4

3

Transferencias monetarias: una discusión teórico-metodológica de dicha categoría

Roberto Cascante Vindas¹

Fernanda Bolaños Moreira²

Resumen

Este artículo constituye una reflexión teórico-metodológica desarrollada en torno a la categoría “transferencias monetarias” como expresión de la política social asistencial. En la discusión se establece una diferenciación entre las “transferencias monetarias” y las “transferencias monetarias condicionadas”, fundamentada en el arraigo histórico de estas últimas en las políticas emanadas del Banco Mundial. En general, las configuraciones de las transferencias monetarias reproducen la lógica del dinero como mercancía universal, pero ya no adquirido como producto del salario, a través de la venta de la fuerza de trabajo, sino mediante programas públicos enmarcados en los programas de protección social; los cuales se focalizan en determinados grupos poblacionales –en pobreza y pobreza extrema principalmente– y condicionan su comportamiento para la obtención de resultados comunes.

Descriptores: focalización, condicionalidad, asistencia social, política social.

Recibido: 3-7-2023 Aceptado: 16-11-2023

¹Licenciado en Trabajo Social, UCR; máster en Gerencia de Proyectos de Desarrollo, ICAP. Docente e investigador en la Universidad de Costa Rica.

robertocv87@gmail.com

² Labora en el Poder Judicial mferb89@hotmail.com

Introducción

Las transferencias monetarias refieren a la dotación de recursos económicos de una fuente financiadora a un ente, y de este a una persona que demuestra, por su cuenta, que no lograr satisfacer sus necesidades básicas. Lo anterior con base en el reconocimiento público de ciertas necesidades y demandas de ese sujeto como representante de un grupo poblacional; de esta manera se pretende atenuar el conflicto social de los sectores que demandan la intervención del Estado.

Las transferencias monetarias son una forma de intervención del Estado por medio de la política social asistencial, llegan a recrear la situación de clase, las desigualdades inherentes al sistema y a contar con criterios de focalización y condicionalidad para el acceso y permanencia de la población (Faleiros, 2004; Vasconcelos, 2004; Yazbek, 2004).

Lo anterior se articula con la valorización que las transferencias monetarias hacen de la fuerza de trabajo al demandar el cumplimiento de condicionalidades relacionadas con la nutrición, salud y educación, con el fin de generar mejores capacidades para insertarse en el mercado laboral (Courtoise, 2009); esto con base en discursos cargados de un fuerte componente ideológico vinculado a la superación individual de la pobreza (Fallas y Molina, 2009).

La asistencia social en torno a las transferencias monetarias debe ser entendida como un concepto complejo y dialéctico, pues su intencionalidad se direcciona hacia la satisfacción parcial de ciertas necesidades o a la atención de las demandas de la población, y constituye una vía insuficiente y paliativa, aunque necesaria, de ciertos grupos que deben enfrentar –en situaciones precarias– sus condiciones de vida (Fallas y Molina, 2009).

Metodología

El presente artículo se propone reflexionar teórica y metodológicamente sobre las transferencias monetarias como expresión de la política social asistencial.

Las reflexiones efectuadas retoman parte del estado del arte y fundamento teórico-metodológico del trabajo final de graduación realizado para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica por la y el autor.

La elaboración de este artículo inició con la revisión de antecedentes nacionales e internacionales –principalmente trabajos finales de graduación, artículos de revistas y ponencias– relacionados con asistencia social, transferencias monetarias y transferencias monetarias condicionadas en los últimos 25 años, que posibilitaron la elaboración de un estado del arte.

En segunda instancia, se efectuó una discusión teórico-metodológica e identificación de categorías centrales de análisis con postulados marxistas, en aras de superar la apariencia del fenómeno y discutir sus implicaciones en el modo de producción capitalista actual.

Premisas teóricas para comprender las transferencias monetarias como expresión de la política social asistencial

Como premisa teórica, se debe comprender que el Estado conforma el espacio de confrontación y exposición más evidente para determinar las distintas transformaciones de las transferencias monetarias y el cuestionamiento de la asistencia social.

El Estado ostenta un rol de organización social al representar el interés político del bloque en el poder y al instaurarlo como tal; no obstante, en su interior existen distintas fracciones, ya que la dinámica estatal, más que la representación de un todo homogéneo gobernado por una lógica uniforme, devela diversos intereses en pugna y reconoce la existencia de variados sujetos sociales (Poulantzas, 1977). Es decir, más que un objeto maniobrable reducido a los intereses de una clase hegemónica o concebido como una unidad uniforme sustraída de estos conflictos, el Estado también descubre intereses y voluntad de clases antagónicas.

Además, el Estado cuenta con una cierta autonomía para organizar las condiciones requeridas para reproducir las relaciones de producción, sin desligarse de un poder de clase ni de un antagonismo interno que reconoce la existencia de bloques (Laclau, 1986).

Vasconcelos (2004) señala que esta percepción considera las fisuras, las fracciones dentro de las clases y se traduce en unidades institucionales según los campos de acción de diversos grupos políticos y sociales en pugna.

La política estatal resulta, por tanto, el efecto del funcionamiento de esta condensación y emana desde ella, ya que:

[…] el establecimiento de la política del Estado a favor del bloque en el poder, el funcionamiento concreto de su autonomía relativa y su papel de organización, están orgánicamente ligados a esas fisuras, divisiones y contradicciones internas del Estado, que no pueden representar simples accidentes disfuncionales. El establecimiento de la política del Estado debe ser considerado como el resultado de las contradicciones de clase inscritas en la estructura misma del Estado (Estado-relación) (Poulantzas, 1977, p.159).

Un Estado de base capitalista, menciona Faleiros (2004), se orienta a la manutención de las condiciones generales de reproducción y producción del capital al asumir las inversiones no rentables, al crear la infraestructura necesaria y al transformar los recursos públicos en medios para favorecer y estimular este fin. Asimismo, busca reproducir la fuerza de trabajo por medio de un sistema de organización de la política social que termina recreando la situación de clase y las desigualdades sociales propias de este sistema, lo anterior encuadrado en un marco contradictorio en el que los grupos sociales encontrados llegan a establecer demandas y a lograr ciertas conquistas.

