Trabajo_Social_en_el_sector_financiero_diagn_stico_acciones_puntuales_y

Introducción

El Trabajo Social en la era de la “financiarización” del capital se constituye en un tema de interés desde el campo académico y del ejercicio cotidiano de la profesión. La “financiarización”, acuñada como categoría de análisis por algunos críticos de la economía capitalista y neoliberal, entre ellos Chesnais, hace referencia a la presencia del capital en el seno del ámbito financiero y no de la producción.

Al considerar como punto central la producción del capital en la era de las finanzas, ese aparente divorcio, conocido como la “fetichización del capital” (Chesnais, 2001), refiere precisamente a la separación entre el ámbito de la producción y el ámbito financiero, un escenario que plantea la producción del capital vinculado genéticamente a este último.

En relación con lo anterior, el período 1979-1980 marca un renacer en el estudio del desarrollo de los mercados financieros, asociados con la emergencia de un poder económico y social mundial e internacional vinculado con la liquidez (Chesnais, 2001); en esta dinámica, los mercados financieros y un nuevo accionariado emergente han impulsado políticas de liberación, regulación y privatización que impactan, con importantes cambios, los patrones de acumulación del capital.

Así, la nueva combinación de lo conocido como gobierno de empresa y el proceso de liberalización, expresan manifestaciones nunca antes vistas, especialmente en el plano de la producción, al plantear la estructura mencionada de un mercado más cercano del ámbito financiero y más lejano del contexto de la producción.

Consecuentemente, el capital financiero, valorado en la forma de inversión financiera, se presenta como la fracción dominante del capital a partir de nuevas configuraciones del sistema y vínculos macrosociales inéditos. Sin embargo, a pesar de su dominancia, no es posible afirmar que exista un nuevo patrón de acumulación:

Esto no permite afirmar, sin embargo, que nos encontremos en presencia de un régimen de acumulación en sentido estricto, es decir, de instituciones y relaciones capaces de mantener bajo control, de forma duradera, los conflictos y las contradicciones inherentes al capitalismo (Chesnais, 2001, p.37).

No obstante, el protagonismo cada vez mayor del capital financiero ha afectado la dinámica de (re) producción de las condiciones de vida de la población, impulsadas por un mercado financiero que rediseña sus formas, modos y estilos de vida en una línea que promueve el proceso de acumulación de ese capital, especialmente al consumir productos vinculados con el crédito, el ahorro, las pensiones, los seguros e inversiones, todos asociados al interés.

Los estados, por su parte, convertidos muchas veces en los gobiernos de empresa, han facilitado las condiciones requeridas por el proceso de mundialización de ese capital impulsando los capitales financieros, aunque con deficiencias y retos en materia de regulación; además, han facilitado en reiteradas ocasiones el fortalecimiento de un accionariado y grupos de poder que ejercen gran influencia sobre las decisiones económicas y políticas nacionales e internacionales.

El interés cobra un papel relevante en todo este proceso de acumulación, en el tanto se obtiene un plus del dinero existente que es acumulado; en los mercados financieros, la deuda, el préstamo, entre otros elementos, permiten la obtención de intereses a partir de la venta, permanencia o colocación de una mercancía que bien puede ser un préstamo, un ahorro, una inversión, etc.

Desde la óptica anterior y por la relevancia que tiene el interés, así como por su protagonismo en el proceso de acumulación del capital financiero, ha sido, durante los últimos años, un tema alarmante en el nivel mundial y nacional. También lo ha sido el creciente endeudamiento emergente por el consumo de créditos (formales o informales) y las consecuencias de la morosidad o ausencia de pago en la micro y macroeconomía, situación que perjudica el bienestar financiero de la población.

El mercado financiero aparece como un actor amplio, competitivo y flexible, con una amplia diversidad de productos ( en Costa Rica existen 469 tarjetas de crédito y débito diferentes en el mercado) y opciones de compra (pago en cuotas sin interés a meses, financiamientos, refinanciamiento, extra financiamiento), en un contexto de crecimiento económico estable (alrededor del 4 %) que ha permitido un aumento positivo en los ingresos per cápita de la población, una tasa que para el 2010, fue del 3,3 % (Banca para el Desarrollo, Sugef, Inamu, 2019) y consecuentemente, un mayor poder adquisitivo.

