Trabajo Social y Administración de Justicia: las transformaciones del contexto penitenciario costarricense y

las repercusiones en los procesos de trabajo profesional

M.Sc. Andrea Cedeño Leitón*

*Maestría en Estudio de la Violencia Social y Familiar – UNED. Labora en el Ministerio de Justicia, Centro Institucional de San José.

**Maestría en Evaluación de Programas y Proyectos Sociales – UCR. Labora en el Ministerio de Justicia, Instituto Nacional de Criminología.

M.Sc. Ana Monge Campos **

Palabras clave: Trabajo Social Criminológico- Penitenciario, procesos de trabajo profesional, derechos humanos, participación del voluntariado, salud mental y ocupacional de los profesionales.

I. Justificación

Esta ponencia es una aproximación al análisis de los procesos de trabajo social en el Sistema Penitenciario Nacional de Costa Rica, los cuales fueron sistematizados producto de la capacitación denominada “Perfil del Trabajo Social Criminológico” iniciada en el año 2006.

La capacitación consiste en un programa continuo dirigido a profesionales de trabajo social que brindan atención a la población penal con medidas privativas de libertad y sanciones o sentencias en el medio carcelario y en programas a nivel comunal.

El objetivo de la capacitación es actualizar los procesos de trabajo desarrollados por las personas profesionales en los diferentes servicios de la institución penitenciaria, a la luz de los aportes de los nuevos debates y postulados teórico- metodológicos del Trabajo Social y de la Criminología.

En la primera fase de la capacitación se obtuvo la sistematización de los procesos de trabajo, los cuales son el insumo para generar un efecto multiplicador en la reformulación y mejora de los planteamientos indicados.

La metodología utilizada fue participativa, tipo taller e incorporó actividades magistrales, con el aporte de profesores expertos que expusieron sobre debates contemporáneos de Trabajo Social y corrientes criminológicas.

Esta capacitación está orientada por los siguientes objetivos:

1. Generar mayor compromiso ético-político del Trabajo Social mediante la actualización y multiplicación del conocimiento teórico metodológico a la luz de los debates contemporáneos de la profesión y del campo criminológico.

2. Contribuir con el esclarecimiento del servicio encomendado en el marco de la política criminal costarricense para mejorar la

Calidad de los servicios brindados a la población penal y sus familias.

3. Identificar los factores de riesgo y condiciones que repercuten en la integridad física y emocional de los trabajadores penitenciarios para prevenir el desgaste profesional en la institución penitenciaria.

Uno de los logros obtenidos con el primer grupo de capacitados fue el impulso y motivación por la organización gremial, así se constituyó la Asociación de Trabajadores Sociales Criminológicos, una organización similar que se había extinguido hacía doce años.

En este sentido el objetivo que orienta el desarrollo de la ponencia es proponer estrategias de prevención de la salud mental y ocupacional de quien ejerza como trabajador social a partir del análisis de los procesos de trabajo en el contexto penitenciario.

Los objetivos específicos son los siguientes:

• Identificar estrategias para el mejoramiento de la calidad del servicio que se brinda a la po-

blación penal, las familias y la protección de los derechos de las víctimas.

• Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los profesionales insertos en el servicio del Estado.

• Aportar al análisis del papel del voluntariado en las políticas públicas y la delegación de la responsabilidad del Estado.

Esta ponencia contempla el desarrollo de tres ejes temáticos:

• Procesos de Trabajo Social y derechos humanos en una institución de control social.

• Condiciones de trabajo y repercusiones en la salud mental y ocupacional.

• El Estado y la delegación de responsabilidades en el voluntariado.

El contenido incluye el análisis de la función mediadora de la persona profesional, quien facilita el acceso a los derechos humanos mediante la inclusión de servicios de bienestar social, el reconocimiento del impacto de la reclusión y de los procesos judiciales en las personas, sus familias y las víctimas. Las continuidades en esta función asignada exigen la capacitación permanente para innovar opciones de atención que permita comprender la dualidad: control social y exigibilidad de acceso a los derechos de las personas atendidas.

Las transformaciones del contexto penitenciario que en parte son generadas por la creciente demanda de represión, produce condiciones de trabajo más críticas y degradantes para los diferentes sectores, por lo que surge la necesidad de prevenir en el sector trabajador el desgaste personal y profesional, así como preservar los espacios profesionales y analizar la delegación de responsabilidades estatales en el voluntariado.

II. Origen del trabajo Social Criminológico – Penitenciario en Costa Rica

El origen de la profesión de trabajo social en Costa Rica tiene relación con la incursión en el campo penitenciario, el cual continúa siendo uno de los principales espacios laborales, prácticas académicas y de investigación para profesionales y estudiantes.

La primera Escuela de Trabajo Social fue creada en 1942. Uno de los fundadores fue el licenciado Héctor Beeche, quien impulsó la formación de personal de Servicio Social para el régimen penitenciario; por lo que tuvo una orientación para-jurídica (Casas, 1975).

Desde 1945 la persona profesional en Trabajo Social en el contexto criminológico-penitenciario ha desempeñado un papel preponderante como mediadora entre la persona sancionada por la ley, la institución, la familia, la víctima y los recursos de apoyo comunal. Además, el accionar profesional ha incluido procesos de trabajo asistencial, lo que ha permitido atender las manifestaciones inmediatas generadas por las medidas y sanciones penales. Asimismo, se cumple con el rol de facilitadora para la accesibilidad de derechos humanos de las personas atendidas.

El papel designado al Sistema Penitenciario ha estado impregnado de las corrientes criminológicas positivistas centrados en el delito y el delincuente, a pesar de los aportes teóricos en la comprensión del tema criminológico, que ha pasado desde la teoría biologista y clínica hasta la criminología de la reacción social, como lo señala Rosa del Olmo: “En América Latina surgieron también algunas inquietudes ….al recibir algunos coletazos de la vorágine criminológica; sin embargo …ha sido el garantismo penal el que ha tenido mayor aceptación.” (Olmo, 1997, p. 14)

Es así como en Costa Rica, con las acciones de la Iglesia y el voluntariado, pasando por la creación del Consejo Superior de Prisiones, el Consejo Superior de Defensa Social, y luego la Dirección General de Adaptación Social, el Trabajo Social adquirió legitimación y reconocimiento como profesión requerida para la atención de la población penal.

