Sistemas de riesgo sociopolítico

Cruz García Lirios*

Juan Mecalco Ortiz

Agustín Méndez Martínez

Javier Carreón Guillén

Rogelio López Arrollo

Jorge Olguín Gozález

Alfredo Castro Felipe

Resumen

En torno a la inseguridad, la violencia, el delito y la delincuencia, la intervención de Trabajo Social adquiere una relevancia mayor en dos funciones: diagnóstico y gestión. El Estado, sus políticas públicas y programas de prevención y atención suponen estrategias focalizadas en los sectores sociales más que en las comunidades, barrios, grupos e individuos. En tal sentido, el objetivo del presente trabajo es exponer los estudios que explican las causas del desarrollo de la delincuencia y la espiral de violencia. Para tal propósito, se revisan la Teoría del Autocontrol (TAC), la Teoría del Menoscabo Reintegrativo (TMR) y sus estudios precedentes. La revisión y discusión de los factores que promueven la inseguridad y el riesgo permitirán establecer una metodología de investigación e intervención para los profesionales del Trabajo Social. En franca referencia a los grupos vulnerables, marginados y excluidos, las estrategias federales y locales de combate a la delincuencia parecen mezclarlos con los grupos violentos. La distinción entre las causas y los efectos de la violencia permitirá una gestión más eficaz si se toman en cuenta los factores que inhibirían los delitos federales y del fuero común.

Descriptores

Inseguridad, violencia, delincuencia, autocontrol y menoscabo

(*) Cruz García Lirios. Mexicano, graduado en Psicología Social con una maestría en Trabajo Social y un doctorado en Psicología Social y Ambiental. Docente en la Universidad Autónoma del estado de México. Javier Carreón Guillén. Mexicano, graduado en Historia, documentalista en Ciencias Sociales, Ingeniería de la Calidad, maestría en Administración del Trabajo, doctorado en Administración de las Organizaciones. Profesor de carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México, funcionario del Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) María de Lourdes Morales Flores. Mexicana, graduada en Trabajo Social, maestría en Salud Familiar y Comunitaria y en Desarrollo Educativo, doctoranda en Investigación Educativa. Adscrita a la Universidad Autónoma del estado de México. Adscripción de los otros autores: UNAM, (Universidad Nacional Autónoma de México) ENTS, Circuito Interior s/n Ciudad Universitaria, Coyoacán, México DF.

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Sociopolitical systems risk

Cruz García Lirios*

Juan Mecalco Ortiz

Agustín Méndez Martínez

Javier Carreón Guillén

Rogelio López Arrollo

Jorge Olguín Gozález

Alfredo Castro Felipe

Around insecurity, violence, crime and delinquency, social work intervention acquires a greater relevance in two functions: diagnosis and management. The state, its policies and programs of prevention and care strategies involve focusing on social sectors in communities, neighborhoods, groups and individuals. As such, the objective of this paper is to present studies that explain the causes of the increase in crime and the spiral of violence. For this purpose, we review the Theory of Self-Control (TSC), the Theory of Reintegrative Shaming (TMS) and previous studies. Review and discussion of the factors that promote insecurity and risk possible to establish a research methodology and intervention for social work professionals. In direct reference to the vulnerable, marginalized and excluded, federal and local strategies to combat crime seem to mix with violent groups. The distinction between causes and effects of violence will allow a more effective if taken into account the factors that inhibit crime and federal common law.