No obstante, a pesar de los logros de estabilización de la inflación y del crecimiento sostenido de la economía, se asiste a un aumento importante de la informalidad, flexibilidad y precariedad laboral, elevación de la tasa de desempleo desde el año 2014 (mayor al 11 %) y estancamiento de la pobreza, alrededor de un 20 % en los últimos siete años (Inec, 2019).

Lo anterior, en conjunto con la compra masiva de bienes y servicios, a partir del crédito o préstamo, se convierten en factores de riesgo y vulnerabilidad para el bienestar de las economías personales y familiares, lo cual afecta las posibilidades de (re) producir, de manera digna y autónoma, las condiciones de existencia de la población.

Por ejemplo, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC, 2018) ha emitido alarmas importantes en cuanto al endeudamiento proveniente de las tarjetas de crédito (duplicado desde el año 2010: 1.326.754 tarjetas de crédito en el año 2010 a 2.744.145 en el 2018), lo cual representa ¢1,2 billones de colones. Es decir, más de un 4 % del PIB (MEIC, 2019).

En este contexto, cabe preguntarse cuál es el papel del Trabajo Social como profesión intervencionista consciente de las trasformaciones socioeconómicas expresadas, así como la manera en que es posible proponer y articular formas de intervención que coadyuven a la mejora de las condiciones de vida de las personas llamadas “sobre endeudadas”.

Una primera inquietud identificada por la autora de este artículo se relaciona con el estudio de la profesión en el contexto de “financiarización-mundialización” del capital, y las razones que explican por qué se vincula con este tema. Para lograr una respuesta es imprescindible comprender teóricamente las actuales formas de (re)producción del capital en el mercado financiero y su relación con las condiciones y medios de vida.

Otros aspectos relevantes refieren a la lectura constante de la realidad mundial y nacional y, en ese contexto, de las dinámicas que se generan en el nivel social, cultural y económico, como aspectos que convocan la investigación y atención de las formas en que las personas están reproduciendo sus condiciones de vida en el escenario actual.

También es importante conocer sobre buenas prácticas laborales en cuanto al diseño y sistematización de procesos de intervención profesional costarricense vinculados al sistema financiero, y analizar sus tendencias, entre otros elementos no menos prescindibles. El siguiente apartado desarrolla de manera sucinta el momento que convoca una mayor injerencia de la profesión en esta temática.

Por tanto, se presenta un breve diagnóstico sobre la situación de endeudamiento y morosidad en el país a partir del consumo del crédito, préstamo y débito, ilustrados con algunos datos relevantes obtenidos de diferentes estudios efectuados en el país, y se exponen algunas acciones realizadas por parte de entidades nacionales competentes en la materia.

Posteriormente, se realiza una breve justificación en torno a la relación del Trabajo Social con el objeto de interés y, finalmente, se plantean algunas recomendaciones provenientes de la experiencia de la autora a partir de su vinculación con la academia como cosupervisora de práctica de IV año de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y como trabajadora social con más de siete años de experiencia en el sector financiero (sector solidarista y cooperativo).

Aumento del uso del crédito, préstamos y morosidad mayores de 90 días

Estudios elaborados por diferentes instancias de investigación brindan información preponderante y de actualidad sobre los factores contextuales que afectan las economías familiares y el bienestar financiero de la población. Los principales son el uso de préstamos y créditos en el país, el aumento de la morosidad, y los bajos niveles de educación financiera.

Entre las investigaciones más destacadas existe información proveniente de:

•Reportes anuales de la Súper Intendencia de Entidades Financieras (Sugef) (2019)

•Reporte trimestral de uso de tarjetas de crédito y débito elaborado por el Ministerio de Economía y Comercio (MEIC) (2019) desde el año 2010.

•Estudio sobre Bancarización y Capacidades Financieras de los costarricenses realizado por la Asociación Bancaria de Entidades Financieras (ABC) (2018)

•Estudio de Endeudamiento de los consumidores en Costa Rica publicado por la encuesta Actualidades de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (2017).

•Encuesta Nacional de Hogares y Propósitos Múltiples (ENAHO) del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica (Inec).

•Estudio sobre brechas de género en el sistema financiero (2019).