La política social se comprende, entonces, como un campo de lucha por la hegemonía, en el cual se expresan dialécticamente la regulación legal de las actividades económicas y el disciplinamiento de los agentes públicos y privados que proveen los bienes y servicios (Vasconcelos, 2004).

La recreación de la situación de clase a la que se hace referencia se vincula con la validación de la fuerza de trabajo como mercancía; mientras, simultáneamente, hombres y mujeres son catalogados como “sujetos de derechos” y se expresan ciertos mecanismos de búsqueda de consenso/reconocimiento de las demandas y necesidades de los grupos organizados de la población:

[…] las políticas emanadas del Estado no pueden responder directamente apenas a las demandas de la acumulación, ya que siempre exigen la formación o mantenimiento de un “bloque histórico” que incluya en un proyecto hegemónico el acuerdo o la coerción entre todas esas fuerzas y subsistemas institucionales fuera y dentro del Estado (Vasconcelos, 2004, p.77).

Para el autor, la importancia de esta comprensión radica en la posibilidad de resaltar las confrontaciones que se gestan, tanto entre los aparatos del Estado, como en su interior. Además, hay que subrayar los requerimientos de diversos grupos de la sociedad civil que logran reflejar no solo sus intereses, sino la movilización de recursos cuya distribución y compra de bienes y servicios conviene a diversos sectores.

El estudio de esa categoría, en este tipo de modelo de producción, no puede comprenderse por sí mismo, pues es necesario vincularlo con las políticas económicas establecidas por el Estado, ya que estas se expresan en los cambios que se pueden generar en las relaciones entre grupos sociales, especialmente cuando existe la intención de incentivar y ampliar el capital en un momento histórico determinado (Vieira, 2004).

Al particularizar la exposición de la categoría, en tanto política social asistencial, Yazbek (2004) alude no solo a su comprensión como resultado de las relaciones explicadas; sino, también, como una forma que históricamente se modifica para reproducir ciertas características de la fuerza de trabajo. En términos generales, la asistencia social llega a comprenderse como:

[…] una transferencia de dinero, bonos o de bienes de consumo, a partir de un pedido, y de acuerdo con criterios de selección, a un individuo que debe probar que se encuentra en estado de privación e imposibilitado de proveer inmediatamente su subsistencia (Faleiros, 2004, p.44-45).

En este caso, la asistencia social se puede expresar en:

•Los servicios de orientación, acompañamiento o intervención no materializados –de forma tangible–.

•La dotación de bienes tangibles (vivienda, implementos, productos de apoyo, etc.).

•Las transferencias monetarias –bajo diversas denominaciones asociadas con la asignación del dinero directamente a las personas–.

Autores/as como Faleiros (2004), Vasconcelos (2004) y Yazbek (2004), consideran que para referirse a la asistencia social –en general– es necesario reconocer ciertas características que llegan a complejizar el acceso y la permanencia de la población en relación con la intervención estatal.

La asistencia puede convertirse en una posibilidad de reconocimiento público de la legitimidad de las demandas de sectores subalternos, y en espacio de ampliación de su protagonismo como sujetos; sin embargo, este tipo de política como instrumento de conservación de desigualdades establece los parámetros meritorios para el acceso a esos “beneficios” y recursos, concedidos únicamente a ciertos sectores de la población que cumplen con sus requisitos y condicionantes (Yazbek, 2004). Agrega la autora:

La asistencia social se constituye de un conjunto de prácticas que el Estado desarrolla de forma directa o indirecta junto a las clases subalternas, con el objetivo aparente de compensar su exclusión. En este sentido lo asistencial es campo concreto de acceso a bienes y servicios, otorgándole una apariencia menos perversa al capitalismo. En cuanto espacio donde se imbrican las relaciones entre las clases y de éstas con el Estado, obedece a intereses contradictorios (Yazbek, 2004, p.137).

Como parte de la dinámica de enfrentamiento, ciertos grupos dominantes tratan de convencer al conjunto de la sociedad civil de que la interpelación del Estado ante este tipo de intervenciones tiene un carácter bondadoso; no obstante, desconoce derechos históricamente conquistados que serían suficientes para atender esas demandas y necesidades (Vasconcelos, 2004).

La clasificación de las poblaciones meta en la política mencionada, según edad (niñez, jóvenes, adultos mayores, etc.), criterios de “normalidad/anormalidad” (enfermos, delincuentes, madres solteras, personas con discapacidad, etc.) u otras, no solo privilegia a ciertos estratos, sino que los divide y fragmenta al aislarlos, etiquetarlos y caracterizarlos exclusivamente dentro de las denominaciones impuestas con base en criterios de mérito. Ese criterio de “normalidad” oculta las relaciones histórico-sociales que generan los problemas que enfrenta la población, la estigmatiza y controla al presuponer que las y los individuos se encuentran imposibilitados de trabajar por cuenta propia de acuerdo con los parámetros socialmente aceptados; finalmente censura y culpabiliza a las personas que carecen de medios para satisfacer sus necesidades de subsistencia (Faleiros, 2004).

A pesar de lo expuesto y que “[…] desde el punto de vista conceptual no podemos retirar esta problemática del ámbito estructural de la sociedad capitalista, teniendo presente que lo asistencial no altera las cuestiones estructurales, por el contrario muchas veces las oculta” (Yazbek, 2004, p.138), no puede negarse que la política social asistencial ha sido una necesidad histórica que, aunque responde a demandas contradictorias engendradas en diferentes instancias de la sociedad, denota intereses subalternos a los cuales quiere acceder la población para reproducir sus condiciones de vida.

Con base en lo mencionado, la política social asistencial se comprende como parte de una relación dialéctica, donde se conjugan las necesidades, demandas e intereses de distintos grupos sociales que se encuentran en pugna dentro del aparato estatal. Para esos grupos la asistencia social nunca es suficiente, pero se constituye en una alternativa cuando no logran vender su fuerza de trabajo y, por ende, no pueden reproducir, por sí mismos, sus condiciones de vida. Además, la asistencia social reproduce características propias de la política neoliberal (focalización y condicionalidad), asociadas con el acceso y la permanencia de la población.

Al particularizarse la política en la forma de transferencias monetarias, no solo se reproducen las características explicadas para comprender la asistencia social; sino que se recalca el significado de la mercancía “dinero” como vía para buscar la satisfacción de necesidades de hombres y mujeres.

