Capitalismo costarricense en el Siglo XXI: cambios estructurales y repercusiones sociales

Es importante reconocer el papel determinante del neoliberalismo en la evolución socioeconómica de Costa Rica durante la década de 1980. Esta corriente ideológica y económica se instauró con fuerza durante un período de crisis global e influyó significativamente en la transformación de las estructuras productivas, sociales y comerciales de Costa Rica.

El inicio del siglo XXI correspondió al liderazgo del socialcristiano Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002). Sin embargo, en el 2000, se produjo una de las mayores protestas sociales en la historia reciente del país: la defensa del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) (Aguilar, 2010). Durante los meses de marzo y abril de ese año, el país presenció un masivo movimiento social en oposición a la Ley para el Mejoramiento de los Servicios Públicos de Electricidad y Telecomunicaciones y de la participación del Estado, popularmente conocida como el "Combo del ICE".

De acuerdo con Menjívar (2004), la convocatoria del movimiento reflejó un descontento profundo de la ciudadanía con la dinámica de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional (PLN). Este descontento se evidenció en el hecho de que un abrumador 93.7 % de la población percibía las protestas como una manifestación del cansancio y la desilusión que sentía en relación con la actuación de esos partidos. En ese contexto, el movimiento estudiantil de la Universidad de Costa Rica desempeñó un papel crucial. Menjívar (2004) destaca que los estudiantes se articularon con frentes sociales y participaron activamente en la discusión pública, organizaron foros y actividades de divulgación para informar sobre los alcances del "Combo del ICE".

A pesar de la movilización ciudadana y de los acuerdos alcanzados, el Gobierno intentó una vía rápida para la aprobación del "combo energético". Sin embargo, el 18 de abril del 2000, la Sala Constitucional declaró sin lugar el "combo", argumentando que la Asamblea Legislativa había violado normas, principios y valores constitucionales al intentar aprobar la ley de manera acelerada y sin el debido proceso democrático (Menjívar, 2004). Este fracaso y la exitosa movilización ciudadana reflejaron una creciente conciencia cívica y una mayor participación ciudadana en Costa Rica.

El fortalecimiento de la conciencia cívica se manifestó en las elecciones del 2002, que estuvieron marcadas por la crisis que enfrentó el bipartidismo, y por el surgimiento de nuevos partidos políticos. En ese momento destacó el Partido Acción Ciudadana (PAC), fundado en el año 2000 por un grupo de disidentes del Partido Liberación Nacional, liderados por Ottón Solís (Solís, 2011). Esta evolución política derivó del impacto que tuvo la movilización ciudadana en la transformación del panorama político costarricense.

Según Raventós y Ramírez (2006), entre 2002 y 2006 se desarrolló un proceso que determinó la decadencia del bipartidismo en Costa Rica, y mostró, en gran parte, el declive del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Los arrestos que sufrieron los expresidentes socialcristianos Rafael Ángel Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez que había sido electo secretario general de la OEA, y la prisión preventiva que les fue impuesta aceleraron este proceso. A estos hechos se sumó una investigación contra el expresidente liberacionista José María Figueres Olsen, relacionada con la contratación de una empresa por parte de la compañía francesa Alcatel (Solís, 2011).

Estos acontecimientos tuvieron un impacto sin precedentes en la ciudadanía, fueron profusamente cubiertos por los medios de información y se convirtieron en el punto de quiebre del sistema político tradicional (Solís, 2011). Aunque en los comicios del 2002 el PAC terminó de tercero, la mayor parte de sus votantes eran ciudadanas y ciudadanos descontentos con los partidos tradicionales. Ese malestar generalizado fue suficiente para forzar una segunda vuelta, inédita en la historia electoral del país, en la que el PLN fue derrotado por el PUSC y el socialcristiano Abel Pacheco llegó al Poder Ejecutivo (2002-2006) tras unas elecciones muy reñidas. Cuando el Dr. Pacheco tenía 14 días en el poder, el Consejo de Defensa de la Institucionalidad se reunió con él y le entregó un importante documento que advertía sobre las consecuencias que tendría un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, el resto de los países de Centroamérica y República Dominicana (Segura, 2004).

El TLC entre Centroamérica y Estados Unidos, firmado en enero de 2004, marcó el inicio de un intenso debate público sobre sus implicaciones. La divulgación de los textos del Tratado permitió que la ciudadanía se familiarizara con sus contenidos, y se produjera un amplio proceso de concientización sobre sus posibles consecuencias. Este período se caracterizó por una intensa actividad de divulgación y análisis, destacándose la publicación del libro "101 razones para oponerse al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos" del economista Henry Mora Jiménez, que alertó sobre los posibles impactos sociales del acuerdo (Segura, 2004).

