Olvido y memoria. Comprensiones desde lo colectivo: el caso de El Dorado - Meta
Alba Lucía Cruz Castillo1
Camilo Andrés Díaz2
El miedo seca la boca, moja las manos y mutila, el miedo de saber nos condena a la ignorancia, el miedo de hacer nos reduce a la impotencia.
Eduardo Galeano, 2011
Resumen
Este artículo trata sobre el olvido en los procesos de memoria colectiva, y la importancia de la narración para visibilizar los entramados del conflicto cuando existe violencia sociopolítica. Estas reflexiones surgen a partir de las discusiones realizadas en torno de la fuerza de lo colectivo como potencia constructora de los procesos de transición política, y presenta el caso de Colombia. El artículo, por lo tanto, se refiere a la génesis de lo colectivo en el estudio de la memoria; posteriormente se ocupa del debate acerca del trauma social y colectivo como el espacio donde surgen los procesos de memoria colectiva y, finalmente, expone la forma concreta en que opera el olvido desde la experiencia de acompañamiento psicosocial a las víctimas de El Dorado - Meta como sujeto de reparación colectiva. Se muestra cómo, en estos casos, la memoria ha sido captada y politizada por el Estado que justifica, en la lógica del silencio, la negociación con base en la idea de progreso y la persistencia del miedo.
Descriptores: memoria, memoria colectiva, trauma social, olvido.
Recibido: 20,7,2018 Aceptado 31,8,2018
1Docente investigadora, Universidad de La Salle, Programa de Trabajo Social, miembro del grupo de investigación Trabajo social, equidad y justicia social. Trabajadora Social. Especialista en Política Social, magister en Estudios de familia y desarrollo; estudios de doctorado en Antropología Social. Universidad de la Salle. Bogotá, Colombia. E-mail: [email protected]. Orcid.org/0000-0002- 4657-6000
2Trabajador Social, Universidad de La Salle, participante del Semillero de investigación PAZS.O.S
Forgetfulness and Memory. Group Realizations in the Case of El Dorado - Meta
Alba Lucía Cruz 1
Camilo Andrés Díaz 2
Fear desiccates the mouth, causes the hands to sweat and mutilates, the fear of knowing condemns us to ignorance, the fear of taking action reduces us to impotence. Eduardo Galeano, 2011
Summary
This article deals with the relationship of forgetfulness in the collective memory process and the importance that narration takes on to visualize how socio-political violence is enmeshed in the conflict. These reflections are based on discussions about the strength of the collective as a building power in political transition processes, such as the case with Colombia. Therefore, the article addresses the genesis of the group in the study of memory, then it deals with the debate about social and collective trauma as a space where collective memory processes become necessary and finally speaks to the psycho-social assistance experience of the victims of El Dorado - Meta as a subject for collective repair and the specific way that forgetfulness operates. It uses that as a basis for showing that, in cases such as this, memory has been co-opted and politicized by the State, under the logic of negotiated silence under the idea of progress and the persistence of fear. The text, therefore, is an article dealing with reflection based on an ethno-graphic analysis that was prepared during the social work intervention process during assistance actions in the land of the social stakeholders who are victims of socio-political violence in the region of El Dorado - Meta.
1A research teacher at La Salle University, the Social Work Program, and a member of the social work, equity, and social justice research group. Social worker, a specialist in social policy with a master’s degree in family and development studies, with studies toward a doctorate in Social Anthropology. La Salle University. Bogota, Colombia. E-mail: [email protected]. orcid.org/0000-0002- 4657-6000
2A social worker, La Salle University, a participant in the PAZS.O.S. Research Seedbed
1. Génesis de la memoria colectiva
Cuando se hace referencia al surgimiento del concepto de memoria colectiva es preciso mencionar que la memoria cobra relevancia, como lo señala Jean Duvignaud en el prólogo del libro Memoria colectiva de Maurice Halbwachs (1950), en el momento en que la continuidad de las sociedades europeas se interrumpe (alude a la guerra de 1914) y, por lo tanto, el pasado o la historia buscan imponerse como principios para determinar la imagen de la realidad de las personas, del espacio y del mundo, y ponen en riesgo la conciencia universal. De esta manera, la imposición de la historia como doctrina, también determinaría la conciencia; preocupación que surge cuando se alude a la memoria colectiva. Maurice Halbwachs es pionero en la investigación de los aspectos de la memoria colectiva y ha sido una fuente de inspiración para la apertura de nuevas investigaciones desde diferentes disciplinas como la sociología, filosofía, ciencias políticas, antropología y psicología, las cuales complementan y ofrecen un amplio panorama sobre la importancia que tiene la memoria colectiva en la vida de los individuos y los grupos sociales. Por esa razón se considera necesario iniciar este artículo explicando los principios que plantea el autor para articularlos con la realidad de los sujetos que requieren de reparación colectiva (SRC), como es el caso de las víctimas del conflicto armado colombiano.