Keywords

Insecurity, Violence, Crime, Self and Impairment

(*)Cruz García Lirios. Mexican, graduate in Social Psychology with a master’s degree in Social Work and a doctorate in Environmental and Social Psychology. Professor at the Universidad Autónoma del Estado de México. Javier Carreón Guillén. Mexican, graduate in History, documentalist in Social Sciences and Quality Engineering, master’s degree in Work Management, doctorate in Organizational Management. Professor at the Universidad Nacional Autónoma de México, employee of CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, or National Council on Science and Technology). María de Lourdes Morales Flores. Mexican, graduate in Social Work, master’s degree in Community and Family Health and in Educational Development, doctoral candidate in Educational Research. Affiliated with the Universidad Autónoma del Estado de México. Affiliation of the other authors: UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México, or National Autonomous University of Mexico), ENTS (National School for Social Work), Interior Circuit, University Campus, Coyoacán, Mexico City, DF (Federal District)

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Introducción

La relación entre el Estado y la intervención del Trabajo Social guarda posicionamientos asimétricos entre funcionarios y gestores de los programas de atención pública. En este sentido, las políticas públicas son marcos regulatorios del quehacer del Trabajo Social. En la medida en que el Estado asume formas y regímenes de gobierno como la disuasión, la persuasión, la incertidumbre y el riesgo, develan mecanismos de influencia sociopolítica que el Trabajo Social transfiere a los beneficiarios de programas sociales. La relevancia de la gestión y la administración de recursos públicos para el bienestar de los grupos vulnerables, marginados y excluidos depende de la adecuación de las políticas públicas a las estructuras y coyunturas sociopolíticas. En un escenario de riesgo, incertidumbre e inseguridad, el Estado inhibe, pero también promueve mecanismos de violencia y exclusión social de grupos minoritarios ajenos a las convenciones sociales. Las políticas públicas y la participación ciudadana parecen caminar en sentidos contrarios cuando la inseguridad se incrementa, aunque convergen cuando las crisis exacerban los conflictos e intensifican la legitimidad del Estado a través de la atención focalizada de la gente.

En el marco de la Sociedad del riesgo, el presente trabajo se circunscribe al estudio de la inseguridad, la violencia y el delito como factores que inhiben el desarrollo social y regional.

Principalmente los delitos del fuero federal, en referencia a los del fuero común, agravan la percepción de incertidumbre por parte de la ciudadanía y abonan al sistema de creencias sociopolíticas relativas a la corrupción de las autoridades.

No obstante, las víctimas de la delincuencia parecen desarrollar habilidades de discriminación implícitas que emergen una vez que el delito ha afectado sus intereses o los de las personas más cercanas. Tales vicisitudes muestran la condición de exclusión social, en su modalidad de menoscabo, ante estereotipos de la delincuencia y reducen la percepción de bienestar subjetivo que se tenía antes de las experiencias delictivas.

En tal sentido, la intervención del Trabajo Social consiste en el establecimiento de perfiles criminológicos que garanticen la prevención del delito a partir del estudio socioeconómico de sus determinantes más esenciales. Tales estudios de perfiles y personalidades mostrarían las condicionantes que facilitan u obstaculizan el delito.

Por ello, es menester llevar a cabo la revisión de estudios alusivos a los factores personales, grupales y sociales que atañen a la prevalencia de la inseguridad, la comisión del delito, la prevención y la atención a víctimas.

Las tendencias del delito

El Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A. C. en el informe correspondiente al año 2010 relativo a los homicidios identifica al estado de México como la entidad con mayor número de delitos de privación de la vida durante el periodo 1997 - 2010

Gráfico 1. Total de homicidios por cada 100 mil habitantes

Fuente: ICESI (2010)

Alrededor de seis mil homicidios por cada 100 mil en promedio; el estado de México lidera la lista de urbes más inseguras. En contraste, los estados de Baja California y Colima tuvieron el número más bajo de homicidios por cada 100 mil habitantes (ver gráfico 1).

Respecto a homicidios culposos definidos como lesiones no intencionadas de privar de la vida a una persona mediante cualquier objeto, el estado de México y, después, Jalisco son las entidades donde existe mayor riesgo de ser privado de la vida incidentalmente. Los estados de Baja California y Baja California Sur tienen el menor número de casos durante el mismo periodo: 1997 - 2010 (ver gráfico 2)

No obstante, la tendencia de homicidios cometidos en el estado de México y el estado de Jalisco, los homicidios dolosos se han presentado con mayor frecuencia en el estado de Chihuahua durante los últimos años. En este sentido, la prevalencia de casos de homicidios intencionales parece estar relacionada con la interacción entre los habitantes de Estados Unidos de América (USA por sus siglas en inglés) y los Estados Unidos Mexicanos a lo largo de la frontera (ver gráfico 3).