Los estudios mencionados muestran una serie de factores contextuales:

•Presencia de mayores niveles de acceso a la banca, producto del incremento en el uso de tarjetas de débito y crédito, lo cual no se traduce necesariamente en su adecuado empleo. Durante el 2017, el 61,1 % de los hogares costarricenses se encontraban bancarizados (de forma directa o indirecta) (Inec, 2017). Al 31 de octubre del 2019, había 31 emisores de tarjetas de crédito y 469 tipos de tarjetas diferentes (MEIC,2019).

•Concentración del uso de préstamos destinados a bienes semiduraderos o no duraderos, especialmente de consumo, con difíciles o nulas posibilidades de retorno a través de la inversión y a elevadas tasas de interés. Por ejemplo, la presencia de estas deudas es mayoritaria en el ámbito comercial (30.1 % de los hogares) (Inec, 2019)

•Concentración del uso de préstamos en compra de bienes con largos períodos de compromiso para el pago, y con altos montos: el precio de la vivienda o el vehículo y, generalmente, en moneda extranjera, tal es el caso de un 14, 2 % destinado a vivienda (Inec, 2019).

•Aumento en el tamaño de la deuda a partir del uso de tarjetas de crédito, que presentan diferencias sustancialmente importantes en el nivel de intereses entre uno y otro emisor, ya sea en colones o en dólares. En enero de 2019 este rubro representó un 4,46 % del PIB. En diez años, se produjo un aumento del 121 % desde julio 2010 (1.326.754 plásticos en el mercado) hasta enero 2019 (con 2.933.787 plásticos, de los cuales 1.911.146 son titulares y 1.022.641 adicionales) (MEIC, 2019). Con intereses que oscilan entre el 19 % y el 49,9 % anual.

•Existencia de mayores niveles de deuda en los quintiles II, III y IV (MEIC, 2019), lo cual puede comprometer la calidad de vida a partir de la imposibilidad de satisfacer, de manera autónoma, las necesidades básicas. La Encuesta Nacional de Hogares del año 2019 indicó que el 60 % de los hogares tenían alguna deuda y destinaron, aproximadamente, 200.000 mensuales a su pago (INEC, 2019).

•Aumento en la morosidad de más de 90 días en el pago de la deuda en tarjetas de crédito (0.58 %). Este rubro es preocupante ya que, tomando en cuenta los altos intereses de las tarjetas de crédito, el nivel de endeudamiento de una persona o familia aumenta aceleradamente.

Los datos reflejan que, en el país, si bien hay un incremento en la bancarización, mediado por el uso de tarjetas de crédito o débito, ya sea de manera directa o indirecta, este no se ha traducido en una elevación positiva de la inversión o ahorro. Por el contrario, se expone un crecimiento del endeudamiento en bienes de consumo, con nulas o pocas posibilidades de retorno, en un contexto de aumento en gran escala del endeudamiento y la morosidad y, en un mercado financiero con altos intereses y amplias diferencias entre ellos.

Como parte de estas consecuencias, existe un elevado porcentaje de los ingresos de los hogares que son destinados al pago de deudas; en Costa Rica, el nivel de endeudamiento es del 64 %, un monto alto, ya que los parámetros internacionales señalan que debería manejarse entre 35 % y, 40 % y más de la mitad de los hogares presentan algún tipo de deuda que es, en promedio, 8.4 veces mayor que los ingresos de las familias. Es decir, una relación de un millón a ocho millones quinientos mil (Artavia, 2019).

La situación se torna más compleja cuando ese consumo se centra en sectores económicamente vulnerables, y cuando su uso es destinado sobre todo a bienes no duraderos o semiduraderos, comprometiendo las posibilidades de satisfacer otras necesidades primarias vinculadas con el pago de alimentación, servicios básicos, transporte, cuidados médicos, servicios de educación-capacitación, entre otros.

Con respecto al tema de la morosidad, el período julio- octubre 2019 evidencia una disminución de la morosidad menor a noventa días, en 0.46 %, pero un aumento en la mayor a noventa días, de 0.58 %. El monitoreo de la morosidad acarrea importantes consecuencias, tanto para quien brinda el préstamo o crédito como para quien lo recibe.