La cristalización del dinero es resultado del proceso de cambio en el que se equiparan diversos productos del trabajo con mercancías que poseen un valor de uso o satisfacen una necesidad individual de las personas. En tanto categoría, tiene la posibilidad de apropiarse de otros objetos y de mediar entre estos y la necesidad, entre la vida y los medios que permiten la supervivencia del ser humano en una sociedad capitalista:

El dinero, en cuanto posee la propiedad de comprarlo todo, en cuanto posee la propiedad de apropiarse de todos los objetos es, pues, el objeto por excelencia. La universalidad de su cualidad es la omnipotencia de su esencia; vale, pues, como ser omnipotente…, el dinero es el alcahuete entre la necesidad y el objeto, entre la vida y los medios de vida del hombre [ser humano]. Pero lo que me sirve de mediador para mi vida, me sirve de mediador también para la existencia de los otros hombres [y mujeres] y para mí (Marx, 2001, p.174).

Las transferencias monetarias –como reproducción de la forma del dinero– se conciben como una relación que se genera entre clases sociales que exponen un valor de cambio para la adquisición de valores de uso dentro de un contexto capitalista. Es decir, no solo aplican para la satisfacción de necesidades en general, sino que compensan los requerimientos provenientes de una fuerza de trabajo que dista de lo hegemónicamente impuesto por la sociedad actual y responden a demandas particulares de las personas. Aunado a lo anterior, el destino del dinero depende de la intervención que realice el Estado por medio de la política social asistencial, ya que se asigna a grupos específicos para que atiendan una necesidad particular (focalización) con base en criterios de condicionalidad y de acuerdo con el establecimiento de condiciones para su acceso y uso (Faleiros, 2004; Vasconcelos, 2004; Yazbek, 2004).

En pocas palabras, las transferencias monetarias reproducen la relación social del dinero, pero su adquisición no es producto de la venta y compra de la fuerza de trabajo para la obtención de un salario, sino de la asistencia reflejada en un monto económico determinado.

Esta concretización de la política social asistencial, que media entre la adquisición de objetos con un valor de uso y la satisfacción de necesidades, refiere a la priorización de las necesidades o incentivos que el Estado considere más convenientes o justificables; y deja por fuera aquellos estímulos considerados un “lujo” , a pesar de ser requeridos por algunos estratos poblacionales.

De igual forma, las transferencias monetarias, a diferencia de lo expuesto en el trabajo originario desarrollado por Marx (1999), no representan una decisión entre alternativas; sino, más bien, la vía mediante la cual en una relación de clases caracterizada por la opresión se logra establecer un equilibrio entre los incentivos y sus necesidades particulares, a partir de una posible visión fetichizada de que los programas existentes representan comprensiones propias de otros sujetos en puestos de poder.

La categoría implica una contradicción esencial generada por su condicionalidad: entre los medios de satisfacción participan instancias del capital como el mercado, pues, independientemente del papel del Estado, la atención de esas demandas requiere de capacidad económica y de los recursos de los que disponen las y los sujetos para cumplir con los requerimientos estipulados (Díaz, 2010).

Diferenciación teórico-metodológica entre las transferencias monetarias y las transferencias monetarias condicionadas

Las categorías “transferencias monetarias” y “transferencias monetarias condicionadas” engloban una serie de términos y posicionamientos que encierran similitudes y diferencias necesarias de exponer para su comprensión, como lo han señalado diferentes autores y autoras.

Por un lado, las transferencias monetarias condicionadas, también denominadas: transferencias monetarias con corresponsabilidad, transferencias condicionadas de ingresos, de renta condicionada, en efectivo y sociales, agrupan de manera general los programas públicos enmarcados en el ámbito de la protección social que brindan apoyo en forma de dinero, condicionan la permanencia de la población por medio de la asistencia obligatoria a servicios de salud y educación, se encuentran desvinculadas de las políticas universales por estar focalizadas en ciertos grupos específicos y tienen la finalidad – según sus autores/as – de mitigar la pobreza en un corto periodo por medio del mejoramiento de los niveles de consumo, y de la ruptura con su ciclo intergeneracional a largo plazoii.

La concretización de la política social se caracteriza por haber sido financiada o abiertamente promovida en algunas de sus fases por organismos internacionales, se destina mayormente a países de menor nivel de desarrollo en África, Asia y América Latina. Además, se justifica que se transfiera a familias consideradas pobres con el compromiso de que estas efectúen inversiones en el capital humano de sus hijos/as; los condicionamientos de salud responden a chequeos periódicos, controles de crecimiento, vacunas y nutrición; los educativos incluyen la inscripción escolar y la asistencia obligatoria a centros educativos y, por lo general, la transferencia se hace a las madres y, en pocas ocasiones, a las y los usuarios directos.

De acuerdo con Cortez (2006) los programas de transferencias monetarias condicionadas retoman el paradigma de desarrollo humano basado en la obra de Amartya Sen, que lo concibe como un proceso de ampliación de capacidades y no solo como el aumento de la utilidad y el bienestar económico.

Desde este enfoque se cuestiona el supuesto que sostiene que el medio para alcanzar el desarrollo es la acumulación del capital físico; pues considera que la inversión en capital humano (provisión de servicios de salud, educación, planificación familiar y programas de alimentación, entre otros) resulta igualmente productiva para mejorar el producto nacional y potenciar las capacidades humanas (Cortez, 2006).

La afirmación anterior es compartida por algunos/as autores/asi , quienes conciben las transferencias monetarias condicionadas como un traslado de capacidades a las personas en condición de pobreza, buscan su reducción y la acumulación de capital humano a largo plazo, por medio de los beneficios obtenidos en educación y salud.

Como parte de los informes elaborados por el Banco Mundial, Fiszbein y Schady (2009) indican que los programas de transferencias monetarias condicionadas responden a dos objetivos puntuales:

Primero, buscan ofrecer a las familias pobres una base mínima de consumo. Segundo, al hacer que las transferencias sean condicionales, buscan estimular la acumulación de capital humano y romper el círculo vicioso de transmisión de la pobreza entre las generaciones (pp.33).