Así la profesión de trabajo social ha participado en los diferentes momentos de evolución de “modelos” penitenciarios, entre estos:

• En 1971 tiene auge el enfoque clínico, aplicándose el modelo progresivo, el cual consiste en la ubicación y clasificación de la población penal por etapas según el avance del tratamiento: máxima seguridad, mediana cerrada, abierta, mínima cerrada y abierta y centros de confianza limitada y total.

Gráfico N°1

Costa Rica: distribución de profesionales en Trabajo Social según nivel de atención, 2007
Institucional	55%
Semi Institucional	15%
Comunidad	17%
Penal Juvenil	7%
Oficinas centrales	6%

Las personas profesionales en Trabajo Social desarrollan los procesos de trabajo ubicadas en las áreas de atención comunitaria, violencia, salud y atención a la drogadicción principalmente. En la actualidad se encuentran laborando ciento ocho personas como trabajadoras sociales, de las cuales sesenta trabajan en el nivel institucional, dieciséis en el semi-institucional, dieciocho en el nivel de comunidad, ocho en el penal juvenil y seis en oficinas

centrales, tal como se puede observar en el siguiente Fuente: Datos Estadísticos de la Jefatura Nacional de Trabajo Social. 2007

• En el 1993 con el Plan de Desarrollo Institucional se replantea la “rehabilitación” y se propone la atención de la persona privada de libertad como sujeto con deberes, derechos, necesidades y potencialidades, abordadas según áreas de atención entre ellas: comunitaria, violencia, drogadicción, convivencia capacitación y trabajo, educativa , salud. gráfico:

El área de Trabajo Social en el Sistema Penitenciario Nacional tiene como misión atender las necesidades de las personas adscritas al Sistema Penitenciario relacionadas con la interacción y apoyo de la familia y el medio comunal, en procura del adecuado cumplimiento de las medidas y penas impuestas, en el marco del respeto a los derechos humanos.

III. trabajo Social Criminológico-Penitenciario y normativa jurídica vinculante

El reconocimiento y legitimación de la profesión se plasma en el año 1971 con la Ley No 4762 de Creación de la Dirección General de Adaptación Social, en la que se define la presencia de la jefatura nacional de trabajo social como una de las profesiones integrantes del Instituto Nacional de Criminología, órgano colegiado superior para la toma de decisiones técnicas.

Actualmente los reglamentos que rigen la materia penitenciaria son: el número 22198: Reglamento Orgánico Operativo de la Dirección General de Adaptación Social y el Reglamento No 22139 – J, además del Reglamento de Derechos y Deberes de los Privados de Libertad.

Conforme lo establecido en estos decretos la estructura organizativa para la atención a la población adscrita al Sistema Penitenciario comprende cuatro niveles: Institucional, Semi-institucional, Comunidad y población penal juvenil.

En la estructura organizativa superior se ubica el sector de gestión y coordinación, en este la profesión de trabajo social se encuentra representada actualmente en los siguientes puestos: Subdirección de Instituto Nacional de Criminología, Jefatura Nacional de Trabajo Social, Jefatura de Departamento de Investigación y Estadística, Coordinación de Nivel Semi-institucional, Miembro de Equipo de Apoyo de Instituto Nacional de Criminología, Supervisora Técnica del Nivel Penal Juvenil, Coordinadora de Programa de Sanciones Alternativas de Ley Penal Juvenil, Coordinadora de Centro de Oportunidades Juveniles, Directoras o Directores de centros Semi-institucionales, Coordinadoras de Áreas Comunitarias en cuatro centros de mayor complejidad.

En los niveles de atención los procesos de trabajo profesionales realizados por profesionales en Trabajo Social, se encuentran contenidos en diferentes modalidades de atención a saber: atención y valoración individual, grupal, familiar y victimológica.

Estos procesos de trabajo se realizan en el marco de la normativa internacional y nacional vigente, basado en el principio de que todo funcionario público está obligado a cumplir con lo establecido por ley, según el espacio profesional en que se desempeña. En el caso de Trabajo Social, la normativa jurídica contemplada se puede observar en el siguiente cuadro: (N1)

IV. Procesos de trabajo Social y Derechos Humanos en una institución de control social

La defensa de los derechos humanos en el sistema penitenciario en Costa Rica se fortalece con el surgimiento de la Defensoría de Derechos Humanos creada en 1990, la cual fue adscrita al Ministerio de Justicia. Esta entidad contempló la Defensoría del Interno, cuyo objetivo fue velar por el cumplimiento de lo establecido en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.

El país acogió estas disposiciones en 1957, sin embargo es a partir de 1976 cuando se dan diferentes momentos de revisión y propuestas de procedimientos para la aplicación de lo establecido en las Reglas Mínimas.

Alrededor de la década de los años noventa con el Estado de Derecho, se crean instancias de representación y defensa de los ciudadanos: la Sala Constitucional en 1989 y la De-

fensoría de los Habitantes en 1992. A estas instituciones acuden con frecuencia la población penal mediante el planteamiento de recursos de apelación y quejas cuando se considera que lo resuelto por la institución penitenciaria afecta los derechos de las personas atendidas. Se suma en 1998, la ampliación de la figura del Juez de Ejecución Penal con la entrada en vigencia de un nuevo Código Penal, designando el Poder Judicial, jueces y defensores de la ejecución de la pena regionalmente.

El reconocimiento de los derechos humanos de la población penal está planteada en diferentes instrumentos legales, incluyendo el Reglamento de deberes y derechos de las personas privadas de libertad, el cual surgió en el contexto de construcción del Plan de Desarrollo Institucional (1993) en el que se presentan postulados humanistas y el trabajo penitenciario basado en el favorecer el acceso a derechos. Es este el encargo social que involucra el quehacer de los profesionales en el Sistema Penitenciario.

Así se cuenta con personal de trabajo social ubicado en instancias de decisión, al que se denomina en este trabajo, nivel de gestión y coordinación y los procesos están relacionados con la supervisión, dirección y coordinación (ver tabla Nº1, anexo #1).