La memoria, según Maurice Halbwachs, (1950) puede dividirse en dos tipos: la memoria histórica que corresponde a datos y textos del presente que contribuyen a reinventar el pasado y la memoria colectiva trazada por la conciencia individual y colectiva; esta, según el autor, concierne a nuestro recuerdo personal y a testimonios de testigos que por medio de la reconstrucción de momentos vividos evidencian que la memoria es producto de los recuerdos compartidos que refuerzan, dan origen y precisión a lo vivido. Lo anterior se fundamenta en el hecho de que la conjunción de múltiples testimonios de recuerdos específicos determina una realidad colectiva acerca del pasado al que se alude, a pesar de que existan divergencias o distanciamientos entre los testimonios expresados de forma individual porque los recuerdos están permeados por la subjetividad. Por esa razón, los testimonios de los demás contribuyen a otorgar mayor precisión a los recuerdos o a complementarlos.
Es preciso señalar que los recuerdos vividos, como indica el autor, pueden ser olvidados si no se evocan de forma conjunta con los involucrados o con los grupos interesados y participantes. Estas memorias o recuerdos se pueden olvidar, tanto en forma individual como colectiva, cuando se desea trascender o desconocer algún episodio de la historia de manera consc
Para referirse al concepto es importante mencionar a los autores que se han preocupado por indagar la memoria colectiva. Entre ellos destaca Jah Assman, que, en su libro Collective Memory and Cultural Identity, indica que la memoria colectiva configura la identidad cultural de determinados grupos. Como puede inferirse de lo anterior, este autor se ocupa de la memoria cultural (Assmann & Czaplicka, 1995). A pesar de su énfasis, no se desliga de la conceptualización de Maurice. Otro autor importante es Jedlowski, él define la memoria colectiva como el cúmulo de representaciones del pasado que son resultado de la interacción de los individuos en un grupo social. De acuerdo con este concepto la memoria colectiva está ligada tanto a aspectos individuales como colectivos que configuran una realidad compartida en el pasado (Jedlowski, 1997).
Si se establece un paralelismo entre lo anteriormente expuesto y el conflicto armado colombiano, se evidencia el modo en que algunas comunidades o grupos sociales denominados SRC (sujetos de reparación colectiva), olvidan ciertos hechos de violencia, no solo por la necesidad de superar esos traumas individuales y sociales, sino, también, por factores de dominación como la violencia que ha determinado y transformado las relaciones sociales y culturales; un ejemplo es la ley del silencio producto de las dinámicas de terror que infunde la guerra en las colectividades, y que ha generado la interiorización de la violencia, el olvido y el silencio como formas de afrontamiento, como ocurrió en el caso del municipio de El Dorado, ubicado en el departamento del Meta. La investigación Acciones e iniciativas del comité de impulso del Dorado Meta, en el marco de la recuperación de la memoria colectiva (Villalobos, Martínez, & Díaz, 2016) evidencia la dificultad que existe para establecer procesos de recuperación de memoria colectiva, denota los mecanismos de afrontamiento que pueden asumir algunas comunidades, así como la forma en que el olvido se modifica para convertirse en determinadas memorias que trascienden los traumas sociales.
2. Traumas colectivos- daño colectivo y sus efectos en la memoria colectiva
Entre los principales retos de las sociedades que atraviesan procesos de transición política pueden mencionarse la necesidad de resolver las secuelas de la guerra, las represiones políticas en que esta ocurrió según las figuras de “seguridad nacional” y la reparación de los daños individuales y colectivos que persisten después del conflicto. En este sentido la memoria colectiva funciona como un proceso que potencia la configuración de significantes sociales para los traumas sociales causados en el contexto de la guerra, y aportan, desde las posibilidades de reflexión y visibilización de lo dicho, elementos que causan traumas en el psiquismo social y que rompen el lazo entre sociedad y Estado. El lazo social incide en la elaboración del trauma y se visibiliza objetivamente en asuntos como la vivencia del desamparo, la desconfianza sobre la protección estatal, el desdibujamiento del Estado como principal garante del orden social; además de otras repercusiones en situaciones de silencio, terror, ocultamiento e impunidad.
La trayectoria de la guerra no solo causa traumas en las víctimas individuales, sino colectivas, en ese sentido Halbwachs, Freud & Bartlet, citados por Paéz & Basade (1993), plantean que estos traumas afectan la memoria colectiva pues se producen procesos de olvido y distorsión cuando se intenta reconstruir positivamente el tejido social; esta afectación se constata en las narrativas de víctimas y agresores que develan el carácter conflictivo de la memoria y derivan en una trama de tipo moral e ideológico que se evidencia en la dinámica del colectivo por medio de desacuerdos, conflictos y censuras. Para (Janoff-Bulman, 1992; Davidson & Foa, 1991; Echeburúa, 1992) los hechos traumáticos se formulan como negativos, extremos, inusuales y se asocian con amenazas a la vida de las personas. Esta categorización también incluye los hechos materiales de origen humano que afectan colectividades: las guerras, los daños masivos, las violencias y las afectaciones a propiedades. Para escuelas como la sociocognitiva (Janoff-Bulman, 1992), los hechos traumáticos alteran, adicionalmente, el conjunto de creencias sobre el mundo propio y el de los otros.