Parafraseando a Cortez (2006), puede decirse que esos programas parten del supuesto de que las familias que carecen de capital humano y físico tienden a perpetuar las condiciones de pobreza material; por tanto, el acceso a bienes y servicios fortalece el capital humano, y se constituye en la estrategia más eficaz para poner fin al círculo vicioso de la pobreza y a su transmisión intergeneracional.

Hablar de transferencias monetarias –sin la terminación “condicionadas”– amplía su comprensión al incluir la asistencia laboral, pensiones (consideradas habitualmente dentro de la seguridad social) (Cortez, 2006; Hailu et al 2009; Hevia, 2009; Queirolo, 2011; Salama, 2011) y programas con finalidades relacionadas con otras necesidades (tratamiento del VIH sida o asistencia alimentaria) (Handa, 2009; Programa Mundial de Alimentos, 2008); que no son financiadas por organismos internacionales o por el Estado, ni responden al fomento del capital humano al vincularse con servicios de salud y educación como corresponsabilidad de las y los sujetos. Por lo anterior, no se enfatiza en el fortalecimiento de la población como fuerza de trabajo, pues se considera que no es rentable para el capital.

Tanto la comprensión de las transferencias monetarias como la de las transferencias monetarias condicionadas reproduce características de la política neoliberal, puesto que, se homologan y comparten características como tipos de condicionalidad, mecanismos de focalización y control, entre otros.

Focalización y condicionalidad: categorías centrales para el análisis de las transferencias monetarias

La base ideológica sobre la cual se construye la política asistencial de transferencias monetarias se ha visto reducida a aspectos de acceso (al empleo, seguridad, salario justo, etc.) para la “movilidad social”, y obvia otras necesidades de reproducción material de los distintos grupos sociales que demandan y, finalmente, logran acceder a esos servicios, después de que se ha cumplido con una serie de condicionantes que complejizan y segmentan su ingreso y permanencia.

En este orden de acumulación, las estrategias comprenden un discurso de pobreza vaciada de historicidad y un predominio de las responsabilidades individuales, pero no sociales, de las condiciones de vida. Estas estrategias están:

[…] fuertemente cargadas de elementos moralistas e ideológicos que reproducen en la población el concepto de que la Política Social debe estar dirigida a quien más la necesite y entre estos, a quien realmente la merezca. No falta el discurso moralista, que plantea que “los pobres deben dar algo a cambio por lo que el Estado les da” o la adoctrinante frase “deben saber lo que cuesta todo aquello que reciben” (Fallas y Molina, 2009, p.227).

En ese sentido la asistencia social se enmarca en las acciones contradictorias ejercidas por el Estado a través de la política social (Yazbek, 2004). Aunque las transferencias monetarias reproducen diversas características de la política social y de la asistencia social, es necesario discutir con mayor profundidad dos categorías centrales de análisis: la focalización y la condicionalidad.

La focalización se comprende como la tendencia que tienen los programas de asistencia social de dirigirse a personas en condiciones críticas de pobreza, según los métodos de medición que se establezcan en cada país y que priorizan variables de orden económico y de ingreso familiar, las cuales excluyen particularidades esenciales de otros sectores.

Villatoro (2005a) menciona que los focos poblacionales están destinados a las personas que viven en pobreza estructural, las que se encuentran levemente por sobre la línea de pobreza y grupos con “necesidades especiales”. Entre estas agrupaciones se destacan niños y niñas en condición de pobreza, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes y mujeres madres de familia; en cambio, otros colectivos son considerados en menor grado incluidas las personas adultas mayores, adultas jóvenes, en situación de calle, población indígena, extranjera y con discapacidad.

El proceso de la focalización de las y los sujetos que demandan de una intervención, en palabras de Cecchini y Madariaga (2011) y Cortez (2006) se realiza mediante tres maneras:

a. Evaluación individuo-familia: realizada por profesionales –sobre todo de trabajo social– que realizan una visita al núcleo familiar para evaluar si los individuos son elegibles o no, a través del uso de técnicas (observación y entrevista) e instrumentos relacionados con ingresos reportados, tipo de trabajo, estructura demográfica, etc.

b. Focalización por categorías: las cuales determinan la selección de beneficiarios por grupo etario, sexo binario, ubicación geográfica, entre otros.

c. Autofocalización:

d. se alude al desaliento de la participación de aquellos/as que no se encuentren bajo la línea de pobreza, quienes por cuenta propia se excluyen del proceso.

Una vez otorgadas las transferencias monetarias, la condicionalidad -también denominada corresponsabilidad, contrapartida o reciprocidad social– determina que las personas se mantengan como “meritorios” con base en argumentos de una responsabilidad compartida, y se torna en un mecanismo de control que le permite a los entes estatales verificar que las personas no se alejen de los márgenes establecidos para el grupo focalizado.

La condicionalidad responde, en repetidas ocasiones, a un cambio “conductual” en el que existe un compromiso de por medio (Villatoro, 2005b); y su clasificación, parafraseando a Cecchini y Madariaga (2011) incluye aquellas con condicionalidad leve, moderada o fuerte:

a. Condicionalidad fuerte: fundamento que responde a la condicionalidad como un cambio de comportamiento de las y los sujetos para la inversión en el capital humano y por medio de mecanismos específicos destinados al monitoreo y coordinación de procedimientos de pago y sanciones (una transferencia conlleva a una condición).

b. Condicionalidad moderada: en este caso, las transferencias monetarias condicionadas tienen un papel secundario, pues forman parte de un “modelo de intervención” más amplio, la verificación es más débil o las sanciones consideradas moderadas.

c. Condicionalidad leve: es negociada con las mismas familias o personas participantes.

El denominado capital humano es un aspecto central de los programas, pues supone una concordancia vertical, en la que se pretende que las áreas de nutrición, salud y educación se realimenten; según esa concepción, sujetos/as con mejor estado nutricional y de salud tienen mayores posibilidades de alcanzar un mejor rendimiento escolar. La coherencia horizontal supone que, con el tiempo, el resultado final será el de individuos dotados de mayor capital humano (diferente al de sus progenitores), lo que les permitirá ingresar al mercado laboral con mejores condiciones (Courtoisie, 2009).