Según lo establecido en las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos: “En lo posible se deberá añadir al personal un número suficiente de especialistas, tales como psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, maestros e instructores técnicos”. (ILANUD, 1984, p. 12) En ese sentido: “Los servicios de los trabajadores sociales, de maestros e instructores técnicos deberán ser mantenidos permanentemente, sin que ello excluya los servicios de auxiliares a tiempo limitado o voluntarios”. (ILANUD: 1984, p. 12)

En correspondencia con la normativa antes señalada aumentó el número de profesionales en Trabajo Social con el fin de garantizar la presencia en cada uno de los centros penales y oficinas de al menos una persona de esta profesión. Este crecimiento no es concordante con el incremento de la población penal, ya que las políticas cada vez más represivas utilizan más la prisión como respuesta al surgimiento de nuevas formas de violencia, han elevado las penas.

Los principales procesos de trabajo de la profesión de Trabajo Social están relacionados con el encargo institucional histórico. Su desarrollo en cada uno de los niveles tiene particularidades según la población: género, grupo etáreo, condición jurídica y régimen de custodia de la población penal atendida, así se tiene personas jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas indiciadas, personas sentenciadas, personas con medidas alternativas de la Ley Penal Juvenil, apremiados corporales y suspensión de proceso a prueba.

Los procesos profesionales de Trabajo Social se desarrollan en tres momentos: ingreso, acompañamiento y egreso (ver tablas Nº2 a Nº7, anexo #1). Varios de estos momentos tienen puntos de encuentro en los diferentes niveles de atención. Así tenemos que en la intervención de cada situación social se develan aspectos de la vida cotidiana de las personas atendidas, las cuales se ven afectadas por la condición de privación de libertad, de sanciones penales y cumplimiento de medidas judiciales. Estos elementos son parte de la esfera privada e íntima, en la que el profesional en Trabajo Social cumple una función de mediador en tanto busca resolver las demandas de la población penal y a su vez emitir criterio a las instancias de decisión institucional judiciales y administrativas.

En la descripción de los procesos de trabajo para todos los niveles, está explicitada la función de valorar las redes de apoyo familiar, social y comunal con la finalidad de no individualizar al sujeto de intervención, ni segmentarlo de la realidad, sino por el contrario mantener la vinculación con su medio.

Por otra parte, los procesos de trabajo presentan particularidades, en cuanto a la atención de problemáticas específicas como violencia doméstica, violencia sexual, salud y uso de sustancias psicoactivas. Este tipo de atención se vincula con concepciones del modelo de tratamiento, lo que ha generado que se visualice por parte de algunas autoridades judiciales este tipo de atención como un requisito para acceder a beneficios, Para obtener la valoración integral de las situaciones se deben incorporar otros aspectos como valoración victimológica, la cual visualiza la incorporación de la víctima en el proceso judicial de sentencia.

La persona profesional en Trabajo Social debe respetar los derechos de las víctimas, en cuanto a evitar la revictimización y promover su protección. Ello por cuanto el sistema penal invisibiliza los derechos de la víctima: “La víctima no reclama compasión sino respeto de sus derechos. El Estado Social no puede ser insensible a los prejuicios que sufre la víctima, como consecuencia del delito (victimización primaria) y como consecuencia de la investigación y del proceso mismo (revictimización secundaria)”. (García y Molina, 1996: p. 53) De esta manera la labor de la profesión debe ir dirigida hacia la víctima como sujeto de derechos y no como objeto de investigación.

Históricamente se espera que el trabajo social aporte en el campo de la valoración de las condiciones sociales y familiares de las personas sujetas a la justicia penal, este es un criterio relevante para la toma de decisiones en cuanto a otorgar un beneficio o continuar con el mismo, otras decisiones en cuanto a recomendar que se otorgue la visita íntima y la visita de personas menores de edad, son valoraciones que procuran resolver a las personas sometidas a la ejecución de una medida, sanción o pena, pero a su vez genera reacciones de rechazo y reclamo cuando las recomendaciones no son las esperadas, lo que afecta el rol profesional y personal y en ocasiones se convierte en riesgo para la estabilidad emocional. Contraponer esta situación ha sido difícil, porque el trabajo se centra principalmente en el rol de poder y control, devaluando la labor de facilitador. Por esta razón se procura que quienes laboren como trabajadores sociales realicen procesos para facilitar la accesibilidad de derechos a las personas atendidas por las familias brindando información y referencias de las situaciones que califican a programas de Bienestar Social, con el fin de que sean beneficiarios de la política social y con ello se contribuya a disminuir las consecuencias de la prisionalización y de procesos penales.

La persona trabajadora social debe evitar desarrollar su labor profesional en forma mecánica y justificando su actuar solo en aplicación de leyes, reglamentos, protocolos entre otros: debe ser crítico e interpretativo. De esta manera con la comprensión de la complejidad de la realidad, en su papel de mediador en la correlación de fuerzas entre el Estado y la población beneficiaria puede generar cambios en pro de los derechos de la población atendida, así como incursionar en procesos de toma de decisiones y así evitar procesos de atención débiles y estrictamente funcionales. En otras palabras, es necesario romper con procesos de atención lineales. De esta manera “los textos, las leyes, las políticas públicas y sociales, no se pueden nombrar unívocamente: todas requieren de un acto de interpretación. No hacerlo y pensar en intervenir directamente es un acto de arbitrariedad”. (Quesada y otras, 2004, p. 33)

V. Condiciones de trabajo y repercusiones en la salud mental y ocupacional

En los últimos años el contexto penitenciario ha sufrido transformaciones ante los cambios y problemas de la sociedad como pobreza, exclusión social, violencia, prostitución, drogadicción, alcoholismo, delincuencia, entre otros. Estas situaciones generan un crecimiento en la comisión de actos ilícitos. Ante ello la sociedad demanda un aumento en las penas y sanciones para los delitos, como una alternativa de solución a la inseguridad ciudadana.

Esta situación desencadena un mayor número de personas privadas de libertad como en procesos judiciales, lo cual implica un costo económico social más alto. El problema se agudiza si se considera que el presupuesto asignado para atender las demandas de la población penal es limitado e inclusive inexistente.