Por lo tanto, el trauma social o cultural es profundamente lesivo para las comunidades víctimas del daño, y deja marcas en la conciencia colectiva y la memoria; además, transforma las identidades de la colectividad. Alexander, Jeffrey C. (2016) considera que: “El trauma cultural es, en primer lugar, un concepto teórico que sugiere relaciones empírico/ causales entre sucesos, estructuras, percepciones y acciones previamente no relacionadas entre sí. Sin embargo, este concepto científico también ilumina, de nueva cuenta, un dominio significativo de responsabilidad moral y acción política…”, que recae en la estructura que sostiene al ejecutor o reproductor del daño. El trauma cultural no solo identifica las fuentes que causan o han causado sufrimiento, sino que toma en consideración la responsabilidad moral de los que provocaron el daño. Esto posibilita que las comunidades identifiquen estas fuentes y generen acciones de solidaridad frente a las estrategias de afrontamiento social que se dan en el orden colectivo e institucional.
Mediante las expresiones de dolor los grupos sociales logran politizar el sufrimiento, el padecimiento fruto de una injusticia social, y llevar a la esfera pública el dolor. De esta manera se pueden identificar, cognitivamente, la existencia de las fuentes de sufrimiento, las razones morales por las que este sufrimiento puede ser compartido como: “…nuestro sufrimiento, nuestro dolor, los daños causados a nosotros…”, lo cual expande el círculo de las compresiones afectivas, políticas y argumentativas del dolor - daño, que no solo afectan a los dolientes sino también a los causantes, y potencian cambios institucionales en los niveles políticos y morales.
Por lo anteriormente expuesto, es altamente significativa la participación de las víctimas en los procesos de reparación y reconstrucción. En sus narraciones se visibilizan los daños, las afectaciones y las transformaciones que han enfrentado en la vida cotidiana. En este sentido Zamora & Reyes Mate (2011) acuñan la expresión “justicia anamnética” para referirse a aquella justicia que trasciende la normatividad y se pregunta por los derechos negados en el pasado, por la manera en que estos han perpetuado el daño a las víctimas,
por los vínculos entre la injusticia presente y la pasada. A partir de este vínculo se hace patente que hacer justicia no consiste sólo en castigar al culpable, sino también en adoptar la perspectiva de las víctimas... Para construir un mundo basado en la justicia es imprescindible la memoria” (pp. 5-6).
Este ejercicio de reconocimiento de las injusticias que perduran es trascendental para el tránsito que debe darse desde la disputa en la violencia hacia la disputa en la justicia (Vargas Valencia, 2013; Garay Salamanca, 2014).
De acuerdo con Bello (2014, p. 25) el reconocimiento del daño colectivo implica:
Desde esta perspectiva “se habla de daño colectivo cuando la acción viola los derechos y bienes de las comunidades como sujetos étnicos colectivos. También se produce un daño colectivo cuando se vulneran masiva y sistemáticamente los derechos individuales de los miembros de la colectividad” (Bello 2014, p. 25).
Comprender el lugar que ocupa la memoria colectiva en los procesos de socialización, exposición y difusión política del daño colectivo es fundamental para lograr la reparación y construcción del tejido social; en tal sentido la construcción de una memoria colectiva no solo implica visibilizar los daños materiales y garantizar su restitución económica, sino que a estas pérdidas, que son significativas en lo colectivo, se suman los sentidos y los significados que tienen un alto impacto en lo individual y en la cohesión de la comunidad porque ignoran las dimensiones sociales de la relación que se establece entre el daño colectivo y la memoria. Generalmente no se da tiempo ni lugar a los duelos ni a los planes futuros que garanticen la recuperación de un duelo aplazado que causa afectaciones culturales profundas.
En el marco de lo colectivo es donde se producen daños comunes: la impunidad, el ocultamiento de la verdad y, muchas veces, la reivindicación y la justificación de los perpetradores. De acuerdo con Métraux (2011, p. 65), en los escenarios donde existe una clara fragmentación de lo social se imposibilita lo colectivo y, entonces, se produce desesperanza y desconfianza. Por esto se puede hablar de dos tipos de duelo:
Las víctimas esperan justicia y ansían respuestas esclarecedoras, pero esto no es suficiente:
…ya que los procesos jurídicos no dejan ver la sistematicidad de las acciones de los violentos en conjunto y tienen el carácter de juzgar a los casos individuales. Se requerirá, más allá de la verdad jurídica, la reconstrucción y esclarecimiento de la verdad histórica y política, oculta en lo que se insiste en hacer ver como hechos aislados (Rodríguez, 2007).
Lo anterior requiere de un ejercicio de memoria conjunta que proyecte las voces de los sujetos y muestre la naturaleza histórica del conflicto en cada territorio.
3. El olvido y la memoria
Para esclarecer la relación existente entre estos dos conceptos, que aparentemente se oponen, y para generar una mayor comprensión de esa relación, es pertinente establecer dos analogías; la primera fue planteada por Marc Auge (1998, pp. 19-20): pensar en la noche y el día o el hilo y un pantalón. Aunque evidentemente se denota un distanciamiento entre sus significados, es posible analizar que la noche y el día guardan una estrecha relación porque una es parte de la otra; además, la noche, al igual que el día, contribuye a mantener un equilibrio natural; por lo tanto, son elementos que a pesar de sus divergencias tienen un propósito común. Si se analiza la analogía del pantalón y el hilo se evidencia que el hilo es necesario para coser un pantalón. Al aludir a estas comparaciones analógicas, se puede establecer que la relación entre el olvido y la memoria es aparentemente contradictoria, pero, al igual que las analogías mencionadas una es parte integrante de la otra; por lo tanto, el olvido se puede asumir, según menciona Marc Auge, como la muerte de los recuerdos y la memoria como la vida de los recuerdos (1998, pp. 20-21).
