La participación ciudadana de las personas mayores como mecanismo de exigibilidad de derechos

Andrea Dotta Brenes¹

Andrea Monge García²

Participar es siempre un acto social:

nadie puede participar de manera exclusiva,

privada, para sí mismo.

(Guillén, Sáenz, Badii , y Castillo, 2009, p. 180)

Resumen

La participación ciudadana es un derecho; en los regímenes democráticos es, además, un deber que no se limita exclusivamente al ejercicio del voto, sino que trasciende a espacios de rendición de cuentas y toma de decisiones. Estos espacios deben ser apropiados para las personas mayores y las organizaciones e instituciones que trabajan con esa población con el fin de hacer valer sus derechos en los procesos consultivos y de cocreación desde el Gobierno y desde una visión de corresponsabilidad entre ciudadanía y Estado.

No obstante, existen limitantes para ejercer el derecho a la participación: el modelo neoliberal imperante, los procesos de incidencia pueden resultar lentos, los horarios de las reuniones, frecuencia, recursos o lugar, la organización anti derechos humanos, o espacios disfrazados de participación y construcción cuando únicamente son informativos, porcentaje reducido de personas que se encuentran activas en la participación en el nivel de toma de decisiones y beligerancia.

La participación posibilita el ejercicio de la ciudadanía desde la democracia, logra problematizar la imagen estereotipada de la vejez y del envejecimiento que genera exclusión y violencia; sin embargo, se trata de un asunto que nos compete a todos y todas y, además, identifica la discriminación múltiple, por edad o por cualquier otra condición.

Se debe promover la reflexión sobre la importancia del enfoque de curso de vida en conjunto con otros sectores y colectivos, democratizando la información en todos los niveles, desarrollando estrategias socioeducativas de socialización, descentralización de los contenidos y transparencia de las acciones.

Descriptores: envejecimiento activo, derechos humanos, democracia, participación ciudadana, personas mayores.

¹Lic. En Trabajo Social. Magister en Tecnología Educativa. Coordinadora del Proceso de Incidencia y Vigilancia de Derechos. Asociación Gerontológica Costarricense (Ageco).

²Licenciada en Trabajo Social. Gestora de vigilancia de derechos. Asociación Gerontológica Costarricense. (Ageco).

Recibido: 4 de marzo, 2020 Aceptado: 24 de mayo, 2020

Citizen participation for senior citizens as a mechanism to demand rights

Andrea Dotta Brenes¹

Andrea Monge García²

Participating is always a social act:

Nobody is able to participate exclusively,

privately for her or himself.

(Guillen, Sáenz, Badii, & Castillo, 2009, Page 180)

Summary

Citizen participation is a right; in democratic societies it is a duty as well that is not limited exclusively to exercising the right to vote. Instead, it transcends accountability and decision-making situations. These situations should be appropriate for senior citizens, organizations and institutions that work with that population to enforce their rights in consulting and co-creation processes by the Government and based on a vision of co-responsibility between the citizens and the State.

Even so, there are limitations on exercising the right to participate: the overruling neoliberal mode and the advocacy process may turn out to be slow, the meeting schedules, frequency, resources or place, the anti–human rights organization or disguised spaces for participation and construction when they are solely informative, a reduced percentage of people who are active in participating at the decision-making and belligerence level.

Participation makes it possible to exercise citizenship in a democracy and is able to turn the stereotypical image of old age and aging that brings about exclusion and violence into a problem; however, this is an issue that involves everybody and also identifies multiple types of discrimination, due to age or any other condition.

Reflection on the importance of focusing on the life time should be promoted along with other sectors and groups to democratize the information at all levels and to develop socio-educational strategies for socialization, and to decentralize the contents and the transparency of actions.

Descriptors: active aging, human rights, democracy, citizen participation, senior citizens.

¹Graduate degree in Social Work, Master’s degree in Educational Technology. Coordinator of the Advocacy Process and Oversight of Rights. Costa Rican Gerontological Association (Ageco)

²Graduate degree in Social Work. Rights Oversight Manager. Costa Rican Gerontological Association (Ageco).

Received: March 4, 2020 Accepted: May 24, 2020

Sobre ciudadanía y democracia

Quienes vivimos en un país somos la ciudadanía, responsables de velar porque desde el Estado y el Gobierno se cumpla con el propósito para el cual fueron creados, para representar los intereses del pueblo, responder ante las necesidades y velar por el desarrollo del país en un marco de democracia y de derechos; esta responsabilidad también incluye a las personas mayores.

El Instituto de Formación y Estudios en Democracia plantea que “La categoría o condición de ciudadanos y ciudadanas es la única condición social que nos iguala a todas las personas; más allá de las diferencias de tipo cultural, político, económico, religioso, étnico, físico y etario” (Castro Ávila, 2012, pág. 10), dicho de otro modo, la única condición que nos iguala es el ser ciudadanía, pues en todos los demás aspectos existe diversidad y desigualdad, la primera es necesaria desde el reconocimiento de la dignidad humana, la segunda representa las luchas históricas.

Comprendiendo que todas las personas somos diferentes, se ha luchado a través de la historia para que estas diferencias no generen desigualdad, porque se crea exclusión y se violentan los derechos humanos, situación de la que no está exenta la población mayor, que en muchas ocasiones son víctimas de discriminación por su condición de persona mayor y de discriminación múltiple cuando a su edad se suman otros factores como discapacidad, etnia, condición económica, orientación sexual o identidad de género entre otros.

