https://revista.trabajosocial.or.cr/index.php/revistaRevista Costarricense de Trabajo Social ISSN Impreso: 1409-1763 ISSN electrónico: 2215-5120

El trabajo social y la evaluación de políticas sociales

M.Sc. Jannette Rodríguez Ramírez

Estudiante doctoral de trabajo social Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle, Universidad de Puerto Rico

Palabras clave: política social, trabajo social, evaluación, administración pública.

Las políticas sociales y las críticas a estas

Tomando como referencia diversos elementos de definiciones de política social leídas, se puede concluir que las políticas sociales son las acciones decididas por el gobierno junto a múltiples actores en un proceso dinámico, dirigidas a atender problemas sociales, (de la población en general o de grupos particulares), causados por las desigualdades, y así mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.  Sin embargo, no siempre una política social conduce al bienestar de la sociedad o parte de ella.  O sea que, aún cuando se espera que las políticas sociales tengan fines nobles al intentar resolver los problemas que afectan a un grupo significativo de la población, no siempre se logra.  Crozier en 1992 dijo que: “El objetivo esperado rara vez se logra. Algunas veces el resultado se acerca un poco, algunas veces es contrario al objetivo buscado.” (Hintze, 2001, p. 1)  Esto es razón suficiente para que frecuentemente políticas sociales particulares, así como la política social en general, reciban críticas. 

Las políticas sociales se han visto como estrategias de los mismos estados para mantener la organización social prevaleciente basada en el capitalismo.  Por ejemplo, sobre la función social de este tipo de políticas Pastorini (2000) dice que la misma, “…enmascara y encubre las funciones esenciales que las políticas sociales desempeñan en el mundo capitalista, al presentarse frente a los individuos como mecanismos institucionales tendientes a ‘disminuir las desigualdades sociales”, “redistribuyendo” los escasos recursos en un sentido contrario al del mercado: quien menos tiene será quien más recibirá de las políticas sociales. Pero este sistema de “solidaridad social” no es otra cosa que la cáscara, la punta de un iceberg, que encubre y oculta el “carozo” de la cuestión; en este caso sus funciones política y económica.” (Pastorini, 2000, p. 207)

Esta es una crítica general a la función de las políticas sociales en los países.  No obstante, también existen críticas más específicas a las políticas sociales.  Algunas de ellas se resumen en un estudio realizado en países del Caribe por la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (ECLAC, por sus siglas en inglés).  En dicho estudio se señalan tres críticas a la política social en esta región, a saber: 1) en un gran número de políticas sociales hay inconsistencia entre los objetivos de las políticas formuladas y los programas que se crean, 2) el costo de las políticas sociales es alto y no se ven resultados, y 3) las políticas sociales fomentan más el asistencialismo que el apoderamiento de los grupos que se impactan (ECLAC, 2001).

Es importante señalar que las críticas de política social recibidas se dan en un contexto internacional y muchas de ellas son parte de un movimiento más amplio de críticas a los gobiernos por ser incapaces de lidiar con las situaciones sociales de los países.  Un ejemplo de esto es lo que conocemos como Estado Benefactor o Estado de Bienestar. 

Según Laurell (2000) la intervención social del Estado ha sido vista como ineficiente e ineficaz.  Esta autora expone que los críticos justifican al Estado al considerarlo “ineficaz porque tiende a la monopolización económica estatal y al tutelaje de los intereses particulares de grupos de productores organizados en vez de responder a las demandas de los consumidores dispersos en el mercado.  Es ineficiente porque no ha logrado eliminar la pobreza e, incluso, la ha empeorado con el desplazamiento de las formas tradicionales de protección social basadas en la familia y la comunidad.  Y por añadidura ha inmovilizado a los pobres generando en ellos una dependencia del paternalismo estatal.  Es, en fin, violatorio de la libertad económica, moral y política que sólo el capitalismo liberal puede garantizar.” (Laurell, 2000, p. 43).

Reformas en la administración pública y la administración de programas sociales

Como se puede evidenciar, estas críticas al Estado de Bienestar, así como las hechas a las políticas sociales se dan en el contexto de las tendencias neoliberales y las exigencias de la globalización y como era de esperar, todo esto unido ha provocado cambios en la visión del Estado en los últimos años y han exigido reformas en la administración pública y más específicamente en la administración de las políticas, programas o proyectos de índole social. 