Littre retoma el libro Las formas del olvido de Marc Augé, y considera que los recuerdos son impresiones que tienen la capacidad de afectar los sentidos; en el libro citado, Marc Augé converge con Maurice Halwbachs cuando menciona que el olvido es un mecanismo que las personas utilizan para superar algún episodio de la historicidad. Augé menciona que lo olvidado es algo que no genera mayor estímulo en los sentidos; no obstante, si se establece un paralelismo con las formas de afrontamiento propias de las dinámicas del conflicto armado, puede notarse que lo olvidado es algo ya interiorizado: los actos de violencia se han naturalizado a tal punto que no generan mayor impacto en la subjetividad de las personas y, en cierta medida, se han aceptado como una realidad colectiva (1998, pp. 22-24).
La definición de olvido también alude a la pérdida del recuerdo, en este caso se considera que el olvido es parte de la memoria, los recuerdos o huellas son productos del olvido. Otra convergencia que establece Marc Augé con Maurice gira en torno de la consideración de que los recuerdos son modificados por el tiempo, la subjetividad y la experiencia (1998, pp. 26-27).
Augé retoma el concepto de Freud cuando menciona la huella mnetica que muestra la relación entre memoria y recuerdo. Las huellas mneticas son aquellos recuerdos susceptibles de ser evocados; sin embargo, los recuerdos son modificados por la contemporaneidad emocional y física de la persona. Por lo anteriormente mencionado, se puede afirmar que los recuerdos no se evocan en el presente tal y como se vivieron, sino que están determinados por la historicidad de cada persona, los recursos personales (las formas de afrontamiento o el significado de las experiencias) que determinan la precisión del recuerdo; es decir, los recuerdos no son una fiel reconstrucción de lo vivido (1998, pp. 30-31).
Tanto la memoria colectiva como la memoria individual son partes integrantes del presente, de la identidad, de la cultura, de las formas en que lo seres humanos se relacionan y de sus cosmovisiones. Ahí radica la importancia de comprender la memoria como un elemento de la vida social que tiene gran relevancia en la conformación social y política del país. Muchos son los regímenes totalitarios que han intentado ejercer su dominio sobre la memoria para construir la historia, para mantener el poder y delimitar la universalidad y la cosmovisión de las sociedades (Todorov, 1995, pp. 11-14 & Ulloa, SF, pp. 1-2).
Un ejemplo de las afectaciones que produce el olvido en un grupo social es el hecho de que el dominio de la memoria determina aspectos organizativos sociales, culturales, comportamentales y políticos de una sociedad. El caso del Dorado - situación que se produce en el contexto del conflicto armado colombiano y sus dinámicas participativas y organizativas, según se demuestra en el trabajo de investigación Acciones e iniciativas del comité de impulso del Dorado Meta, en el marco de la recuperación de la memoria colectiva (Villalobos, Martínez, & Díaz, 2016)- muestra cómo el olvido determinó el ausentismo en espacios democráticos de los sujetos participantes en el conflicto; la interiorización o naturalización de los hechos de violencia desatados por el conflicto armado colombiano y la concepción de que la reparación de hechos de violencia refiere directamente a formas económicas, como en el caso de la indemnización dictaminada por la ley 975 de 2005. Estos hechos se pueden constatar en la investigación Acciones e iniciativas del comité de impulso del Dorado Meta, en el marco de la recuperación de la memoria colectiva (Villalobos, Martínez, & Díaz, 2016). Tal vez uno de los resultados más importantes de este estudio es la demostración que hace de que tanto el sistema económico, como el político y social ejercen dominio sobre la memoria, lo que aprovechan las esferas de poder dominantes para reforzar los mecanismos que conducen al olvido. El ejemplo anterior permite reafirmar que la memoria se convierte en un factor de dominación cuando se permite que reine el olvido puesto que, mediante la interiorización de las formas de violencia, se determina un comportamiento político como se ha ejemplificado con el caso de El Dorado.
El ejemplo expuesto anteriormente evidencia la forma en que la participación política y social de la comunidad de El Dorado se ve opacada por el olvido de la memoria, y favorece que el sistema hegemónico ostente y ejerza una dominación social y política en la organización social; además, ratifica la importancia de asumir la memoria como una forma de reparación colectiva no solo en el aspecto personal y subjetivo con el fin de superar los episodios que han generado traumas sociales, sino como una forma de mejorar los procesos de incidencia política.
4. El olvido como dimensión de la guerra. El lugar de la participación política de las víctimas en el caso de El Dorado - Metaz
Desde el inicio de los años 50 hasta el presente, el municipio de El Dorado perteneciente al departamento del Meta, se convirtió en un territorio de constantes luchas políticas entre los partidos políticos de la época; en la zona se asentaban los conservadores quienes promovieron la creación de grupos cívico-militares en la cabecera municipal y en algunas zonas rurales para justificar su participación en esta disputa; además, procuraron que estos grupos se convirtieran en estructuras tendientes a la búsqueda del poder político y social. En este sentido el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario afirma: “…el conflicto bipartidista en Colombia se convierte en el motivo de grandes hechos violentos que afectan al país y sobre todo a las comunidades en su mayoría de carácter rural donde se encontraban los líderes sociales que buscaban poner fin a esta situación” (2002). En el caso de El Dorado esta situación se acentúa en los años 90 cuando se produce una lucha por la tenencia de tierras entre los paramilitares y el poder político de la región del Alto Ariari.