En ese sentido, las condiciones en que los profesionales desarrollan los procesos de atención van en detrimento de la salud mental y ocupacional. Lo anterior por cuanto el contexto penitenciario se caracteriza por hacinamiento, altos volúmenes de trabajo, situaciones de estrés, riesgos derivados de la población atendida, carencia de recursos materiales y económicos, humedad, malos olores, problemas de infraestructura, espacio físico limitado, entre otros.

Ante esta necesidad, la institución plantea una directriz, consistente en conformar en cada centro de trabajo una Comisión de Salud Ocupacional, la cual tiene sustento en la Ley de Riesgos del Trabajo, Nº 6727, artículo 288 que establece la constitución de las mismas, pues es necesario trabajar en la prevención, ya que anteriormente el profesional se limitaba a recibir atención médica mediante la póliza de Riesgos Profesionales en caso de un accidente de trabajo.

En el artículo 273 del Código de Trabajo se plantea que “todo lo referente a la Salud Ocupacional es de interés público, con la finalidad de promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en general”.

Lo anterior no se refiere sólo a la enfermedad sino a la necesidad de desarrollar procesos de atención en equilibrio con el medio ambiente. En otras palabras calidad de vida, entendiéndose como el bienestar de las personas, tanto desde la perspectiva del bienestar físico, como desde la perspectiva del bienestar psicológico.

Uno de los problemas que afecta la calidad de vida es el Síndrome de Burnout, definido como un proceso caracterizado por el agotamiento, decepción y pérdida de interés, consecuencia del trabajo cotidiano desarrollado por profesionales dedicados a profesiones de servicio cuando la ayuda no logra alcanzar las expectativas depositadas en su trabajo. (Tonon, 2003, p. 11)

En ese sentido, los profesionales deben desarrollar estrategias de prevención al desgaste emocional, tales como:

• Incrementar el trabajo en equipo y disminuir las acciones individualistas, como una forma de promover la colectividad.

• Promover acciones solidarias y mejorar los canales de comunicación, con la finalidad de ofrecer alternativas de solución real a los problemas y evitar la cultura del chisme, lo cual acrecienta el conflicto y torna tenso el ambiente laboral.

• Disponer de momentos de descanso en el trabajo. Para este fin el personal cuenta con dos horas de terapia ocupacional por semana, espacio en que el se pueden desarrollar actividades de libre elección en forma individual o colectiva. Así mismo una vez al mes en este espacio se desarrolla una actividad por cada área existente en el centro, la cual puede ser de tipo educativo, cultural, recreativo o social. Aunado a ello se conformó un espacio grupal para proteger la salud mental de las personas profesionales que realizan funciones terapéuticas con personas ofensores domésticas y sexuales. En ese sentido un lunes de cada mes se reúne el grupo de profesionales a cargo de dos funcionarios o funcionarias en psicología, para promover estrategias de auto cuidado y programar la realización de una actividad de tipo cultural, educativa, social, entre otras. Otro período de descanso es la asignación de vacaciones profilácticas anuales, al profesional con más de un año de laborar en la institución.

• Fijar objetivos reales y alcanzables en el desarrollo de tareas cotidianas.

• No pensar en el tiempo libre en las actividades laborales.

• Actualizar conocimientos y aumentar la competencia profesional. Al respecto es importante destacar que para el año 2006, el personal de trabajo social contó con un proceso de capacitación continúo en temas como violencia doméstica, peritaje en trabajo social, victimología, entre otros. No obstante, a pesar que la institución ofrezca oportunidades de capacitación, el personal debe en forma individual complementar su actualización de conocimientos mediante la asistencia a congresos, seminarios, exposiciones, talleres, lectura de publicaciones recientes, entre otros. Otra alternativa de actualización es la conformación de una biblioteca virtual que contenga material bibliográfico y hemerográfico en temas de criminología y Trabajo Social.

• Organizarse gremialmente con la finalidad de promover la identidad, legitimación profesional, defensa de derechos, búsqueda de mejores condiciones laborales entre otros. Para este fin ya se conformó la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras Sociales del Sistema Penitenciario.

• Practicar un deporte o asistir a actividades culturales.

• Promover un ambiente de trabajo saludable, mediante el empleo de hábitos higiénicos como el orden y aseo, movilizar recursos para obtener los materiales e implementos de trabajo requeridos, organización del espacio físico y desecho de artículos no requeridos.

Estas estrategias se constituyen en medios de prevención. Los profesionales tienen los recursos internos para promover mejores condiciones laborales y desarrollar los procesos de trabajo en forma equilibrada con el ambiente, y así hacer frente a un contexto adverso, mediante estrategias de auto cuidado. De lo contrario, se expone a un permanente desgaste emocional que va en detrimento con la salud mental, ocupacional y por ende en la calidad de servicio que brinda, lo que genera una secuela dual.

VI. El Estado y la delegación de responsabilidades en el voluntariado

El Estado costarricense desde la década de los años noventa ha presentado transformaciones en su estructura asociado al proceso de modernización en que se encuentra inmerso. En ese sentido ha tenido modificaciones en el ámbito político, económico, organizativo y cultural, con la finalidad de enfrentar las demandas del entorno internacional, en otras palabras globalización.

De esta manera se genera una ruptura en la forma tradicional de atender las demandas sociales. Lo anterior conlleva a una redefinición de los procesos de atención profesionales en cuanto a la prestación de servicios sociales, con el fin de proporcionar una respuesta eficaz y eficiente.

Por otra parte en este contexto se trata de involucrar otros actores sociales, en la prestación de servicios, con la finalidad de delegar funciones atinentes al Estado, bajo el lema de la participación. “El concepto y la idea de participación, tiende a presentarse –en muchas ocasiones- como la panacea sucedánea y reemplazante de la obligatoria acción del Estado, para alcanzar el bienestar de toda la población.” (Alayón, 2000, p. 85)

Así habría que analizar si la participación social implica la inserción en espacios para la toma de decisiones, lo cual se constituiría en un factor para el cambio o si por el contrario implanta un mecanismo reproductor del control social.