Desde un análisis de género y de las políticas de carácter familiarista (González et al, 2014), las transferencias monetarias condicionadas buscan fortalecer y promover el rol de las mujeres en las familias participantes y en sus comunidades. De ahí que se alude a su empoderamiento por contar con más ingresos, ser mejores “administradoras del dinero” que los hombres y, cumplir responsablemente –cuando el programa lo exige– con la obligación de llevar a niños y niñas a los controles de salud y centros educativosiv.

Ese aspecto es coherente con la tendencia al familiarismo de la política social; en la cual, según Orrego y Platero (2015), las acciones estatales y específicamente la política social, responsabiliza a las mujeres del cuido – delimitada a la figura de “cuidadora”–. Por ende, se sigue visualizando al hombre como proveedor y se excluye a las mujeres de la noción de ciudadanía, al ostentar un rol meramente secundario pero cargado de responsabilidad pues deben cumplir las condicionalidades establecidas.

Parafraseando a Cruzado y Francke (2009), puede afirmarse que existen diversas formas de verificación de condicionalidades: redes de control lideradas por el personal de los programas; esas personas verifican periódicamente su cumplimiento, mecanismos de información provenientes de los proveedores de servicios (escuelas y centros de salud) o responsables de suplir esos servicios (cuando son otras entidades). Además, las familias que recaban evidencias de cumplimiento y las envían a las oficinas del programa.

De la mano de la focalización y la condicionalidad, las transferencias monetarias ostentan otras categorías de análisis subyacentes. Por ejemplo, los montos otorgados a las poblaciones destinatarias varían sustancialmente según cada programa y periodicidad. De acuerdo con Cecchini y Madariaga (2011) la cantidad otorgada se calcula a partir de tres formas:

•Una transferencia plana: independiente de quienes integren las familias y bajo líneas de pobreza.

•Según composición familiar: mayores beneficios cuando se cuenta con más personas elegibles.

•A partir de características del destinatario: diferenciados debido a las particularidades y calculados según costos directos y de oportunidad.

El egreso se refiere a las personas que se gradúan de los programas, se considera un mecanismo que les asegura que no requieren de la asistencia social para sobrevivir; mientras que, la salida o expulsión corresponde al incumplimiento de las condiciones establecidas y a la destitución de la transferencia monetaria (Cecchini y Madariaga, 2011).

Para algunos autores/as (Béjar, 2005; Cecchini y Madariaga, 2011; Courtoisie, 2009; Cruzado y Francke, 2009) la transferencia del recurso en efectivo deja de lado los sistemas tradicionales que se centraban en brindar bienes y servicios, mientras que, se supone, que fomentan la libertad de elección de la familia y aseguran un menor nivel de costos administrativos. Sin embargo, esa libertad puede determinar que el efectivo sea destinado a otros fines para los cuales no estuvieron planificados.

Rawlings y Rubio (2003) enfatizan en que los distintos programas cubren de manera diferente costos directos (por ejemplo, en educación se cubren costos de matrícula, materiales, transporte) e indirectos (pérdida de ingreso al estar en un centro y no laborando); el monto asignado varía según distintos métodos empleados pero que se centran en superar las líneas de pobreza establecidas y se cuenta, en ocasiones, con organizaciones no gubernamentales contratadas por el Estado para ofrecer ciertos servicios.

Además, en otras oportunidades los montos asignados se consideran bajos, porque no contemplan particularidades de la población –por ejemplo, para personas con discapacidad como lo mencionan Atuesta et al (2020)– ni se encuentran asociados al logro de una protección social mínima.

Hailu et al (2009) reconocen que no todas las transferencias monetarias se han establecido de acuerdo con marcos legales, por lo que se corre el riesgo de que sufran recortes presupuestarios determinados por recesiones económicas e, inclusive, por cambios políticos.

A partir de lo expuesto, se comprende que las principales características de las transferencias monetarias son: la focalización y la condicionalidad, mientras que otros aspectos como los mecanismos de control, de egreso, salida o expulsión, seguimiento, evaluación y fiscalización, temporalidad, etc. se encuentran vinculados al cumplimiento de condicionalidades por medio del logro de objetivos, y de la verificación de los compromisos o de la evaluación del impacto de los programasV.

Conclusiones

Las transferencias monetarias, desde los elementos centrales que la constituyen contextualmente en los diferentes países, instituciones y programas, engloban diferencias en relación con sus fundamentos, finalidades, poblaciones metas y usuarios; sin embargo, su tendencia refiere a la explicación ontológica de las y los sujetos sociales en una sociedad marcada por un carácter de clase, en la cual las relaciones entre las personas y el Estado utilizan los medios –como el dinero– que el modo de producción ha dispuesto para otros fines que no corresponden necesariamente al reconocimiento del derecho a la asistencia social.

A pesar de la diferenciación expuesta entre los términos “transferencias monetarias condicionadas” y “transferencias monetarias”, ambos traen a colación características de la política neoliberal vinculadas con la condicionalidad, la focalización y otros mecanismos de egreso, expulsión, control, evaluación, etc.; los cuales no pueden ser pasados por alto en el momento de analizar los programas propios de la política social asistencial ni pueden verse desligados de transformaciones históricas gestadas en los cambios de modelos de producción y de Estado en las últimas décadas, sobre todo a partir de los años ochenta.

Al entenderse la asistencia social como una transferencia monetaria y no como un servicio brindado, a las personas se les otorga una cierta autonomía para que den respuesta a los incentivos que les permiten lograr el fin formal establecido, y para atribuirles un grado de responsabilidad en el mejoramiento de su situación.

La lógica estatal consiste en darle al/la sujeto la autonomía necesaria para que encuentre los espacios –en ocasiones en el mercado– que le permitan satisfacer sus necesidades, ante la ausencia de servicios públicos que lo hagan. Se trata de “mejorar” su capacidad adquisitiva en instancias en las que el Estado no ha reconocido ni logra ofertar servicios que enfrenten colectivamente las desigualdades que existen.

Independientemente de la autonomía del sujeto para administrar el dinero, la naturaleza de esta forma de intervencionismo estatal está condicionada a que la destinataria sea única y exclusivamente la persona seleccionada por la institución; a pesar de que existan finalidades que requieren de la manutención de ciertos gastos para otros miembros del núcleo familiar.

