Una_mirada_hist_rica_sobre_la_trayectoria_del_Colegio_de_Trabajadores_Sociales_de_Costa

De la Asociación Nacional de Trabajo Social a la conformación del Coltras

Para comprender la constitución del Colegio, es necesario remontarse a las condiciones sociales imperantes en el momento histórico de su creación y a los procesos de organización gremial que lo antecedieron, ya que son ellos los que fundamentan su creación e inciden de manera significativa en los 55 años de su existencia.

Pensar en los inicios de la organización de un colectivo profesional exige identificar las bases históricas y materiales que dieron origen a su conformación; en este caso particular nos referimos al trabajo social. Autores como Coto y Morera (2011), Esquivel (2007, 2013), Molina (2013), Romero y Molina (1988), Brenes (2016) han desarrollado estudios sobre las condiciones estructurales que permiten comprender la profesión como parte del sistema de relaciones sociales capitalistas. Ellos explican que el desarrollo de las fuerzas productivas estableció las condiciones requeridas para que el Estado interviniera sistemáticamente en las manifestaciones de la cuestión social por medio de la política social.

Durante el primer tercio del siglo XX, se crearon en Costa Rica instituciones como el Ministerio de Salud (1927) y el Patronato Nacional de la Infancia (1930), con el propósito de atender demandas sociales expresadas por la sociedad costarricense. A partir de los años cuarenta, tanto la medicina preventiva como la seguridad social, comienzan a avanzar y a fortalecerse; en esta década se promulga la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, No. 17 del 22 de octubre de 1943; que constituye la base formal de la seguridad social en el país. En esta época se produce una gran efervescencia en el campo social y distintas organizaciones sociales presionan al Estado en procura de mejores condiciones laborales; entre ellas destacan los trabajadores de las bananeras con sus luchas para lograr protección ante los riesgos laborales que enfrentaban.

En ese periodo, se fortalece el sistema capitalista pues se generan condiciones propicias para la reproducción del capital y el Estado se reconfigura como parte de los cambios políticos que vive el mundo después de la crisis de 1929. En Costa Rica, como señala Molina (2013), la élite burguesa agroexportadora se une a la Iglesia para atenuar las luchas de los sectores sociales con acciones de corte caritativo y filantrópico. Se realizan abordajes de carácter controlador-disciplinador en el marco del Estado liberal, por parte de las llamadas “visitadoras sociales” que por su forma de actuar “... eran los ojos de la institución en los hogares” (Casas, 1975). Según Molina (2013), estas servidoras eran consideradas empíricas ya que no contaban con formación profesional, sino con un conocimiento derivado del quehacer institucional. A pesar de que estas acciones configuran una forma de intervención social, no son, todavía, las detonantes de una nueva profesión. Esta surgirá en el momento en que se consoliden e institucionalicen las personas profesionales responsables de ejecutar e impulsar la política social del Estado costarricense.

Durante el periodo comprendido entre 1940 - 1950, ocurre una serie de hechos fundamentales en el ámbito internacional y en el nacional que originan las nuevas estructuras socioeconómicas y políticas. En el campo económico, el país es influenciado por dos acontecimientos trascendentales que marcan un cambio en el ritmo de la reproducción del modo de producción capitalista: la crisis económica de 1929 y la II Guerra Mundial. Estos hechos repercuten decisivamente en la transformación del Estado liberal que sufría un profundo desgaste y necesitaba la legitimación de los grupos económica y políticamente poderosos para impulsar su proyecto de sociedad[1].

La modificación en la intervención estatal se evidencia, por ejemplo, en la ampliación de las acciones en el campo social con el Código Sanitario de 1943, promulgado en la administración del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, que constituye un compendio de normativas donde se establece la protección de la salud pública como función del Estado y se señala lo siguiente:

...la dirección de la salubridad pública estará a cargo del Poder Ejecutivo, quien lo ejercerá por medio de una Secretaría de Estado que llevará el nombre de Secretaría de Salubridad Pública y Protección Social, la cual se designará abreviadamente en este Código y sus Reglamentos: Secretaría de Salubridad (Ministerio de Salud, 2007, p.11).

Lo anterior es importante porque se evidencia, en este mismo documento, la existencia de personas que atendían a la población en condición de asistentes sociales, aún antes de la conformación de la primera Escuela de Trabajo Social. Se menciona que la Secretaría de Salud Pública estaría integrada por la Dirección General de Asistencia y Protección Social y los siguientes departamentos: 1. Departamento Administrativo. 2. Instituto Nacional de Higiene. 3. Departamento de Epidemiología. 4. Departamento Jurídico. 5. Departamento de Protección Maternal e Infantil. 6. Departamento Sanitario Escolar. 7. Departamento de Educación Sanitaria 8. Departamento de Servicio Social. 9. Departamento de Unidades Sanitarias. 10. Departamento de Sanidad de la ciudad de San José. 11. Departamento de Ingeniería Sanitaria. 12. Departamento de Control Sanitario de Construcciones, 13. Departamento de Estadística Vital. 14. Departamento de Lucha Antivenérea. 15. Departamento de Lucha Antituberculosa. 16. Departamento de Drogas Estupefacientes (Ministerio de Salud, 20017, p.11). Con la ampliación de la atención del Estado se comienza a necesitar personal calificado para desarrollar estas acciones, entre este personal se encontraban las personas profesionales en trabajo social.

De este modo se evidencia que el surgimiento del trabajo social y su profesionalización no se explican por sí mismos, sino que sus fundamentos responden a un momento de crisis del sistema capitalista y a la necesidad de atender las demandas sociales que surgían en ese momento histórico. Lo anterior responde a un proyecto político y económico que se estaba gestando en la época, y que se denominaba Estado social capitalista, así como al patrón de reproducción industrial en América Latina (Osorio, 2012). Este proyecto político redirecciona, con mucha fuerza, la intervención estatal y la orienta al ámbito social.

El Estado participa más activamente en la reactivación económica por medio de la sustitución de importaciones, la diversificación agroexportadora y, posteriormente, la participación en la integración económica centroamericana (Sánchez, 1983). De esta forma se crean las bases para lo que se considera la institucionalización de la profesión:

…alcanza en este contexto uno de los escenarios más complejos de su reproducción histórica a raíz de las mediaciones que constituyeron el llamado Estado empresario; principalmente por las demandas parcialmente contenidas en la intervención pública para la atención y anticipación de las devastaciones de la “cuestión social”, la legitimidad político-ideológica y cultural de un proyecto de sociedad, el cual hacía algunas rupturas con las orientaciones liberales de fines del siglo XIX e inicios del XX (Esquivel, 2011, p. 146).

La creciente necesidad de contar con personal técnico que atendiera y ejecutara las funciones de las instituciones sociales, en 1942 -con un fuerte apoyo de sectores políticos- generó las condiciones necesarias para la creación de la primera Escuela de Servicio Social, con un matiz independiente y semiprivado, financiada, tanto por las instituciones que necesitaban profesionales en el área social, como por las mensualidades que pagaban las personas estudiantes. La Escuela tuvo como objetivo institucionalizar la formación profesional, capacitar al personal técnico y lograr legitimidad profesional. Posteriormente, en 1944, la Escuela pasó a formar parte de la Universidad de Costa Rica como instancia anexa a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; sin embargo, su vinculación era de carácter marginal, ya que no contaba con presupuesto propio ni incidía en las decisiones de política académica. En 1947 logró posicionarse con más fuerza gracias a la creación, en la misma facultad, de la Sección de Sociología y Servicio Social.