A continuación se describe brevemente las reformas anteriormente mencionadas.  A finales del siglo pasado se comenzó a experimentar una inquietud de los gobiernos por reformar las administraciones públicas. Básicamente, porque se entendió como un aspecto fundamental para lograr el desarrollo económico, estabilidad política y consenso social en los países (Santana, 2003).  Desde la década de los ochenta, han habido dos movimientos a nivel global dirigidos a reformar la administración pública. Algunos estudiosos los identifican como reformas de primera y segunda generación. 

Según Santana (2003), un estudioso de la administración pública en Puerto Rico, la reforma de primera generación estaba orientada hacia el mercado.  En el modelo propuesto en esta primera reforma, el Estado era un actor principal para el desarrollo económico y “Se desarrollaron acciones específicas diseñadas a la liberación del comercio, reducir el tamaño y costo del Estado, privatizar empresas públicas, desregulación de la actividad económica, flexibilización laboral y otras medidas dirigidas a disminuir los gastos sociales.” (Santana, 2003, p. 51)  No obstante, la reforma no obtuvo los resultados esperados y se agudizaron problemas sociales, como por ejemplo la pobreza, lo que guió a un nuevo movimiento de reforma.

La reforma de segunda generación comenzó en la década de los años noventa, y enfatiza en la implementación eficiente y responsable de las políticas a través de una administración pública de alta calidad (Santana, 2003).  Esta reforma promueve que el gobierno asuma características empresariales para lograr sus objetivos, por lo cual se conoce como administración pública empresarial (Esquivel, 2005).  Una de las teorías principales de la reforma de segunda generación es conocida mundialmente como, New Public Management (NPM), en español, Nueva Gerencia Pública.  Esta es la teoría que actualmente dirige la administración pública en muchos países.

Las transformaciones de la administración pública han provocado cambios también en los modelos de administración de programas sociales.  Según Esquivel (2005), un reconocido trabajador social, la urgencia de los cambios en estos modelos responde a que con la nueva administración pública, el Estado “…deja de ser responsable por la ejecución de las políticas sociales, asumiendo el papel de regulador, fiscalizador y fomentador, pero no de ejecutor” (Esquivel, 2005, p. 34) y “Los servicios sociales, la asistencia estatal, los subsidios de productos de uso popular, los complementos salariales, etc. se ven fuertemente reducidos en cantidad y variabilidad…” (Esquivel, 2005, p. 42) Estos nuevos modelos de administración de programas sociales son de particular importancia para las personas profesionales en Trabajo Social por su interés en el área social.

La propuesta más reciente para la administración de programas sociales por parte de organizaciones internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)la Gerencia Social es ampliamente conocida por los profesionales en Trabajo Social en América Latina (Esquivel, 2005). Este modelo consiste, entre otras cosas, en la adopción de técnicas gerenciales o empresariales por parte de las agencias o programas de servicio social.  Como una justificación al modelo, Kliksberg (1992), uno de sus máximos exponentes, dice que, unas condiciones adecuadas de gerencia son necesarias para que las políticas sociales logren sus objetivos.  Refiriéndose directamente a la gerencia social, expresa lo siguiente: “Una gerencia social eficiente aparece como una condición de viabilidad fundamental para una política social de avanzada” (Kliksberg, 1992, p. 27).

Algunas de las características más importantes de este modelo, de acuerdo con las diferentes conceptualizaciones dadas y estudiadas por Molina y Morera (1999) son:  a) su carácter empresarial, que enfatiza en la eficiencia, la eficacia y el impacto que tienen los programas o políticas sociales, b) el enfoque sistémico, que hace lectura de los factores internos y externos que afectan el logro de objetivos, c) dirección al logro de objetivos, o sea, a los resultados, d) promoción de la participación de todos los actores involucrados o interesados, incluyendo los beneficiarios, e) innovación y creatividad, f) motivación y potenciación de los recursos, incluyendo los humanos y los económicos y, g) el uso de la planificación estratégica y modelos de calidad total y reingeniería. 