En el Sistema Penitenciario la participación social se asocia a un grupo de personas voluntarias organizadas o no que llevan acabo actividades en los centros, principalmente de orden religioso. En la actualidad se lleva a cabo un plan piloto con una muestra de la población penal. El trabajo realizado se denomina Metodología APAC, lo cual significa Asociación para la Protección y Asistencia a los Condenados. “Esta entidad dispone de un método de Valorización Humana, por lo tanto de evangelización, que ofrece a los condenados condiciones para recuperarse, logrando de esta forma el propósito de proteger a la sociedad y promover la justicia.” (Ottoboni, 2002, p. 21)

Ottobonni plantea que esta metodología rompe con el Sistema Penal Vigente, “cruel en todos los aspectos y que no cumple la finalidad de la pena: preparar al condenado para devolverlo en condiciones de convivir armoniosa y pacíficamente con la sociedad.” (Ottobonni, 2002, p. 22) Lo anterior refleja una concepción de la función profesional rehabilitadora, propia del modelo clínico – curativo; método de intervención que el Sistema Penitenciario intenta modificar con la crisis del Estado Interventor. De esta manera pretende renunciar a la rehabilitación y la sustituye por procesos de atención y cobertura a las necesidades y desarrollo a las potencialidades del sujeto. “No es retrocediendo al modelo como podremos comprenderlo sino reprocesando lo que hoy denominamos como el sentido de los procesos de ajuste”. (Quesada y otros, 2004, p. 25)

La filosofía de APAC propugna “matar al criminal y salvar al hombre”, lo que implementaría mediante el Método de Valorización Humana y por lo tanto de Evangelización. Lo anterior refleja un componente religioso en los procesos de trabajo, lo cual si bien es importante al permitirle a la persona privada de libertad puede desarrollar su aspecto espiritual, se debe tener cuidado en no visualizar la pena con un carácter moralizador y religioso y por ende culpabilizado. Lo anterior por cuanto el amor condicional y la confianza son dos aspectos subjetivos de soporte de toda la metodología. En ese sentido se debe recordar que la persona no es una máquina de reflejos y hábitos. Así al decir “matar al criminal y salvar al hombre” es retroceder al mundo clásico, donde se concibe al “delincuente como un pecador que optó por el mal, pudiendo y debiendo haber respetado a la ley.” (García y Molina, 1996, p. 35)

Este método de reciente aplicación refleja que la participación social cumple una función de voluntariado en los procesos de trabajo, lo que implica mano de obra gratuita y delegación de funciones.

Por otra parte se debe tomar en cuenta que si bien la acción del voluntario es importante, esta debe ser una actividad de apoyo y no de delegación de funciones, por lo que se debe preservar y legitimar el espacio profesional. Basados en este principio es que los procesos de trabajo social en el proyecto APAC los realiza una profesional de la institución, acorde a los lineamientos y marco teórico metodológico de la profesión y la institución.

VII. Conclusiones y recomendaciones

El posicionamiento ético y político del personal de Trabajo Social en la institución penitenciaria se logra teniendo claro lo que podemos hacer desde el rol designado y el rol posible.

La institución penitenciaria cumple una función de control social, es la representación del estado en la que se ejerce mayor represión con la población y se busca tener una repercusión en el ordenamiento social, de manera que se cumpla con un papel intimidatorio de regulación del comportamiento humano y cada vez se impulsan mecanismos más represivos ante el aumento de la violencia y surgimiento de nuevas delincuencias como son el crimen organizado, el narcotráfico.

El encargo social de la institución penitenciaria es contradictorio por cuanto se espera que resuelva la protección de la sociedad, no obstante la persona profesional en Trabajo Social tiene como encargo velar por los derechos de las personas castigadas, debe contribuir a preservar y fortalecer los vínculos familiares al propiciar la comprensión de la situación y prevenir el conflicto mayor.

En el desarrollo de esta posición dual quien ejerza esta profesión debe continuar realizando las acciones profesionales tradicionales con eficiencia y eficacia para garantizar la calidad del servicio ofrecido, así como cumplir con la exigencia profesional por la que fue contratado. Sin embargo, debe traspasar esta frontera e innovar nuevos procesos de trabajo que permita fortalecer la acción profesional para generar cambios que faciliten el acceso a los derechos de la población meta.

En el desarrollo de estos procesos, el voluntariado cumple un papel importante, si se tiene como base la participación de apoyo y de interrelación con la representación de la ciudadanía en la temática, no debe significar la delegación de funciones que le corresponden y competen al Estado y sirva de utilización y desplazamiento del empleo profesional.

Se apuesta a la inversión de más policías, se resalta el gasto en salud por atención a víctimas de la violencia (La Nación 15 de enero 2007), el gran tema ausente es ¿qué se hace con las personas que cometen los delitos y las personas que los atienden?

La exigencia de penas más altas, el hacinamiento, limitaciones materiales y de equipo, las condiciones de infraestructura y poco personal para cubrir las demandas de atención de la población penitenciaria entre otros, son aspectos influyentes en el aumento de riesgo e inseguridad laboral en el desarrollo de los procesos de atención.

Como respuesta a esta situación se debe promover estrategias de autocuidado, mediante la creación y motivación de espacios para la salud mental, además exigir y propiciar las condiciones mínimas para el desarrollo de las actividades profesionales, tales como:

• Participar en procesos de capacitación para la actualización de conocimientos, que motive la integración del ejercicio profesional con lo académico y propicie la realización de estudios de posgrado.

Desarrollar la solidaridad intergeneracional con la finalidad de promover el trabajo en equipo, a través del intercambio de experiencias y conocimientos actualizados.

Generar procesos de reflexión sobre identidad profesional, que permita analizar la interrelación con otros profesionales intra y extra institucional.

Actualizar el desarrollo de habilidades para la construcción y aplicación de instrumentos metodológicos, operativos y tecnológicos.

Participar en los espacios de integración grupal proponiendo el desarrollo de actividades educativas, culturales y recreativas.

Identificar indicadores de afectación de la tarea en los miembros del grupo y apoyar la referencia a la atención requerida.

Promover la diversificación de actividades personales y la participación con otros grupos de referencia, de manera que el trabajo no sea el tema en el que giren los espacios no laborales.

Fortalecer la organización gremial y realizar luchas colectivas para mejorar las condiciones laborales.