El ejercicio de una ciudadanía activa es aquel que se involucra en las decisiones de su país, y que “no puede ser definida como un componente innato de las personas, sino como una conquista histórica y como una práctica social, al igual que lo son los derechos y deberes asociados a ella y como una característica que requiere de una reconstrucción y un ejercicio constantes” (Castro Ávila, 2012, pág. 10).

Al igual que con los derechos humanos y la democracia, el ejercicio de la ciudadanía también fue y sigue siendo una lucha diaria, en donde las personas debemos aprender a participar colectivamente para lograr bienestar y desarrollo general, y no de forma individual o aislada, este ejercicio implica reconocer las diferencias y respetarlas desde la condición de la dignidad humana, en lugar de permitir que esas diferencias sean las que dividan, excluyan y violenten.

La democracia entonces “es un sistema de gobierno donde la soberanía del poder está en el pueblo; pero sobre todo la democracia es un proyecto de vida que hemos construido en sociedad”, (Castro Ávila, 2012, pág. 11), una ciudadanía activa requiere de un sistema democrático donde se garantice su soberanía, así como la responsabilidad que tienen todas las personas de respetar la dignidad humana.

La democracia permite que las personas tengan la libertad de unirse y organizarse para conversar, reflexionar, analizar y proponer soluciones a los problemas y necesidades que afrontan como ciudadanía y defender sus derechos, Gómez (2010, pág. 21) lo detalla claramente cuando indica que “La vida nacional no puede construirse individualmente, no puede concretarse como experiencia particular y no puede fortalecerse desde la escisión.”

Sobre participación ciudadana y personas mayores

La participación organizada para ocuparnos de un asunto de interés social es un factor

que aumenta la capacidad de incidencia de las personas, que estimula la integración social

y que fortalece la democracia (Castro, 2016, pág. 6)

Si la ciudadanía es la condición que une a la población en una democracia, y en ella las personas deben ser vigilantes del cumplimiento de los derechos, es importante preguntar: ¿cómo se logra?, la respuesta sería que las personas tendrían que unirse y participar.

El artículo nueve de la Constitución Política establece que “El Gobierno de la república es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres poderes distintos e independientes entre sí.” (Asamblea Nacional Constituyente, 1949), desde la creación del marco normativo nacional, la participación fue concebida como un factor imprescindible, pues sin ella no hay democracia; además, también fue concebida para todas las personas por igual, esto es importante de retomar, pues significa que incluye también a las personas mayores, quienes, en muchos casos, ven disminuidos sus espacios de participación ciudadana en tanto otras poblaciones con mayor historia de organización y movilización social se apropian, en el buen sentido de la palabra, de ellos.

El concepto de participación puede ser visto desde diversas perspectivas, por ejemplo, desde la participación social; sin embargo, para efectos del presente documento, se trabajará desde el concepto de participación ciudadana entendida como:

“… es generalmente entendida como una participación en “actividades públicas. No tendría utilidad extender el alcance de la participación ciudadana a otras formas de participación social, como las de carácter comunitario, el asociacionismo privado u otras que se desarrollan en función de intereses variados o valores circunscritos a la esfera privada, sin pretender relaciones activas con el poder público” (Baño, 1998, pág. 27).

La cita anterior indica que no se debe confundir la participación social porque esta es un derecho; por ejemplo, la Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores en el artículo 8 Derecho a la participación e integración comunitaria, establece que:

La persona mayor tiene derecho a la participación activa, productiva, plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad para su integración en todas ellas (Organización de los Estados Americanos, 2015, pág. 12).

Es decir, define la participación ciudadana, como una dimensión dentro del ámbito global de la participación.

Guillen, Sáenz, Badii, & Castillo (2009) indican que el concepto de participación ciudadana en su esencia significa que:

…es la participación que realizan las personas para poder afectar o incidir, en la toma de decisiones, la ejecución y el seguimiento a las decisiones públicas; es decir, en la consulta, discusiones, planteo de propuestas, y todo tipo de actividades en las cuales interrelacionan el Estado y los ciudadanos para el progreso de la comunidad” (Guillen, Sáenz, Badii , & Castillo, 2009, pág. 179).

Alude a la relación que se establece entre la sociedad civil y el Estado, en donde la sociedad civil actúa sobre él y con él.

La participación ciudadana implica que las personas estén presentes en los procesos de toma de decisiones que impactan el cumplimiento de los derechos humanos; quienes participan lo hacen para asegurar que los derechos sean respetados y fomentados, aunque entienden que existen grupos poblacionales cuyos derechos son invisibilizados y violentados, como los de las personas mayores.

Las personas en general y las personas mayores están llamadas a buscar espacios de participación para hacer oír sus voces, expresar necesidades y poder exigir el efectivo cumplimiento de derechos. Esa motivación para la participación debe surgir del reconocimiento de la ciudadanía y de la democracia como indica Castro (2016) quien expone que las principales razones que motivan a una persona a participar son:

- Pertenecer a un grupo

- Ser parte de una iniciativa

- Influir para que se responda a nuestras demandas

- Ayudar siendo personas solidarias

- Aprender y adquirir habilidades importantes

- Proponer solución a los problemas

- Fiscalizar el cumplimiento de acuerdos

- Detener acciones que creemos incorrectas

- Vigilar a nuestros gobernantes

- Transformar, cambiar, innovar (Castro, 2016, pág. 11).