La intencionalidad estatal para el otorgamiento de las transferencias monetarias no reproduce, como eje central, la formación de fuerza de trabajo; sino que se reduce a garantizar el “acceso a”, y se fomenta la intervención como una supuesta acción afirmativa, aunque no responde a sus necesidades particulares.

La condicionalidad, una vez otorgadas las transferencias monetarias, determina que las y los sujetos se mantengan como “meritorios” de la asistencia social, con base en argumentos de una responsabilidad compartida y el establecimiento de acciones que deben cumplirse. Lo anterior se torna en un mecanismo de control que les permite a los entes estatales verificar que las personas no se alejen de los márgenes establecidos para el grupo focalizado, al cambiar su situación o incumplir con los aspectos acordados contractualmente o en el discurso institucional.

La condicionalidad “meritoria” se expresa en la relación existente entre sujeto (usuario/a) y objeto (asistencia social), en las pautas que se deben cumplir para seguir recibiendo la transferencia monetaria; mientras que el mecanismo de control se expresa en la relación que se establece entre el sujeto (“beneficiario”) y la asistencia social, pero en el que un tercer ente controlador (institución o profesionales) desempeña un rol más activo para verificar la inversión de ese “gasto público”.

La entidad financiadora es la primera instancia en solicitar el cumplimiento de condiciones para el financiamiento, y se convierte en un mecanismo de control para otorgar los fondos a las instituciones, pues las obliga a cumplir los criterios establecidos para determinar a los grupos meta y, a partir de esto, condiciona y focaliza simultáneamente la inversión pública según las explicaciones históricas y las directrices de la política en las que se fundamenta. Aspecto que debe comprenderse desde la lógica implementada y reproducida por el aparato estatal.

Además, antes del otorgamiento de las transferencias monetarias la focalización segrega a las personas postulantes e, inclusive, a aquellas que responden a las características del grupo meta definidas por la institución, al centrarse en los estratos que experimentan las peores condiciones según razones de índole presupuestaria. Por lo que, la población usuaria no va a corresponder necesariamente a la definida como meta, pues el cumplimiento de los criterios focalizados de acceso no son garantes de que las personas reciban la transferencia monetaria, pues dependen, en gran medida, de que el Estado cuente con el financiamiento necesario y lo gire oportunamente.

Reconocer las necesidades particulares cuestiona el discurso ideológico de “normalidad” en el cual las personas son homologadas, sin que se consideren sus diferencias.

En una sociedad en la que no se privilegie el trabajo como categoría ontológica ni la satisfacción de necesidades por medio de la venta de la fuerza de trabajo se vive a expensas de un mercado agresivo, que considera a unas u otras poblaciones más rentables para el capital. El Estado ha optado por darle la responsabilidad de reproducir sus condiciones mínimas a algunos sujetos focalizados, sin garantía real de que puedan acceder a otros derechos sociales.

Referencias bibliográficas

Adato, M., Flores, R., Maluccio, J. y Roopnaraine, T. (2005). Red de Protección Social - Mi Familia: rompiendo el ciclo de pobreza. Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias. http://cdm15738.contentdm.oclc.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/73017/filename/73018.pdf

Attanasio, O., Gómez, L., Heredia, P., Romero, J. y Vera-Hernández, M. (2010). Transferencias monetarias condicionadas y Nutrición Infantil. Instituto de Estudios Fiscales. https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/Transferencias_monetarias_condicionadas_y_Nutricion_Infantil.pdf

Atuesta, B., Cecchini, S., Rubio, M. y Ullman, H. (2020). Las transferencias monetarias no contributivas: Un instrumento para promover los derechos y el bienestar de la población infantil con discapacidad en América Latina y el Caribe. CEPAL. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46626/1/S2000737_es.pdf

Béjar, H. (2005). “Te doy plata si…”: Las transferencias monetarias condicionadas. Portal de Asuntos Públicos de la PUCP. https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/11990

Britto, T. y Veras, F. (2008). Encarando las limitaciones en la capacidad para transferencias monetarias condicionadas en Latinoamérica: los casos de El Salvador y Paraguay. En: Documento de trabajo, (38), enero, 2008. http://www.ipc-undp.org/pub/esp/IPCWorkingPaper38.pdf

Britto, T. (2008). Los desafíos del programa de transferencias monetarias condicionadas en El Salvador, Red Solidaria. En: Country Study, (9), junio, 2008. https://ipcig.org/sites/default/files/pub/es/IPCCountryStudy9%20%281%29.pdf

Burdín, G. y De Melo, G. (2009). Prestaciones sociales en Uruguay: ¿por qué hay beneficiarios que no las solicitan?. En: Revista CEPAL, (98), agosto, 147-163, 2009. https://repositorio.cepal.org/handle/11362/11301

Calabria, A., Calero, A., D’elia, V., Gaiada, J. y Rottenschweiler, S. (2010). Transferencias condicionadas de ingreso en Argentina: la asignación universal por hijo para protección social. Munich Personal RePEc Archive. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/36092/

Castro, A. (2011). Ser pobre o excluido… beneficiario de las políticas de transferencia monetaria… En: Margen, (62), septiembre, 2011. http://www.margen.org/suscri/margen62/castro.pdf

Cecchini, S. y Madariaga, A. (2011). Programas de transferencias condicionadas: balance de la experiencia reciente en América Latina y el Caribe. CEPAL. https://www.cepal.org/es/publicaciones/27854-programas-transferencias-condicionadas-balance-la-experiencia-reciente-america

Cortez, F. (2006). Análisis de dos programas de transferencias económicas condicionadas bajo el método comparado de Políticas Públicas. [Tesis de maestría, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México]. http://conocimientoabierto.flacso.edu.mx/tesis/152

Courtoisie, D. (2009). La importancia de las condicionalidades en las transferencias Monetarias: el caso del PANES en Uruguay. Congress of the Latin American Studies Association, Rio de Janeiro, Brasil. https://www.academia.edu/523947/La_importancia_de_las_condicionalidades_en_las_transferencias_Monetarias_el_caso_del_PANES_en_Uruguay

Cruzado, E. y Francke, P. (2009). Transferencias Monetarias Condicionadas e Instrumentos Financieros en la lucha contra la Pobreza. Proyecto Capital.