Gráfico 2. Total de homicidios culposos por cada 100 mil habitantes

Fuente: ICESI (2010)

Por el contrario, los estados con el menor número de homicidios: Yucatán, Colima y Baja California Sur parecen comprobar la hipótesis de la frontera insegura entre EUA y México. En el caso del estado de Sinaloa, los homicidios se han incrementado sustancialmente en los últimos años. No obstante, el estado de México es la entidad en donde se cometen más homicidios (ver gráfico 4).

Gráfico 3. Totales de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes

Fuente: ICESI (2010)

La tendencia de homicidios concentrada en el estado de México es corroborada por la cantidad de homicidas del fuero común. Sin embargo, la ciudad de México lidera este rubro con el mayor número de privadores de vida (ver gráfico 4)

Gráfico 4. Totales de presuntos homicidas del orden común por cada 100 mil habitantes

Fuente: ICESI (2010)

Respecto a la impunidad, el estado de Tlaxcala parece cometer el mayor número de negligencias.

Gráfico 5. Totales de sentenciados por homicidios del orden común por cada 100 mil habitantes

Fuente: ICESI (2010)

En el caso de la ciudad de México, el mayor número de sentencias parece indicar un sistema eficaz de procuración e impartición de justicia puesto que de los 800 homicidas reportados todos fueron sentenciados.

El Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) en el informe correspondiente al año 2010 ubica el robo como el principal delito del fuero común. Se constatan, según datos, incrementos de robo con violencia en la ciudad de México, de alrededor de siete mil casos (ver gráfico 6).

Gráfico 6. Casos de robo con agresión

Fuente: ICESI (2010)

Respecto a los casos de robo con violencia, las mujeres, en general, son asaltadas con menor agresión que los hombres (ver gráfico 7). Estos datos corroboran la hipótesis de que las relaciones de poder entre los géneros median los asaltos.

Gráfico 7. Casos de robo con violencia por sexo

Fuente: ICESI (2010)

En los caso de robo de bienes a transeúntes, las bicicletas fueron mayoritariamente sustraídas por los asaltantes en lugares cercanos a la casa de habitación o, incluso, en su interior (ver gráfico 8). Esto alienta la hipótesis de que quienes se dedican al robo podrían ser conocidos por las víctimas o usuarios de bicicletas en los parques aledaños y en las zonas de esparcimiento de la ciudad de México.

Gráfico 8. Casos de robo de bicicleta

Fuente: ICESI (2010)

En relación con el robo de autopartes, alrededor de tres millones de casos fueron denunciados ante las autoridades mexicanas. Este dato es relevante a la luz de otro dato que muestra a las ciudades con mayor índice de parque vehicular: 40 por ciento en la ocupación del suelo urbano (ver gráfico 9).

Gráfico 9. Casos de robo de autopartes

Fuente: ICESI (2010)

Alrededor de diez millones de autos han sido sustraídos por la delincuencia. Es decir, la sobresaturación del parque vehicular en las urbes propicia una elevada probabilidad de robo, dado que existe una sobreabundancia de automóviles frente a otras opciones de transporte tales como metrobús, metro, microbús, tranvía o trolebús (ver gráfico 10). En este sentido, la tendencia de crecimiento del parque vehicular, sin restricción gubernamental alguna, parece incidir en la diversificación del robo en las urbes sobresaturadas de automóviles. Si la ocasión hace al ladrón entonces el robo de autos es una actividad delictiva muy rentable.