Históricamente El Dorado y sus habitantes han sufrido hechos victimizantes: desplazamiento forzado, asesinatos, desapariciones, entre otros; hechos que, evidentemente, se traducen en una vulneración de los derechos humanos grupales e individuales, y que ha afectado directamente el bienestar de los habitantes de la zona. En este contexto, el municipio inicia el proceso de reparación colectiva a partir de lo planteado en la Ley 1448 de 2011 y, desde allí, logra que se le reconozca como sujeto de reparación colectiva rural, según quedó establecido en la resolución 2013-306319 del 25 de noviembre de 2013, por medio de la cual se reconocen los hechos ocurridos y la incidencia que estos tuvieron en la población.
De acuerdo con Reyes (2009):
… la población civil que vive en El Dorado ha sido víctima de desplazamientos individuales y colectivos y ha sufrido numerosas violaciones de sus derechos humanos por parte de ambos grupos ilegales (guerrillas y paramilitares); en razón a los yacimientos de minerales en esta región, estos grupos fueron una fuerza de protección de sus haciendas e intereses mineros y de exterminio de las bases de apoyo de las guerrillas, y en forma creciente sus dominios coincidieron con las rutas fluviales y terrestres del negocio de la coca en los llanos orientales.
En el municipio se agudizó el conflicto sociopolítico por la presencia de este conflicto donde no solo era constante la amenaza del ejército, sino que la población de El Dorado sufría desplazamientos, además de que se le consideró como informante y, en ocasiones, cómplice de la guerrilla.
En principio, la respuesta al conflicto, que evidencia el desplazamiento, es atendida por organismos internacionales y nacionales como el PNUD y la pastoral social, por agentes del Estado como Acción Social y la Defensoría del Pueblo; instituciones que se han debatido entre los juegos de poder local, la alianza de estos poderes con antiguas estructuras del paramilitarismo y el miedo que ha instaurado el silencio como parte del intento de dejar la “guerra”. De acuerdo con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (2003):
…históricamente en el municipio El Dorado, el terror ejercido sobre la población civil ha sido tan marcado que ha generado muchas dificultades para lograr que la población hable o denuncie la violación de sus derechos. La imposibilidad de acceder a la información sobre la violación a los derechos humanos en esta región es casi imposible por el control militar y paramilitar que ejercen sobre los campesinos de esta región del Ariari.
De acuerdo con Gutiérrez (2011) la presencia de distintos actores armados en el municipio, desde finales de los años 90, estableció una base social para la presencia de las “bandas emergentes”. En el 2010, el municipio fue declarado por la OEA como el primero en el que se realizó un desminado humanitario, y ha sido objeto de varios programas de intervención social, entre ellos los “Laboratorios de Paz”, implementados por las políticas de seguridad democrática del gobierno de Uribe. También se han implementado megaproyectos productivos que han divulgado resultados exitosos y cifras que favorecieron a las víctimas en el corto plazo; además, se ha indicado que en estos proyectos hubo una participación de la comunidad. No obstante, la realidad es que, aunque pueden mencionarse algunos retornos exitosos, estos se produjeron en medio del temor y de algunas contradicciones que, como se verá más adelante, ha sido fruto de un proceso lento y presenta múltiples contradicciones. Los beneficiarios tienen miedo, compran barato las tierras y luego las venden a un precio mayor que el que pagaron por ellas. Además, Gutiérrez manifiesta que:
… las condiciones geográficas son ideales porque la tierra es fértil y esto facilita el éxito de diversos proyectos productivos, las distancias son cortas adecuadas para la implementación de servicios públicos y carreteras interveredales y los nexos políticos con el gobierno central son evidentes; existen otros intereses que no son tan claros, pero que evidentemente relacionan el incremento de la seguridad promovida por el gobierno de Uribe (2002-2010) en la zona con la implementación de macroproyectos productivos en la región (2011).