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Tabla Nº1

Procesos del nivel de dirección y coordinación de los servicios criminológicos-penitenciarios

NIVEL DE DIRECCIóN Y COORDINACIóN	PROCESO DE tRABAJO
Subdirección del Instituto Nacional de Criminología	- Representa el poder de decisión del sector profesional. - Toma de decisiones sobre la ubicación y clasificación de población adscrita al Sistema Penitenciario. - Lineamientos profesionales para la organización de la atención dirigida a la población adscrita al Sistema Penitenciario. - Audiencias a familiares y abogados/as de la población adscrita al Sistema Penitenciario. - Toma de decisiones en materia de casuística en cuanto a los artículos 55, 64, 70, 71, 90, 93 y 100 del Código Penal dentro del marco de las sesiones del Instituto Nacional de Criminología.
Jefatura Nacional de Trabajo Social	- Toma de decisiones sobre la ubicación, clasificación y atención de la población adscrita al Sistema Penitenciario. - Supervisa los procesos de trabajo desarrollados en los diferentes niveles de atención. - Integra el enfoque teórico – metodológico de la profesión en la formulación de la Política Social. - Gestiona procesos de capacitación para la actualización del conocimiento y fortalecimiento de la identidad profesional. - Incentiva la integración profesional y la representación gremial. - Enlace y Representación institucional e interinstitucional en relación al tema de la Violencia Doméstica y Género. - Legitima espacios profesionales de Trabajo Social en los diferentes niveles de atención. - Dirección de proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida de la Policía Penitenciaria. - Supervisión de Estudios de vida y costumbres de oferentes del área de seguridad. - Toma de decisiones en materia de casuística en cuanto a los artículos 55, 64, 70, 71, 90, 93 y 100 del Código Penal dentro del marco de las sesiones del Instituto Nacional de Criminología. - Planificación y evaluación de proyectos institucionales para fortalecer los sectores de población más vulnerables.
Jefatura de Departamento de Investigación y Estadística	- Integra información sobre la población bajo la administración penitenciaria. - Orienta estudios, investigaciones y proyectos sobre temas institucionales. - Planificación y evaluación de programación institucional. - Dirección y supervisión del personal. - Toma de decisiones en materia de casuística en cuanto a los artículos 55, 64, 70, 71, 90, 93 y 100 del Código Penal dentro del marco de las sesiones del Instituto Nacional de Criminología. - Toma de decisiones sobre la ubicación, clasificación y atención de la población adscrita al Sistema Penitenciario.
Jefatura de Departamento de Investigación y Estadística	- Enlace y representación del nivel semi institucional. - Supervisión a directores y personal de los centros. - Toma de decisiones en órganos colegiados. - Asesoría a directores y personal de los centros y de otras instituciones. - Lineamientos profesionales para la organización de la atención dirigida a la población adscrita al nivel semi institucional. - Planificación y evaluación de proyectos del nivel semi institucional. - Dirige la integración de equipos de trabajo de los centros semi institucionales. - Investigación y conformación de redes de apoyo a nivel familiar comunal, laboral e institucional.
Equipo de apoyo del INC	- Revisión e investigación de aspectos victimológicos. - Recomendación al INC a partir del análisis de las valoraciones emitidas por diferentes profesionales de los centros penitenciarios. - Análisis de situaciones jurídicas sociales y criminológicas, para recomendar al INC la toma de decisiones respecto a la ubicación y ejecución sentencias de la población penal. - Analiza de forma integral diversos aspectos y elementos para emitir una recomendación. - Emite criterios profesionales en materia criminológica en cuanto a los artículos 55, 64, 70, 71, 90, 93 y 100 del Código Penal a ser presentadas en las sesiones del Instituto Nacional de Criminología. - Asesora sobre incidentes de queja y recursos interpuestos por población penal ante el INC. - Establece mecanismos de coordinación con las direcciones de centros o profesionales, para profundizar en el conocimiento de situaciones criminológicas. - Establece mecanismos de coordinación con jueces, autoridades judiciales, defensores públicos. - Investiga y analiza asuntos relacionados con la temática criminológica y en el campo de Trabajo Social. - Analiza en equipo interdisciplinario las valoraciones emitidas por los (as) profesionales encargados del abordaje que brindan a la población privada de libertad.
Encargada de oOficina para Mejoramiento de Calidad de Vida de Policía Penitenciaria	- Enlace y representación institucional en ejecución de convenios de vivienda y educación. - Ejecuta proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida de la Policía Penitenciaria. - Atención y referencia de situaciones sociales a instituciones de bienestar social. - Identifica y refiere a instancias intra y extra institucional situaciones de riesgo generados por las condiciones de trabajo.
Directores de nivel semiinstitucional	- Ejecución y seguimiento a planes de atención de la población penal, durante el cumplimiento de sentencias. - Conduce equipos interdisciplinarios. - Organización administrativa, técnica y de seguridad del centro. - Enlace y representación de la institución a nivel local. - Organiza recursos de redes de apoyo familiar y comunal, para fortalecer la inserción de la población penal al nivel semi institucional. - Supervisa la inserción paulatina en el medio familiar, laboral y comunal de la población penal.
Supervisión de nivel penal juvenil	- Supervisa la ejecución de los procesos realizados en los diferentes programas y proyectos del nivel penal juvenil- Conduce los espacios de análisis de los órganos colegiados del nivel penal juvenil. - Asesoría a la coordinación de nivel penal juvenil para la promoción de políticas en materia penal juvenil. - Asesoría a directores de los centros, programas y proyectos del nivel penal juvenil. - Enlace y Representación institucional e interinstitucional en relación al tema Penal Juvenil.
Coordinación de Programa Sanciones Alternativas de Penal Juvenil	- Ejecución y seguimiento a planes de atención de la población penal juvenil durante el cumplimiento de sanciones. - Conduce equipos interdisciplinarios. - Organización administrativa y técnica del programa. - Enlace y representación de la institución a nivel local y nacional sobre la materia atendida. - Organiza recursos de redes de apoyo familiar y comunal, para fortalecer la inserción de la población adscrita al programa. - Supervisa la inserción paulatina en el medio familiar, laboral y comunal de la población penal juvenil. - Toma decisiones en órganos colegiados del programa.
Coordinación de Área de Centros Penitenciarios	- Supervisa la ejecución de los procesos realizados por el equipo de trabajo social del centro. - Conduce los espacios de análisis de la atención brindada por el equipo . - Asesoría a los directores de centro para la promoción de políticas en materia socio-criminológico. - Representación y toma de decisiones en órganos colegiados del centro. - Enlace y representación del equipo de trabajo social del centro a nivel institucional. - Organiza recursos de redes de apoyo familiar y comunal, para fortalecer la inserción de la población adscrita al programa. - Atención y referencia de situaciones sociales a instituciones de bienestar social.