La misma autora explica que, así como existen muchas razones que motivan a las personas mayores a participar, también existen barreras; una de ellas es la educación, pues a las personas no se les enseña a participar, y la participación no es innata, es aprendida y construida; también influyen las experiencias, buenas o malas, que se hayan tenido en otros espacios y formar parte de un grupo poblacional que es discriminado y excluido. Tal es el caso de las personas mayores, pues la sociedad en que viven reproduce y perpetúa estereotipos con respecto al envejecimiento y la vejez, limitando y coartando este derecho con mitos como el de que las personas mayores se comportan como niños o niñas, que son una carga para la sociedad pues ya no son productivas, que la mayoría son enfermas y dependientes o que ya no pueden aprender cosas nuevas, por lo que pierden su autonomía e independencia. Ante estos hechos, la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores es clara cuando plantea que:

… la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano” (Organización de los Estados Americanos, 2015, pág. 3).

Debe entenderse, entonces, que una forma de discriminación es limitar los espacios de participación de las personas mayores; excluirlos de la toma de decisiones desde el Gobierno y afectar el desarrollo de su vida, como plantean Guillen, Sáenz, Badii, & Castillo.

La participación ciudadana, tiene que ver con el desarrollo humano, no podríamos entender un acto que denota solidaridad, humanismo, tolerancia, subsidiariedad y otros valores de trascendencia fundamental en el individuo, para que éste busque como fin primordial, el conseguir un nivel de vida adecuado para los demás. La participación ciudadana es la búsqueda del ciudadano para lograr una mejor calidad de vida, es la respuesta a las promesas incumplidas y al mismo tiempo es el despertar de una sociedad dormida. Las sociedades modernas deben buscar ejercer el derecho a la participación, brincar las trancas que ponen día con día las administraciones burocráticas, debemos buscar un cambio de actitud en nuestros representantes, independientemente del nivel que sean ( 2009, pág. 192).

Las personas mayores deben formar parte de la ciudadana organizada y activa que busca espacios para ejercer su derecho a la participación ciudadana, pero, además, el Gobierno, también tiene el deber y la responsabilidad de proveer esos espacios para todas las personas, incluidas las personas mayores.

Según lo estipula la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021, III Línea Estratégica de Participación Social e Integración Intergeneracional se deberá “Promover el acceso a la capacitación de las personas adultas mayores con el fin de fortalecer procesos organizativos que incidan en la creación y seguimiento de las políticas públicas” (Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, 2013, pág. 15)

Sobre la participación ciudadana y la responsabilidad del Estado

“…la administración debe actuar de cara a la sociedad

y no quedar solamente en mera administración gubernamental,

mientras más públicos sean los actos del Estado este será más legítimo.”

(Guillen, Sáenz, Badii , & Castillo, 2009, pág. 180)

Hasta ahora se ha hecho referencia a los términos de democracia, ciudadanía y participación ciudadana desde un enfoque de derechos y de responsabilidad de la población, pero debe quedar claro un aspecto esencial, para que las personas se organicen y participen también debe existir el escenario correspondiente a tal fin.

En otras palabras, el Estado tiene que proveer los espacios suficientes y adecuados para que las personas, y en este caso las personas mayores, se informen, opinen, participen, tomen decisiones, aporten y construyan desde las propuestas para el fomento de sus derechos.

La participación ciudadana, es la clave para transformar el espacio de lo local en un espacio público y contribuir a crear condiciones para consolidar una gobernabilidad democrática, la participación ciudadana, a diferencia de otras formas de participación, (política, comunitaria, etc.), se refiere específicamente a que los habitantes de las ciudades intervengan en las actividades públicas representando intereses particulares (no individuales), ejerciéndose en primer término en el ámbito de lo cotidiano y en el espacio local, que es donde se da mayor proximidad entre autoridades y ciudadanos (Ziccardi, 1998).

Un país democrático debe garantizar que las personas formen parte del proceso de toma de decisión del espacio público. Existen razones por las cuales el Estado promueve ese tipo de participación, pues satisface una exigencia de mayor transparencia, rendición de cuentas y de responsabilidad de las instituciones públicas; de este modo, responde a la expectativa ciudadana de que su punto de vista sea tomado en cuenta, y también es una reacción ante la disminución del apoyo ciudadano (Guillen, Sáenz, Badii , & Castillo, 2009).

Ante un Estado que comienza a entender que este es un proceso que debe promover y ante una ciudadanía que exige y demanda estos espacios desde un sentido de corresponsabilidad, las instituciones generan mecanismos formales para la participación, con el propósito de incorporar la visión y el aporte de la ciudadanía. En algunos casos estos procesos están regulados por normas y leyes, lo cual no quiere decir que en ausencia de una norma para participar esta no sea válida, sino que una forma de ejercer la participación ciudadana es a través de los mecanismos formales que se crean para tal fin, y estos pueden ser creados desde la institucionalidad pública o, bien, organizados y fomentados por la sociedad civil.

Ante este panorama surge un desafío: por un lado, se necesita de un sistema democrático que tenga reglas, espacios y mecanismos para participar y, por otro, es necesaria la voluntad de cada persona para formar parte, de manera activa, y para organizarse junto con otras personas para alcanzar un objetivo. Si la ciudadanía se organiza y participa y sus demandas no son escuchadas, se estaría ante un panorama sombrío en torno al ejercicio de la democracia, y si fuera en el otro sentido, un Estado que provee los mecanismos, pero encuentra una ciudadanía desarticulada y desinteresada “estamos dando un cheque en blanco y con firma para que otras personas decidan en nuestro nombre, pero además vamos cediendo y perdiendo el derecho a pedir cuentas a las autoridades” (Castro, 2016, pág. 9).