Debido al creciente número de personas que actuaban como asistentes sociales de manera empírica, además de las personas que comenzaban a cursar la carrera de Servicio Social, surgieron iniciativas de organización gremial: “… los problemas que aquejaban a las personas que se desempeñaban en el campo del Trabajo Social en ese momento histórico” (Coltras, s.f. y Coto; Morera, 2011, p. 56).

Entre las necesidades manifiestas de ese momento se encontraban:

•Bajos salarios.

•Deficientes condiciones de trabajo.

•Existencia de un grupo considerable de personas que ejercía el trabajo social sin formación profesional.

•Necesidad de defender los intereses de la profesión.

•Existencia de un grupo significativo de graduados de la universidad.

Por esas razones, se creó, en agosto de 1953, la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales (ANTS) que se constituyó en la primera expresión organizada de la profesión en Costa Rica. La revisión de las actas de la ANTS permite constatar una débil organización entre las personas que la conformaban, pues en muchos casos no se podían llevar a cabo las sesiones por la falta de cuórum y, no es sino hasta finales de esa década, que se evidencia su decadencia. Esta situación propició la desintegración de esta Asociación por “... falta de madurez para sostener la organización” (ANTS, acta 13/3/1957). Esta discusión se extendió hasta finales de 1957, como lo muestran las actas en las que se transcriben debates sobre la conveniencia o no de continuar con la organización.

Sin embargo, a pesar de los problemas organizativos de los primeros años de la ATNS, también hubo logros importantes entre los que pueden señalarse la realización del primero y segundo seminarios sobre trabajo social en Costa Rica que se realizaron en julio de 1956 y septiembre de 1957 respectivamente. En el año 1959, la Asociación estaba más organizada, en ella se discutían temas relativos a los estatutos y a las actividades principales que debían desarrollarse de acuerdo con los problemas que se mostraban en la época. Además, se realizó una importante lucha con el propósito de mejorar la remuneración de las personas que ejercían el servicio social pues sus funciones debían ser reconocidas económicamente. Asimismo, se procuró el establecimiento de relaciones de coordinación con otras asociaciones y organismos similares.

Según consta en las actas de la Asociación, a esta organización podían afiliarse todas aquellas personas que trabajaban o hubieran trabajado, al menos tres meses, en funciones de servicio social como propietarias del puesto, las personas trabajadoras sociales que hubieran cumplido, como mínimo, un año de ejercer, o estudiantes de segundo año de Servicio Social de la Universidad o de otras escuelas reconocidas, personas egresadas y graduandas (ANTS, 1959).

Se evidencian, también, algunas acciones de internacionalización mediante la colaboración de costarricenses en seminarios internacionales promovidos por la Federación Panamericana de Trabajo Social, y la participación de miembros de la Asociación en el comité nacional costarricense de la Conferencia Panamericana de Servicio Social (acta 241). No obstante, estas iniciativas fueron cuestionadas por un sector que consideraba más relevante la realización de actividades “prácticas”.

En las actas de la ANTS se hace referencia a hechos como los siguientes:

•Acciones concretas desarrolladas por miembros de la Junta Directiva para incidir en los salarios, entre ellas destacan: revisiones en el escalafón establecido por el Servicio Civil, propuesta de un monto determinado para un sueldo promedio (¢600), sueldo de supervisores (¢800) y sueldos para jefaturas (¢900-1000) (ANTS, 1959).

•Diseño de una propuesta para asesorar a las personas trabajadoras sociales por medio de la ATNS y las agencias de servicio social.

•Organización de pequeños grupos de trabajo para discutir los problemas de la profesión.

•Realización de “cursillos prácticos” para trabajadores sociales empíricos sobre tópicos y materias de servicio social.

•Elaboración de estudios sobre temas importantes para la profesión. En ese momento se propuso el estudio sobre mendicidad infantil y la inclusión de los niños en espacios laborales en colaboración con el Patronato Nacional de la Infancia.

•Divulgación de los objetivos y fines de la profesión por medio de campañas de servicio social desarrolladas en todo el país.

•Coordinación con la Iglesia católica para que la ANTS colaborara técnicamente en los programas de bienestar social.

•Inclusión de la Escuela en esa misma práctica, por considerar que todas las partes tenían el mismo fin: “elevar la dignidad humana”.

•Creación de una bolsa de trabajo.

En los documentos consultados, se muestra, además, la influencia de agencias internacionales como Naciones Unidas pues, en varias ocasiones, se comenta la visita de “personalidades importantes” (Donald Wilson, Kunt Backman) y se hace referencia a la solicitud económica planteada ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas para llevar a cabo el Cuarto Congreso Panamericano que se realizaría en Costa Rica en julio de 1961. Estas interlocuciones con los organismos internacionales impregnaban a la profesión de una fuerte postura ideológica en la formación profesional y se realizaban a través de figuras políticas y económicas importantes de la época; por ejemplo, la señora María Luisa Echeverría Casorla, esposa de Fernando Volio Jiménez, que fue un político y diplomático costarricense.

En 1968, en el acta 240, se reconoce la importancia de los sindicatos, se menciona la necesidad de aumentar las cuotas y se incluyen algunas reformas a los Estatutos. En este momento la Asociación adquirió mayor protagonismo en el gremio e inició su consolidación por medio de la compra de activos, con una visión de futuro y de crecimiento. Destacan en esta época, según consta en el acta 244, los pronunciamientos de la Junta Directiva ante acciones institucionales que atentaban contra la profesión, entre ellas la reformulación de labores en la Caja Costarricense de Seguro Social. Lo importante de estas acciones fue el establecimiento de la categoría profesional únicamente para las personas estudiantes de “materias sociales y bachilleres”, así como la exigencia de la validación del artículo 12[3] de la Ley Orgánica del Colegio de Trabajadores Sociales.

También se expresó un apoyo explícito a la lucha del PANI contra el otorgamiento del título de trabajadores sociales a quienes ostentaban la condición de “auxiliares” y se denunció a los guardias civiles que realizaban estudios sociales a vendedores ambulantes; se comenzaron a elaborar boletines mensuales y se iniciaron procesos de capacitación, en conjunto con la Escuela de Trabajo Social, gracias a la influencia de personas políticamente destacadas con interés de formar profesionales empíricos en trabajo social.

El trabajo en conjunto de la ANTS y la Escuela de Trabajo Social fue muy interesante pues se articularon algunas acciones como el recibimiento de personas visitantes de organismos internacionales que influyeron decisivamente en el curso de la profesión; además se estableció el Día de Trabajo Social (acta 251).

El desarrollo de la organización propició la reflexión sobre la necesidad de “elevar el status” y, en 1959, se planteó por primera vez la posibilidad de crear el Colegio de Trabajadores Sociales (acta 72). En 1961, se recomendó el estudio de los estatutos de otros colegios profesionales (acta 112). En 1962, se hizo el primer diseño de un proyecto de ley para la creación del Colegio de Trabajadores Sociales; con el fin de reproducirlo se distribuyeron copias entre las personas asociadas y se solicitaron comentarios acerca de él (acta 129). En 1963, se aprobó el gasto para pago de material y mecanografía de los Estatutos del Colegio de Trabajadores Sociales (acta 141). En 1964, se expresó la urgencia de que el Proyecto de Estatuto del Colegio de Trabajadores Sociales fuera presentado a la Asamblea Legislativa (acta167).