La evaluación: herramienta imprescindible de las reformas

Dadas estas tendencias, la evaluación ha venido a ser una de las herramientas imprescindibles para que los gobiernos se ajusten a la nueva administración pública y a la nueva administración de programas sociales.  En el 2003, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), señaló que una de las características de las teorías contemporáneas de administración pública es promover una gestión pública que utilice la evaluación como herramienta importante en la toma de decisiones.  También desde los modelos de administración de programas sociales, como es la gerencia social, se promueve la utilización de dicha herramienta:  “La evaluación es un instrumento de trabajo obligado en materia de gerencia social.” (Kliksberg, 1992, p. 37)

Desde el punto de vista de quienes promueven la evaluación de la administración pública y de las políticas sociales, a través de procesos estructurados de evaluación, el Estado puede obtener información sobre su gestión y de esta manera atender las preocupaciones que tienen diversos grupos de la sociedad.  También, la evaluación de las políticas sociales implantadas, es una manera de atender las críticas que recibe este tipo de políticas. 

Se entiende que, a través de la evaluación de las políticas sociales se puede encontrar respuestas para las críticas hechas a la política social.  En términos de las críticas mencionadas anteriormente, primero, la evaluación de políticas sociales permitirá conocer cómo los programas que se crean, responden o no a la intención, al espíritu de la política social formulada y si se están alcanzando sus metas u objetivos, ya que “Implica la organización de esfuerzos de investigación alrededor de una política existente para indagar cuán bien se están alcanzando sus objetivos”, (Peña, 2000, p. 5).  Segundo, la evaluación ayudará a conocer si los resultados obtenidos por la política, justifican o no el costo económico de la misma, ya que entre los objetivos de la evaluación está el “proveer legitimación a los actores políticos al demostrar o no el adecuado y efectivo uso de los fondos públicos”, (Peña, 2000, p. 5).  Tercero, y aún más importante, a través de la implantación de un proceso adecuado de evaluación se puede conocer el impacto de las políticas sociales en los grupos llamados beneficiarios.  Particularmente, en términos del desarrollo de destrezas y actitudes hacia su convivencia en sociedad y hacia el apoderamiento.

una evaluación adecuada de las políticas sociales, ¿por qué el adjetivo adecuada?

Es muy importante en este último punto, resaltar el adjetivo utilizado para describir el proceso de evaluación, o sea, que sea adecuado.  Es así, ya que la evaluación promovida desde las nuevas tendencias de administración pública y aún de la administración de programas sociales, enfatiza en los aspectos económicos sobre los sociales.  La mayoría de las veces se promueve la evaluación como una herramienta importante para conocer la eficiencia y efectividad de las políticas gubernamentales.  Básicamente se quiere evaluar para conocer el balance entre costo y efectividad de los programas o políticas y buscar opciones más económicas.  Algunos autores han dicho que “…suelen hacerse con fines más burocráticos –como responder a los requerimientos de las instituciones financieras– que de gestión, esto es, orientados a maximizar el impacto y la eficiencia de los fondos…” (Hintze, 2001, p. 4).

De hecho, el carácter empresarial de las tendencias en la administración pública y en la administración de programas sociales ha sido criticado.  Refiriéndose críticamente a uno de los nuevos modelos de administración pública, Santana y Negrón (1996) dicen:

En una sociedad democrática y con responsabilidad social, la eficacia o eficiencia no constituyen los únicos valores que orientan las decisiones y acciones administrativas en el sector público.  En este contexto perviven otros valores, procesos y criterios con igual legitimidad: equidad, responsabilidad pública, igual protección de las leyes, representatividad, transparencia de los procesos, protección de los derechos civiles y honradez…” (Santana y Negrón, 1996, p. 158)

Por otro lado, en el libro Gerencia Social: Un análisis crítico desde el trabajo social, Esquivel (2005) elabora toda una crítica al modelo de Gerencia Social definiéndolo como producto del neoliberalismo y los procesos de reforma del Estado, además de lidiar con la escasez de recursos destinados a lo social, o sea, con lo económico.  En sus propias palabras lo define como: “Una propuesta del desarrollo del neoliberalismo especialmente en las economías periféricas para enfrentar la escasez de recursos destinados hacia la redistribución social, por medio de políticas sociales capitalistas, que se encubren en acciones que alegan intentar disminuir las asimetrías sociales generadas a partir de diferencias ‘naturales’ entre las personas y sus relaciones en la sociedad y el mercado.” (Esquivel, 2005, p. 24)