El Estado siempre ha tenido un llamado a la transparencia y a la rendición de cuentas, términos que cada vez están más presentes en la discusión de la ciudadanía, por eso es importante comprender que los procesos de participación ciudadana no logran escapar de los intereses individuales y particulares, ya sea que las mismas personas quienes participan, o que el Estado cuando la promueva.

De modo que, a pesar de las buenas credenciales del término, la participación tampoco está a salvo de los defectos humanos: del egoísmo, del cinismo, de la enajenación de los individuos. De aquí el primer dilema que plantea el término: no todos quieren participar, aunque puedan, y no todos pueden hacerlo aunque quieran. Pero, además, la participación no puede darse en condiciones de perfecta igualdad: igual esfuerzo de todos, para obtener beneficios - o afrontar castigos - idénticos. No sólo es imposible que cada individuo participe en todo al mismo tiempo, sino que también lo es que todos los individuos desempeñen exactamente el mismo papel (Merino, 1995, pág. 3).

La reflexión es clara, aunque es cierto que deben regir principios de solidaridad, respeto, responsabilidad, ética, entre otros, no todos los espacios y mecanismos de participación se rigen por ellos o los promueven y, ante esto, quienes se intervienen en ellos deberán velar porque cumplan la función para la cual fueron creados.

Lo anterior se puede explicar de la siguiente manera:

El propósito es lograr que la población influya sobre las políticas y decisiones públicas, para ello se hace necesario institucionalizar mecanismos, procesos y organismos a través de una normatividad legal. Pero esa dimensión de participación ciudadana según Cunill (1991), puede ser condicionada y hasta neutralizada bajo una aparente práctica democrática, y la participación ciudadana puede constituirse en una plataforma de fácil uso para construir artificialmente consensos y legitimar desigualdades (Guillen, Sáenz, Badii , & Castillo, 2009, pág. 180).

En otras palabras, las personas en general, y las personas mayores en particular, pueden intervenir en diversos espacios disfrazados de participación ciudadana; no obstante, muchos de ellos en realidad son plataformas que promueven intereses individuales, que no son regidos por los principios que sustentan los derechos humanos o que manifiestan intenciones de construcción colectiva.

Sobre mecanismos de participación ciudadana

Un espacio para todos, que afiance ese sentido de

pertenencia que debe sentir el individuo para

manifestarse, y ejercer sus derechos.

(Guillen, Sáenz, Badii , & Castillo, 2009, pág. 181)

De acuerdo con lo manifestado en párrafos anteriores, los mecanismos de participación ciudadana son los espacios establecidos para que las personas expresen, opinen, indiquen necesidades, propuestas de trabajo, entre otros. Lo anterior a partir de un trabajo que debería ser colaborativo entre la sociedad civil y el Estado, estos espacios como se ha venido explicando, deben ser tanto promovidos por la institucionalidad pública como exigidos por la ciudadanía

Arnistein (1969) citado por (Guillen, Sáenz, Badii , & Castillo, 2009, pág. 186) sostiene que:”…la participación ciudadana, cuando no es pura cosmética, es poder ciudadano…. Por lo tanto, aumentar la participación implica redistribuir el poder”, aquí es importante hacer hincapié en la última frase: “la participación implica redistribuir el poder”, si se retoma lo estipulado en el artículo 9 de la Constitución Política que establece que el gobierno de la República lo ejerce el pueblo y tres poderes distintos e independientes entre sí (Asamblea Nacional Constituyente, 1949), quiere decir que el poder ciudadano ejercido a través de la participación implica que el poder está distribuido entre el pueblo, el poder legislativo, el poder judicial y el ejecutivo.

De esta manera es que Arnestein (1969) citado por (Guillen, Sáenz, Badii , & Castillo, 2009) conceptualiza “la escalera de la participación” la cual consiste en una escalera imaginaria a manera de metáfora sobre el tema, que contiene ocho peldaños y está dividida en tres áreas principales: la no participación, la participación simbólica y el poder ciudadano:

Como se puede apreciar, los primeros peldaños de la escalera hacen referencia a esos procesos maquillados de participación, en donde las personas están siendo manipuladas para pensar que están opinando, aportando y creando, pero en realidad no es así.

Los peldaños del 3 al 5, corresponden a lo que Arnestien (1969) citado por (Guillen, Sáenz, Badii , & Castillo, 2009) denominó participación simbólica, pues son espacios en los que se le permite a la ciudadanía escuchar, tener voz, e incluso, ser escuchada mediante información, consulta y apaciguamiento; sin embargo, no tiene el poder necesario para asegurar que esas ideas sean tomadas en cuenta. Por ejemplo, una consulta ciudadana, una presentación de un informe que el país debe rendir a un organismo internacional o un grupo organizado de personas, son espacios en los que no hay certeza de que la voz de las personas vaya a incidir.

Finalmente, los últimos escalones refieren al poder ciudadano, desde la coparticipación, el poder delegado y el control ciudadano, en estos la ciudadanía participa en la toma de decisiones, mediante mecanismos de negociación y acuerdo; o mediante la auténtica distribución del poder.

Cabría hacer el ejercicio desde las organizaciones de la sociedad civil, en los espacios que participamos representando a las personas mayores. ¿qué tipo de participación estamos ejerciendo?, y ¿qué tipo de participación se propone como forma de trabajo? También habría que hacer el ejercicio de manera interna: ¿qué tipo de participación se está fomentando para las personas mayores en el ejercicio profesional?

Sobre la participación ciudadana desde el envejecimiento con enfoque de curso de vida

Participar no es solo colaborar, ni opinar sobre una determinada actuación.

Participar supone un plus de voluntad de intervención,

un sentimiento de pertenencia colectivo, a una ciudad en este caso.