Según información del sitio web del Coltras (2023), en 1965, se presentó el proyecto de ley para la creación del Colegio ante la Asamblea Legislativa (acta 169). En 1966 se hicieron gestiones ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa para tratar asuntos del Colegio de Trabajadores Sociales (actas 194 y 195) y ante el presidente de la República Francisco Orlich (acta 186). En actas sucesivas se mencionan las gestiones hechas con el propósito de incorporar en el proyecto a los colegiados sin título, pero con varios años de experiencia, inclusión que fue aceptada. En 1976, la Asamblea Legislativa promulgó la Ley del Colegio Nacional de Trabajo Social (acta 231).

Fue así como, en 1967, fue aprobada la Ley Orgánica del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, con un transitorio 3 que incluía a las personas que, hasta ese momento, ejercían como empíricas. Cuando fue aprobada la Ley, en noviembre de 1967, se estableció la primera Junta Directiva del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica (Coltras) y se difundieron las razones que explicaban su creación, tal y como se muestra en los documentos oficiales:

1.El incremento en el número de trabajadores sociales graduados

2.La necesidad de profundizar en la defensa de los intereses profesionales

3.La lucha por mejorar la condición profesional

A partir de ese momento se evidencian temas y demandas recurrentes presentadas ante el Coltras: las luchas por la intervención irregular en las diferentes instituciones vinculadas a los servicios sociales, la formación complementaria para las personas agremiadas por medio de cursos de capacitación y el intercambio de experiencias entre las personas profesionales.

En junio de 1969, mediante el Decreto 26 del presidente de la República y el Ministerio de Educación Pública, se publicó en La Gaceta el Reglamento a la Ley del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, en el que se establecían los requisitos de incorporación y de retiro de sus miembros (capítulo 3, artículo del 13 al 25). Hasta ese momento, los miembros del Colegio se incorporaban mediante solicitud explícita de los interesados y de conformidad con una lista de personas debidamente acreditadas por la Universidad de Costa Rica. El Colegio inició con 47 miembros y aumentó el número de agremiados a 63 durante el primer bienio. De 1975 a 1982 se incrementó el número de incorporados de 125 a 392 (Coltras, 2023).

Entre los años 1968-1972 se desarrolló, entre algunas de las personas docentes y el estudiantado de la Escuela de Trabajo Social, un movimiento de crítica y problematización acerca del objeto de la profesión y el modo de abordarlo, influenciado por los movimientos sociales de América Latina y los debates surgidos en el gremio profesional, especialmente en el cono sur (Romero y Molina, 1988, p. 64). Se enfatizó en el hecho de que la profesión debería captar las necesidades de la realidad social costarricense, explicar las causas estructurales generadoras de la desigualdad y procurar que los grupos subordinados participaran activamente en la transformación de sus condiciones de vida; se marcó así un intento de ruptura y un “salto cualitativo en la línea evolutiva de la Escuela” (Idem).

Esta situación incidió directamente, tanto en el Coltras como en la todavía vigente ANTS, ya que las personas que participaban activamente en estas organizaciones estaban vinculadas también a la Escuela de Trabajo Social y recibían su influencia.

En 1972, se disuelve la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales, por diferentes razones:

•La aparición y fortalecimiento del Coltras, lo cual generó la desafiliación de un grupo importante de personas que detentaban la condición de graduandos y procedieron a incorporarse a este.

•La carencia de un programa de actividades que mantuviese el interés y la participación de las personas asociadas.

•La despreocupación de las bases de la ANTS por mantener activa su organización.

En 1970, aparece una figura importante en la organización gremial llamada Unión Costarricense de Trabajadores Sociales Colegiados, que existía de manera informal desde años anteriores, pero que, en ese año, establece su acta constitutiva. Según las actas de la Unión (1,1970), la razón de ser de esta organización sindical, consistía en:“… orientarse no solo en el sentido de ser un vehículo para el progreso material de los asociados (salarios), sino interesarse también por su mejoramiento intelectual, profesional “. Se muestra, también, un vínculo entre personas docentes de la Escuela con esta organización y con el Coltras, donde presentaban sus demandas, especialmente la lucha por el aumento de salarios.

Sin embargo, según el informe de la Secretaría General de la Unión, durante el periodo de junio a noviembre de 1976, hubo poca participación del gremio y se evidenció el desinterés de sus integrantes, por lo que se propuso la disolución del sindicato. Este hecho no se consumó inmediatamente debido a la discusión y reflexión generadas en torno de la importancia de esta figura en el colectivo profesional. Ante esta situación, se plantearon aspectos urgentes por tratar:

•Reestructuración de la Unión ya que “la actual constitución del sindicato, se encuentra solamente compuesta por agremiados, lo cual limita tanto en número de personas afiliadas como en la proyección a nivel gremial y nacional”. Además, se estimula la división “artificial” entre licenciados y trabajadores sociales en otra condición.

•Colaboración estrecha y coordinación con el Coltras, tanto en el control del ejercicio profesional como en la capacitación organizativa del gremio.

•Promoción para la incorporación de un mayor número de afiliados.

•Investigación de las causas de la baja participación y poco interés en la organización.

•Definición clara de la Unión con respecto al movimiento sindical y problemas nacionales ya que “ha tenido muy poca o ninguna proyección a nivel sindical y nacional”.

•Investigación salarial de las personas trabajadoras sociales que laboran en instituciones del Estado (ya se había realizado una investigación sobre la situación de los colegas en la Corte Suprema de Justicia, encontrándose amplias diferencias en relación con otros profesionales, lo cual dio pie a la equiparación de salarios en otros espacios).

•Creación de un boletín.

•Búsqueda de mecanismos para combatir los antagonismos gremiales.

Estos aspectos constituyeron el punto de partida del plan de trabajo de la Unión que pretendía fortalecer la organización e incentivar la participación de las personas ya que al 12 de noviembre de 1976 contaba solamente con 47 miembros. No obstante, debe destacarse que este sindicato apoyó movimientos sociales como la huelga del Instituto Costarricense de Electricidad y participó en el comité pro-liberación de Liana Benavides G[4], así como en el diseño de un curso sobre organizaciones de base para trabajadores sociales.

Este sindicato, concluyó sus labores el 27 de febrero de 1979, según se indica en el acta de la asamblea general de la Unión. Esta decisión se tomó por la poca capacidad que tenía el sindicato de cumplir los objetivos y metas establecidas en sus inicios:

… por falta de interés y poca colaboración de los asociados, limitándose a ser un grupo recaudador de ingresos, con una organización tipo cerrada (cubre solo a los colegiados, lo que limita su campo de acción), no teniendo una proyección de bienestar hacia el grupo de profesionales de Trabajo Social que no son asociados” (acta Asamblea General de la Unión de Trabajadores Sociales, 1979).