Aunque analizar la eficiencia y eficacia son asuntos sumamente importantes para el gobierno, y es una parte de lo que se interesa promover, hay que tener cuidado de utilizar la evaluación con este único propósito y con la intención solapada de reducir el gasto social en las administraciones públicas.  Esto es particularmente importante en la actualidad, ya que, en muchos países se ha legislado para sistematizar la evaluación de la gestión pública, incluidas las políticas sociales.  Entre los primeros que implantaron este tipo de política están Nueva Zelanda, Inglaterra y Estados Unidos (CLAD, 2003). En Estados Unidos por ejemplo, se legisló en 1993 el Government Performance and Results Act para que todas las agencias gubernamentales planifiquen sus actividades dirigidas al logro de objetivos y a demostrar cumplimiento, o sea, a los resultados.  En la exposición de motivos de dicha legislación se señala que una de las causas para aprobarla fue que el desperdicio y la ineficiencia en los programas federales reducen la confianza del pueblo norteamericano en el gobierno y limita la capacidad del gobierno federal para atender las necesidades públicas.

En América Latina también se ha experimentado un aumento en legislaciones o proyectos que promueven la evaluación de la gestión pública. En algunos de sus países ya está institucionalizada, o en proceso de institucionalización, la evaluación de políticas[1].  En el estudio titulado, La evaluación como herramienta para una gestión pública orientada a resultados, del CLAD (2003), se dice que “…es posible encontrar avances en el campo de la evaluación de la gestión (pública) en varios países de la región, Chile, Colombia, Costa Rica, Brasil, Uruguay y Argentina y México…” (CLAD, 2003, p. 13).  De hecho, en cuanto a evaluación de políticas sociales específicamente, los debates recientes en América Latina, al igual que en otras partes del mundo, están dirigidas a mejorar este tipo de evaluación.  No obstante, es importante señalar que en esta región, aún la cantidad de evaluaciones hechas, la calidad de las mismas y la utilización que se da a  sus resultados no responden a la magnitud de los avances sobre el tema (Hintze, 2001).

El trabajo social y la evaluación de políticas sociales: retos y recomendaciones

Es aquí que se abre una oportunidad al trabajo social.  Las personas profesionales en Trabajo Social deben hacer recomendaciones para que la evaluación de políticas sociales sea institucionalizada en nuestros países.  Pero no solo eso, desde la profesión, se puede promover que se haga de la manera más adecuada, considerando no solamente la eficiencia y la eficacia, sino también valores complementarios y aún más importantes, como los valores sociales. 

La evaluación, como método para adquirir conocimiento sobre un asunto, requiere procedimientos muy particulares.  La diferencia está en que podamos promover dar valor a lo más importante.  Mendicoa (2006) lo expresa de la siguiente manera: “…la evaluación social y de mercado toma criterios similares en cuanto a lo procedimental, pero difiere en la valoración de las variables que son determinantes…” (Mendicoa, 2006, p. 17) y es hacia ese punto en el cual se debe tomar acción.  Esta misma autora opina que las ciencias sociales tienen muy poca presencia al ofrecer criterios para orientar las políticas, y es en esa dirección que el Trabajo Social puede aportar significativamente (Mendicoa, 2006).

La evaluación que se debe promover es aquella que permita conocer el efecto de las políticas en solucionar las situaciones o problemas de las poblaciones a las cuales se impacta con las mismas, o sea el impacto de las políticas sociales.  Una evaluación realizada para promover el mejoramiento de la calidad de vida, la equidad y la justicia social.  Lo que algunos como Hintze (2001) han denominado la expresión “políticamente correcta” de la evaluación.  Una evaluación alejada de las concepciones tradicionales y que según el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales de las Naciones Unidas (SIEMPRO/ UNESCO) ayude a “…valorar en qué medida los programas sociales potencian a sus beneficiarios mediante la generación de formación de capacidades…” (Hintze, 2001, p. 12) 