Gráfico 10. Casos de robo de autos

Fuente: ICESI (2010)

Gráfico 11. Casos de robo por tipo de arma

Fuente: ICESI (2010)

Finalmente, lugares como la casa de habitación y el automóvil que debieran proporcionar seguridad y confianza a los ciudadanos ahora son escenarios de robo (ver gráfico 12). El incremento de los asaltos a casas de habitación corrobora la hipótesis en torno a la cual el robo está asociado a la percepción de inseguridad personal, familiar y social.

Gráfico 12. Casos de robo en casa habitación

Fuente: ICESI (2010)

En síntesis, el robo de autos con pistola y de manera violenta es el principal delito del fuero común. Sin embargo, el tráfico de armas, el excesivo número de automóviles que componen el parque vehicular y el alto porcentaje de ocupación del suelo urbano y vías de comunicación incrementan las probabilidades de oportunidad y atraen a los delincuentes o a quienes quieren realizar una carrera delictiva.

En este sentido, existe una relación indirecta entre el tráfico de armas y la corrupción asociada a la importación de automotores sobre la intención de evidenciar el latrocinio. Dicha relación está mediada por el robo, principal delito del fuero común. Es decir, las políticas bélicas de los Estados Unidos que consisten en suministrar armas al Estado y a los criminales de México, desencadenarían un malestar social que se reconoce por sus actitudes y comportamientos de menoscabo hacia quienes cometen robos de autos con pistola y lujo de violencia.

Las teorías del delito

La Teoría del Autocontrol (SCT por sus siglas en inglés) ha dominado la escena de los estudios criminológicos. En este sentido, el bajo autocontrol se refiere a “un conjunto de rasgos de insensibilidad, impulsividad e irresponsabilidad persistentes en la vida personal que hacen más proclive a un individuo al delito” (Wisktrôm y Treiber, 2007). Este principio no explica el comportamiento criminal sino también el comportamiento de la víctima. Es decir, la comisión de un delito está relacionada con autocontroles bajos, tanto en el criminal como en su víctima. El delincuente no puede sustraerse de la oportunidad y los motivos que lo hacen cometer un acto inmoral, injusto e ilícito. La víctima también muestra un bajo autocontrol al buscar, sistemáticamente, experiencias de riesgo y aventura que lo hacen vulnerable a los delincuentes por su proceder imprudente o no preventivo del delito (Braithwaite y Drahos, 2002). El estado del arte ha establecido asociaciones entre el miedo, la indignación, el menosprecio, la imprudencia y los delitos que hacen más probable la ejecución de un delito por parte de una persona emocionalmente inestable. Los delitos implican la combinación de personalidades con bajo control de sus emociones que los llevan a asumir riesgos en los que los costos son superiores a los beneficios. A menudo, estas personalidades, la del delincuente y la víctima, improvisan sus actos porque los llevan a cabo a partir de heurísticos o atajos mentales que les impiden visualizar sus consecuencias.

Si a los planteamientos de la Teoría del autocontrol les agregamos un contexto económico y político en los que predominan la incertidumbre y los riesgos, entonces tenemos personalidades emergentes en las que la corrupción indicada por el tráfico de armas y el parque vehicular irregular están relacionados con el bajo autocontrol indicados por las emociones inestables y los comportamientos imprudentes que se asocian para configurar un sistema delictivo.

Muftic (2009) advierte que el concepto de robo es un “acto forzado orientado al fraude para el logro de un interés personal” (Samson y Laub, 2003). Sin embargo, Geis (2000) sostiene que el concepto de “fraude” en la Teoría del autocontrol, es erróneo ya que los actos humanos que no son honestos no pueden ser considerados “fraudes”.

Los límites de la Teoría del autocontrol hicieron necesaria la emergencia de la Teoría del menoscabo reintegrativo (RST por sus siglas en inglés).