Del Pozo, C. y Guzmán, E. (2012). Efectos de las transferencias monetarias condicionadas en la inversión productiva de los hogares rurales en el Perú. En: Economía y Sociedad, (80), noviembre 2012. https://cies.org.pe/wp-content/uploads/2016/07/07-del-pozo.pdf

Díaz, A. y Magaloni, B. (2009). Transferencias Directas Condicionadas y Combate de la Pobreza en América Latina. Centro Global para el Desarrollo y la Democracia.

Díaz, E. (2010). Ciudadanía, identidad y exclusión social de las personas con discapacidad. En: Política y Sociedad, 47(1), pp. 115-135, 2010. http://www.um.es/discatif/documentos/PyS/8_Diaz.pdf

Faleiros, V. (2004). Las funciones de la política social en el capitalismo. En: Borgiani, E. y Montaño, C. (Orgs.). La Política Social Hoy. Cortez Editora.

Fallas, Y. y Molina, L. (2009). Costa Rica: transferencias monetarias condicionadas. El caso del Programa AVANCEMOS. En: Revista Políticas Públicas, 13 (2), pp. 219-229, 2009.

Fiszbein, A. y Schady, N. (2009). Panorama General: Transferencias monetarias condicionadas, reduciendo la pobreza actual y futura. Banco Mundial. http://www.oda-alc.org/documentos/1340861607.pdf

González, M., Mallardi, M. y Musso, M. (2014). Cuestión social y relaciones familiares: aproximaciones a las tendencias en las políticas sociales en América Latina. En: Palobra, (14), agosto. https://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/palobra/article/view/56/55

Gunturiz, A. (2010). Agendas de investigación reflexiva para agendas de política incluyente. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/redposgrados/OP.gunturiz.pdf

Hailu, D., Medeiros, M. y Nonaka, P. (2009). Protección Legal para las Transferencias Monetarias: Por qué es Necesaria. En: Poverty in Focus, (15), mayo. 2009. http://www.ipc-undp.org/pub/esp/IPCPovertyInFocus15.pdf

Handa, S. (2009). El Dilema de la Focalización en los Huérfanos en África Oriental y Meridional. En: Poverty in Focus, (15), mayo. 2009. http://www.ipc-undp.org/pub/esp/IPCPovertyInFocus15.pdf

Heller, A. (1986). Teoría de las necesidades en Marx. Editorial Península

Hevia, F. (2009). Mecanismos de participación ciudadana y control social en los programas de transferencia condicionada de renta en México y Brasil, un análisis comparado. En: Nómadas Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, (22), 2009. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18111430019

Imas, V. (2011). Las Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad (TMC) y la Disminución de la Pobreza en el marco de las Políticas de Protección Social. En: Nuevos aportes para las Políticas Públicas en Paraguay, (9), 2011. https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/47110/133485.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Issamu, G., Pérez, R. y Veras, F. (2008). Debatiendo los Métodos de Focalización para las Transferencias Monetarias: Índice Multidimensional vs. Proxy de Ingresos para el Programa Tekoporã de Paraguay. En: IPCevaluationnote, (2), marzo, 2008. https://ipcig.org/sites/default/files/pub/es/IPCEvaluationNote2.pdf

Issamu, G., Pérez, R. y Veras, F. (2009). El Impacto de los Programas de TMC: Aquello que Sabemos y Aquello de lo que no Estamos Seguros. En: Poverty in Focus, (15), mayo. 2009. https://ipcig.org/sites/default/files/pub/es/IPCPovertyInFocus15.pdf

Laclau, E. (1986). Teorías Marxistas del Estado debates y perspectivas. En: Lechner, N. (Comp.). Estado y Política en América Latina. Siglo Veintiuno Editores.

Llobet, V. y Minujin, A. (2011). La pobreza infantil y las políticas sociales. Una mirada sobre las transferencias condicionadas de ingresos. En: Textos & Contextos (Porto Alegre), 10 (2), agosto, pp. 274-287, 2011. http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/viewFile/10299/7333

Martínez, J. y Voorend, K. (2008). Transferencias condicionadas e igualdad de género: ¿blancos, negros o grises?. En: Revista de Ciencias Sociales, (122), pp. 115-131, 2008. https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales/article/view/9879

Marx, K. (1999). El capital: crítica de la economía política. Tomo I. Fondo de Cultura Económica.

Marx, K. (2001). Manuscritos de economía y filosofía. Filosofía Alianza Editorial.

Medialdea, B. y Pazos, M. (2009). Impacto de género de las Transferencias Monetarias Condicionadas. Instituto de Estudios Fiscales. https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=IAFFE2010&paper_id=156

Moore, C. (2009). Por qué son Importantes las Fuentes de Financiación para las TMC en Honduras y Nicaragua. En: Hailu, D. y Veras, F. (Ed.). Poverty in Focus, (15), mayo, 2009. https://ipcig.org/sites/default/files/pub/es/IPCPovertyInFocus15.pdf

Orrego, L. y Platero, M. (2015). Mecanismos institucionales de implementación de políticas sociales y procesos de familiarismo. En: XI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. https://cdsa.aacademica.org/000-061/19.pdf

Paz, J. (2010). Programas dirigidos a la pobreza en América Latina y el Caribe: sustento teórico, implementación práctica e impactos sobre la pobreza en la región. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. http://www.crop.org/viewfile.aspx?id=290

Poulantzas, N. (1977). Las transformaciones actuales del Estado, la crisis política y la crisis del Estado. En: Poulantzas, N. (Comp.). La crisis del Estado. Editorial Fontanella.

Programa Mundial de Alimentos (2008). Cupones para alimentos y transferencias de dinero como instrumentos de asistencia alimentaria: perspectivas y desafíos. PMA. http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/resources/wfp182631.pdf

Queirolo, M. (2011). El impacto de los programas de transferencia de dinero en las elecciones uruguayas del 2009. En: IV Congreso Latinoamericano de Opinión Pública de WAPOR, Belo Horizonte, Brasil. http://www.vanderbilt.edu/lapop/uruguay/Queirolo-WAPOR.pdf

Ramírez, C. (2008). Las Transferencias Monetarias Condicionadas. Un análisis de su implementación desde la perspectiva de los Derechos Sociales. En: I Congreso de Ciencia Política, Bogotá, Colombia.