La morosidad mayor a noventa días genera afectaciones perjudiciales cuando el crédito o la deuda se trasladan a una situación de incobrable, repercute negativamente en el expediente crediticio de un sujeto de crédito, implica la pérdida de bienes muebles o inmuebles o el embargo salarial.

En este sentido, la morosidad produce efectos negativos en el bienestar financiero. En primer lugar, por las pérdidas y afectaciones ocasionadas por la falta de pago para la institución en particular y el país en general, en donde:

Si el número de hogares endeudados es alto, frente a una crisis económica, cuando la gente consume menos y no paga sus créditos, serán muchos los que caerán en mora. Entonces se puede producir una crisis que afecte al sistema financiero completo (Pinto, 2016, p. 9).

En segunda instancia, por las consecuencias en el nivel económico, social, físico, emocional y legal. Por ejemplo, en el ámbito legal, la mancha del expediente crediticio imposibilita que una persona tenga acceso al crédito por un período de cuatro años, la posibilidad de perder sus bienes muebles o inmuebles o de recibir embargos salariales. También la salud se ve afectada pues es común el aumento de los niveles de ansiedad, la depresión y, en ocasiones, los intentos de autoeliminación. En el ámbito social se incrementan el número de divorcios, y los problemas familiares, entre otros.

Es importante acotar que el nivel de endeudamiento de las familias costarricenses es mucho mayor del que reflejan las estadísticas de las entidades formales dedicadas al ahorro y crédito, ya que el registro obtenido proviene de la información recopilada por datos de las entidades reguladas por la Sugef (66 % reportado por banca pública, privada y cooperativas).

Esos registros no contemplan al crédito informal, por ejemplo, el proveniente de prestamistas informales, familiares o amistades o el que se tramita en locales comerciales, especialmente de electrodomésticos; todos estos casos están concentrados en las familias que perciben menores ingresos.

Aunque existen otros sistemas de información que registran algunas deudas relacionadas con telefonía celular y casas comerciales, en relación con los préstamos informales: el empeño, pedir prestado a familiares, amistades o conocidos, es información que solo brinda la persona en cuestión y, generalmente, esta no es siempre información veraz, actualizada o completa, lo que constituye una variable importante que debe tomarse en cuenta al identificar los niveles de endeudamiento.

El escenario expuesto, tanto en relación con los préstamos como con el uso del crédito y el débito, podría evidenciar que al existir un mayor consumo de productos y servicios existe mayor capacidad de pago –ingreso disponible y deuda-; no obstante, a pesar de que el acceso a la banca ha crecido, los deudores tienen muchas dificultades para cumplir con los pagos y por eso se han incrementado los niveles de morosidad, especialmente en los créditos de moneda extranjera (consumo y vivienda en dólares) (Artavia, 2019).

La situación descrita perjudica la liquidez de las economías personales y familiares y, sobre todo, la capacidad de ahorro, en detrimento del bienestar financiero. Otros factores relevantes para comprender las dinámicas que dificultan el manejo de los recursos económicos personales y familiares son el conocimiento sobre aspectos financieros y la carencia de herramientas que permitan administrar adecuadamente los recursos. En el siguiente subapartado se elabora un pequeño esbozo en torno de este tema.

Situación de la educación financiera en Costa Rica.

Los niveles de analfabetismo financiero son altos en Latinoamérica y en Costa Rica; la falta de capacitación financiera o la total ausencia de ella presenta características similares en la población, y trasciende las diferencias culturales y socioeconómicas (OCDE, 2018).

El Banco de Desarrollo para América Latina, publicó que, en el 2013, en diecisiete países de la región, incluso Costa Rica, existía un alto índice de analfabetismo financiero y un mal uso de los productos financieros; entre ellos el crédito, en donde predomina “…una ignorancia generalizada en la población con respecto a conceptos financieros básicos como inflación, tasa de interés, relación entre riesgo y rentabilidad y el funcionamiento del mercado de capitales” (p. 31).

En el país, los conocimientos sobre aspectos financieros reflejan un nivel bajo (Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica, 2015) y niveles de endeudamiento calificados de altos a moderados (MEIC, 2019). Esto es un factor de riesgo que perjudica la administración de las economías personales y familiares porque las personas, al poseer escasos conocimientos en cuanto a conceptos, sistemas, productos, herramientas, toman decisiones desinformadas.

