismo, el marxismo y la social democracia, por mencionar solo tres ejemplos (Suárez, 2010).

1. Los anarquistas, por ejemplo, sueñan con una sociedad en donde las propuestas individuales alcancen mayor legitimidad en busca de la autodecisión y el autocontrol para gobernar las relaciones sociales de trabajo y de convivencia. La participación, para los anarquistas, se da en una acción concertada; en algunos casos reconocen entidades coordinadoras en el nivel social.
2. El marxismo muestra un énfasis significativo en el desarrollo histórico, la participación ciudadana, pues coloca la necesidad de la propiedad social sobre los medios de producción; de esta forma legitima la participación de la ciudadanía en el desarrollo social. La participación deviene de la conquista del poder para los menos favorecidos y es justamente de esa escala global, a la particular, donde el pensamiento de Marx y de Engels acuñan la necesidad, aún insatisfecha en localidades y países, de que el poder esté compartido entre todos con igualdad de derechos y de acciones.
3. Desde la social democracia, la participación social constituye una piedra angular para el desarrollo, tanto de los seres humanos en su individualidad, como de las localidades a las que estos pertenecen; por esa razón se empeñan en estimularla o desarrollarla, según el caso. Todos los enfoques de la social democracia tienen, en menor o mayor medida, la perspectiva de “democraciapoder-gobierno” pero, en cada una de ellas, la posibilidad de participación de cada ciudadano es valorada de forma diferente de acuerdo con los intereses de la estructura política dominante, en un momento y contexto particularmente determinados.

Los autores aportan a la discusión y al debate de la participación social, pero la siguen visualizando desde un escenario construido a partir del Estado, la institucionalidad y las responsabilidades de la ciudadanía. La totalidad de las autoras y los autores señalados entienden la “participación social” como un medio.

La “participación social” en tiempos de globalización neoliberal es utilizada “como estrategia (del Estado) en la conformación de alianzas entre los diferentes actores de la sociedad civil para la atención de necesidades emergentes” (Salas, 2008: p. 91).

Desde otras posiciones, se critica esta incorporación de la ciudadanía a procesos de diagnóstico, gerencia, negociación, ejecución y evaluación de procesos de programas, proyectos y servicios sociales, pues su participación en estos procesos de trabajo, en una lógica neoliberal, son considerados como mano de obra “gratuita”, de voluntariado, como una forma de abaratar costos, ya que esto no se exige a los sectores “no vulnerables”. Desde el feminismo se agrega que es un tiempo gratuito, voluntario; es entregado, generalmente, por las mujeres –reforzando su papel tradicional– y se cuestiona el acercamiento a la ciudadanía por el camino de la “maternalización” de la política social, lo cual ha sido histórico en Costa Rica, desde épocas de la génesis de la organización “Alianza de Mujeres Costarricenses” y, en otro tipo de organizaciones –no es el caso de Alianza de Mujeres–, la participación evidencia una acción despolitizadora, burocratizadora y desmovilizadora.

Para Nora Aquín (2002) la ciudadanía es participación; significa el ejercicio efectivo de los derechos pero, además, es la construcción de una identidad y de un orden político democrático, ya que la participación ciudadana posibilita un horizonte, ya no solo el espacio público “societal” sino, también, el público estatal y se propone incidir en la formación de políticas públicas, intentando incorporar en la agenda política aquellos temas que afectan a la gente en sus micro espacios.

Además, con respecto a la construcción de ciudadanía, Iamamoto (1997) indica:

La noción de ciudadanía y de igualdad que la acompaña, da igual participación de todos los individuos en la sociedad; tiene como contrapartida las clases sociales enfrentadas, que conviven en una relación desigual, tanto económica como política. Y los derechos sociales tienen por justificación la ciudadanía, aunque su fundamento sea la desigualdad de clases.

Pensar la participación ciudadana en términos amplios y críticos atiza la crítica contra los modelos liberales de democracia, ciudadanía y participación, puesto que, como dice Roberts (1999), el discurso sobre la ciudadanía puede servir efectivamente a intereses particulares y elitistas, contribuyendo a legitimar la inequidad. Sin embargo, el discurso y las prácticas de ciudadanía específicas han generado una dinámica propia que se ha escapado al control de las élites y del Estado. La ciudadanía se constituye a partir de prácticas sociales inestables, y estas producen un desigual campo de batalla, y, aunque los resultados institucionales de esas prácticas de ciudadanía pueden ser determinados desde arriba, la lucha social por la consecución de los derechos ciudadanos puede crear oportunidades para incrementar la influencia desde abajo (Tamayo, 2002).

Las distintas prácticas ciudadanas adquieren formas diversas de identidad política y, por ende, están en constante tensión; la ciudadanía es una identidad colectiva, de confrontaciones y de diversidades.

La identidad de la ciudadanía o en la ciudadanía no se explica únicamente por la integración, la inclusión y la homogenización de visiones de un grupo compacto. La ciudadanía, como identidad colectiva, se confronta con la diferencia, la exclusión y la diversidad (Mouffe, 2003).

Las normas de participación y de distribución de los recursos en una comunidad se definen en un contexto de tensiones y de desigualdades pues, en la ciudadanía, se reflejan estas tensiones, carencias, inequidades y luchas por el poder.

La construcción de la ciudadanía no es un hecho aislado ni permanente. Ha sido producto de transformaciones históricas y resultado, además, de la participación revolucionaria de la burguesía en ascenso durante el siglo XIX, tanto como la del movimiento obrero, también en ascenso, durante toda esa época y durante el desarrollo del siglo XX. Ni la democracia, ni las formas particulares de ciudadanía pueden explicarse sin la incidencia de ambas clases sociales, tanto en alianza contra el absolutismo, como en confrontación entre sí, por la reivindicación de sus propios intereses en pugna. Ni la burguesía ni la clase de los trabajadores puede explicarse una sin la otra. Si existe una, la otra también (Tamayo, 2002).