De acuerdo con el autor, la sociedad costarricense se movilizó activamente durante ese tiempo, hubo protestas multitudinarias convocadas por diversos sectores, incluido el Movimiento Cívico Nacional, que abarcaba no solo a la oposición al TLC, sino que planteaba otras demandas relevantes como la lucha por salarios justos y la oposición a la transnacional española Riteve. El movimiento sindical desempeñó un papel crucial en la resistencia al Tratado, se organizó y realizó diversas campañas en defensa de los derechos laborales, especialmente durante los años 2003 y 2004 (Segura, 2004).

El impulso de estas iniciativas se vio afectado en 2005 por el inicio de las campañas electorales. El TLC se convirtió en un tema central en el discurso político, y obligó a todos los actores involucrados en el proceso electoral a definir su postura. El Poder Ejecutivo consciente del potencial impacto del Tratado en la opinión pública, optó por no enviar el proyecto de ley al Poder Legislativo, temiendo una reacción adversa que pudiera perjudicar las perspectivas de reelección del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) (Segura, 2004).

Las elecciones de 2006 se convirtieron en un hito crucial en la historia política de Costa Rica, se caracterizaron por una profunda polarización en torno al Tratado de Libre Comercio (TLC). Los candidatos presidenciales y la población se dividieron en posiciones a favor y en contra del acuerdo. Óscar Arias Sánchez, candidato del Partido Liberación Nacional, centró su campaña en la defensa del TLC y, finalmente, fue electo presidente por segunda vez (Raventós, 2008). El 12 de abril de 2007, el Tribunal Supremo de Elecciones accedió a la solicitud de un grupo de ciudadanos para recolectar firmas con el fin de convocar un referendo por iniciativa popular. Sin embargo, al día siguiente, Arias Sánchez anunció que convocaría el referendo por decreto presidencial, a pesar de que anteriormente había rechazado la idea de una consulta popular y de haber afirmado que las elecciones de 2006 eran equivalentes a un referendo sobre el TLC (Raventós, 2008). Esta decisión generó un debate intenso sobre la legitimidad del proceso y sobre el papel de la democracia participativa en decisiones de gran trascendencia para el país.

Desde junio hasta octubre, momento en que se celebró el referendo, hubo una fuerte campaña a favor y en contra del TLC. El apoyo al Tratado, o el “Sí” estuvo organizado de forma centralizada; de acuerdo con Raventós (2008) el comando de la campaña y la mayor parte de sus participantes trabajaron de forma remunerada. La dirección estuvo en manos de un ministro de Gobierno que renunció a su cargo para asumir la conducción de la campaña (Raventós, 2008). Los actores más visibles del SÍ fueron el gran empresariado, especialmente el sector exportador y el Gobierno de la República, encabezado por el presidente, con la participación de ministros, diputados oficialistas y alcaldes.

Raventós (2008) califica la oposición al TLC como un movimiento descentralizado, constituido por una gran diversidad de actores políticos y sociales que tuvo una coordinación muy laxa, y se sostuvo con trabajo voluntario. La autora señala que la propaganda que fue repartida casa por casa fue financiada por las organizaciones sociales con recursos propios, especialmente de los sindicatos y, en muchos casos, por los mismos activistas del “NO”. Además, se integraron comités patrióticos que se encargaron de la formación de redes de confianza interpersonal entre vecinos y vecinas de una comunidad, y se constituyeron en un recurso político importante.

Un mes antes del referendo, en septiembre, el Semanario Universidad publicó un memorando escrito el 29 de julio por el primer vicepresidente de la República y el diputado oficialista Fernando Sánchez (primo del presidente y ministro de la Presidencia). Este documento, dirigido al presidente de la República y al ministro de la Presidencia, expresaba preocupación por la fortaleza del movimiento del NO y sugería diversos métodos para impulsar la campaña del SÍ. Entre las propuestas de Casas y Sánchez se incluía una estrategia de coacción mediante una campaña basada en el miedo (Raventós, 2008).

El 7 de octubre de 2007, el referendo sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) favoreció al SÍ por un estrecho margen de 51,7 % frente al 48,3 % del NO (Tribunal Supremo de Elecciones, 2007). Aunque la consulta popular se había resuelto, quedaba pendiente la aprobación de un paquete de trece leyes necesarias para la implementación del Tratado. Según Raventós (2008), el Poder Ejecutivo había resistido la inclusión de estas leyes en la consulta por el interés que tenía en que se aprobara el Tratado independientemente del resultado del referendo.

Mientras se concretaban los pasos legislativos para ratificar el TLC, el contexto económico global comenzaba a cambiar dramáticamente. La crisis económica de 2008, que se originó en el sector de las hipotecas subprime en Estados Unidos en agosto de 2007, expuso de manera contundente la fragilidad inherente de tres sectores estrechamente interconectados: los servicios de bienes raíces, el sistema financiero y el sector de la construcción. Este colapso, precipitado por la caída de los precios inmobiliarios y el aumento de las tasas de interés, reveló no solo la interdependencia y vulnerabilidad de estos sectores; sino, también, las fallas sistémicas del capitalismo financiero desregulado. El modelo económico basado en la especulación y el endeudamiento excesivo era insostenible y se cuestionaba profundamente su viabilidad (Calderón, 2009).