Es muy importante tener claro el tipo de evaluación de políticas sociales que se quiere promover, ya que este proceso a veces es criticado por no generar buenos resultados y provocar situaciones adversas para las personas beneficiarias de las políticas o programas, entre otros actores.  Esta situación ocurre porque en ocasiones los métodos utilizados responden a las concepciones tradicionales de la evaluación y pueden generar información contraproducente para los programas y para quien se beneficie. Wesseler (1992), hablando en su carácter personal como evaluador lo explica de la siguiente forma: “Las formas evaluatorias predominantes reflejan los conceptos y valores subyacentes en la sociedad dominante.  Al aplicar dichas formas de evaluación, corremos a menudo el riesgo de reforzar y reproducir, sin querer, los conceptos y valores del status quo. Por ello, así como el status quo obstaculiza el cambio social, también la evaluación puede convertirse con frecuencia en un obstáculo para el desarrollo.  Generalmente, nosotros como evaluadores contribuimos a la acumulación de conocimiento y, por consiguiente, de poder.  Ello no parece ayudar a enfrentar el desafío crucial de casi todo desarrollo: la redistribución del conocimiento, recursos y poder.  Sin embargo, en nuestra práctica profesional se nos apremia frecuentemente para que tomemos parte, sea en la dirección de evaluaciones para legitimar programas específicos, sea para mejorar la implementación de nuestros proyectos.  Por lo tanto, el problema es si podemos aportar una forma de evaluación que no traicione nuestros objetivos y nos convierta en víctimas de nuestros propios procedimientos; si existe una forma para transformar la evaluación de una impecable herramienta de control y domesticación en un instrumento de cooperación y liberación.” (Wesseler, 1992, p. 185)

Si se fuera a tomar en nuestros países alguna acción encaminada a institucionalizar un proceso de evaluación de políticas sociales, el Trabajo Social debe estar presente.  Estas situaciones deben ser vistas como una oportunidad para que la profesión tome un rol más activo en cuanto a las políticas sociales se refiere.  En muchos países, las personas profesionales en Trabajo Social laboran directamente en la implantación de muchas de las políticas sociales que se formulan e implantan.  Sin embargo, están muy poco vinculados a los procesos de formulación y evaluación de las mismas, y no tienen poder decisional para hacer los cambios necesarios (Esquivel, 2005; Turtós y Monier, s.f.; Guardiola y Serra, 2002).  Guardiola y Serra (2002) en su libro Política Social y Trabajo Social en Puerto Rico; Desafíos y Alternativas para el Siglo XXI, explican ampliamente cuál debe ser el rol del trabajo social en la formulación de políticas sociales: “Es urgente que la profesión reconozca que para descargar su responsabilidad profesional tendrá que involucrarse activamente en el proceso de formulación de políticas sociales, y concienciarse de que su función trasciende la mera implantación de las políticas sociales que otros deciden, sin su voz y voto”. (Guardiola y Serra, 2002, p. 99)

A pesar de que el Trabajo Social debe incidir en los procesos de evaluación de las políticas sociales, al menos en Costa Rica son muy pocas las ocasiones en que profesionales de esta área hacen sentir su voz exigiendo una evaluación de las políticas sociales.  Tampoco es frecuente que se involucren en los procesos formales de evaluación de los programas o proyectos en los cuales trabajan, cuando estos se dan.  Como clase profesional tenemos que ir abriendo caminos a espacios más decisorios para poder promover “…que las acciones políticas se ajusten a las demandas ciudadanas y constituyan realmente la prestación de un servicio social apartándose de la caridad y los parches circunstanciales”. (Turtós y Monier, s.f, p. 3)

Si las personas profesionales en Trabajo Social se entusiasman a asumir este reto, es importante tomar en cuenta consideraciones adicionales a las ya expuestas.  Estas son algunas sin establecer orden de importancia o jerarquía.