(Guillen, Sáenz, Badii , & Castillo, 2009, pág. 186).

El incremento absoluto y relativo de las personas mayores es una tendencia mundial que está influyendo en la economía, la planificación del desarrollo, las políticas sociales, las familias, las comunidades, las grandes ciudades y también en las localidades indígenas. Desde el punto de vista de sus implicaciones económicas y sociales, es quizás la transformación más importante de esta época (Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, 2017, pág. 11)

El envejecimiento es.

… un proceso gradual que se desarrolla durante el curso de vida y que conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psico-sociales y funcionales de variadas consecuencias, las cuales se asocian con interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y el medio (Organización de los Estados Americanos, 2015, pág. 6).

Al aumentar la esperanza de vida, la etapa de la vejez es cada vez mayor, comprende periodos de 20 a 30 años por lo que las políticas del Estado deben crear diferentes opciones de participación, acceso a la justicia, cuido, satisfacción de necesidades y vigencia plena de los derechos de la población.

Desde el año 2002 en el marco del Plan de Acción Internacional de Madrid se postula la comprensión del envejecimiento activo como la optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad; en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores se define envejecimiento activo y saludable como el:

Proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, mental y social, de participar en actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, y de contar con protección, seguridad y atención, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida de todos los individuos en la vejez, y permitirles así seguir contribuyendo activamente a sus familias, amigos, comunidades y naciones. El concepto de envejecimiento activo y saludable se aplica tanto a individuos como a grupos de población. (Organización de los Estados Americanos, 2015, pág. 9).

La participación es entonces parte del envejecimiento activo y saludable ya que “brinda sentido a la existencia, realización plena y sensación de pertenencia” (Centro Internacional de Longevidad Brasil (ILC-BR), 2015, pág. 47) . Se enfatiza en la capacidad de las personas mayores por aportar a la sociedad, lo cual genera beneficios para el colectivo e impulsa la autorrealización de las y los individuos.

El concepto de envejecimiento activo y saludable que postula la Convención Interamericana se debe comprender en sinergia con el enfoque de curso de vida, postulado teórico-metodológico “que surgió en los años setenta y que las personas expertas en demografía han utilizado ampliamente” (Blanco, 2011, pág. 6).

Este enfoque, se centra en “analizar cómo los eventos históricos y los cambios económicos, demográficos, sociales y culturales moldean o configuran tanto las vidas individuales como los agregados poblacionales” (Blanco, 2011, pág. 6) a medida que transcurre el “tiempo cronológico” de una persona.

El enfoque de curso de vida comprende los determinantes sociales, entendidos como.

…las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen (…). Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas (Organización Mundial de la Salud, sf, pág. 1 parrafo 2).

Estos determinantes se fundamentan a partir de la desigualdad imperante, lo cual puede explicar que no viven el envejecimiento de la misma manera los hombres que las mujeres, las personas que tienen una pensión o las que carecen de ella, por ejemplo.

De igual forma las oportunidades de participación están condicionadas a estos determinantes sociales, en términos de acceso a información, recursos y posibilidades de ejercer este derecho.

La comprensión del enfoque de curso de vida, permite el reconocimiento de que aquellas poblaciones a las que se les hayan negado o violentado derechos a lo largo de la vida: educación, salud, identidad de género y participación, entre otros, se encuentran en desventaja frente a quienes sí los han disfrutado; los primeros enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad y no en todos los casos cuentan con las herramientas necesarias para conocer y defender sus derechos.

De esta forma, la participación ciudadana de las personas mayores tiene estrecha relación con el enfoque de curso de vida; los desafíos a los cuales se han enfrentado, los derechos que les han sido violentados, la forma en que se han comprendido, así como los alcances e implicaciones que tiene el involucramiento en los procesos de toma de decisiones, por lo que:

El reconocimiento de quienes forman parte de estos grupos discriminados como sujetos plenos es parte de una lucha más amplia por avanzar hacia sociedad incluyentes y democráticas, que hagan de la diferencia parte de la riqueza humana y no un motivo de segregación (Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, 2017, pág. 59).

Mecanismos de participación ciudadana: experiencias de la Asociación Gerontológica Costarricense.

No hay otro camino –más que la participación- que reconozca, al mismo tiempo, la civilidad y la soberanía de los pueblos (Merino, 1995, pág. 28).

La sociedad civil se comprende como el:

…conjunto complejo de múltiples comunidades, asociaciones y expresiones, cuya característica fundamental es ser diferentes y autónomas. Es decir, no constituyen dependencias estatales, ni son entidades con fines de lucro, sino que se rigen por sus propios valores, intereses, necesidades o causas de lucha (Labrunée & Mercedes, 2013, pág. 26).

La Asociación Gerontológica Costarricense es una organización de la sociedad civil que tienen como misión ser “una organización no gubernamental que desarrolla programas sociales y servicios para las personas mayores, promovemos la incidencia política, la sensibilización acerca de la vejez y el envejecimiento (Asociación Gerontológica Costarricense, 2017, pág. 15).

Su estructura programática comprende el “Proceso de Incidencia y Vigilancia de Derechos”, que se fundamenta en el objetivo estratégico institucional No. 7: “Incidir desde la perspectiva de la sociedad civil en la vigilancia y defensa de los Derechos Humanos de las personas mayores.” (Asociación Gerontológica Costarricense, 2017, pág. 21).

Este proceso tiene como una de sus metas generar mecanismos en la sociedad civil para consolidar espacios de discusión, análisis y generación de propuestas para políticas públicas sobre vejez y envejecimiento.