Fuente: Curso Perfil del Trabajador Social Criminológico Penitenciario, Area de Trabajo Social, Ministerio de Justicia, Costa Rica, 2007 Tabla Nº2

Procesos de trabajo del nivel institucional por fases de atención

INGRESO	ACOMPAÑAMIENTO	EGRESO
- Valoración social a las personas privadas de libertad para definición del Plan de Acción Técnica o Plan de Acción Inmediata - Atención social individual y familiar - Identificación de situaciones de riesgo a la integridad física y emocional de las personas o la seguridad institucional, que requieren prohibición de ingreso de visitantes al centro penal.	- Valoración social de personas menores de edad en calidad de visitantes y seguimiento en casos con antecedentes de violencia intrafamiliar. - Valoración social de visita íntima y seguimiento casos específicos (por riesgo a la integridad física y emocional o la seguridad institucional) - Atención social individual de personas con factores de riesgo asociados a la violencia intrafamiliar. - Atención socioeducativa grupal de personas con factores de riesgo asociados a la violencia intrafamiliar. - Valoración socioeconómica y referencia a instituciones de bienestar social de las personas privadas de libertad y sus familias. - Valoración social y seguimiento para la ubicación de mujeres privadas de libertad y sus hijos(as) en el proyecto casa cuna. - Valoración social de la persona privada de libertad portadora de VIH-SIDA para la adherencia al tratamiento antiretroviral (ARV). - Atención individual consultiva o en crisis a personas privadas de libertad. - Coordinación interinstitucional para la ubicación de hijos(as) de las personas privadas de libertad en proyectos de acogimiento de personas menores de edad. - Investigación sociofamiliar y victimológica. - Valoración técnica para efectos de los artículos 64 (libertad condicional), 71 (presentencia), 90 (indulto), y otros pertenecientes al Código Penal. - Valoración técnica para el cambio de modalidad de custodia. - Informes sociales a solicitud de las instancias competentes (Sala Constitucional, Jueces Ejecutores, Instituto Nacional de Criminología, entre otros). - Peritaje social a solicitud de los Jueces Ejecutores de la Pena u otras autoridades. - Divulgación de información a la población penal sobre lineamientos institucionales. - Capacitación profesional para actualización de conocimientos y mejoramiento de la calidad del servicio. - Planificación y evaluación de los procesos de trabajo profesional. - Atención Individual Socioeducativa para orientación sobre infecciones de transmisión sexual (ITS) y sobre el examen de sangre VDRL (requisito para la visita íntima). - Atención Individual Socioeducativa y Terapéutica a población privada de libertad identificada con enfermedades de transmisión sexual (VIH-SIDA y otras), además de enfermedades crónicas. - Seguimiento social con familiares y población privada de libertad que sufre problemas de salud con el fin de informar, educar y explorar recursos externos de apoyo y receptores.	- Valoración de resultados del Plan de Atención Técnica y/o el Plan de Atención Inmediata. - Informe técnico de cierre de procesos. - Procesos grupales de preparación para el egreso. - Acciones de coordinación para la protección de víctimas

Fuente: Curso Perfil del Trabajador Social Criminológico Penitenciario, Area de Trabajo Social, Ministerio de Justicia, Costa Rica, 2007 Tabla Nº3

Procesos de trabajo del nivel semi - institucional por fases de atención

INGRESO	ACOMPAÑAMIENTO	EGRESO
- Atención social individual al ingreso de la persona Privada de Libertad, al Centro de Atención Semi Institucional. - Atención social familiar que facilite la integra ción de la persona Privada de Libertad al contexto familiar y comunal. - Investigación social de campo para la validación del plan de egreso definido en el nivel institucional.	- Atención individualizada a las Personas Privadas de Libertad, acorde a las necesidades planteadas, relacionadas con su eventual integración al contexto sociofamiliar de referencia. - Investigaciones de campo, la existencia, viabilidad y condiciones de los recursos familiares, comunales y laborales de apoyo para la población privada de libertad. - Valoraciones sociales victimo lógicas, sobre delitos que atentan contra la vida y la integridad física y sexual de las personas ofendidas. - Procesos de atención socioeducativos y de seguimiento individual tanto internos como externos dirigido a aquellos privados de libertad sus familiares y organizaciones comunales, con el propósito de promover la identificación, reflexión y análisis de de sus problemáticas particulares (Violencia Física y sexual, drogadicción, entre otros). - Informes técnicos sobre diversos Artículos del Código Penal (64, 90,etc.), a solicitud de instancias judiciales e institucionales, que contribuyen a la toma de decisiones con respecto al otorgamiento de un eventual beneficio de la persona privada de libertad. - Facilita el acercamiento de la persona Privada de libertad, con su grupo familiar y comunidad de referencia. Mediante la atención técnica individual y la ejecución de proyectos de intervención dirigidos a la promoción de valores pro sociales. - Planificación y evaluación de los procesos de trabajo profesional.	- Atención Técnica a la persona Privada de libertad, orientada a la autonomía personal y la ejecución de los proyectos de vida planteados durante la fase de Acompañamiento. - Informes Técnicos de cierre de proceso de las personas Privadas de Libertad. - Procesos grupales de egreso dirigidos a prevenir la reincidencia. - Enlace con instituciones de bienestar social para protección de situaciones vulnerables y de acceso a derechos. - Acciones de coordinación para la protección de víctimas.