1.         Dada la complejidad de las políticas sociales, lo cual en parte es efecto de las múltiples definiciones que adquieren las mismas y la diversidad de formas en que se implantan, un aspecto sumamente importante es, establecer con precisión lo que se quiere evaluar.  O sea, precisar la definición de política social referida.  Contestar las preguntas ¿de qué estamos hablando cuando decimos que se evalúen las políticas sociales?, ¿cuáles políticas sociales se quiere evaluar?, ¿a qué debe darse prioridad?.  En ese sentido se debe llegar a acuerdos con  profesionales de Trabajo Social en diferentes países para llevar un mismo mensaje. 

2.         También será importante conocer los avances realizados en materia de evaluación, y en especial de políticas sociales.  Dos de los aspectos más estudiados son el lugar que debe tomar la evaluación en el proceso de la política y los tipos, métodos o enfoques de evaluación apropiados para las políticas sociales.

En cuanto al lugar que debe tomar la evaluación, hay modelos que la ubican al final del proceso político.  O sea, presentan una concepción lineal del proceso, en el cual las políticas se formulan, implantan y finalmente se evalúan.  Otros modelos complejizan la evaluación de las políticas o programas ubicándola en las etapas de antes, durante y después de la implantación.  Quienes hacen este planteamiento lo exponen como una manera de superar la concepción lineal que en ocasiones se tiene del proceso político.  Por ejemplo, Peña (2000) plantea que la evaluación de políticas no puede simplificarse a partir de una perspectiva del proceso político que también es compleja. Él concibe el proceso político como uno de continuas retroalimentaciones entre los actores participantes y considera que la evaluación puede estar presente en todos los momentos (Peña, 2000). 

Sobre los tipos de evaluación, Peña (2000) menciona la existencia de dos tipos de evaluación necesarias: la evaluación operacional y la evaluación estratégica.  La evaluación operacional es aquella que busca contestar si la política alcanza sus objetivos, si la implantación y la administración es efectiva y conocer los impactos que pueden atribuirse a la política, entre otros aspectos.  Mientras que la evaluación estratégica es utilizada para conocer si las premisas conceptuales de las políticas y las soluciones propuestas en las mismas son adecuadas para atender los problemas o situaciones que intentan resolver.  Es importante saber reconocer cuándo usar una u otra.

En cuanto a los modelos, métodos y enfoques para conducir la evaluación es importante saber que se han multiplicado con los avances en el conocimiento del tema.  Al punto que en la actualidad hay revistas exclusivas para atender este tema, cursos sobre evaluación de la gestión pública en universidades y asociaciones de profesionales de la evaluación.  En el 2001 Stufflebean enumeró veintidós distintas formas de acercarse a la evaluación de programas.  Algunos de los modelos o enfoques más conocidos en la evaluación de políticas sociales son: la evaluación orientada a objetivos, la evaluación orientada a la toma de decisiones y los enfoques participativos (Sulbrandt, 1992). 

Un aspecto importante a considerar es, que aunque todos los enfoques de evaluación  tienen características distintivas, incluyendo ventajas y desventajas, en ocasiones pueden utilizarse simultáneamente.  Esto es particularmente importante considerar en la evaluación de políticas sociales.  Por su complejidad, las políticas sociales demandan métodos y diseños de evaluación que puedan, “… captar las señales difusas de una realidad compleja, múltiple y cambiante.” (Sulbrandt, 1992)  Esto puede implicar la combinación de métodos y un diseño específico para cada política, programa o proyecto a evaluar.

Además, aunque la evaluación de políticas sociales puede ser pragmática al usar varios métodos, muchos de los estudiosos de la evaluación coinciden en que el elemento participación no puede faltar.  El énfasis en el enfoque participativo “… is that people involved in a given development programme or organization, both as implementors and as beneficiaries, start participating in and take charge of the evaluation efforts.” (Naciones Unidas, 1996, p. 9) y uno de sus propósitos principales, “…is empowering if it helps people develop skills so they can become independent problem solvers and decision makers.” (Fetterman, s.f., p. 1).  Por las características de los enfoques de evaluación participativos, estos encuentran eco en los valores de empoderamiento centrales en el trabajo social y promueven el tipo de evaluación que se busca.