Es importante mencionar que las reuniones de la ANTS y las del Coltras se realizaban en los lugares donde laboraban las personas que participaban en sus juntas directivas. Como ejemplo puede mencionarse que la mayoría de reuniones llevadas a cabo desde 1957, se efectuaron en las oficinas de la Caja Costarricense del Seguro Social y, posteriormente, en los salones de la comisión sobre alcoholismo del Instituto Nacional sobre Alcoholismo (INSA). Según menciona Fandiño (entrevista, 2022) la Junta Directiva del Coltras de 1970 pudo trabajar porque el Patronato Nacional de la Infancia le prestaba oficinas y un salón de reuniones. En ese momento solo contaban con un archivador, y las tareas administrativas las realizaban las personas miembros de la Junta Directiva.

Proceso de consolidación del Coltras

Desde los inicios se evidencia en las juntas directivas del Coltras una gran preocupación por el fortalecimiento de la unión y participación grupal como base para el desarrollo del Colegio, de acuerdo con el contexto histórico que se vivía.

Según lo que comenta la Sra. Dyalá Fandiño, segunda presidenta del Colegio -periodo 1970- existieron asuntos de interés para la Junta Directiva de ese momento: el trabajo coordinado con las instituciones donde laboraban tanto las personas profesionales graduadas, como las denominadas empíricas; mejorar la recaudación de la cuota de colegiatura e incursionar en procesos de capacitación.

La década de los setenta estuvo marcada por los movimientos sociales latinoamericanos y algunas reflexiones teóricas críticas promovidas por diferentes sectores de las Ciencias Sociales. Estas corrientes ideológicas orientaron la formación profesional y, por supuesto, el rumbo de las organizaciones vinculadas. Razón por la que se gestó un cambio en la “neutralidad política” de la profesión, la valoración crítica de la sociedad capitalista, las funciones contradictorias del Estado, la intención de superar el insuficiente marco teórico-metodológico de la influencia norteamericana que había marcado el servicio social costarricense desde sus inicios y se cuestionó la reproducción del positivismo.

Con la presidencia de la Sra. Rosa María Mora en 1975 (docente desde 1965 en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica), la labor se dirigió a la defensa de los intereses de las personas colegiadas, sobre todo a vigilar el ejercicio profesional para que el trabajo realizado respondiera a los valores éticos y científicos establecidos en el Colegio, así como a la defensa, actualización y capacitación de las personas agremiadas. Asimismo, se participó en diferentes actividades desarrolladas en países latinoamericanos con el fin de buscar la actualización profesional.

Posteriormente, en 1976, se desempeñó como presidenta del Coltras la Sra. Marjorie Smith Venegas. Ella manifiesta que durante su periodo se trató de continuar con las tareas iniciadas por la administración anterior. Menciona que las demandas del Colegio en esa época se concentraban en la lucha por la consecución de un salario mínimo (₡2 400) y la ampliación de plazas en las instituciones gubernamentales. Además, se procuró el mejoramiento de las condiciones laborales y se recurrió a instancias legales cuando se presentaron problemas por acoso laboral en espacios profesionales. Indica la Sra. Smith que las personas profesionales de la época fueron pioneras en las instituciones ya que hubo una fuerte transformación de las labores que realizaban los trabajadores empíricos y las que desempeñaban las profesionales graduadas. Ante esto, la Junta Directiva se dio a la tarea de buscar la “identidad de la profesión”. Con ese propósito trabajaron en el reconocimiento del Colegio ante otros colegios profesionales, fortalecieron los procedimientos de incorporación y trataron de minimizar la morosidad (₡5,00 la colegiatura). Por la inclinación hacia la docencia que tenía la presidenta de la época, se crearon programas de capacitación para “elevar el nivel del Coltras” (Smith, conversatorio, 2022). Es importante mencionar que las capacitaciones estaban dirigidas al desarrollo y apropiación de técnicas para obtener legitimidad profesional en las instituciones. Asimismo, se comenzó con la revisión de la Ley Orgánica. Aún no contaban con instalaciones físicas, lo cual generaba la pérdida de actas, materiales y recursos de la organización, por lo que buscaron alquilar un local -que se encontraba en malas condiciones-. Con un espacio físico establecido, se construyó una biblioteca con el fin de fomentar la escritura de artículos para revistas internacionales.

La Junta Directiva del período 1977-1978 tuvo como presidenta a la Sra. Yolanda Valerín Altamirano quien se propuso regular el ejercicio de la profesión y consolidar el pago del salario mínimo por parte de los patronos. En razón de lo anterior se nombró un asesor legal para que atendiera las denuncias relacionadas con el ejercicio ilegal de la profesión por medio de una articulación con el Servicio Civil. Además, promovió la incorporación de personas trabajadoras sociales con grado de licenciatura y realizó la celebración del primer decenio de la organización. Durante este periodo se limitó la incorporación de asistentes en trabajo social y de promotores y se trató de regular su ejercicio laboral. También se adquirió una póliza de vida colectiva y se revisaron la Ley Orgánica y el Reglamento del Coltras. Se continuó con el proyecto de obtención de una sede propia, que se había iniciado en el periodo anterior con la búsqueda de un lote. Con ese propósito se hicieron gestiones para lograr un financiamiento bancario, pero estas acciones no fructificaron ya que la organización aún no era sujeto de crédito. Además, se retomó el programa educativo como producto de la influencia ejercida por el movimiento de reconceptualización de la región; como parte de este proyecto se recibió al profesor Natalio Kisnerman y se realizaron intentos de separación de los postulados del Social Work estadounidense, el cual “no podía ejercerse en nuestra realidad nacional” (Valerín, conversatorio 2022). También, en este periodo, la Junta Directiva se opuso fuertemente a la creación del Ministerio de Promoción Humana en atención de una denuncia presentada por el Consejo Nacional de Rehabilitación ya que implicaba su desaparición. Para reforzar estas acciones se hizo una importante publicación en el periódico La Nación, se convocó a una rueda de prensa y se participó en programas de radio con el fin de divulgar la posición del Colegio ante esta propuesta. Se continuó con la intención de internacionalizar al Coltras por medio de la participación en congresos nacionales e internacionales, y se atendieron denuncias por medio de la Fiscalía.

Posteriormente, se alquiló un lugar más amplio para realizar actividades, y asambleas por parte de las personas agremiadas. A inicios de los años ochenta, se logró adquirir un terreno para el Coltras, hecho que constituyó un gran logro debido a la poca estabilidad financiera con la que contaba la organización en ese momento y a que no era sujeto de crédito ante las entidades financieras. Esto implicó no solo la inversión de tiempo sino de recursos propios de las personas integrantes de Junta Directiva vigente en esa época.

Durante los años siguientes las juntas directivas que se iban sucediendo mostraron gran preocupación por las funciones que desempeñaban las personas “empíricas”, pues continuaban siendo contratadas para laborar en tareas propias de la profesión. Ante esto, el Colegio fomentó la incorporación de personas graduadas para regular esas labores. Como acciones concretas se realizaron visitas a diferentes instituciones con el fin de dar a conocer la Ley Orgánica y sobre todo los artículos que establecían la obligatoriedad de contratar trabajadoras sociales debidamente colegiadas.

Según información suministrada por la Sra. Ana Virginia Cordero (presidenta durante los períodos 1979-1980 y 1983-1984) fue en esta época cuando se creó la filial de Occidente, hecho que evidenciaba la capacidad del Coltras de lograr que se incorporara a la organización una mayor cantidad de personas agremiadas. Una acción recurrente, mostrada a lo largo de los años, es el intento de reformar tanto la Ley Orgánica como el Reglamento, pues se consideraba necesario realizar ajustes, actualizaciones y profundizar en la fundamentación de algunos artículos de ambos cuerpos normativos (Cordero, entrevista, 2022).