A medida que la crisis se intensificaba, los instrumentos financieros vinculados a las hipotecas subprime se desplomaron. Los seguros no pudieron cumplir con sus compromisos, y los valores basados en activos desvalorizados se convirtieron en problemas significativos, lo que provocó grandes pérdidas para familias, aseguradoras, intermediarios financieros y tenedores de títulos (Calderón, 2009). En razón de lo anterior, resulta lógico plantear que desde la perspectiva de la teoría de la dependencia esta crisis evidenció la forma en que las economías periféricas, subordinadas a los centros de poder económico como Estados Unidos, se vieron arrastradas a una recesión global, lo que evidenció, una vez más, su vulnerabilidad y dependencia estructural del sistema capitalista mundial.

Las crisis son, esencialmente, producto del colapso que genera la correlación señalada anteriormente; además, advierten sobre la necesidad de adecuar el sistema a las nuevas exigencias del proceso científico-técnico (Jiménez, 2014). En consecuencia, el sistema se enfrenta a la imposibilidad de garantizar la acumulación capitalista a escala global de acuerdo con el modelo productivo-comercial, y se prepara para hacerlo con base en un patrón de acumulación especulativo-financiero (Jiménez, 2014). Esa transición sugiere que el sistema se vea obligado a sustituir el patrón de acumulación capitalista dominante por uno nuevo.

El sistema financiero, con su intrincada interconexión global, propició que las hipotecas subprime y sus derivados se dispersaran ampliamente y creciera el número de afectados cuando la crisis se agravó (Calderón, 2009). Para mitigar los efectos de la crisis, los gobiernos de Estados Unidos y Europa implementaron diversas medidas, principalmente inyectaron liquidez a los Estados y propusieron planes de ayuda para las familias afectadas.

Esta crisis trajo consigo un cambio significativo: la transición de un capitalismo productivo-comercial a uno especulativo. Esa etapa de desarrollo económico se caracterizó por el predominio de la lógica en las finanzas y la especulación sobre la producción real de bienes y servicios (Carcanholo, 2009). Este fenómeno surgió cuando el capital, inicialmente destinado a la producción industrial, se transformó en capital especulativo; es decir, dinero invertido con el objetivo de obtener ganancias rápidas a través de la compra y venta de activos financieros, en lugar de producir bienes y servicios (Carcanholo, 2009).

El capital especulativo se ha convertido en una forma autónoma que genera intereses o beneficios sin estar directamente vinculado a la producción real y, cuando no tiene un respaldo tangible en la producción, supera ciertos límites y comienza a contaminar a las empresas productivas (Carcanholo, 2009). Estas empresas, originalmente dedicadas a la fabricación de productos, empiezan a involucrarse en actividades financieras especulativas para aumentar sus ganancias. Esta fase de la globalización se caracteriza por un aumento en la explotación de los trabajadores y, paradójicamente, por un crecimiento excesivo del consumo de productos no esenciales (Carcanholo, 2009). Con base en los argumentos planteados anteriormente, se puede inferir que la búsqueda de ganancias rápidas mediante la especulación financiera provoca mayor desigualdad e inestabilidad económica, ya que los recursos se desvían de la producción real hacia actividades especulativas.

Cuando el sistema económico se desplaza de un modelo productivo-comercial hacia uno especulativo-financiero, se enfrenta a nuevas condiciones de acumulación capitalista. Este cambio implica un desplazamiento de una economía basada en la producción real a una dominada por la economía ficticia. Según Jiménez (2014), esta transición pone en evidencia cómo el predominio del capital especulativo erosiona las bases de una economía sostenible, distorsionando las prioridades económicas y exacerbando las desigualdades. El autor explica que esta evolución hacia una economía especulativa-financiera, a veces descrita como una onda larga descendente, refuerza las características intrínsecamente inestables y desiguales del capitalismo.

Al desplazar el enfoque de la producción real, esta transición profundiza las contradicciones del sistema económico. Este cambio no solo refleja una respuesta temporal a crisis estructurales más profundas, sino que también revela cómo el capitalismo especulativo perpetúa y agrava las desigualdades existentes (Jiménez, 2014). Considerando estos aspectos, es válido sostener la crítica de que el capitalismo especulativo no solo es insostenible a largo plazo, sino que también profundiza las desigualdades y vulnerabilidades inherentes al sistema económico global.

En el contexto de Costa Rica, la crisis económica global de 2008 tuvo un impacto considerable. Los consumidores costarricenses, ya afectados por el financiamiento bancario para adquirir bienes y servicios esenciales, vieron empeorar su situación, mientras que las empresas, especialmente en el sector de la construcción, enfrentaron severas dificultades debido a la falta de financiamiento. En respuesta a este panorama adverso, las autoridades financieras, incluido el Banco Central, se vieron obligadas a implementar medidas de emergencia para estabilizar la economía. En este marco, se diseñó el "Plan Escudo", una estrategia gubernamental destinada a mitigar los efectos negativos de la crisis en el país (Romero, 2011).