Estos proyectos fueron direccionados por la política de “seguridad democrática”, lo que deja en entredicho la participación real de las víctimas. A partir del 2013, el municipio fue declarado como sujeto de reparación colectiva por iniciativa del señor Rolfen Chávez, representa legal de la Asociación de Desplazados del Meta (Asodemet). Al amparo de esta figura se impulsó la financiación de proyectos por parte de la Unión Europea, la Alcaldía de El Dorado y la Federación Nacional de Cafeteros. Estas iniciativas de orden productivo priorizaron a cuarenta y ocho familias reunidas en la Asociación de Productores Agropecuarios Piscícolas del Ariari; dispusieron de granjas piscícolas de mojarra y cachama y tuvieron incidencia en ocho veredas de El Dorado, Cubarral y El Castillo Durante este proceso las familias fueron seleccionadas por la Asociación de Desplazados; sin embargo, no se cuenta con un registro que haga constar la participación activa de estas familias en la ejecución de esas iniciativas. De acuerdo con el señor Rolfen Chávez, el proceso fue iniciado por él porque decidió aprovechar las ventajas que ofrecía la figura de “reparación colectiva”, y alentar programas productivos en la región:
Yo he tenido un conocimiento al igual que ya hoy en día hay muchos líderes que también ya esa Ley 1448 han aprendido a conocerla al derecho y al revés porque todo mundo pelea sus derechos. Pero, entonces cuando empezamos con la vaina del colectivo todo mundo pensaba que la reparación colectiva, iban a ser más ayudas que le iban a dar a cada uno personalmente, pero no la ayuda colectiva es una reparación que se le va a hacer al municipio como tal. Infraestructura que haya sido dañada por bomzbardeos, por minas, por el abandono, los puentes, las culturas que se hayan perdido entonces ahí fue cuando creamos, ya había un comité de impulso, pero mínimo porque lo habíamos creado era para el retorno, para el plan retorno cuando llegó el desminado y entonces lo que hicimos fue ampliar ese comité de impulso (2017).
El proceso de acompañamiento al municipio para que se convirtiera en sujeto de reparación colectiva se presentó como una oportunidad política para algunos de sus líderes. En otras palabras, lo percibieron como una plataforma que les permitiría captar inversión pública y algunos recursos de cooperación internacional ligados al escenario político que proponía la Ley de víctimas. En este contexto se integra el Comité de impulso con el objeto de formar parte del proceso de reparación y validar su participación social de acuerdo con lo que señala la Ley de víctimas 1448:
…es un grupo de personas, representativo del Sujeto de Reparación colectiva, responsable de estimular el proceso y de interlocutar con la Unidad para las Víctimas. Se debe garantizar que los distintos liderazgos y los sujetos de especial protección encuentren representación en este espacio. Para el caso de comunidades étnicas, se denomina grupo de apoyo o podrá tomar el nombre que la comunidad prefiera y contará la participación de las autoridades tradicionales, representativas y otros líderes y lideresas de la comunidad (Unidad de atención y reparación integral a las víctimas, 2014).
En el caso de El Dorado, la conformación de este Comité fue posible por la convocatoria hecha entre sujetos que habían establecido algunos vínculos entre sí. En consecuencia, no fue el resultado de una convocatoria abierta o de un diagnóstico social del daño que comprendiera a la totalidad de las familias afectadas. Este órgano se planteó, como función primordial, el inicio de los trámites requeridos para desarrollar proyectos productivos que, previamente, habían sido canalizados por la vía estatal o de la cooperación. La imposibilidad de fortalecer los procesos de gestión de desarrollo determinó que el Comité decayera, pues durante un año careció del acompañamiento necesario para apropiarse de la gestión de los proyectos. Sin embargo, logró superar esta etapa y, posteriormente, el Comité se amparó en la creación de la Unidad de atención y reparación integral a las víctimas (Uariv) para volver a convocarse, y unirse a la “estrategia de acompañamiento a las víctimas (Orozco, 2017):
...el comité de impulso inicialmente se construyó por setenta y tres personas. Cuando yo llego en el comité de impulso al sujeto de reparación colectiva en el 2015, pues ya se estaba en implementación, pero había surgido una fase de estancamiento y eso hizo que finalmente se fueran dispersando, que fueran perdiendo la apropiación. Cuando llegamos a reactivar el tema, pues ya comencé a ver que siempre participaban como los mismos entonces solicitamos a Bogotá si era posible reformular el comité de impulso de tal modo que quedaran los que consideraran pertinentes continuar, porque eso impedía la posibilidad de una aprobación en cualquier actividad que se iba a hacer...: Treinta y siete y de esas treinta y siete asisten 29 o 32, pero de esas treinta y dos, pero ya por lo menos facilita un cuórum para la toma de decisiones.