3.         Las personas profesionales en Trabajo Social tienen que conocer el status de los procedimientos evaluativos en su respectivo país.  No podemos comenzar a dar sugerencias sin conocer el punto de partida. En Puerto Rico, por ejemplo, se ha identificado una gran necesidad de poner en la agenda del gobierno la institucionalización de la evaluación de las políticas públicas, en particular las del área social.  La mayoría de las políticas sociales no se evalúan y cuando se hace, como en muchos otros países, los resultados no tienen ningún efecto en su mejoramiento, al no ser utilizados.  Aún así, es importante señalar que falta mucho por estudiar para poder hacer recomendaciones pertinentes.

4.         Las personas profesionales en Trabajo Social también deben estudiar cómo las experiencias de otros países implantando políticas para evaluar la gestión pública, y la literatura sobre el tema de la evaluación de políticas sociales, entre otros aspectos, pueden ayudar a impulsar una evaluación de las políticas sociales apropiada para cada país y así reducir el impacto negativo que tiene la falta de evaluación, y proporcionalmente aumentar el impacto positivo de las políticas, programas o proyectos sociales implantados.

5.         Se coincide con Lorena Molina, en una conversación personal, en que la evaluación de las políticas sociales es una responsabilidad ética. El no evaluar las políticas sociales tiene efectos muy adversos que son de gran importancia para las personas profesionales en Trabajo Social.

Son los relacionados a las poblaciones que se pretende impactar con las mismas.  La falta de evaluación puede hacer que no se solucionen los problemas de las poblaciones meta, al haber dificultades para obtener información para concebir y analizar los problemas correctamente.  O sea, no mejoran las condiciones de los pobres, las personas no superan los problemas de adicción, las personas adultas mayores no alcanzan calidad de vida, las personas con impedimentos siguen rezagadas, continúa la violencia doméstica, etc (Rodríguez, 2006).

Se han presentado algunos aspectos a ser considerados por las personas profesionales en Trabajo Social si se interesan en promover la evaluación de políticas sociales.  Indudablemente, la acción de promover la evaluación de políticas es un asunto complejo, sobre el cual no se puede ser exhaustivo en pocas páginas.  Probablemente quedan fuera de este escrito muchos otros aspectos que deben ser considerados para promover una evaluación de políticas sociales adecuada y pertinente.  La intención en esta ocasión solo ha sido provocar inquietud en quien haya pensado en el asunto discutido, y aumentar la inquietud entre quienes sí lo han pensado y quizás hasta lo hayan trabajado.

CONCLuSIóN

Las nuevas tendencias mundiales de administración pública y administración de programas sociales enfatizan en dirigir los esfuerzos hacia la obtención de resultados, (Santana, 2003; Kliksberg, 1992).   Una de las causas principales para estas tendencias son las críticas hechas al Estado.  La corrupción, las crisis económicas y la falta de solución de los problemas sociales, entre otros asuntos, han provocado la desconfianza de los pueblos en los sistemas gubernamentales, y exigen cada vez más modelos de fiscalización y evaluación.  Por esa razón, muchos países han creado instrumentos para que se evalúe la gestión pública y los proyectos de índole social.  No obstante, aún hay países que no tienen progresos al respecto.

Ante estas tendencias, es necesario ofrecer recomendaciones concretas para que las políticas sociales se evalúen considerando los valores sociales, o sea, descartando considerar únicamente los criterios de eficiencia y eficacia.  Cuando se trata de este tipo de políticas, es importante llevar a cabo una evaluación que, entre otros fines, contribuya a “… valorar en qué medida los programas sociales potencian a sus beneficiarios mediante la generación de formación de capacidades que quedan incorporadas en el capital humano y social.

(SIEMPRO/UNESCO en Hintze,

2001, p. 12)

Al pensar de esta manera, se hace pertinente visualizar y promover el aspecto de la evaluación de políticas sociales desde el trabajo social. Por muchos años, esta profesión ha promovido valores sociales de gran importancia como la equidad, la justicia social, los derechos humanos y el autodesarrollo o apoderamiento. Valores que las corrientes de administración pública a nivel mundial no necesariamente enfatizan. 

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[1] Un ejemplo de estas iniciativas es el Decreto No24174-PLAN Gaceta 89 del 10 de mayo de 1995 que crea un Sistema Nacional de Evaluación (SINE) en Costa Rica.

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