Al analizar el desempeño macroeconómico de Costa Rica en 2008, Romero (2011) afirma que una desaceleración significativa en comparación con años anteriores, el crecimiento del producto interno bruto (PIB) se redujo considerablemente, mientras que la inflación y el costo de la canasta básica experimentaron incrementos preocupantes. Además, el superávit financiero del año mostró una disminución notable, atribuida en gran medida a la crisis económica mundial que afectó la actividad económica y la recaudación de impuestos en el país (Mora y Morales, 2010).

El Plan Escudo consistía en varias políticas focalizadas en cuatro grupos: familias, personas trabajadoras, empresas y sector financiero. Sin embargo, muchos de estos rubros ya habían sido presupuestados en el pasado y lo que se hizo fue darles mayor realce (Romero, 2011). Los principales componentes anunciados por las autoridades fueron:

1. Aumento del 15 % de las pensiones del Régimen no contributivo.

2. Alimentación nutricional en los fines de semana: el IMAS entregará a 16.326 niños vales canjeables en supermercados y pulperías locales. Cada uno tiene un costo de 5.698,50 colones por mes para una familia de cuatro personas. Esta primera fase tiene un costo de 931 millones.

3. Ampliación de cobertura de Avancemos: a partir de febrero de 2009, el Gobierno prometió ampliar la cobertura del programa Avancemos, donde el número de beneficiarios actuales, 132.000, crecería a 150.000.

Para minimizar los efectos de la crisis financiera internacional, Romero (2011) argumenta que el incremento en el gasto público se justificó con el objetivo de crear mayores oportunidades para el desarrollo, tasas de crecimiento económico más altas y más y mejores oportunidades de empleo. Sin embargo, cuando el endeudamiento público se realiza sin criterios de sostenibilidad o rentabilidad social, como fue en el caso de Costa Rica, puede crear efectos adversos sobre el desarrollo económico y social del país (Romero, 2011). Durante el periodo 2006-2010, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) experimentó un aumento significativo en los salarios y en la cantidad de personal, incrementó los salarios en un 88 % y creó 10.956 nuevas plazas. No obstante, estos cambios no mejoraron los servicios médicos, ya que muchas de las nuevas plazas eran para labores administrativas (Mora, 2015). Ese aumento en los gastos de personal elevó el presupuesto de la CCSS dedicado a remuneraciones y redujo el dinero para la operación normal y las inversiones en los centros de salud.

Con respecto a estas irregularidades, en 2019, la Fiscalía Anticorrupción acusó a 18 autoridades de la CCSS por aprobar incrementos salariales y de cesantía de manera irregular, lo que contribuyó al desequilibrio financiero de la institución. En 2009, estas autoridades avalaron la política de incrementar 10.003 plazas y el tope de cesantía a 20 años exacerbando la crisis financiera (Murillo y Cordero, 2019). A partir de lo expuesto anteriormente, se puede conjeturar que las medidas tomadas por el Plan Escudo no fueron suficientes y Costa Rica experimentó un deterioro significativo en varios indicadores económicos y sociales que marcaron un retroceso general en su economía.

Según Villareal y Gómez (2010), por primera vez desde el año 2000, el producto interno bruto (PIB) registró una tasa de crecimiento negativa de -1.3 %. En este sentido, Mora y Morales señalan que, en los primeros nueve meses del año, la inversión extranjera directa (IED) se redujo un 38.79 % en comparación con los primeros nueve meses de 2008, pasando de $1.664,4 millones a $989.42 millones. Las exportaciones también sufrieron una caída considerable, de un crecimiento del 13.9 % en 2007, al 1.8 % en 2008 y finalmente a un -7.6 % en 2009 (Villareal y Gómez, 2010). Este deterioro económico provocó un aumento en la tasa de desempleo en casi tres puntos porcentuales con respecto a 2008, contribuyendo a un incremento en el porcentaje de hogares pobres. La pobreza total aumentó del 17.7 % en 2008 al 18.5 % en 2009, y la pobreza extrema pasó del 3.5 % al 4.2 % (Villareal y Gómez, 2010).

Aunque las medidas tomadas con base en el Plan Escudo: aumento en las pensiones del régimen no contributivo, programa de transferencias condicionadas “Avancemos” y subsidios del Instituto Mixto de Asistencia Social (IMAS), sirvieron como medidas paliativas, no fueron suficientes. Además, la desigualdad en la distribución de ingresos aumentó; el coeficiente de Gini alcanzó su nivel más alto desde 1987, pasó de 0.424 en 2008 a 0.439 en 2009 (Villareal y Gómez, 2010). Los ingresos en 2009 mostraron una reducción del 4.8 % respecto al 2008, pero los gastos totales aumentaron un 7.7 %, en un déficit financiero de 50.955 millones de colones (Mora y Morales, 2010).