Durante el periodo 1981-1982 ejerció la presidencia la Sra. Mabel Figueroa Ramos, en un contexto señalado como un “nuevo periodo histórico” (Rovira, 1989: 34). En ese momento se dieron señales en el país del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, existía una creciente deuda externa, se afectaron los mecanismos de reproducción del orden social y se agudizó la condición de dependencia estructural. Como respuesta a esta crisis estructural del capital, se comenzaron a consolidar los programas de ajuste estructural y las políticas neoliberales -diferenciándose de la década de 1970 donde la institucionalidad pública se amplió- lo que generó cambios importantes en la gestión del Estado, específicamente con respecto a la política social, situación que se tornó en un ambiente retador para la profesión.

Un hecho importante de rescatar en la gestión de 1982 fue la atención a una denuncia de colegas que laboraban en el Instituto Nacional sobre Alcoholismo (INSA), pues se estaba aplicando un método terapéutico aversivo en relación con el problema del alcoholismo,[5] que irrespetaba los derechos de las personas que se sometían a ese tratamiento. Esta denuncia se analizó en la Junta Directiva que se pronunció de manera vehemente en contra de este tipo de acciones. Esto generó algunos conflictos con autoridades de la mencionada institución; sin embargo, se logró que el INSA dejara de aplicar ese método. Según menciona la Sra. Figueroa, esto fue posible debido a que el trabajo social costarricense se encontraba bien informado en cuanto a los métodos que debían utilizarse por parte de los profesionales y contaba con una gran legitimidad en el ámbito latinoamericano.

En el periódico La Prensa Libre de 1985, se informa sobre la existencia de un número importante de profesionales en trabajo social en los servicios de terapia de las instituciones gubernamentales y en la atención privada de “las personas de más altos ingresos”. Esta publicación es interesante porque permite documentar el posicionamiento del ejercicio profesional en ese momento histórico. Se muestra, también, una evolución en la búsqueda de nuevos espacios profesionales que respondieran a una lógica diferente de la que existía en los servicios sociales públicos, que se centraba en los individuos y tenía una clara connotación de clase.

En esta misma fuente de información, se divulgaron públicamente las proyecciones de la Junta Directiva de 1985, donde se priorizaba en:

•Actividades de capacitación.

•Promoción de investigaciones mediante el establecimiento de un premio anual con carácter permanente.

•Estudio de problemas de interés institucional y nacional.

•Planteamiento inicial de un sistema de información que “contendrá datos de carácter socioeconómico de innegable utilidad”.

•Creación de condiciones necesarias para la consolidación del gremio: ingreso al plenario legislativo del nuevo proyecto de la Ley Orgánica luego de haber recibido dictamen afirmativo en la Comisión de Asuntos Sociales.

Es importante rescatar un dato mencionado en la publicación del periódico en referencia al proyecto de construcción del edificio, que muestra avances debido al significativo aporte económico de las personas agremiadas, además de “la valiosa inyección lograda por la diputada Matilde Marín de Soto, a través de una partida específica” (La Prensa Libre, 18 de julio de 1985). En el mismo año se realizó el primer Congreso Nacional de Trabajo Social en cooperación con la Asociación Nacional de Trabajo Social y el Colegio de Trabajadores Sociales con el nombre de “Estrategias de intervención del Trabajo Social con proyección para el año 2000”[6]; su objetivo era evaluar experiencias, políticas, métodos y procedimientos utilizados en el campo profesional.

En 1985, se inició lo que hoy se conoce como el curso de Ética, requisito de incorporación para los nuevos agremiados. Ante la dificultad de fiscalizar se propuso “solicitar a los nuevos incorporados, la asistencia a un curso básico sobre la normativa del ejercicio profesional, como requisito previo, con lo que estarían previniendo infracciones a la ley orgánica…” (La Prensa Libre, 18 de julio de 1985). Asimismo, se informó a las personas agremiadas de las diversas instituciones que existía disponibilidad de que se programara en las reuniones de equipo de rutina, el análisis de las leyes y reglamentos del Colegio, con apoyo de un miembro de la comisión de Fiscalía.

En este mismo año se compró un lote de 700 m2, ubicado en las inmediaciones del Liceo de San José en Barrio México. La comisión pro-sede se responsabilizó de contratar los planos del inmueble y de encargar las maquetas del proyecto (La República, 17 de noviembre de 1985). Este lote se vendió años después con el fin de comprar un local ya construido.

A finales de la década de 1980, durante la gestión de la Sra. Norbertina Salazar Gómez (presidenta en los periodos 1987-1988 y 2006-2010) se continuó con la lucha en contra del ejercicio ilegal e irregular de la profesión porque esta situación generaba muchas contradicciones ya que aún había plazas, en las instituciones públicas, de asistentes y auxiliares de trabajo social, en las que se contrataba personal sin formación universitaria. Lo anterior evidencia, no solo la necesidad de reformar la Ley para cubrir los vacíos existentes en este sentido; sino ,también, la de elaborar un perfil profesional que respondiera a los requerimientos de las instituciones contratantes de servicios. Con ese objetivo se conformó una Comisión que propuso la creación de una plaza de asistente de Fiscalía que apoyara ese proceso. La señora Salazar se empeñó, durante su gestión, en adquirir un inmueble donde se ubicara la nueva sede del Colegio. Ella cuenta que visitó más de 30 lugares, utilizó recursos propios para transportarse y realizó las gestiones necesarias para obtener el préstamo que le permitiría adquirir un inmueble; para lograrlo tuvo que comprometer su patrimonio personal, pues la organización, como se ha dicho, no era sujeto de crédito. Finalmente, compró el edificio principal de la sede actual.

Durante esta gestión se organizó el III Congreso Nacional y el I Congreso Internacional, este último fue liderado por Antonieta López Gómez y contó con una participación de más de 50 colegas extranjeros. Lo anterior obligó a realizar mejoras infraestructurales al Colegio para colocar rótulos y distintivos de la organización pues se ubicaba en un barrio residencial. Se fortalecieron los procesos de cobro y se establecieron las comisiones de trabajo, especialmente la de capacitación y la de la Revista con el fin de dar respuestas al contexto socio-político. Se continuó, además, con la creación de otras filiales en distintas regiones del país, Liberia y Pacífico Central.

A finales de la década de los ochenta, durante la presidencia de la señora Antonieta López Gómez (1989 a 1990) se llevó a cabo un plan de trabajo orientado a la regulación del ejercicio profesional, el fortalecimiento económico y administrativo del Colegio y el desarrollo de acciones destinadas al fortalecimiento del gremio. En este período se impulsó el crecimiento del Coltras, se desarrolló un trabajo importante que se vinculó con la regularización del ejercicio legal de la profesión pues ya existía un importante número de bachilleres y licenciadas, graduados de la Universidad de Costa Rica. También en esta época se trató de cerrar las plazas de asistentes sociales que aún existían en algunas instituciones para impedir que personas no profesionales ocuparan los espacios que les correspondían a los y las profesionales en trabajo social.