Para ser consecuentes con esta misión y objetivos, así como con las potestades de la sociedad civil, Ageco ha estado presente en espacios de discusión sobre el reconocimiento y la plena vigencia de los derechos humanos.

La importancia de estos mecanismos radica en que son las instancias legitimadas por el Estado, entes internacionales y la misma sociedad civil las que deben canalizar las consultas, informes y todos los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en materia de derechos humanos.

Vivir en democracia implica que estos mecanismos sean accesibles para la ciudadanía (Castro, 2016, pág. 25):

Las sociedades democráticas se han caracterizado por la protección de los derechos humanos y han diseñado mecanismos que permiten la participación de la ciudadanía en la defensa de esos derechos. Los mecanismos de participación ciudadana son más que un instrumento legal, son los mejores aliados de la ciudadanía para el ejercicio de su libertad y sus derechos.

Además, estos espacios amplían el paradigma de la participación en donde no solo se considera el sufragio como expresión legítima, sino que la sociedad civil se reúne de acuerdo con sus intereses y motivaciones, lo que implica no solo el reto de que las personas mayores exijan y se apropien de los espacios de participación, sino, también, que estos espacios se provean. Supone, además, superar el mito de la homogeneidad de este grupo poblacional, reconociendo la diversidad incluso en la vejez.

Es válido mencionar que la participación en estos espacios no se asume como la representación de todo el colectivo de las personas mayores, ya que en sí es diverso y heterogéneo, una única organización no podría atribuirse esta cualidad; sin embargo, las experiencias recabadas son valiosas como punto de partida y acciones de incidencia.

A continuación, se presentan los espacios en los cuales se ha participado desde la organización (Ageco) y los aportes que se han realizado en el marco de la defensa de los derechos humanos de las personas mayores. Posteriormente, se harán unas reflexiones finales sobre las implicaciones, retos y desafíos de la participación en estas plataformas.

Plataforma de sociedad civil de la Comisión interinstitucional para el seguimiento e implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos

Esta instancia se encuentra legitimada por el Decreto Ejecutivo 36776-RE, su objetivo es dar seguimiento a los acuerdos y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, además de lo que establecen otros documentos oficiales e informes. La secretaría técnica está a cargo de la Cancillería General de la República, se cuenta con un grupo ampliado de alrededor de 80 organizaciones, las cuales eligen a una vocería que los representa y se reúne mensualmente con la Comisión Interinstitucional (compuesta por instituciones públicas, Cancillería y vocería de la Plataforma).

Todos los informes que debe presentar el Estado en materia de derechos humanos ante los entes internacionales deben ser presentados a esta Comisión, la vocería los envía posteriormente a la plataforma donde se pueden emitir criterios al respecto o elaborar informes alternativos.

La importancia de la participación en esta Plataforma es conocer la labor que realiza el Estado por medio de sus instituciones sobre las diferentes obligaciones, lo que apelan al rol de demanda de rendición de cuentas de la sociedad civil.

Las acciones de incidencia que se han desarrollado a partir de la participación en esta plataforma son:

a. Presentación de informe alternativo del Examen Periódico Universal1, junto con un colectivo de organizaciones de derechos sexuales y reproductivos; en aras de que se considere a la discriminación por edad como un elemento que forma parte de la discriminación múltiple. Esta acción se trabajó en conjunto con la Plataforma de seguimiento sobre población, desarrollo y género, que se expondrá posteriormente.

b. Cocreación del mecanismo de consulta en materia de Derechos Humanos: documento regulatorio de la participación en esta Comisión, lo cual permite organizar las responsabilidades y potestades de las vocerías, así como generar un espacio de diálogo y construcción colectiva.

Red de derechos sexuales y reproductivos

Espacio para reivindicar y vigilar el efectivo cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de todas las poblaciones, instancia regulada por el decreto No. DM-55082008, del Ministerio de Salud. La organización CIPAC funge el rol de secretaría técnica.

Desde este espacio se trata de demostrar que el tema de derechos sexuales tiene relación con la población mayor, históricamente vulnerabilizada en este aspecto, por lo que es clara la expresión de la discriminación múltiple, principalmente en relación con las poblaciones con orientación sexual homosexual o bisexual.

La lucha por los derechos humanos de las personas mayores no debe excluir sus derechos sexuales, de hacerlo se tendría una imagen estereotipada del proceso de envejecimiento.

Comisión Nacional de Gobierno Abierto

La “Alianza por el Gobierno Abierto” se basa en los pilares de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana; sus postulados aspiran a que la ciudadanía pueda tener información clara y pertinente sobre las prioridades y acciones que está implementando el sector público.

Las organizaciones interesadas en la participación desde esta plataforma pertenecen a un grupo ampliado que selecciona representantes que participan, junto con representantes de los supremos poderes, en la Comisión Nacional de Gobierno Abierto.

En el grupo ampliado se construye un Plan nacional de gobierno abierto que fija los postulados: transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en acciones por realizar a partir de un ejercicio de priorización. La Comisión Nacional de Gobierno Abierto es el ente responsable de dar seguimiento al Plan.

Como organización que trabaja en la defensa de los derechos de la población mayor es importante participar en estos espacios, para defender los intereses y requerimientos de este grupo etario en esos postulados.

Plataforma de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Espacio creado en el Pacto nacional por los objetivos de desarrollo sostenible para darle seguimiento al cumplimiento de la Agenda 2030, se establece por medio del decreto 40203-PLAN-RE-MINAE, y el Mideplan es el ente que funge como secretaría técnica.