Además, es esencial señalar que el 2009 fue un año de campaña electoral en Costa Rica. Villareal y Gómez (2010) señalan que esta campaña se caracterizó fundamentalmente por dos aspectos: 1) por primera vez en la historia del país, una mujer aspiraba a ocupar la silla presidencial con opciones reales de ser elegida y; 2) después de 57 años de vigencia del Código electoral, el Congreso aprobó, en septiembre de 2009, un nuevo código que modificó las reglas de las campañas electorales.

El 7 de febrero de 2010, Laura Chinchilla Miranda llegó al Ejecutivo con el Partido Liberación Nacional. La situación social y económica que debía enfrentar la presidenta era grave. Lo primero que tuvo que atender fue el desfase financiero que vivía la CCSS, por lo que el 13 de julio, el Poder Ejecutivo anunció en cadena de prensa, la crisis de la institución (Mora, 2019). Como respuesta a esta situación, la presidenta de la República firmó un acuerdo de pago para saldar las deudas del Estado con la CCSS por un total de 236.5 millones de dólares (Mora, 2019). Esta decisión se tomó después de que se revelara que la institución enfrentaba un déficit de 180 millones de dólares.

La efervescencia social, con respecto a la defensa de la Caja, inició en febrero de 2012, cuando la Unión Médica Nacional (UMN) se opuso al recorte presupuestario de tiempos extraordinarios anunciado por la CCSS, como parte de su estrategia de ahorro de costos ante la crisis que enfrentaba la institución (Mora, 2019). El 8 de noviembre de 2012, tuvo lugar el Primer Movimiento Patriótico Nacional por la Defensa de la Seguridad Social y la Caja. Durante esta manifestación, los participantes demandaron la detención de los cortes de presupuesto en hospitales, clínicas y ebais en ciertas zonas del país (Mora, 2015). Sin embargo, esta marcha fue duramente reprimida por las autoridades, por lo que la Unión de Empleados de la Caja (Undeca) emitió un comunicado en el que condenó los actos de violencia y solicitó que se investigara el abuso de autoridad de la Fuerza Pública. Aunque estas manifestaciones lograron llamar la atención sobre la crisis de la CCSS y forzar un diálogo con el Gobierno, no derivaron en soluciones inmediatas y definitivas para los problemas financieros y administrativos de la institución.

Uno de los grandes proyectos del gobierno de Laura Chinchilla fue la creación de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI). En el ámbito nacional, antes de la creación de la REDCUDI, ya existían diversas políticas públicas enfocadas en el cuidado infantil, por lo que proporcionaron experiencias concretas que facilitaron la formulación de una política más integrada y continua (Guzmán, 2014). En marzo de 2014, la aprobación de la Ley 9220 formalizó la REDCUDI, estableció un marco legal robusto para su operación y aseguró la continuidad de esta política pública. Esta ley orientó las acciones gubernamentales hacia la articulación de servicios, instituciones, programas y organizaciones sociales; generó un trabajo coordinado y complementario para el desarrollo y aprendizaje de niños y niñas. Esta perspectiva integral promovía la participación de los miembros de la familia, principalmente de las mujeres, del niño o la niña en los programas de cuidado, con un enfoque colaborativo y comunitario (Guzmán, 2014).

Finalmente, en los ámbitos social y económico, una de las últimas políticas públicas impulsadas por Chinchilla Miranda fue la creación del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), mediante la Ley 9137. A este sistema le asignaron las siguientes funciones: conformar una base de datos actualizada y de cobertura nacional de todas las personas que requieran de beneficios por programas sociales, constituir una red interinstitucional que permita hacer estudios comparativos entre las entidades públicas de ayuda social y con ello lograr una mejor distribución de los recursos y sistematizar el control de los recursos destinados a la inversión de los programas sociales (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2023).

En 2013, cuando Laura Chinchilla dejaba el Ejecutivo, la economía de Costa Rica registró un crecimiento del PIB real del 3.5 %, una cifra menor al promedio del 4.9 % observado en los tres años anteriores. De acuerdo con el Programa Estado de la Nación (PEN) (2014), este crecimiento se dio en un contexto de lenta recuperación de la demanda externa y un colón apreciado durante gran parte del año. La economía siguió mostrando un crecimiento volátil, lo que tuvo efectos negativos sobre la tasa de expansión de largo plazo, la tasa de desempleo y la posibilidad de reducir la pobreza, que se mantuvo en un 20.7 %. En términos de empleo y desigualdad, el Programa Estado de la Nación (2014) señala que la tasa de desempleo abierto alcanzó el 8.5 %, una de las más altas de los últimos quince años, y la desigualdad de ingresos llegó a un máximo histórico. Este fenómeno lo explica en gran medida el hecho de que los sectores más dinámicos de la economía beneficiaron desproporcionadamente a las personas con mayores niveles educativos.