Según Suárez (2010), los clásicos del marxismo argumentan ampliamente en sus obras la necesidad de la participación; algunos autores la denominan participación popular, ligada a la naturaleza del poder político. La participación es un elemento esencial para definir el tipo de democracia que existe en una sociedad y su comportamiento en la vida real. El principal criterio para valorar el estado de la democracia es el grado de participación efectiva de la ciudadanía en los asuntos sociales y del Estado.

Esta necesidad de participación mencionada en los clásicos marxistas, según Suárez, no es un acto voluntario de la conciencia, si no va a estar determinado por las relaciones de producción o modo de producción de la vida material.

Para la concepción materialista de la historia (Suárez, 2010):

En la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción, que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia.

El ciudadano y la ciudadana no participan por intuición; su participación política se educa en correspondencia con los intereses de la clase que ostenta el poder político, y con las instituciones de que dispone la sociedad para educar. Su contenido está determinado por la estructura del sistema político adoptado por cada sociedad: el conocimiento de su organización política, de las relaciones políticas, sus elementos reguladores, la cultura e ideología política.

La doctrina marxista señala dos formas fundamentales de la participación de la ciudadanía en la dirección del Estado socialista : la directa (significa la práctica de la discusión y el sometimiento a consulta de toda la población de los asuntos más importantes) y la indirecta (que se manifiesta en todas las formas representativas del poder del pueblo). Contrariamente, la teoría burguesa del elitismo democrático considera que la participación política de la ciudadanía debe reducirse al mínimo, para concentrar los instrumentos de toma de decisiones en manos de los políticos profesionales, excluyendo la participación popular de este proceso democrático (Suárez, 2010).

La participación ciudadana debe conducir a una acción transformadora, a una praxis, en la cual se den acciones colectivas para transformar esa realidad social; una transformación que puede ser incipiente, profunda y radical o estructural, o bien, cambios sutiles en esa realidad social en la que intervienen las organizaciones en el espacio local. Las acciones colectivas o actos de los sujetos corresponden al aspecto objetivo de la participación ciudadana.

El aspecto objetivo refiere a los actos de un sujeto humano o colectivo, de sujetos humanos activos quienes actúan para modificar una realidad social, independientemente de su conciencia subjetiva (Serna, 1990).

Por otro lado, el aspecto subjetivo está estrechamente vinculado a la conciencia subjetiva y se expresa en cuatro dimensiones interrelacionadas:

• La dimensión cognitiva, compuesta por conceptos, teorías y representaciones
• La dimensión intencional, conformada por fines, metas y proyectos de vida
• La dimensión afectiva de sentimientos, creencias e intuiciones
• Una dimensión ética, conformada por valores y por normas que los actores sociales producen en sus relaciones sociales

En conclusión, la categoría “participación ciudadana” es la más inclusiva, pues contempla procesos de participación social y participación política; es una categoría de importancia teórica y empírica con sentido político e ideológico que debe ser analizada en su contexto socio-histórico.

La participación ciudadana, entonces, puede ser activa o pasiva; siempre será un medio para alcanzar otros propósitos ideológicos, políticos y sociales; se gesta y se construye en un estado: benefactor desde el Estado, neoliberal desde la ciudadanía, en un estado socialista desde el Estado y la ciudadanía.

De acuerdo con Suárez (2000), se concluye que la participación ciudadana debe ser estudiada con base en los intereses colectivos y las motivaciones conscientes de cada ciudadano y ciudadana. Esto plantea la necesidad de valorar las condiciones objetivas y subjetivas que llevan a la participación en espacios locales y comunales, desde luego, entendiendo la participación ciudadana como una actividad humana en donde existe una unidad dialéctica entre el aspecto subjetivo o conciencia política y el aspecto objetivo o práctica política, es decir, una interrelación necesaria entre la constitución del sujeto colectivo y la transformación sociopolítica.

Notas pie de página

1.La participación es la “categoría que expresa la actividad desplegada por los seres humanos con determinados objetivos y metas, la cual tendrá formas y niveles diferentes de expresión porque, desde el punto de vista psicológico, es en su forma elemental un acto de voluntad, de tomar posesión en relación con aquellos procesos en los cuales es protagonista”. (Suárez, 2009).

2. Participación como un fin: puede considerarse también un fin en sí mismo; se insiste más en la participación como un proceso donde crece la confianza y la solidaridad de la población (Vargas, 2001: pp. 39-48).

3. En la literatura consultada existe un consenso al definir la participación ciudadana: “como proceso mediante el cual el sujeto se involucra directa o indirectamente en la toma de decisiones referidas a una dimensión específica de su vida”, como “la capacidad que tiene el ciudadano común para involucrarse e incidir en los procesos de toma de decisiones”. (Suárez, 2009).

4. Actividad práctica y reflexiva de reproducción y transformación de la realidad social, al mismo tiempo que desarrolla la identidad colectiva y la capacidad de autogestión del actor o sujeto social (Serra, 1990).

5. Tamayo (2002) En “El análisis de las políticas públicas”. Políticas públicas son: “el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que, en un determinado momento, los ciudadanos y el gobierno propio consideran prioritario”. Disponible en: http://www.scribd.com/doc/192839/Gobierno-Localy-Participacion-Ciudadana-?query2=Tesis+participaci%C3%B3n

Referencias