En función del escenario ilustrado, las autoridades competentes en la materia, vinculadas con el sistema financiero nacional (incluye los sistemas de entidades financieras (Sugef), pensiones (Supen), seguros (Sugese) y valores (Sugeval), han realizado iniciativas importantes en el país, y se ha manifestado un incremento en acciones a favor de la educación financiera y de otras estrategias de atención al endeudamiento y sobreendeudamiento.

Por ejemplo, en relación con la normativa, existe el proyecto de Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor para establecer la tasa anual equivalente (TAE) y el tope a los intereses (expediente 20.861), en él se propone, entre otras medidas, la de fijar un límite máximo a todas las tasas de interés y establecer un parámetro de aplicación a las penas establecidas en el Código Penal contra la usura.

También, el expediente 21.646 procura adicionar dos incisos a los artículos II y III de la Ley Fundamental de Educación para que sean fines de la Educación estimular el desarrollo de una conciencia financiera, mediante la construcción de una cultura del ahorro; iniciativas de atención de la emergencia, como la propuesta de fortalecimiento del Centro de Información Crediticia (CIC) en aras de contar con una mejoría en los registros de información crediticia (Presidencia de la República, 2019b)

Adicionalmente, se mencionan otras iniciativas relevantes:

•De acuerdo con el Banco de Desarrollo, en América Latina (2013), Costa Rica es uno de los nueve países de la región que implementa, en sus Programas de Transferencias Monetarias (PTM), iniciativas sobre educación financiera por parte de estas entidades o mediante la modalidad de alianzas público-privadas.

•Incorporación, desde el año 2012, de la educación financiera en el currículo de secundaria, en alianza público privada MEP-BAC. Actualmente, el curso “Educación para la vida” es producto de la reforma realizada a lo que tradicionalmente se denominó “Educación para el hogar”. Sin embargo, no ha sido posible obtener información sobre algún seguimiento o evaluación que se haya hecho al programa en cuanto a sus efectos o impactos.

•Aprobación, en el año 2014, por parte del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CNSSF), en conjunto con la Sugef, la Sugeval, Supen y Sugese, de la “Estrategia Nacional de Educación Financiera”.

•Decreto del Gobierno de la República, el 30 de enero del año 2019, de interés público relacionado con la Estrategia Nacional de Educación Financiera, dirigida a capacitar a la población sobre temas como: la importancia del ahorro, el manejo de las finanzas personales y el presupuesto familiar; educar sobre la correcta utilización de herramientas financieras como tarjetas de crédito, préstamos, compras en casas comerciales, entre otras (Presidencia de la República, 2019a).

•Implementación de la iniciativa “Créditos de Salvamento” por parte de bancos públicos como el Banco Nacional y el Banco Popular, que a pesar de las críticas que han recibido, vinculadas especialmente a su carácter emergencista y paliativo, se plantea como una medida de rescate que busca atender a personas con altos niveles de deuda y baja liquidez.

En consecuencia, los esfuerzos relativos a la educación financiera y atención de emergencias responden a la necesidad de articular las iniciativas en esta materia a través de una estrategia nacional, lo que representa una oportunidad política e institucional importante, en la coyuntura actual y de posibles espacios de contratación profesional.

En definitiva, el escenario concerniente al estado del bienestar financiero de la población plantea la discusión sobre la inclusión financiera. Es decir, debe discernirse la forma en que debe democratizarse la participación de las personas y el acceso al sistema financiero; lo anterior tomando en cuenta la diversidad y la diferenciación en función de los niveles de riesgo y de vulnerabilidad.

En efecto, la provisión de servicios financieros y de sus productos debe ser conveniente, valiosa y asequible, para garantizar una inclusión financiera ética y socialmente responsable. El papel que juega el Trabajo Social en este campo es muy significativo, máxime cuando se comprende la profesión desde una perspectiva histórica, como una especialización del trabajo que responde a determinadas demandas y necesidades sociales.