Como menciona la Sra. López, debido al crecimiento de las personas agremiadas y, por ende, del fortalecimiento de la capacidad económica del Colegio, se pudo fortalecer la estructura administrativa con la contratación de un asistente administrativo y una recepcionista. Además, se contrató un responsable de la creación del Centro de Documentación e Información del Colegio, hecho muy significativo pues muestra el gran impulso que se le dio a la capacitación y la actualización profesionales.

Se crearon, además, comisiones que fomentaran la participación de las personas agremiadas y se realizaron acciones tendientes a fortalecer la relación y la comunicación con la Escuela de Trabajo Social y la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, así como con la presidencia de la Celats, ejercida en ese momento por la MSc. Lorena Molina. Se asumió, por segunda vez, la presidencia de la Federación de Colegios Profesionales de Costa Rica; este y los hechos anteriores demuestran el interés de la Junta Directiva por posicionar al Colegio en los ámbitos nacional e internacional. Aunadas a estas acciones se fortalecieron los procesos de capacitación desde el Colegio para actualizar a los y las agremiadas. La capacitación y reflexión sobre los contenidos de la profesión generaron un gran interés por publicar el primer número de la Revista Costarricense de Trabajo Social, por lo que se integró una Comisión que se encargaría de hacerlo. El primer número de la Revista se publicó en 1991.

Durante los años siguientes, el Colegio se enfocó en labores destinadas al trabajo de la Fiscalía: el ejercicio irregular e ilegal de la profesión, la morosidad y el fortalecimiento de las finanzas (Arroyo, 2022). Una cuestión importante de resaltar es “la amenaza” de las frecuentes incursiones de otras disciplinas del campo social (psicología, sociología, planificación social, promoción social, etc.) en los espacios profesionales del trabajo social. Este hecho responde a la gran cantidad de espacios laborales que se abrían en ese momento como consecuencia de la apertura de nuevos programas sociales; razón por la cual la Junta Directiva trabajó en conjunto con la Federación de Colegios Profesionales para lograr la colegiatura obligatoria.

Destacan, en esta época, algunos avances en el ejercicio liberal, como ejemplo se pueden citar los estudios sociales hechos ante el Patronato Nacional de la Infancia con fines de adopción. Esto obligó a nombrar una comisión, liderada por el Lic. Gerardo Casas, que se ocupó de la fijación de tarifas para el ejercicio liberal de la profesión.

Entre las principales metas del período 1991-1992 se citan:

•Reducir morosidad a un 25 %.

•Establecer un Fondo de Mutualidad.

•Concluir el proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Colegio.

•Coordinar la realización de cursos de Ética, antes de la incorporación.

•Controlar en un 95 % el ejercicio ilegal de la profesión.

•Realizar el III Congreso Nacional de Trabajo Social.

•Constituir comisiones de trabajo en regiones periféricas.

•Publicar la Revista del Colegio y boletines informativos.

•Promover la participación de los colegiados en las representaciones del colegio ante diferentes organismos.

•Realizar un estudio sobre la participación del agremiado.

•Coordinar acciones con la Escuela de Trabajo Social y A.E.T. Soc. de la Universidad de Costa Rica.

•Brindar capacitación al personal administrativo.

De 1988-1997, durante la presidencia de la Sra. Yamileth Céspedes Garro, se trabajó con las filiales, se procuró reducir la morosidad de las personas agremiadas y se realizaron acciones que involucraban a las y los pensionados.

A inicios de siglo, ocupó la presidencia de la Junta Directiva la Sra. Vera Leitón Mora -de 2001 a 2004-. Esta gestión dio continuidad a los procesos y proyectos del Coltras, y procuró que se incluyera la profesión en la Ley General de Salud. No obstante, esto no fue posible. Durante este periodo se realizaron trabajos en la infraestructura del Colegio y se revisó el monto de la cuota de colegiatura. Asimismo, se colaboró con la Caja Costarricense de Seguro Social para que se recalificaron las plazas técnicas y se transformaran en plazas de licenciaturas. Es importante mencionar que se planteó la necesidad de que el Colegio asumiera una posición política ante los problemas nacionales e internacionales y se pronunciara públicamente sobre ellos. Esta Junta Directiva también procuró un mayor y más eficiente control del gasto y consideró necesario atraer a las personas agremiadas para que hicieran un mayor uso de las instalaciones del Colegio. Se incentivó la capacitación y la vinculación con otras instituciones.

Con una estructura física y administrativa más consolidada, se propuso un reglamento para el alquiler de las instalaciones y un manual descriptivo de puestos, además de labores de tipo administrativo necesarias para actualizar la función del Colegio. Entre otras labores se efectuó un taller para definir un “perfil laboral del trabajador social” y se logró aumentar la hora profesional de ₡10.000 a ₡15.000, lo que era muy importante para mejorar las condiciones laborales de las personas profesionales; se firmaron una serie de convenios recreativos y de acciones para fomentar los espacios laborales por medio de la bolsa de empleo y la venta de estudios socio-económicos.

En el 2005, asumió la presidencia el Sr. Mario Villalobos Gómez, quien continuó proyectos de gestiones anteriores; por ejemplo, la inclusión de trabajo social en la Ley General de Salud, la reforma de la Ley del Coltras, la redacción de un reglamento para alquiler de las instalaciones, una propuesta de reglamento interno (por ejemplo control de caja chica), se actualizó la base de datos, se aprobó la normativa que regulaba la conformación de filiales, se estableció una póliza de saldos deudores del fondo mutual y se realizaron actividades de autocuidado.

Durante la segunda gestión de la Sra. Norbertina Salazar (2006-2010), se realizó la compra del edificio anexo con base en la experiencia obtenida en la compra del primer edificio. Por medio de la contratación del actual administrador se hicieron esfuerzos significativos para profesionalizar el Colegio en aspectos administrativos. Asimismo, se continuó en la lucha por la modificación de la Ley. En esa época se disolvió la Asociación de Trabajadores Sociales, liderada en ese momento por la Licda. Marlen Pereira, quien donó mobiliario a la organización.

En el primer periodo del Dr. Jorge Arturo Saénz (2011), según información obtenida en una entrevista personal, el Colegio había sido orientado de manera tradicional por lo que la nueva dinámica que él impulsaba implicó una lucha de poderes, debido a que la nueva Junta Directiva tenía intenciones de retomar una posición política pública y trataba de posicionar al Colegio como actor en las luchas sociales.

El Dr. Sáenz inició su labor con base en el desarrollo de acciones estratégicas; por ejemplo, procuró el acercamiento a los ministerios del Gobierno de la República de ese momento con el fin de establecer alianzas y, además, provocar que el Colegio y el gremio fueran reconocidos por las instituciones que contaban en sus estructuras con profesionales en trabajo social.

Indica el Dr. Sáenz que la principal característica de este periodo fue la incertidumbre, aún no existían las condiciones necesarias para dar el paso hacia la propuesta de un Colegio innovador e incidir en el espacio público participando en las luchas sociales. Sin embargo, motivado por la urgente necesidad de priorizar las demandas del contexto, y por la responsabilidad que tenía el gremio de convertirse en actor clave de los procesos de transformación continuó trabajando en esa línea. Inició, asimismo, un proceso de consulta para identificar a los profesionales que se encontraban ejerciendo con el fin de corroborar que se estaban debidamente colegiados. Lo anterior con el objetivo de cumplir la Ley y fortalecer el respaldo que el Colegio podía brindar a las y los agremiados.