La Teoría del menoscabo reintegrativo sostiene que las personas desaprueban las intenciones o los actos que afectan moral y permanentemente a las personas (Hay, 2001). El menoscabo reintegrativo, consiste en una relación emotiva entre la persona afectada y el individuo que ejecuta el latrocinio (Barnard, 1999). Esto propicia una tendencia a evitar el contacto con el delincuente más que el acto del latrocinio. El latrocinio se realiza en un contexto de desaprobación social (Shwartz, 2009). El menoscabo del latrocinio está vinculado con el fraude, definido como “malversación, falsificación o soborno llevados a cabo o no para beneficiar a una sola persona, grupo o institución en detrimento de otra persona, grupo o institución” (Brysk, 2009). El estigma es considerado el principal eje de investigación en la Teoría del menoscabo reintegrativo (Spahr & Alison, 2004).

La Teoría del menoscabo reintegrativo ha establecido áreas de análisis en torno a la comisión de delitos. Davies (2004) plantea diez contextos del delito:

• Terrenos de insuficiencia social
• Terrenos de la desesperación ilimitada
• Terrenos de la discriminación excluyente
• Terrenos del decaimiento destructivo
• Terrenos del miedo público
• Terrenos de la acción espontánea
• Terrenos de la indiferencia colectiva
• Terrenos de la autodestrucción
• Terrenos de la aprobación subversiva
• Terrenos de la asociación pandillera

En síntesis, las Teoría del autocontrol y la Teoría del menoscabo reintegrativo han explicado las variables implicadas en el comportamiento imprudente y criminal en torno a la comisión de un delito. Ambas coinciden en que el delito es un efecto multifactorial de las causas en torno a la cognición y comportamiento individual. También sostienen que el fraude es un efecto de las relaciones de propiedad privada cuya abundancia estaría relacionada con la imprudencia, la aventura y el riesgo. Mientras tanto, la escasez de bienes sería un determinante de la frustración, agresividad, violencia y delincuencia. Es decir, en las sociedades hay conflictos entre dos estratos alrededor de la distribución de la propiedad privada. Se trata de un sector social marginado y excluido que trata de subsanar sus carencias económicas, sociales y psicológicas usurpando la propiedad de quienes, se presume, tienen los bienes que desean los del sector excluido. Las relaciones asimétricas entre ambos grupos propician percepciones de injusticia que devendrán en acciones calificadas como delictivas. En el grupo agraviado se desarrollarán percepciones, valores, creencias, actitudes, intenciones y comportamientos excluyentes, discriminatorios y estigmatizadores de la apariencia y personalidad delictiva. El sector social que cuenta con los recursos necesarios para salvaguardar sus pertenencias desarrollará sistemas de seguridad a partir de los estigmas del sector social contrario calificado como delictivo. Precisamente, en este punto las teorías son antagónicas.

La Teoría del autocontrol parece describir a individuos que al no poder controlar sus emociones y deseos asumen conductas de riesgo que los llevan, incluso, a delinquir o a presentarse como potenciales víctimas. En contraste, la Teoría del menoscabo reintegrativo sostiene que las víctimas de la delincuencia desarrollan un trastorno perceptual que los lleva a tomar medidas preventivas exageradas y, sobre todo, soluciones de venganza hacia quienes los han agraviado. Mientras la Teoría del autocontrol no parece hacer distinciones en torno a los recursos y su potencial uso de auto-justicia, la Teoría del menoscabo reintegrativo parece indicar que de tener mayores recursos, las personas agraviadas harían lo necesario e indispensable para hacerse justicia por los agravios cometidos en su contra. Se trata de la explicación de un sistema de creencias, actitudes, intenciones y comportamientos orientados por el deseo de buscar justicia, y esto devela la ingobernabilidad y corrupción en la comisión del delito y la impartición de justicia en la que estarían inmersos las víctimas y los delincuentes.

Es decir, ambas teorías, la del autocontrol y la del menoscabo, parecen apoyar la hipótesis de que la gobernanza del Estado en torno a la justicia y la paz socia es esencial para regular las relaciones económicas y sociales en cuanto a la distribución de la propiedad e, incluso, en la distribución equitativa de oportunidades para lograr que los excluidos puedan tener los bienes que anhelan y los privilegiados puedan conservar sus propiedades (Kelemen, 2006).