Así, tal como lo expresa Iamamoto (1997), la intervención profesional ha ido desarrollándose alrededor de diferentes espacios de acción, ya que al colocarse en la división socio-técnica del trabajo, se inserta y legitima en nuevos sectores, producto de las transformaciones que han ocurrido en el mundo del trabajo, las manifestaciones de la cuestión social (1), las funciones del Estado, los movimientos sociales, las políticas públicas y sociales, entre otros.

Consecuentemente, aunque en Costa Rica la profesión aparece vinculada con la construcción de un marco institucional diseñado en las décadas de 1940 y 1950 (Rojas, S.f.), especialmente desde el sector salud, y por ser el Estado el principal empleador, hoy los escenarios de acción evidencian importantes transformaciones relacionadas con los nichos de contratación, lo que permite explicar su vinculación con espacios como el sector financiero:

En el caso específico de Costa Rica, algunas de estas formas –refiriéndose a formas de intervención- surgieron hace varias décadas, para posteriormente extinguirse, otras se han transformado y existen en el presente, y nuevas formas datan de épocas más recientes (Rojas, s.f., p.2).

Estos nichos que trabajan el tema financiero, se vinculan con organizaciones de carácter privado como: las cooperativas, las asociaciones solidaristas u organizaciones no gubernamentales (ONG), empresas de servicios profesionales, cuyos espacios se convierten en escenarios presentes o posibles para la acción profesional.

En este caso particular, en relación con el sistema financiero nacional se realizó un mapeo de identificación de profesionales en el sector (Candamo, 2019a) y se encontraron trabajadoras sociales en instituciones como Popular Seguros, Cooperativa de Ahorro y Crédito CoopeAnde N.1, Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, Sociedad de Seguros del Magisterio de Vida, entre otras.

También fue posible localizar a algunas que venden servicios profesionales para realizar estudios socioeconómicos como, por ejemplo, estudios al BAC- San José; otras se identificaron en el sector solidarista, como la Asociación Solidarista de la Cooperativa Dos Pinos y la Asociación Solidarista de la Caja Costarricense del Seguro Social y en empresas propias de consultorías: Acogre o Constru- Arte, también en fondos de mutualidad, como el del Colegio de Ingenieros y Arquitectos (Candamo, 2019a).

En este contexto a pesar de que el tema financiero no es propio del sistema capitalista, las manifestaciones actuales de la era de financiación y mundialización del capital se vinculan propiamente con las contradicciones emergentes en las condiciones de vida de las personas y en su relación con la forma en que se está reproduciendo el capital:

… los efectos que produce este fenómeno social propio de la era moderna, podemos decir que causa estragos en gran parte de la población mundial, produciendo múltiples y variados efectos, que van desde la pérdida de la estabilidad económica, las enfermedades mentales, la violencia doméstica, la marginación social, e incluso el suicidio (Ciedess, 2012, p.5).

Por ejemplo, desde hace más de cinco años, en las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial y del Hospital Nacional Siquiátrico se refleja la relación niveles de deuda- suicidio. Durante el 2019 se evidenció que la violencia intrafamiliar, las deudas y el desempleo son los principales factores detonantes de estas acciones (Aguilar, 2017; Solano, 2018).

Uno de los escenarios con los que se vincula la profesión en relación con esta temática (obtenido del mapeo realizado) es la presencia de condiciones de sobreendeudamiento que demandan la elaboración de investigación y estudios sociales para conocer a profundidad la realidad que viven la persona y su familia. También la elaboración y ejecución de programas de prevención o de atención por los bajos niveles de educación financiera.

En la misma línea, se han identificado programas de atención a personas en condición de empobrecimiento en donde el nivel de pago por deudas es tan alto que no pueden satisfacer sus necesidades primarias, tanto en el nivel interno como externo de las empresas, a pesar de contar con condiciones laborales estables. Otro elemento es la atención a personas en condición de pobreza y endeudadas por medios no formales o fiscalizados, ya que su acceso al crédito formal es limitado, al ser excluidas del sistema financiero.

También se ha desarrollado atención personalizada y grupal en reuniones terapéuticas en las que se presentan situaciones asociadas al sobre endeudamiento: elevados niveles de estrés, depresión, intentos de autoeliminación, divorcios, entre otros. Se han emprendido procesos de atención y acompañamiento a usuarios que han vivido abuso patrimonial, en especial mujeres y personas adultas mayores.