En este periodo se contó con la presencia de las Asociaciones de Trabajo Social en las diferentes instituciones públicas, el apoyo de ellas, permitió indagar y reconstruir el trabajo que estaba realizando trabajo social en estos espacios. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas asociaciones desaparecieron, actualmente se mantiene únicamente la del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

En los primeros periodos de su gestión, el Dr. Saénz, como presidente del Colegio, fue convocado por la Federación de Trabajo Social, en Uruguay, para que participara en el análisis de los retos que enfrentaba la profesión en América Latina y El Caribe. Fue así como se propuso un proyecto regional que culminó con dos grandes logros, uno de ellos fue la consolidación del colectivo gremial en la región y, el otro, la creación del Comité Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social/Servicio Social (Colacats) como una asociación de carácter político. Posteriormente esta Comisión fue coordinada por el Dr. Saénz y por otra colega de Argentina que asumió la secretaría.

Este proceso permitió divulgar y posicionar el trabajo social latinoamericano en otros espacios, y derivó en el nombramiento, como presidenta mundial, de Silvana Martínez. Además, se logró un espacio en la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS). Es importante señalar que la Federación de Trabajo Social es la única asociada a Naciones Unidas por su ligamen con el bienestar social. Estos hechos evidencian la forma en que el trabajo social logró posicionarse en el continente con un fuerte componente político según lo establecido por los organismos internacionales.

Agrega el Dr. Saénz que, durante el segundo y tercer periodos de su gestión, participó como secretario de la Comisión Mundial de Ética, labor que consistió en preparar una propuesta de Código de Ética. Este documento no fue aprobado, pero sirvió para alimentar las iniciativas que surgieron al respecto en otros puntos de la región. De igual forma que lo hicieron otros presidentes, el Dr. Sáenz planteó una propuesta de la reforma de la Ley; no obstante, el gremio mostró cierta inconformidad con la propuesta y, finalmente, fue rechazada. En el contexto del huracán Otto, en el 2016, el Colegio tomó la decisión de destinar las ganancias obtenidas en las actividades de fin de año, al apoyo de las familias de las personas agremiadas que fueron afectadas por la emergencia. Paralelamente, se habilitó el Colegio para atender, junto con la Comisión Nacional de Emergencias, las necesidades de comunicación que tenía el país, por lo que las instalaciones se ocuparon para implementar un centro de llamadas en el ámbito nacional. La poca participación de los asociados ha sido una constante en la organización, según lo enuncia el Dr. Sáez. Esto ha provocado que el campo de acción del Coltras, en relación con el apoyo que se puede brindar al gremio en situaciones complejas se haya restringido. Lo anterior por el desconocimiento de las necesidades que tienen los y las profesionales dentro de sus espacios laborales. Usualmente, las demandas de las personas agremiadas son conocidas de manera tardía en el Colegio; la mínima comunicación bilateral existente entre Colegio y gremio ha provocado que se desarrollen acciones tendientes a solucionar problemas inmediatos; sin embargo, no ha sido posible desarrollar estrategias de intervención en la atención de los problemas laborales que enfrentan los y las agremiadas. Esta situación ha determinado la necesidad de continuar trabajando en el fortalecimiento de una comunicación bilateral para lograr el desarrollo de acciones conjuntas que posibiliten una mayor participación del Colegio en la solución de los problemas que viven los agremiados.

En el 2019, la Junta Directiva identificó una serie de retos que guiarían el accionar de ese periodo y con base en ellos definió los ejes de intervención. Entre ellos destacan: la descentralización, la identidad profesional y la organización. Según información suministrada por la MSc. Ana Monge Campos, presidenta de la Junta Directiva en el periodo 2019-2022, no existían perfiles que permitieran mostrar las competencias de la profesión. Además, se mostraba un aumento en el desempleo, subempleo y en el número de profesionales en condición de vulnerabilidad; esto se revelaba en el aumento de colegiaturas y la disminución de opciones laborales. Una vez más se trabaja en la reforma de la Ley, porque ya no respondía a las condiciones del contexto ni a las necesidades del gremio.

En cuanto a la estructura del Colegio, un logro importante de esta época fue la creación de las unidades de Investigación y de Educación Permanente como pilares de las acciones operativas; su constitución permitió expandir los servicios que se brindaban a las personas colegiadas con el fin de fortalecer el trabajo profesional.

Durante esta gestión, se realizaron acciones urgentes y significativas para atender los problemas que enfrentaba el gremio como consecuencia de las medidas que estableció el Gobierno para la atención de la pandemia: uso de la virtualidad (para capacitación, reuniones de comisiones, asambleas, sesiones de Junta Directiva, etc.), apoyo a colegas que habían perdido parcial o totalmente el empleo, implementación del teletrabajo y atención de todas las consultas de los agremiados de manera virtual. Aunado a lo anterior, se brindó apoyo económico a los asociados que enfrentaban situaciones económicas difíciles como consecuencia directa de la pandemia, y se trataron de resolver las necesidades de los que sufrieron severas afectaciones por el huracán ETA en noviembre del 2020.

En este periodo se realizó un gran esfuerzo por actualizar, fortalecer y reactivar el trabajo de las comisiones; asimismo, se delinearon perfiles con la participación de diferentes sectores y escuelas de trabajo social (Salud, Patronato Nacional de la Infancia e Instituto Nacional de Aprendizaje).

En el 2021, asume nuevamente la presidencia el Dr. Jorge Arturo Sáenz, que considera necesario realizar un trabajo a lo interno de la organización, especialmente de la labor que concierne a la Junta Directiva; paralelamente propone una estrategia de acercamiento al gremio. Entre sus principales logros, el Dr. Sáenz menciona la comunicación establecida con la Asamblea Legislativa, sobre todo en lo concerniente a la solicitud de criterio que se le plantea al Coltras en relación con los proyectos de ley que tienen vinculación directa con los derechos humanos.

Otro esfuerzo importante de mencionar es la publicación del nuevo Código de Ética, el 19 de julio de 2022; este trabajo se había iniciado en el 2018 y, posteriormente, fue retomado por la administración de la MSc. Ana Monge. Otros avances dignos de destacar son los realizados en la estructura de los edificios donde se ubica la sede central: se hizo una fuerte inversión en el mejoramiento de ambos inmuebles con el propósito de que estas instalaciones ofrecieran mejores condiciones para los agremiados y, con ese mismo fin, se renovó el equipo tecnológico.

A pesar de todo el camino recorrido, y de las constantes convocatorias que la Junta Directiva hace a sus asociados para que participen en los espacios públicos de lucha social que se organizan, la asistencia es muy escasa. En las marchas y concentraciones: 8 de marzo, 1° de mayo, marcha de la diversidad y 25 de noviembre, la participación y el apoyo de los y las agremiadas es fundamental para reforzar la incidencia del Colegio en la defensa de los derechos humanos, eje transversal de la profesión. De acuerdo con el criterio del Dr. Saénz, existe un mito con respecto a la presencia de las personas agremiadas en los colegios profesionales, pues se considera que lo importante es cumplir con el mandato legal que impone la colegiatura para el ejercicio de la profesión, pero se ha evadido o bien, desconocido, el compromiso de participar activamente en las acciones y en la toma de decisiones a lo interno de la organización pues estas decisiones deben contribuir al fortalecimiento del colectivo profesional. No se ha logrado construir una comunicación bilateral que permita desarrollar acciones conjuntas para conocer las propuestas del gremio; impera la queja, pero se obstaculiza la posibilidad de abrir un diálogo constructivo entre las instancias propias de la organización y sus beneficiarios.