Fuente: Curso Perfil del Trabajador Social Criminológico Penitenciario, Area de Trabajo Social, Ministerio de Justicia, Costa Rica, 2007

Tabla Nº4

Procesos de trabajo del nivel en comunidad por fases de atención

INGRESO	ACOMPAÑAMIENTO	EGRESO
- Sesiones de orientación a las persona con suspensión de proceso a prueba sobre el servicio y responsabilidad institucional. - Atención Social Individual para definir un plan de cumplimiento de condiciones a personas con suspensión de proceso a prueba. - Investigaciones sociales de campo para valoración de planes de egreso establecidos previo al ingreso a este Nivel. - Atención individual a personas con libertad condicional que se incorporan al medio familiar, laboral y comunal para establecer el seguimiento de la ejecución de sentencia. - Atención de situaciones remitidas por incidentes de enfermedad y definición del plan de seguimiento.	- Seguimiento y monitoreo de planes de cumplimiento de condiciones durante el periodo de suspensión del proceso a prueba. - Atención en crisis a población beneficiada ante eventos que afectan e proceso de cumplimiento de condiciones y de planes de ejecución penal. - Enlace con instituciones de bienestar social para protección de situaciones vulnerables y de acceso a derechos. - Intervención Social Terapéutica Individual cuando se presentan problemáticas particulares. - Peritaje social para la toma de decisiones por parte de las autoridades judiciales. - Transfiere situaciones vulnerables sociales y jurídicas para el seguimiento por parte de entidades correspondientes.	- Atención social individual para la prevención de conductas delictivas. - Informes sociales de cierres de procesos. - Acciones de coordinación para la protección de víctimas.

Fuente: Curso Perfil del Trabajador Social Criminológico Penitenciario, Area de Trabajo Social, Ministerio de Justicia, Costa Rica, 2007 Tabla Nº5

Procesos de trabajo en el nivel Penal Juvenil por fases de atención en el Centro Juvenil Zurquí y Centro Adulto Joven

INGRESO	ACOMPAÑAMIENTO	EGRESO
- Valoración técnica de ingreso del o la joven para efectos de ubicación, discusión y definición del Plan de Atención Técnica o Plan de Ejecución. - Valoración social para visita íntima. - Valoración social al recurso familiar o de apoyo.	- Investigaciones sociales victimológicas en caso de: amenazas, violencia doméstica, cambio de sanción. - Estudios socio económicos para solicitud de becas a FONABE. - Valoración social para efectos de visita íntima. - Valoración social de personas menores de edad en calidad de visitantes. - Informes sociales evaluativos trimestrales del Plan de Ejecución. - Intervención Técnica Familiar en situaciones específicas. - Intervención técnica individual o grupal para fortalecer el desarrollo de habilidades y potencialidades. - Valoración Social de familiares o visitantes con prohibición de ingreso al centro. - Participación en audiencias judiciales en calidad de peritos del cumplimiento del Plan de Ejecución. - Valoración social de salidas de excepción del centro en caso de enfermedad, fallecimiento de algún familiar hasta cuarto grado de consanguineidad, actividades culturales o recreativas. - Valoraciones sociales de ofertas laborales con oferentes dentro del ámbito familiar. - Enlace con instituciones de bienestar social para protección de situaciones vulnerables y de acceso a derechos.	- Atención individual al o la joven para estructurar un proyecto de egreso. - Atención individual del o la joven para trabajar sus expectativas y temores ante un traslado. - Atención grupal socioeducativa de preparación para el egreso.

Fuente: Curso Perfil del Trabajador Social Criminológico Penitenciario, Area de Trabajo Social, Ministerio de Justicia, Costa Rica, 2007

Tabla Nº6

Procesos de trabajo del Nivel Penal Juvenil en el Programa Sanciones Alternativas

INGRESO	ACOMPAÑAMIENTO	EGRESO
- Valoración social individual para definir el plan de cumplimiento de la sanción alternativa. - Atención familiar para la asunción de responsabilidades en el cumplimiento de la sanción alternativa. - Atención social individual a jóvenes que ingresan con libertad condicional.	- Intervención socioeducativa con las familias en la temática consumo de sustancias psicoactivas, violencia sexual y doméstica. - Intervención individual o grupal socioterapéutica en las temática de violencia física, sexual, consumo de sustancias psicoactivas, crecimiento personal, manejo de límites y violencia doméstica. - Investigación social victimológica para la incorporación de medidas de protección. - Seguimiento a los planes de prevención para el desarrollo personal, familiar y social.	- Promover en el o la joven la construcción de un plan de acciones, que le permitan la identificación de los factores de riesgo y protectores, para definir estrategias que los mantengan alejados de comportamientos abusivos en el área sexual, física y doméstica o de consumo problemático de sustancias psicoactivas. - Evaluación del proceso de atención brindado por el PSAA, tanto del cumplimiento de las condiciones establecidas en la sanción como del proceso de atención brindado. - Atención familiar y de redes significativas de apoyo para la preparación de egreso de los/as jóvenes del programa.

Fuente: Curso Perfil del Trabajador Social Criminológico Penitenciario, Area de Trabajo Social, Ministerio de Justicia, Costa Rica, 2007

Tabla Nº7

Procesos de trabajo del Nivel Penal Juvenil por fases de atención en el Centro de Oportunidades Juveniles

INGRESO	ACOMPAÑAMIENTO	EGRESO
- Atención social individual a jóvenes referidos para la ejecución condicional de la pena. - Exploración de recursos, familiares, comunales y sociales proporcionen contención emocional y apoyo socioeconómico a las personas jóvenes ubicadas en el nivel penal juvenil. - Enlace con instituciones de bienestar social para protección de situaciones vulnerables y de acceso a derechos.	- Intervención socioeducativa con las familias en la temática consumo de sustancias psicoactivas, violencia sexual y doméstica. - Intervención individual o grupal socioterapéutica en las temática de violencia física, sexual, consumo de sustancias psicoactivas, crecimiento personal, manejo de límites y violencia doméstica. - Investigación social victimológica para la incorporación de medidas de protección. - Seguimiento a los planes de prevención para el desarrollo personal, familiar y social.	- Promover en el o la joven la construcción de un plan de acciones, que le permitan la identificación de los factores de riesgo y protectores, para definir estrategias que los mantengan alejados de comportamientos abusivos en el área sexual, física y doméstica o de consumo problemático de sustancias psicoactivas. - Evaluación del proceso de atención brindado por el PSAA, tanto del cumplimiento de las condiciones establecidas en la sanción como del proceso de atención brindado. - Atención familiar y de redes significativas de apoyo para la preparación de egreso de los/as jóvenes del programa.

Fuente: Curso Perfil del Trabajador Social Criminológico Penitenciario, Area de Trabajo Social, Ministerio de Justicia, Costa Rica, 2007