Una acotación importante es que la escasez de recursos o una liquidez limitada, que aparentemente deben ser atendidas como una prioridad, generalmente constituyes solamente la punta del témpano de hielo. Es decir, estas condiciones no deberían comprenderse como una referencia directa para determinar la imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas; sino que todo proceso de investigación o de otro tipo de intervención profesional debería tomar en cuenta la complejidad de estos elementos que, en conjunto, afectan la dignidad y autonomía de una persona.

En línea con lo anterior, un mal estado de bienestar financiero se traduce en ausencia de autonomía financiera lo que genera relaciones de dependencia importantes de otras redes de apoyo primarias, secundarias o terciarias; afecta la estabilidad de las relaciones personales, familiares, laborales, la salud mental, la autoestima y la salud física.

De esta manera, la profesión de Trabajo Social se inscribe en nichos relacionados con el ámbito financiero, y responde, desde estos espacios, a expresiones que surgen de las contradicciones generadas en el proceso de acumulación del capital financiero. La afectación provocada por la imposibilidad de satisfacer de manera digna y autónoma las necesidades sociales básicas, está demandando del Trabajo Social diversas formas de intervención profesional en todos sus niveles: enseñanza, investigación y ejecución, diseño y gestión de políticas, programas y proyectos.

Para finalizar y partiendo de una perspectiva histórica en la que se trasciende la simple visión del aspecto deficitario de relación ingreso-gasto o de un ”problema” reducido a la privación de recursos económicos se plantean algunas recomendaciones provenientes de la experiencia profesional de la autora como cosupervisora de práctica académica de cuarto año de la ETS- UCR y trabajadora social en el sector financiero.

Recomendaciones para el ejercicio profesional en el sector

Como parte de la experiencia profesional es posible identificar necesidades en la formación académica, la investigación e intervención profesional que se detallan seguidamente:

En la academia

En el ámbito académico es importante fortalecer los procesos de práctica en espacios conocidos como “no tradicionales”, comprender sus particularidades y analizarlos desde una perspectiva histórica y crítica. En esos espacios es fundamental que la base profesional cuente con respaldos teóricos y no solo prácticos que permitan identificar, caracterizar y comprender los objetos de intervención profesional, de manera que el aprendizaje logre articular los elementos teóricos con los prácticos. Contar con espacios de discusión teórica, así como con recursos como antologías de lecturas, elaboración de fichas académicas, análisis de contexto es muy importante para ubicar al estudiantado en los procesos de práctica académica. Para lograrlo se puede utilizar la orientación de las supervisiones de práctica o el apoyo de otras personas profesionales vinculadas con el tema, que no necesariamente pertenezcan al gremio.

•El contacto con los recursos técnico-operativos debe analizarse en función de sus finalidades y aportes a los procesos y objetivos de trabajo. Es importante permitir al estudiantado su aplicación, análisis y enriquecimiento; así como compartir, en la medida de las posibilidades institucionales, los espacios de discusión y enriquecimiento de los procesos de trabajo profesional, y realizar posteriores balances de la información recabada.

•El contacto del estudiantado con equipos interdisciplinarios en los espacios laborales es fundamental para enriquecer los recursos teórico-metodológicos, técnico-operativos y el desarrollo de habilidades, que, por la temática, involucran a otras profesiones.

Investigación

En relación con la investigación, la profesión presenta grandes vacíos; algunas temáticas importantes podrían ser las siguientes:

- investigar sobre el desarrollo de la profesión en el sector financiero costarricense y analizar sus tendencias.

- investigar las razones por las cuales el sobreendeudamiento se ha convertido en un objeto de estudio e intervención profesional.

- diseñar y desarrollar programas y proyectos vinculados con la promoción, prevención y atención; así como procesos de evaluación de políticas, programas o proyectos ya en operación, que pueden ser interdisciplinarios.

- plantear discusiones sobre los procesos de empobrecimiento y su impacto en las condiciones de vida de las personas usuarias que no son sujetas de política social, pero que requieren de algún tipo de atención, así como el impacto del ejercicio profesional en estos casos

- investigar el impacto social y económico del consumo del crédito en el país, y el modo en que ha venido evolucionando, incluso fortaleciendo algunas redes relacionadas con la criminalidad del cobro, sicariato, entre otros.