La Junta Directiva actual ha intentado generar mayor participación e integración mediante la coordinación de congresos y de actividades durante la Semana de Trabajo Social que han generado rupturas importantes, y han permitido habilitar espacios para fortalecer el análisis y los insumos teóricos de un trabajo social crítico. En este último periodo, la Junta Directiva se ha propuesto trabajar intensamente en torno de la precarización laboral, como consecuencia de la reducción que ha sufrido el aparato estatal. A lo anterior debe sumarse el aumento en la cantidad de profesionales que se forman y gradúan en las universidades lo que ha provocado una mayor oferta de profesionales que no es compensada por la demanda laboral de las instituciones y las organizaciones, tanto públicas como privadas.

De acuerdo con ese propósito se han generado espacios de diálogo para la construcción de estrategias; ejemplo de ello es el trabajo que se ha venido desarrollando desde la Unidad de Investigación y la Comisión de Realidad Nacional con los y las trabajadoras sociales que se desempeñan en las municipalidades para construir un perfil profesional que responda a los requerimientos de los gobiernos locales en el área de trabajo social. En correspondencia con esos objetivos, el Colegio se ha ocupado de llamar la atención sobre el auge del voluntariado y sus consecuencias para el gremio; sobre todo porque se han creado espacios que no aseguran condiciones laborales justas para las personas que los asumen, con cargas labores y responsabilidades sin respaldo, sin salarios ni garantías sociales. Es decir, se han generado procesos de explotación de la fuerza laboral sin ofrecer garantías, o un puesto fijo una vez que se haya concluido el voluntariado.

Lo anterior impone la necesidad de realizar esfuerzos que permitan posicionar la profesión dentro de un proyecto ético político muy claramente definido. Esta ha sido una preocupación constante en los espacios académicos, pero no tanto en el espacio profesional del ejercicio de trabajo social, por lo que se vuelve urgente el reconocimiento de las acciones del gremio en cada uno de sus espacios laborales, no solo para la defensa de los derechos humanos de los beneficiarios de los servicios; sino, también, para garantizar los derechos laborales de las personas profesionales.

Como se mencionó anteriormente, lograr una mayor participación de los asociados es un reto permanente; no obstante, el Dr. Sáenz considera que debe insistirse en conseguirlo y por eso el Colegio debe estar abierto a recibir observaciones y realimentación sobre la ejecución de sus planes y programas. En la actualidad, lamentablemente, se ha incrementado la recepción de quejas y la crítica. (Sáenz, 2022).

Consideraciones finales

Como se ha demostrado la creación y consolidación del Colegio ha transitado por un largo camino de luchas y trabajo serio y responsable en beneficio de los y las agremiadas. Lo anterior en medio de condicionantes históricos y coyunturales que han demostrado la importancia de la organización gremial en diferentes niveles. Desde la legitimación profesional en sus inicios hasta la defensa de las condiciones laborales y la cada vez más agudizada precarización laboral que se han vivenciado a partir de las últimas décadas del siglo pasado, signadas por la crisis estructural del capital y el recetario neoliberal impuesto por organismos internacionales, la política social ha sido víctima de constantes ataques, tanto en su contenido presupuestario como en la ampliación de los servicios sociales, lo que ha impactado directamente a las profesiones vinculadas, entre ellas, el trabajo social.

La información recolectada evidencia que han existido necesidades y demandas constantes de parte del gremio desde los inicios de la profesión en la década de los cuarenta del siglo pasado; ejemplo de ello son las luchas en procura de mejores salarios y condiciones de trabajo, la necesidad de defender los intereses de la profesión y la regulación del ejercicio profesional, así como la apertura de espacios laborales para personas graduadas.

Asimismo, durante las diferentes etapas del desarrollo del Coltras, los procesos de educación permanente se han constituido en un objetivo primordial en el quehacer institucional al igual que la preocupación por el fortalecimiento administrativo -financiero, la formación de comisiones de trabajo y la vinculación con otras instituciones académicas y profesionales. La reforma de la Ley Orgánica se ha convertido en una aspiración de muchas juntas directivas a través del tiempo, un proceso que ha sido impulsado durante varias décadas, pero que, lamentablemente, no se ha logrado concretar.

Otro reto histórico de la organización gremial en trabajo social es propiciar una mayor participación del colectivo en las actividades, planes y programas del Colegio pues su ausencia debilita las posibilidades de lucha profesional ante los embates nacionales, entre ellos, el desmantelamiento generalizado de los servicios sociales o las precarias condiciones laborales.

Referencias

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Esquivel, F. (2007). Notas sobre la formación en la Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica (UCR) durante las décadas de 1950 a 1980. Revista Educación, 31 (2), 59-78.

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Molina, L. (2013). Transformaciones de la formación profesional en la Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica. Revista Costarricense de Trabajo Social, 24 (1), 6-41 https://revista.trabajosocial.or.cr/index.php/revista/article/view/260/361

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Colegio de Trabajadores Sociales. Coordinación de Promoción y Divulgación del Consejo Administrativo (s.f.) Reseña histórica Colegio de Trabajadores Sociales

López, Martha. Reseña histórica de “La Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica”.

Libros de actas Asociación Nacional de Trabajo Social

Libros de actas Unión Costarricense de trabajadores sociales colegiados 1970-1978

Entrevistas:

Dyalá Fandiño Rojas

Rosa María Mora Rojas

Ana Virginia Cordero Calderón

Yamileth Céspedes Garro

Conversatorios del Coltras con expresidentas

[1] Antes de las “garantías sociales” se gestaron algunas acciones en diferentes poblaciones, por ejemplo, entre 1930 y 1939 se desarrollan labores de capacitación a la mujer, nutrición a personas menores de edad por parte de la Secretaría de Salubridad Pública (Esquivel, 2011, p. 147).

[2] Desde los inicios de la fundación de la Escuela, esta estaba incorporada a los esfuerzos de las fracciones hegemónicas, que requerían del fortalecimiento estatal ante las demandas de la “cuestión social”.

[3] Artículo 12.- Solo los miembros del Colegio serán considerados como profesionales en Servicios Social, por los organismos oficiales y particulares. Quien no sea miembro del Colegio no podrá desempeñar ningún cargo en la Administración Pública que por su naturaleza o el carácter de sus funciones, requiera conocimientos en servicio social. Caso de inopia de dichos profesionales, el Colegio podrá autorizar el desempeño por quienes no pertenezcan a él, siempre que conste que se celebró un concurso sobre la plaza correspondiente y no participó en él ningún colegiado.

[4] Hija de Virginia Grütter (activista en la lucha a favor de la libertad), capturada por la Guardia Nacional de Anastasio Somoza por conspirar a favor de la revolución sandinista.

[5] Obligación a la persona al consumo excesivo de alcohol en poco tiempo para “curar” al paciente.

[6] La cuota de inscripción para este congreso era de ₡1000 licenciados, ₡700 bachilleres y ₡500 estudiantes (La Prensa Libre, 18 de julio de 1985).