De acuerdo con los testimonios este proceso de conformación del Comité de impulso como un espacio para garantizar los derechos de las víctimas, no se dio en medio de discusiones sobre la naturaleza política de los hechos, de los actores, la naturaleza del conflicto, las formas de prevenir la repetición, la verdad o la justicia, sino que respondió a las prioridades estatales enfocadas en actividades productivas que impulsarían el desarrollo de la región, aún en manos de terratenientes, y a la idea de una reparación en relación con el progreso financiero del agro basado en la producción y no en la justicia social en términos de igualdad. Los escenarios de participación política fueron captados por el Estado, lo que constituyó una barrera real para las víctimas. De acuerdo con Vargas Reina, (2014) los obstáculos que, con mayor frecuencia, enfrentaron las víctimas fueron:
Esos obstáculos muestran que el Estado no estaba preparado para asumir procesos continuos con las víctimas y que, en muchos casos, las poblaciones no lograron formar una conciencia histórica crítica alrededor de los efectos que produjo la guerra en los territorios; asunto que resulta de especial interés en El Dorado, donde las víctimas han sido parte de procesos regulados por el Estado y los gobernantes locales, figuras que históricamente han actuado como terratenientes o actores cercanos a ellos y que, en algunos casos, se han visto envueltos en debates acerca de la legitimidad y transparencia de su elección . Algunos órganos agrupan a las víctimas en el contexto de la estrategia Entrelazando cuyo objetivo es “Contribuir con la reconstrucción del tejido social, el restablecimiento de las relaciones de confianza y el fortalecimiento de la convivencia en las comunidades víctimas del conflicto armado”; estos órganos como el Comité de impulso no se han caracterizado por la autonomía de los sujetos como actores sociales y políticos como lo señala el alcalde Óscar Olaya, refiriéndose al proceso de conformación del Comité:
Eso no lo hace la Unidad de víctimas directamente, la unidad de víctimas es quien hace la escogencia para eso. Entonces, cuando ya estamos nosotros en eso, nos dicen bueno, se reunió el comité de impulso, la mesa de víctimas y la administración con la unidad de víctimas y se hace un documento. En el documento se dice que necesita el municipio de El Dorado para que esta reparación colectiva se exitosa. Entonces empezamos hacer un vaina de trabajo ¿qué necesitamos volver? ¿Que esto, que esto? Y empezamos a priorizar obras y cosas para el municipio y para la gente de las veredas y a medida que se va avanzando, pues hay una cantidad de responsables, la unidad de víctimas (…) la gobernación, la misma unidad y el municipio. Con que se compromete el municipio, bueno yo voy hacer un acueducto. La gobernación bueno yo con hacer la vía. La nación bueno yo les voy ayudar con un proyecto productivo y entre todos empezamos hacer y aportar y darles a las comunidades este tipo de ayudas (Olaya, 2017).
El testimonio anterior deja entrever que la reparación colectiva se asumió en el municipio como plataforma política del sector administrativo para dar cumplimiento a obras públicas y civiles, y el Comité fue la figura que le permitió actuar y garantizar la ejecución de recursos en bienes y servicio de acuerdo con sus necesidades. Sin embargo, no dieron respuesta al problema de recuperación de memoria, de reparación de los daños causados por la guerra, ni visibilizaron a los actores reales del conflicto armado interno en la zona. Otras acciones impulsadas por la alianza del Estado y la cooperación internacional, también se enfocaron en asuntos de orden productivo, entre ellos una iniciativa de género desarrollada por la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) que otorgaba financiamiento a mercados campesinos. Este proyecto se empieza a ejecutar a inicios del 2016 e incorporó otro componente: el apoyo a las Juntas de Acción Comunitaria.
Entra ACNUR apoyando en el 2016 sobre todo en la elección de abril del año anterior de las JAC, empezamos como a hacer ese acompañamiento, que las juntas tuvieran todo legalizado, cuál era el propósito y que realmente se apropiaran finalmente de cuál era el rol de cada uno de los integrantes. Y desde la unidad comenzamos a formular el proyecto para fortalecer las juntas desde el tema de formación, con tres componentes: Paz y convivencia, la junta, administración pública, ye manejo de sistemas para que ellos puedan apropiarse de la formulación de un proyecto, esto cubría una dotación de escritorio (Orozco, 2017).
Ninguna de estas acciones se refiere a asuntos de memoria, tampoco sistematizan o discuten el tema de la participación política de las víctimas en el proceso: en el caso de El Dorado - Meta se puede afirmar que la reparación colectiva permitió visibilizar movimientos en inversión pública, pero no se ocupó de la reparación.
En el fondo de esta situación subyace la pregunta: ¿por qué las víctimas han negociado el “olvido por la memoria”?; asunto que es realmente complejo si se parte del hecho de que el silencio se ha constituido en un arma de sobrevivencia, y el olvido quizá en una forma de afrontamiento; en tal sentido Lazarus & Folkman (1984, 1986) afirman que “las estrategias de afrontamiento se definen como el conjunto de recursos y esfuerzos comportamentales y cognitivos orientados a resolver la situación amenazante o adversa, a reducir la respuesta emocional o a modificar la evaluación que se hace de dicha situación”. Desde esta perspectiva el uso de cualquier tipo de estrategia de afrontamiento está relacionado con la evaluación cognitiva, el control percibido y las emociones (Vinaccia, Tobón, Sandín, & Martínez, 2001).
En consecuencia, es posible afirmar que el afrontamiento se utilizó como una herramienta para mitigar los procesos de recuperación emocional, y ofreció elementos de resiliencia que, en gran medida, dependían de los escenarios sociales en donde se visibilizaba el dolor. De acuerdo con Lazarus & Folkman, (1984, 1986) las estrategias de afrontamiento se presentan de dos formas:
…el primero centrado en el problema, cuya función es la resolución de problemas, lo cual implica el manejo de las demandas internas o ambientales que suponen una amenaza y descompensan la relación entre la persona y su entorno, ya sea mediante la modificación de las circunstancias problemáticas, o mediante la aportación de nuevos recursos que contrarresten el efecto aversivo de las condiciones ambientales. El segundo grupo centrado en las emociones tienen como función la regulación emocional que incluye los esfuerzos por modificar el malestar y manejar los estados emocionales evocados por el acontecimiento estresante.