No obstante, la Teoría del autocontrol va más allá porque explica la esencia iusnaturalista de los humanos. Es decir, a lo largo de la historia, desde que la propiedad dejó de ser comunal y se transformó en privada, los humanos han convivido bajo un sistema de creencias y valores en torno a la mayor voluntad, fuerza o convicción sobre quienes carecían de tales atributos. En un sistema iusnaturalista, la voluntad de quien podría someter a sus congéneres parece haber sido lo dominante entre los humanos. Posteriormente, con la aparición del estado moderno, los privilegios personales dieron paso a un contrato social que reguló las relaciones humanas. No obstante, los instintos, las emociones y los deseos parecen recordarnos nuestro pasado inequitativo de relaciones asimétricas. Es por ello que las investigaciones muestran evidencias de valores, creencias, percepciones, actitudes, intenciones y comportamientos de riesgo que llevan sistemáticamente a la imprudencia y a la delincuencia a quienes presentan una propensión al riesgo e inseguridad y, al mismo tiempo, una aversión a la seguridad y al futuro.

Precisamente, la Teoría del menoscabo reintegrativo recupera esa parte instintiva de los humanos para explicar sus actitudes y comportamientos discriminatorios y estigmatizadores ante algún integrante de un sector delictivo.

Los estudios psicológicos del autocontrol en torno al delito

La Teoría del autocontrol ha sustentado empíricamente sus fundamentos. Brownfield y Thompson (2008) establecieron la relación causal entre autoconcepto y autocontrol. En la medida en que el autoconcepto aumentaba, el autocontrol disminuía (Gibson, Sullivan, Jones y Piquero, 2010). Los hallazgos corroboran los presupuestos de la Teoría del autocontrol que señalan que un bajo control personal es predictor de las intenciones y comportamientos de riesgo en hombres más que en mujeres.

Los estudios del autocontrol han demostrado que un bajo autocontrol está asociado con el sexo, la edad, la raza, el autoconcepto, la autoestima, el comportamiento de riesgo, la imprudencia y el crimen (Esbensen, Winfree, He y Taylor, 2001). En comparaciones regionales, la impulsividad fue un factor de diferenciación entre los países. En la muestra americana, se establecieron diferencias significativas entre el abuso de alcohol, uso de drogas y asaltos (Stylianou, 2002). En la muestra alemana, el vandalismo, el uso de drogas y los asaltos fueron factores de diferenciación (Vazsonyl, Pickering, Junger y Hessing, 2001).

La raza incidió en los riesgos de manejo: seguir un auto y manejar sin el cinturón de seguridad, y en tener sexo con un desconocido (Marcus y Schuler, 2004). El sexo determinó el manejo sin el cinturón de seguridad, conducir en estado de ebriedad, tener sexo sin condón, deshonestidad académica y las intenciones de buscar aventuras peligrosas (Jones y Quisenberry, 2004).

Arneklev, Elis y Medlicott (2006) establecieron los efectos del bajo autocontrol sobre el comportamiento imprudente y criminal. Así como los efectos del Índice del Comportamiento Imprudente sobre el crimen. A partir de tres modelos de regresión, el bajo autocontrol y la edad determinaron positiva y significativamente el comportamiento imprudente. En el segundo modelo, el bajo autocontrol y la edad determinaron el Índice del Comportamiento Criminal. Finalmente, en el tercer modelo, solo la edad influyó en el Índice del Comportamiento Criminal. En el primer modelo de regresión, las consecuencias del bajo autocontrol incidieron negativamente sobre el estatus marital, la atención religiosa y los logros educativos. En un segundo modelo, la satisfacción de vida y la atención religiosa fueron determinadas negativamente por las consecuencias sociales de un bajo autocontrol (Higgins, 2007). Finalmente, en un tercer modelo, el estatus marital y los logros académicos fueron determinados negativamente por las consecuencias del bajo autocontrol. En los tres modelos, los autores controlaron el género, la edad y la etnia.