La premisa de esta Agenda es “No dejar a nadie atrás”, por ende, las personas mayores, están incluidas, aportan a su cumplimiento y, además, deben ser vigilantes. La plataforma da seguimiento a los objetivos e identifica espacios de incidencia para su efectivo cumplimiento. En este espacio Ageco también es la única organización que trabaja con personas mayores.

Plataforma de seguimiento de sociedad civil de población desarrollo y género

Esta instancia da seguimiento al “Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo”, acuerdo no vinculante, pero que establece una serie de medidas prioritarias en diferentes temas, uno de ellos es envejecimiento.

Al igual que en la plataforma de seguimiento a los ODS se vela por el cumplimiento del Consenso y, además, se ha erigido como un espacio de diálogo seguro y colaborativo entre diferentes organizaciones de la sociedad civil, desde diferentes enfoques y aristas, ampliando su incidencia más allá del Consenso por ejemplo en temas de discapacidad, VIH, derechos sexuales y reproductivos entre otros.

Comisión Nacional de Seguimiento a la Estrategia Nacional de Envejecimiento Saludable

Surge a partir de la “Estrategia Nacional de Envejecimiento Saludable” basada en el enfoque de curso de vida 2018-2020, cocreada por el Ministerio de Salud y diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil, que dentro de su estructura programática trabajan el envejecimiento a partir del enfoque de curso de vida; es un espacio permanente de diálogo, toma de decisiones conjuntas entre instituciones del Estado y la sociedad civil y rendición de cuentas.

Consideraciones finales

Nunca antes hemos visto un grupo de personas que se acercara los 65 años que estén tan bien informadas, con este nivel de bienestar, con tan buena salud, y con una historia de activismo tan fuerte. Con un legado como este, es inimaginable que esta generación experimente la vejez como lo hicieron las anteriores. Kalache (2013) citado por (Centro Internacional de Longevidad Brasil (ILC-BR), 2015, pág. 37).

A partir de los espacios donde se ha gestionado la participación de la organización, es pertinente reflexionar en torno de los aciertos de este proceso y de las áreas de oportunidad.

Las personas mayores, en teoría, deben disfrutar de los mismos derechos que todos los seres humanos, pero antes de que lo logren es indispensable reforzar su constitución como titulares. En efecto, en los debates en curso sobre los derechos humanos de las personas mayores todos los involucrados concluyen que, desde su dimensión ética, la universalidad de los derechos también incluye a las personas mayores. No obstante, el estrecho vínculo que existió entre el envejecimiento y la beneficencia llevó a la fácil conclusión de que las personas mayores solo necesitaban de atención socio sanitaria para vivir con dignidad (Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, 2017, pág. 63).

La participación ciudadana es un derecho, en los regímenes democráticos es, además, un deber que no se limita exclusivamente al ejercicio del voto consciente e informado, sino que trasciende a espacios de rendición de cuentas y toma de decisiones.

Para el modelo de organización social y económico neoliberal, el que rige “el ser solo se tiene a sí mismo…El individuo no comparte, no dialoga ni acepta ayudar o realizar” (Valenzuela, s.f, pág. 4) le es útil que se dé la intervención con la población mayor desde la beneficencia y que se considere la participación ciudadana únicamente a partir del ejercicio del voto, ya que se privilegia el individualismo, y se contrarrestan las acciones colectivas.

Esto se vincula, también, con la forma en que las personas han sido socializadas sobre la participación, y con la duración de los procesos de incidencia, lo que podría identificarse como un sobre esfuerzo para lograr pequeños cambios. Sobre la incidencia cita WOLA. “Es un proceso que nos llevará tiempo, requiere persistencia y creatividad y se construye sobre la base de victorias pequeñas” (2002, pág. 58).

Estos argumentos de la participación inciden en el hecho de que pocas personas puedan vincularse con estos espacios de vigilancia de derechos e, internamente. también existen otros factores que limitan la participación de los adultos mayores: los horarios de las reuniones, frecuencia, recursos o lugar.

También se suma la existencia de contradicciones entre quienes participan porque pueden existir personas o instancias que no compartan la defensa de los derechos humanos, o espacios disfrazados de participación y construcción cuando únicamente son informativos.

Además, los colectivos participantes no pueden, ni aspiran a representar a la totalidad de los intereses de los sectores, pues son diversos y heterogéneos en sí mismos.

Toda esta dinámica compleja ocasiona que un porcentaje reducido de todos los colectivos existentes en las organizaciones de la sociedad civil se encuentren activos en el nivel de toma de decisiones y beligerancia, pues, usualmente, son las mismas organizaciones las que se apropian de estos espacios.

Sin embargo, aún con estos elementos retadores: ¿cuál ha sido la importancia de participar en estos mecanismos?

•Es una forma de ejercicio de la ciudadanía desde la democracia costarricense, en espacios organizados y formales de toma de decisiones y rendición de cuentas, con respecto a los derechos humanos de las personas mayores.

•Problematizar la imagen estereotipada de la vejez y del envejecimiento, que genera exclusión y violencia partiendo de la reflexión de que es un tema que nos compete a todos y todas.

•Identificar la discriminación múltiple, por edad y por cualquier otra condición, como una forma de violencia que se expresa en la invisibilización de la situación de las personas mayores, la falta de datos actualizados e investigaciones, y la ausencia de esta población en informes país y documentos oficiales, entre otros.

•Reflexionar en conjunto con otros sectores y colectivos sobre la importancia del enfoque de curso de vida y la forma en que los determinantes sociales inciden en los modos de envejecer, así como sobre la necesidad de que esto debe manifestarse expresamente en la construcción de políticas públicas.