El déficit fiscal del Gobierno central en 2013 fue del 5.4 % del PIB, el más alto de los últimos doce años. A pesar de las medidas de contención implementadas, el gasto primario no se redujo; representó un 16.5 % del PIB. El Gobierno central financió sus gastos mediante un mayor endeudamiento externo, lo que provocó que la deuda total aumentara del 25 % al 36 % del PIB entre 2008 y 2013 (PEN, 2014).

El 6 de abril de 2014, Luis Guillermo Solís, candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC), resultó electo como presidente de Costa Rica. El triunfo de Solís y su partido representó el fin de un ciclo electoral de más de 30 años durante el cual los dos partidos políticos tradicionales, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana se turnaban la silla presidencial.

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) definieron el "Plan Rescate 2014-2018". Este se sustentaba en tres pilares, hacía énfasis en el crecimiento económico y la generación de más y mejores empleos, y la reducción de la pobreza y la desigualdad (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, [MTSS], 2014). En noviembre de 2017, Luis Guillermo Solís presentó el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; sin embargo, no logró su aprobación. Debido a lo anterior, se convirtió en una prioridad durante el primer año de gestión de su predecesor Carlos Alvarado (Hernández y Solano, 2021).

Finalmente, en el 2018, el PAC logró posicionar a su segundo presidente, Carlos Alvarado Quesada que asumió el Poder Ejecutivo el 8 de mayo. Como se mencionó anteriormente, el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas transformó el impuesto de ventas en el impuesto al valor agregado (IVA), y lo amplió a los servicios y a la canasta básica, pero no estableció mecanismos claros de compensación para los sectores de ingresos más bajos (Hernández y Solano, 2021). También se introdujeron reformas parciales al impuesto sobre la renta, que gravó a las personas físicas más que a las jurídicas o a los grandes patrimonios, y se estableció una amnistía tributaria que benefició a estos últimos. Además, la ley introdujo una regla fiscal que establecía límites a la inversión estatal, reforzando discursos neoliberales que estigmatizaban el gasto público (Hernández y Solano, 2021).

En respuesta a la reforma fiscal, los sindicatos de la CCSS, el INS, el ICE, Recope, Japdeva y los sindicatos de maestros y profesores llamaron a una huelga indefinida a finales de agosto de 2018. La huelga comenzó el 10 de septiembre de 2018 y la situación social estuvo muy tensa durante los primeros días, con protestas y bloqueos de vías nacionales. Alvarado adoptó una táctica de diálogo, aceptó a la Iglesia católica como negociadora, pero sin presentarse personalmente a la mesa de negociaciones (Arias, 2021). Hernández y Solano (2021), plantean que, como respuesta a estas protestas, se presentó un proyecto para limitar el derecho a huelga en el sector público, impulsado por el diputado del PLN, Carlos Ricardo Benavides Jiménez. Con el apoyo inicial de más de 30 diputados de diferentes fracciones, el proyecto fue aprobado el 16 de enero de 2020; el proyecto prohibía explícitamente las huelgas políticas y "atípicas".

En abril de 2019, se presentó el proyecto de Ley Marco de Empleo Público. Su objetivo era ordenar, ahorrar y hacer más eficientes los servicios públicos. Fue aprobado en primer debate el 17 de junio de 2021, con consultas de constitucionalidad pendientes. Este proyecto fue parte de los compromisos que el Gobierno estableció con el FMI para obtener un crédito; tenía un enfoque fiscalista y generaba presión legislativa y mediática para su aprobación (Hernández y Solano, 2021).

La gestión del presupuesto por parte de la Asamblea Legislativa se caracterizó por la adopción de recortes adicionales, cifrados en aproximadamente 15. 000 millones de colones para el año fiscal 2020. De este monto, una parte significativa, específicamente 10.000 millones, fue rebajada del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Esta medida, enmarcada dentro de las disposiciones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y de la regla fiscal, reflejó un ajuste presupuestario del 4.3 %, según lo anunciado por el Gobierno (Hernández y Solano, 2021). El Ministerio de Hacienda tomó la decisión unilateral de asignar 35.000 millones de colones del FEES para cubrir gastos de capital, una acción que generó descontento y resistencia por parte de las universidades públicas.

Esta medida provocó consultas de constitucionalidad y movilizaciones de protesta, y evidenció la discordia entre las autoridades gubernamentales y las instituciones académicas (Hernández y Solano, 2021). El desvío de fondos del FEES para proyectos de infraestructura universitaria, revelado a mediados de octubre de 2019 por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), generó aún más controversia. Este acto fue interpretado como una contribución al manejo de la crisis fiscal, lo que a su vez impactó en el estancamiento del FEES, sin posibilidad de crecimiento. Esta situación ha avivado el debate sobre la gestión del presupuesto público y la importancia de salvaguardar los recursos destinados a la educación superior en Costa Rica (Arias, 2021).