En síntesis, la Teoría del autocontrol se ha encargado de asociar los rasgos instintivos y emocionales con las características sociodemográficas, socioeducativas y socioeconómicas determinantes de la comisión de un acto considerado como inmoral, injusto e ilícito por las normas sociales, incluso del grupo al que pertenecen quienes presentan un bajo autocontrol. En torno a las relaciones asimétricas de distribución y oportunidad de competencia por los recursos o propiedades, la Teoría del autocontrol parece descargar la responsabilidad en los rasgos biológicos y plantea que estas características biofísicas harían diferentes a los individuos frente a las oportunidades y los motivos de cometer un acto fraudulento, criminal o delictivo. La Teoría del autocontrol parece delimitar la problemática de la violencia e inseguridad en las personalidades de los individuos.

Ante el enfoque de la Teoría del autocontrol, la Teoría del menoscabo reintegrativo marca el énfasis individual en los grupos de referencia y pertenencia entre quienes asumen actitudes, intenciones y comportamientos de riesgo y propician un clima de incertidumbre que facilitaría el escenario de exclusión, discriminación y estigmatización.

Los estudios psicológicos del menoscabo en torno al delito

La Teoría del menoscabo reintegrativo, al considerar que existe una interdependencia entre la discriminación y los actos delictivos, plantea que en la medida en que un grupo es excluido, desarrolla formas de interacción interna que facilitan la comisión de un delito (Owens, 2001).

El menoscabo del delito está relacionado con factores de personalidad. Hay (2001) estableció el autoconcepto entre los padres y los hijos a partir del comportamiento antisocial del niño, acceso a los padres, percepción parental e interdependencia entre padres e hijos. Estableció el efecto directo, negativo y significativo entre el comportamiento antisocial en la niñez, la accesibilidad de los padres, la percepción de accesibilidad parental y la percepción entre padres e hijos sobre el latrocinio (Adams, Munro, Doherty y Edwards, 2005).

Hamai y Ellis, (2006) al revisar los medios impresos, encontraron una mayor tendencia de cobertura informativa alrededor de los escándalos políticos. Respecto a la política de la policía, las personas percibieron al escándalo como severamente justo. Finalmente, en un registro de las noticias sobre los titulares del escándalo político, la mayoría de los periódicos calificaron el evento como un acto criminal de victimización. El menoscabo incidió directa, negativa y significativamente sobre la represión, en sus dimensiones política y terrorista (Hafner, 2008).

Aslund, Leppert, Starring & Nilsson (2009) establecieron, mediante modelos de regresión logística, la interacción de las experiencias de menoscabo con el estatus económico bajo en relación con la depresión. Respecto a los participantes de estatus medio y alto, la experiencia de menoscabo tuvo una interacción espuria con la experiencia de menoscabo y una relación poco significativa con la depresión.

En síntesis, la Teoría del menoscabo reintegrativo explica el proceso de criminalización a partir de percepciones que orientan enjuiciamientos negativos en torno a un evento de victimización. Dichos eventos finalmente son considerados justos. El menoscabo reintegrativo predice comportamientos que justifican el peso de la ley sobre quienes son considerados delincuentes sin importar las causas, solo el grado de agravio o estatus social. Incluso, cuando las normas o valores sociales contradicen el enjuiciamiento, el menoscabo reintegrativo parece justificarse. Finalmente, cuando interactúan las experiencias de menoscabo con el estatus económico bajo, predicen la depresión. Es decir, el menoscabo reintegrativo, no solo explica los estereotipos de los delincuentes, sino que produce efectos negativos en la salud de quienes han sido estigmatizados como delincuentes potenciales solo por su estatus socioeconómico.