- investigar los impactos de la exclusión financiera en la población.

- analizar los efectos de la inclusión financiera y la banca ética, así como la forma en que podría mejorarse el bienestar financiero de la población.

- estudiar los enfoques, paradigmas, y otros elementos que convergen en las temáticas relacionadas con las condiciones y medios de vida, administración financiera, conductas relacionadas con el consumo, bienestar financiero, sustentabilidad de los recursos, entre otros.

Ámbito profesional

- Compartir y dar a conocer las buenas prácticas profesionales en diversos espacios de divulgación: congresos, charlas, conversatorios, artículos, notas periodísticas, incluyendo el conocimiento sobre las funciones desarrolladas, las metodologías empleados y la exposición de recursos técnico operativos.

- Abrir los espacios de discusión en el ámbito profesional, que incluyan tanto al Colegio de Trabajadores Sociales, las universidades y al colectivo profesional con el fin de nutrir y posicionar al sector en esta área de trabajo. Actualmente se está iniciando la constitución de la Red Nacional de Profesionales en Trabajo Social con el objetivo de “Posicionar al Trabajo Social como una profesión en el sector financiero y afines que coadyuve con la generación del bienestar financiero de la población” (Candamo, 2019b).

- Generar espacios para la aprehensión de conocimientos en el nivel teórico-metodológico y técnico-operativo que permitan, a las personas profesionales, fortalecer o contar con herramientas adecuadas para su ejercicio profesional. Esos espacios pueden ser charlas, foros, capacitaciones, publicaciones escritas, sistematización de experiencias.

- Mantener una lectura constante del escenario nacional, internacional e institucional en el cual se inscribe el ejercicio profesional, y compartir preocupaciones resultantes de esa práctica para generar respuestas que beneficien a la profesión y a las poblaciones usuarias.

Conclusiones

El Trabajo Social en el sector financiero se vincula con su legitimidad social como una respuesta a situaciones emergentes que trastocan la cotidianidad de los sujetos de intervención, especialmente en temas que atañen a sus condiciones y medios de vida. El artículo se refirió brevemente al contexto nacional en relación con tres aspectos relevantes que obstaculizan la posibilidad de vivir en condiciones de bienestar financiero, el (sobre) endeudamiento, el aumento de la morosidad y los bajos niveles de educación financiera.

Igualmente identificó algunos espacios profesionales en donde se insertan personas trabajadoras sociales que desempeñan labores de atención individual, grupal, diseño, ejecución y evaluación de programas o proyectos, o en escenarios de prácticas académicas. Se elaboraron recomendaciones importantes con el fin de nutrir los procesos de intervención, tanto en conocimiento, como posicionamiento e impacto.

Se concluye que la escasez, la privación de recursos o una relación deficitaria entre ingreso-gasto es solo la punta del témpano de hielo que no se reduce a medidas financieras puntuales o a prácticas de modificación conductual. Por el contrario, son procesos históricos, complejos y multicausales que, cuando confluyen, definen la posibilidad o imposibilidad de una persona de disfrutar en condiciones dignas y autónomas del bienestar financiero.

Notas

(1) Interesa anotar que: La “cuestión social” como categoría de análisis, es parte constitutiva de las Ciencias Sociales críticas, y tiene fundamento en la teoría marxista. Generalmente, se asume que connota tanto una dimensión estructural, referente a las desigualdades derivadas de la posesión de los medios de producción por parte de clases sociales antagónicas, como una dimensión coyuntural, relacionada con los procesos socio histórico concretos en los que se observan distintas manifestaciones, en términos de problemas sociales” (Franceschi, p. 90; 2014).

Referencias

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Artavia, S. (20 de octubre de 2019). Así fue como los costarricenses llegaron a un récord histórico de endeudamiento. La Nación. Recuperado de: https://www.nacion.com/el-pais/politica/asi-fue-como-los-costarricenses-llegaron-a-un/DC5QV6GUFFFHPKZKLSMI6BLG4I/story/

Asociación Bancaria de Entidades Financieras (ABC). (2018). Estudio sobre Bancarización y Capacidades Financieras de los costarricenses. San José, Costa Rica.

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