La pandemia de covid-19, que comenzó a afectar gravemente a Costa Rica en 2020, resaltó la importancia del Estado social de derecho, especialmente en el sistema de salud pública y en los subsidios temporales como el bono “Proteger”. Como indican Hernández y Solano, la Ley de Alivio Fiscal ante el covid-19 permitió a las empresas prorrogar el pago de impuestos, sin distinguir entre pequeñas y grandes empresas. También se aprobaron leyes para la reducción de jornadas de trabajo y se suspendieron temporalmente contratos que afectaban las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Acuña (2021) señala que estas medidas sobrecargaron a las instituciones públicas y a los trabajadores; aunque los favorecía la reducción de la base mínima contributiva de los seguros de salud y pensiones. Además, la pandemia tuvo un impacto devastador sobre la economía, con una caída del 4.1% en 2020 y un aumento significativo del desempleo, que alcanzó su punto máximo con una tasa del 24.4 % en mayo-julio de 2020 (Acuña, 2021).

El deterioro de la situación fiscal se agravó por efecto de la pandemia, entonces el Gobierno negoció un crédito con el FMI y se comprometió a lograr un superávit primario del 1 % en 2023, con un ajuste fiscal del 2.5 % del PIB (Hernández y Solano, 2021). El primero de marzo de 2021, el Directorio del FMI aprobó un préstamo SAF para Costa Rica por 1.778 millones de dólares (Guillén, 2021).

Al ingresar Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2021, asumió el compromiso de racionalizar sus incentivos y pluses salariales, y establecer un régimen de remuneración más equitativo para los servidores públicos. En este contexto, surgió la Ley Marco del Empleo Público, iniciativa que generó un fuerte debate. Sus antecedentes se encuentran en la necesidad de atender dos aspectos fundamentales: la inequidad salarial y el déficit fiscal. Por un lado, la existencia de disparidades salariales entre diferentes instituciones y puestos con funciones similares motivó la propuesta de un salario único o global, sistema que ya había sido implementado en algunas instituciones como el Banco Central de Costa Rica y la Contraloría General de la República (Vargas, 2021). Por otro lado, la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, aprobada en 2018, introdujo cambios que afectaron el salario de los servidores públicos y estableció la rectoría del empleo público en el Mideplan (Universidad de Costa Rica [UCR], 2021). La consulta de constitucionalidad del proyecto de ley avaló la existencia del salario global o único, la centralización del control de las condiciones salariales y de trabajo, y la homogeneización de los perfiles de puestos y condiciones de ingreso (Vargas,2021). Sin embargo, también reconoció la autonomía de los diferentes poderes públicos y entes descentralizados.

La Ley Marco del Empleo Público generó preocupaciones, especialmente en lo concerniente a la centralización del control de las condiciones salariales y de trabajo pues afectaba la autonomía de los diferentes poderes públicos y entes descentralizados; además, la homogeneización de perfiles y condiciones de ingreso no consideraba, necesariamente, las especificidades y complejidades de las diferentes funciones en el sector público y, finalmente, el salario global podría limitar la libertad sindical y la negociación colectiva, afectando los derechos de los trabajadores públicos (UCR, 2021).

Finalmente, esa Ley fue aprobada el 3 de marzo de 2023, a pesar de la fuerte oposición presentada por los sectores populares. A partir de lo expuesto anteriormente, es válido conjeturar que estas medidas podrían estar motivadas por una mentalidad capitalista especulativa, donde se busca maximizar la eficiencia a corto plazo sin considerar adecuadamente las implicaciones de largo plazo para los trabajadores y la sociedad en su conjunto.

Rodrigo Chaves Robles fue elegido presidente de la República en la segunda vuelta electoral, el 3 de abril de 2022 con el Partido Progreso Social Democrático (PPSD). Chaves ejerció como ministro de Hacienda durante un breve lapso de 184 días en 2020 y 2021; sin embargo, renunció alegando diferencias con el estilo del entonces presidente de la República (Cisneros, 2020). Antes de fungir como ministro, Chaves trabajó para el Banco Mundial, donde fue sancionado por conducta inapropiada a raíz de una denuncia de acoso sexual que se interpuso en su contra, en el año 2009 (Díaz, 2021).

Entre las iniciativas oficialistas se encuentran el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para privatizar el Banco de Costa Rica (BCR) y los decretos presidenciales para promover la importación de arroz en detrimento de la producción nacional, conocida como “Ruta del Arroz” (Sequeira, Rojas y Chavarría, 2023). Esta última consistió en la eliminación del esquema de fijación y el recorte del 86 % del arancel a la importación, en agosto del 2022. Los productores de arroz locales han manifestado que esta política los ha puesto en situación de quiebra y han quedado en peligro de perder sus terrenos; al mismo tiempo otros críticos han señalado un desplome en la recaudación tributaria en favor de los grandes industriales, incluidos financistas de la campaña electoral de Chaves (Murillo, 2024). En este sentido, es necesario señalar que el precio del arroz sigue siendo el mismo, contrariamente a lo que se prometió.