En el segundo grupo (emocional) se ubica la negación que consiste en ignorar el fenómeno estresor. Su objetivo es reducir el estrés que causa un hecho traumatizante, y ser de utilidad en períodos de transición. Sin embargo, si esta situación se sostiene en un periodo largo genera angustias, incertidumbres y bajo nivel de ajuste psicosocial. En este último grupo estaría la negación, entendida como olvido que, en pocas palabras, es un tipo de negación discursiva causada por miedo u omisión; “la función de las negaciones discursivas, consiste en última instancia en corregir una falsa imagen de la realidad … rasgo que aparece representado en su constelación semántica y que no puede ser explicado desde una perspectiva puramente lógicolingüística” (Brauer, 1993).
Se puede afirmar que en torno al caso de El Dorado - Meta se ha mantenido un profundo silencio, que ha inhabilitado al colectivo para reconstruir algunos olvidos; se han excluido recuerdos colectivos y quizá se ha reducido el potencial de provocar los recuerdos desde lo vivido “…el descubrimiento de la novedad, de juzgar el presente bajo la luz del pasado, procedimiento que trae indudables y comunes beneficios” (Nieto, 2006). Recuerdos colectivos que contribuirían a generar nuevos consensos y puntos de reconciliación o visibilizar asuntos no resueltos para intervenirlos y transformarlos.
De acuerdo con Beristain (2013):
Hay olvidos que no se explican por el paso del tiempo, sino que están motivados emocionalmente. Es decir, hay algunas experiencias que se olvidan porque son de contenido amenazador y evocador de ansiedad, vergüenza o ira, por lo que son entonces reprimidas emocionalmente. En este caso las huellas no son borradas, sino que se vuelven inaccesibles a la conciencia.
En el caso del El Dorado - Meta, se considera que el olvido ha primado como consecuencia del miedo, la habituación a los poderes territoriales hegemónicos y una subalternizada participación de los sujetos frente a las imposiciones de las políticas estatales que, en muchas ocasiones, prefieren la cobertura a la transformación estructural de esas condiciones que perpetúan las formas de violencia. Al igual que el olvido la resistencia política comprendida como “una forma de confrontación con un poder omnímodo” (Silva, 2014, p. 34) no se ha desarrollado como forma de lucha en este contexto. La resistencia ha tenido su propio devenir en el silencio, y ha opacado las posibilidades de generar luchas sociales pues se ha entrampado en luchas de poderes locales que restan posibilidades a “la multiplicidad de grupos, de células que, desde sus lugares y sin crear unidades y estructuras centralizadas, ataca a los poderes y a sus órganos de represión” (Bensayag, 2000: 217) y que podrían generar procesos de resistencia aún desde el silencio.
Se puede asegurar, como conclusión, que el olvido no se puede estudiar separado de la memoria, pues este opera dentro de la misma lógica. Es decir, el olvido está colmado de memoria, por tal razón en él subyacen entramados profundos de la violencia y, en el caso del conflicto en Colombia, hay que desatar ese entramado para comprender las lógicas con que aún opera la violencia en algunos territorios donde las estructuras armadas, al margen de la ley, han capturado las voces de las víctimas.
En territorios como El Dorado - Meta es fundamental comprender que el silencio y el olvido han ocupado un lugar preponderante en las estrategias desarrolladas para afrontar los hechos victimizantes, y que el olvido ha escondido y resguardado el dolor que aún no logra expresarse, narrarse o politizarse. En este sentido es esencial visibilizar las complejidades que aún se presentan en los territorios donde no se habla abiertamente de lo ocurrido. Además, hay que evidenciar la participación de los grupos implicados en los procesos de violencia, porque no existen garantías reales para las víctimas en escenarios territoriales donde las estructuras político - administrativas herederas del gamonalismo y la violencia política continúan actuando solo que mediante otras formas de operar.
En estos escenarios de silencio y olvido se dificultan los procesos de memoria en tanto las voces de las víctimas son acalladas y se obstaculiza su visibilización y participación real. La búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación encuentran muchos obstáculos; entre ellos, la presencia de victimarios en espacios político administrativos legalmente establecidos, pues se impide una participación plena y se direccionan los grupos de víctimas como ocurrió en el Comité de impulso donde no fue posible lograr una verdadera autonomía fuera de las reglas y espacios que estableció la Unidad de Víctimas. Además, figuras que se concibieron con el propósito de contribuir a la reparación como “Sujetos en reparación” se convirtieron en una plataforma política preocupada únicamente de la financiación de proyectos direccionados por la lógica estatal.
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3 Algunas noticias registraron estos hechos de la siguiente manera: “La aspirante al primer cargo del municipio, acudió a la acción de tutela para reclamar el derecho de acceso a la administración de justicia y al debido proceso. En sentencia de primera instancia, la subsección A de la sección segunda del Consejo de Estado, le concedió la razón a María Esperanza Castrillón, y ordenó a los despachos judiciales de Villavicencio darle vía libre a la acción de tutela, con lo que se revivía la posibilidad de la demanda electoral. La aspirante al primer cargo del municipio, acudió a la acción de tutela para reclamar el derecho de acceso a la administración de justicia y al debido proceso. En sentencia de primera instancia, la subsección A de la sección segunda del Consejo de Estado, le concedió la razón a María Esperanza Castrillón, y ordenó a los despachos judiciales de Villavicencio darle vía libre a la acción de tutela, con lo que se revivía la posibilidad de la demanda electoral”. (Periódico El tiempo, agosto 18 de 2008.