Rawlings, L. y Rubio, G. (2003). Evaluación del impacto de los programas de transferencias condicionadas en efectivo. Secretaría de Desarrollo Social. http://www.oda-alc.org/documentos/1340861380.pdf

Rosas, M. (2009). Trabajo infantil y programas de transferencias en efectivo condicionadas en la Argentina. En: Serie Estudios, (8), mayo, 2009. https://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/toe_08_completo.pdf

Salama, P. (2011). Luchas contra la pobreza en América Latina: El caso de la pobreza rural en Brasil. En: Revista Problemas del Desarrollo, 165 (42), abril-junio, pp. 07-34, 2011. http://www.journals.unam.mx/index.php/pde/article/view/24970

Scott, J. (1999). Análisis del Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA). CIDE. http://cdi.mecon.gov.ar/bases/docelec/progresa/scott.pdf

Tabbush, C. (2011). Género y Protección Social: las transferencias condicionadas de ingresos en Chile. En: Textos & Contextos (Porto Alegre), 10 (2), agosto, pp. 258-277, 2011. http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/viewFile/10222/7332

Urizar, C. (2011). Causas sociológicas del clientelismo en el programa de Transferencias Monetarias Condicionadas “Mi familia progresa” de Guatemala. [Tesis de licenciatura, Escuela de Ciencias Política, Universidad de San Carlos de Guatemala]. http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/28/28_0494.pdf

Vasconcelos, E. (2004). Estado y políticas sociales en el capitalismo: un abordaje marxista. En: Borgiani, E. y Montaño, C. (Orgs.). La Política Social Hoy. Editorial Cortez.

Vieira, E. (2004). Política social, política económica y método. En: Borgiani, E. y Montaño, C. (Orgs.). La Política Social Hoy. Editorial Cortez.

Villatoro, P. (2005a). Programas de transferencias monetarias condicionadas: experiencias en América Latina. En: Revista de la Cepal, (86), agosto. https://repositorio.cepal.org/handle/11362/11070

Villatoro, P. (2005b). Los programas de protección social asistencial en América Latina y sus impactos en las familias: algunas reflexiones. En: Reunión de Expertos “Políticas hacia las familias, protección e inclusión sociales”. https://dds.cepal.org/eventos/presentaciones/2005/0628/Pablo_Villatoro.pdf

Yaschine, I. (2009). ¿Por qué, Cuándo y Cómo Deberían Egresar los Beneficiarios de un Programa de TMC?. En: Poverty in Focus, (15), mayo, 2009. https://ipcig.org/sites/default/files/pub/es/IPCPovertyInFocus15.pdf

Yazbek, M. (2004). Políticas sociales y asistenciales: estrategias contradictorias de gestión estatal de la pobreza de las clases subalternas. En: Borgiani, E. y Montaño, C. (Orgs.). La Política Social Hoy. Editorial Cortez.

i Heller (1986) aporta en su explicación que ciertos objetos no pueden ser considerados lujos solo por caer en la lógica de interpretación económica, ya que “Ningún producto o necesidad concreta posee la propiedad de ser un producto o una necesidad de lujo. Esto viene determinado únicamente por el hecho de que el objeto sea poseído o usado (y por tanto quede satisfecha la correspondiente necesidad) por la mayoría de la población o bien únicamente por la minoría que representa un nivel más elevado de poder adquisitivo y ello en virtud de la división social del trabajo. Como consecuencia de la creciente productividad, así como a tenor de los cambios de la estructura social, necesidades originariamente de lujo se convierten en necesidades necesarias, sin ninguna modificación de su aspecto cualitativo” (p.38-39).

iiBajo esta línea, se encuentran los aportes de Adato et al (2005), Attanasio et al (2010), Béjar (2005), Britto (2008), Brito y Veras (2008), Calabria et al (2010), Castro (2011), Cecchini y Madariaga (2011), Cortez (2006), Courtoise (2009), Cruzado y Francke (2009), Del Pozo y Guzmán (2012), Díaz y Magaloni (2009), Fiszbein y Schady (2009), Gunturiz (2010), Imas (2011), Issamu et al (2008 y 2009), Llobet y Minujin (2011), Martínez y Voorend (2008), Medialdea y Pazos (2009), Moore (2009), Paz (2010), Ramírez (2008), Rawlings y Rubio (2003), Rosas (2009), Scott (1999), Tabbusch (2011), Urizar (2011) y Villatoro (2005a).

iiiLas y los autores que comparten dicha postura se identifican: Britto (2008), Burdín y De Melo (2009), Cecchini y Marariaga (2011), Courtoisie (2009), Díaz y Magaloni (2009), Hailu et al (2009), Issamu et al (2009), Moore (2009), Rawlings y Rubio (2003), Scott (1999), Tabbush (2011), Villatoro (2005a) y Yaschine (2009).

ivDichos aportes se identifican en: Cecchini y Madariaga (2011), Moore (2009), Fiszbein y Schady (2009), Llobet y Minujin (2011), Martínez y Voorend (2008), Medialdea y Pazos (2009), Paz (2010), Rosas (2009), Scott (1999), Tabbusch (2011) y Villatoro (2005a).

v Entre otras características de dicha forma de la política social, Tabbush (2011) menciona por ejemplo que Chile Solidario incluye tres componentes que lo diferencian de otras transferencias monetarias condicionadas: dos años de apoyo psicosocial (21 visitas domiciliarias de un/a trabajador/a social), efectivo que se transfiere directamente a las mujeres (Bono de Protección a la Familia), acceso a otros subsidios monetarios a los tienen derecho las familias (pensiones no contributivas, subsidios por hijos, ayudas escolares etc.) y acceso preferencial a otros programas sociales (capacitación laboral, vivienda, etc.). O Red Solidaria de El Salvador, el cual según Britto (2008) cuenta con 3 componentes: Red Solidaria Familia (transferencia monetaria), Red de Servicios básicos (programas educativos, salud, nutrición y rehabilitación de estructuras) y Red de sostenibilidad a la familia (Promoción de proyectos productivos y microcréditos en los municipios seleccionados).