•Democratizar información en todos los niveles, desde los mecanismos de participación hacia la ciudadanía en general y desde la necesidades y manifestaciones de la sociedad civil hacia estas plataformas.

•Nos reta como organización desarrollar estrategias socioeducativas de socialización, descentralizar los contenidos y transparencia de las acciones desarrolladas.

•Para ser consecuentes con la misión y objetivos institucionales, Ageco trata de mantener una base de conocimiento sobre los temas de derechos humanos que se discuten en los sectores, tanto de la sociedad civil como de la institucionalidad pública, desde una postura de envejecimiento con enfoque de curso de vida.

Finalmente, puede afirmarse que si bien existen retos y contradicciones desde el ejercicio del derecho a la participación, es un rol que se debe continuar validando de cara a una sociedad que envejece “La participación activa de toda la ciudadanía a todos los niveles de los procesos de toma de decisiones en la sociedad robustece las democracias, hacen que las políticas den más respuestas y empoderen a los individuos” (Centro Internacional de Longevidad Brasil (ILC-BR), 2015, pág. 46).

Bibliografía

Asamblea General de las Naciones Unidas. (s.f.). Desarrollo Ssotenible. Obtenido de Naciones Unidas: http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml

Asamblea Nacional Constituyente. (1949). Constitución Política de Costa Rica. San José,Costa Rica.:http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&strTipM=TC

Asociación Gerontológica Costarricense. (2017). Plan Estratégico Institucional. San José, Costa Rica, Documento Interno.

Baño, R. (1998). PARTICIPACIÓN CIUDADANA: ELEMENTOS CONCEPTUALES. En E. Correa, & M. E. Noé, Nociones de una Ciudadanía que crece. Santiago, Chile: FLACSO. http://flacsochile.org/biblioteca/pub/publicos/1998/libro/002297.pdf

Blanco, M. (2011). El enfoque de curso de vida: orígenes y desarrollo. Revista Latinoamericana de Población, 5-31. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5349594

Castro Ávila, M. (2012). Incidencia ciudadana como instrumneto de participación. San José, Costa Rica: Instituto de Formación y Estudios en Democracia . https://www.tse.go.cr/pdf/fasciculos_capacitacion/la-incidencia-ciudadana-como-instrumento-de-participacion.pdf

Castro, A. (2016). Participación ciudadana en democracia : espacios y mecanismos. San José, Costa Rica: Instituto de Formación y Estudios en Democracia. https://www.tse.go.cr/pdf/fasciculos_capacitacion/participacion-ciudadana-en-democracia-espacios-y-mecanismos.pdf

Centro Internacional de Longevidad Brasil (ILC-BR). (2015). Envejecimiento Activo unmarco político ante la revolución de la longevidad. Rio de Janeiro, Brasil: Centro Internacional de Longevidad Brasil (ILC-BR). https://www.easp.es/project/envejecimiento-activo-un-marco-politico-ante-la-revolucion-de-la-longevidad/

Comisión Económica Para América Latina y el Caribe. (2017). Derechos de las personas mayores Retos para la interdependencia y autonomía. Cuarta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas mayores en América Latina y el Caribe, (págs. 1-173). Asunción, Paraguay. https://www.cepal.org/es/publicaciones/41471-derechos-personas-mayores-retos-la-interdependencia-autonomia

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. (2013). Política Nacional de Envejecimeinto y Vejez 2011-2021. San José, Costa Rica: CONAPAM. https://fiapam.org/wp-content/uploads/2014/02/Prestaciones_PolNac_EnvVejez2011-2021.pdf

Gomez, M. (2010). Democracia y participación ciudadana. Este país 227. https://www.tse.go.cr/pdf/fasciculos_capacitacion/democracia-y-ciudadania-activa-valores-y-practicas.pdf

Guillen, A., Sáenz, H., Badii , M., & Castillo, J. (Marzo de 2009). Origen, espacio y niveles de participación ciudadana. Daena: International Journal of Good Conscience. , 4(1): 179-193. https://www.rua.unam.mx/portal/recursos/ficha/14336/origen-espacio-y-niveles-de-participacion-ciudadana

Labrunée, M. E., & Mercedes, L. (2013). Tejiendo Redes. Argentina: Universidad Nacional de Mar del Plata.

Merino, M. (1995). LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DEMOCRACIA. Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática(No. 4), 1-32. https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-CuadernosDivulgacion/2015/cuad_4.pdf

Organización de los Estados Americanos. (2015). Convención Interamericana sobre la Protección de los derechos humanos de las personas mayores. http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_a-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp

Organización Mundial de la Salud. (sf). Determinantes Sociales de la Salud.

Valenzuela, M. (s.f). La identidad individualista como efecto dela política neoliberal . https://www.academia.edu/15077531/La_identidad_individualista_como_efecto_de_la_pol%C3%ADtica_neoliberal_Lic._Mar%C3%ADa_Guadalupe_Valenzuela_Valenzuela_Introducci%C3%B3n

WOLA. (2002). Manual Básico para la Incidencia Política. Washington DC: Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos . https://www.salgalu.tv/unesco/materiales/9WOLA_Manual_incidencia_politica.pdf

Rendición de cuentas que se realiza cada cuatro años, gestionado desde el Sistema de Naciones Unidas, los Estados son evaluados por tres países para considerar los avances y recomendaciones en materia de plena vigencia de los Derechos Humanos, a partir de la revisión del cumplimiento de los pactos y acuerdos firmados por el país.