No obstante, en los estudios revisados, la tendencia del menoscabo hacia la delincuencia parece explicar un sistema de normas y valores que se construyen como actitudes y prácticas excluyentes, discriminatorias o estigmatizadoras hacia individuos con determinadas características sociodemográficas, socioeconómicas, socioeducativas y sociopolíticas; el estado del arte y las tendencias delictivas en México parecen transitar por senderos diferentes. Mientras los estudios psicológicos sobre el autocontrol y el menoscabo aluden a variables determinantes de actitudes y comportamientos cuando menos imprudentes, la tendencia delictiva en México parece exigir un análisis pormenorizado del tráfico de armas, automóviles y autopartes que orientarían el estudio del menoscabo hacia la delincuencia. Otro límite de la Teoría del autocontrol y la Teoría del menoscabo es su concepción de individuo emotivo como víctima potencial del delito, cuyo proceso se ubicaría en una posición intermedia: el menoscabo reintegrativo. En el caso de México, los individuos no parecen tener una propensión racional hacia el futuro o una aversión emotiva hacia el presente. El ciudadano mexicano parece tener ambas características: propensión al riesgo y aversión a la seguridad. En este sentido, el bajo autocontrol podría ser una constante más que una variable predictiva del delito y el menoscabo hacia la delincuencia; una intención más que un comportamiento sistemático discriminatorio.

Conclusión

El presente trabajo ha expuesto dos ejes para el estudio de la violencia, inseguridad y delincuencia. Se trata del autocontrol y el menoscabo como factores de causa y efecto. En tal sentido, la intervención del Trabajo Social en la criminología podría pensarse desde la investigación de perfiles asociados a conductas de riesgo que facilitan la comisión de un delito. No obstante, la inseguridad tiene otro eje alusivo a la personalidad de las víctimas: el menoscabo.

En el marco de las políticas públicas y los programas públicos de prevención y atención a víctimas del delito, la intervención del Tabajo Social estaría determinada por factores sociales, grupales y personales.

En el caso de la delincuencia organizada y los delitos del fuero común, el concepto de riesgo y el de inseguridad parecen describir escenarios en los que la prevalencia de cogniciones y acciones podrían ser las causas directas de la violencia.

Las teorías del delito, autocontrol y menoscabo serían de gran utilidad en el momento de diseñar un estudio regional o socioeconómico en el que se puedan observar y registrar los factores asociados a la delincuencia. En este sentido, la discusión en torno a los programas focalizados de atención especializada a las víctimas del delito permitirá establecer una agenda pública para insertar los temas críticos de la violencia en las políticas públicas de combate al delito.

No obstante, la comisión del delito también alude a la identidad de los grupos delicuenciales que controlan sus territorios con base en el uso intensivo de la violencia. Puesto que el poder coercitivo coopta los espacios de convivencia, sería relevante observar el “modus operandi” y el “modus vivendi” de los grupos vulnerables, marginados y excluidos que han desarrollado una violencia sistemática como respuesta a la falta de oportunidades.

La estructura social de la violencia no deberá ser equiparable a la coyuntura de la delincuencia organizada, los grupos de narcotráfico o los sicarios no deben confundirse con los daños colaterales del crecimiento económico que al concentrar las inversiones en sectores sociales, reducen las posibilidades de subsistencia de jóvenes que no tienen más opción que enrolarse en las filas del crimen organizado.

Los profesionales en Trabajo Social tienen ante sí la oportunidad de diferenciar las causas que facilitan el surgimiento de la espiral de la violencia e inseguridad asociada con los grupos delincuenciales. Posteriormente, la intervención será una consecuencia del establecimiento de los diferentes tipos de violencia y de sus efectos en la percepción de inseguridad. Aunados a los programas focalizados de atención a las comunidades, el diagnóstico y la intervención desde los perfiles de la delincuencia, podrán complementarse con una gestión del empleo, la educación y demás actividades que inhiban la construcción social de la inseguridad, las acciones violentas y los factores cognitivos de riesgo.

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