Otro de los grandes proyectos que la administración Chaves Robles ha tratado de impulsar son las jornadas laborales 4 X 3 es decir: 12 horas de trabajo durante cuatro días y descanso de tres días sin variaciones de salario. Este proyecto beneficia a las industrias que deben mantener la producción durante 24 horas (Murillo, 2024). Con respecto al pago de horas extras, Chaves afirma que se pagarán a quien trabaje más de 48 horas semanales, a pesar de que la ley actual establece ese reconocimiento sobre el acumulado de horas en una sola jornada, no por semana.

Una de las áreas más débiles del Gobierno actual es la seguridad. En 2023 se registró una tasa de homicidios de 17.2 por cada 100.000 habitantes, la más alta de la historia del país en relación con la violencia criminal asociada al narcotráfico (DW, 2024). Pese a estas cifras tan alarmantes, el presidente de la República justifica la creciente ola de homicidios asegurando que las víctimas de ataques armados están asociadas al narcotráfico o a actividades criminales y que se matan entre ellos mismos (Castro, 2023). Pero esto no sucede así, ya que en ese mismo año los casos de víctimas colaterales se triplicaron hasta llegar a 52 muertes (Bolaños, 2024).

Finalmente, el 2 de mayo de 2024, Chaves presentó un Informe de labores de 141 páginas. No obstante, entre el discurso que emitió ante los diputados y diputadas y el informe escrito pueden encontrarse serias contradicciones; a manera de ejemplo, Chaves dijo en el Plenario que la inversión extranjera directa (IED) en el 2023 fue de $3.900 millones, lo que superó la meta del año; en el reporte escrito, consignó que fue de $2.691 millones: una diferencia de un 45 % por debajo de la meta (Bermúdez, 2024).

Conclusiones

El repaso del desarrollo histórico de Costa Rica en el siglo XXI revela cómo el neoliberalismo y las diversas crisis experimentadas a lo largo del período de estudio, han constituido un factor determinante en la transformación socioeconómica del país; especialmente por la implementación de políticas de ajuste estructural y la influencia de organismos internacionales. El neoliberalismo logró consolidarse a pesar de enfrentar significativos desafíos económicos.

Las reformas introducidas durante estas administraciones no solo redefinieron el marco económico de Costa Rica, sino que tuvieron repercusiones profundas en el tejido social del país. La crisis financiera global de 2008 puso de manifiesto las vulnerabilidades del modelo neoliberal, no solo revelaron las fallas del capitalismo especulativo, sino que mostraron su impacto en la economía local. El examen de las consecuencias de estas políticas muestra un panorama complejo, caracterizado por un incremento en la pobreza, la desigualdad y la precarización del mercado laboral.

La protesta social y el papel de las universidades públicas emergen como elementos cruciales en el contexto de las transformaciones socioeconómicas que ha atravesado Costa Rica en el siglo XXI. Los centros de educación superior pública, han desempeñado un papel fundamental en este proceso adoptando un rol de centros de análisis crítico, y realizando investigaciones y estudios que iluminan los efectos de las reformas neoliberales y su impacto en la sociedad.

En el contexto actual, durante la administración de Rodrigo Chaves Robles, se observa una profundización de las políticas neoliberales que marcan la evolución socioeconómica de Costa Rica en el siglo XXI. Las reformas propuestas, entre ellas las jornadas laborales 4x3 y diversas iniciativas de privatización, son indicativas de una continuidad de las estrategias neoliberales tendientes a transformar la estructura económica del país. La administración de Chaves Robles no solo perpetúa estas políticas, sino que ha mostrado rasgos autoritarios que merecen un análisis crítico más profundo.

El Gobierno actual se ha caracterizado por carecer de las condiciones necesarias para lograr acuerdos en asuntos presupuestarios y de seguridad, áreas esenciales para la estabilidad del país. Esta incapacidad para llegar a consensos refleja un deterioro en la gobernabilidad, que podría tener consecuencias adversas en el desarrollo económico y la cohesión social de Costa Rica. Adicionalmente, los ataques constantes a los medios de comunicación representan un riesgo significativo para la democracia costarricense, que se destaca por su estabilidad y respeto a la libertad de expresión.

La libertad de prensa es un pilar fundamental de la transparencia y el funcionamiento efectivo de un sistema democrático. Su erosión no solo amenaza el acceso de la ciudadanía a información crítica, sino que socava la capacidad del país para enfrentar desafíos económicos y sociales con información pertinente y veraz que alimente la reflexión y el análisis crítico, aspectos fundamentales del diálogo democrático.