Andragogía y Trabajo Social: indicadores sobre exclusión educativa de personas adultas
Introducción
Este artículo de reflexión forma parte de un proceso permanente de investigación desarrollado por el Programa de Educación Abierta de la UCR. Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2024 se actualizó el perfil estudiantil de la población beneficiaria con base en información proporcionada por 298 personas, en el proceso de matrícula del programa.
Los datos fueron recolectados mediante la plataforma de Google Forms; el PEA- UCR se responsabilizó de la custodia de los resultados con fines estadísticos y de investigación; para utilizar los datos obtenidos se contó con la aprobación de las personas participantes.
Posteriormente se procesaron los datos de acuerdo con las siguientes categorías: edad, género, estado civil, residencia, nexo con personas funcionarias de la Universidad de Costa Rica, ocupación, contexto familiar, situación socioeconómica y educación. A partir de la identificación de tendencias, se realizó un cruce de la información, lo que permitió crear indicadores relacionados con mujeres jefas de hogar, afectaciones psicosociales, vulnerabilidad social, exclusión educativa, entre otros.
La caracterización cuantitativa posibilitó el establecimiento de una triangulación con investigaciones y entrevistas previas realizadas por el PEA-UCR mediante un abordaje cualitativo, que consideró las rutas de intervención establecidas con la población a partir de sus particularidades y necesidades específicas. Por lo tanto, esta investigación se fundamenta en los mismos pilares teóricos del PEA-UCR: el enfoque de derechos humanos, de género e interseccional; así como en paradigmas educativos tales como andragogía, educación popular, educación permanente y aprendizaje a lo largo de la vida (ALP).
Surgimiento y aportes del Programa de Educación Abierta de la Universidad de Costa Rica (PEA-UCR)
El Programa de Educación Abierta de la Universidad de Costa Rica (PEA-UCR) se propone reducir la exclusión educativa de las personas adultas en el sistema formal costarricense; surge a partir de un proyecto de extensión docente, denominado Creando oportunidades para el desarrollo personal y profesional: una experiencia de Educación Abierta en la Universidad de Costa Rica, establecido en el 2005, mediante la vinculación de la Escuela de Trabajo Social (ETSoc) y la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) (Vargas, Meléndez y Fonseca, 2019).
Es importante destacar que el PEA-UCR surgió con el propósito de atender una necesidad específica del personal de la universidad: el requisito que establecía la administración de poseer, como mínimo, el grado académico de secundaria completa para las personas funcionarias. Por esa razón, un grupo de personas solicitó el apoyo de la universidad para poder culminar sus estudios formales de secundaria y cumplir con esos nuevos requerimientos.
Esta solicitud se planteó ante diferentes unidades académicas y unidades ejecutoras, y fue atendida por la VAS a través de la Dirección de Gestión, que generó un vínculo con la ETSoc para inscribir un proyecto de extensión docente y responder a la necesidad planteada. Sin embargo, desde sus inicios, el programa amplió la posibilidad de ingreso a otras poblaciones; entre ellas: familiares del personal universitario y personas de las comunidades cercanas en situación de vulnerabilidad (Vargas, Meléndez y Fonseca, 2019).
Por lo anterior, es necesario destacar el compromiso que asumió la ETSoc de respaldar esa solicitud como acción afirmativa de la ampliación y defensa del derecho de la educación de las personas adultas que han sido históricamente excluidas, tanto las que formaban parte del colectivo de personas funcionarias como las integrantes de la sociedad civil (Ramos, 2019).
Para la presente investigación resulta interesante que , las entidades que asumieron esa propuesta fueran justamente el colectivo de Trabajo Social y la VAS, ya que existían otras unidades académicas y unidades ejecutoras que históricamente habían liderado ese tipo de procesos; sin embargo, la solicitud de las personas funcionarias fue rechazada por esas instancias, “ya que no existía conciencia en ese momento (...) de la importancia de que la acción social también podría direccionarse hacia el mismo interior de la Universidad” (Vargas, Meléndez y Fonseca, 2019, p.8). De esta forma, se reforzó la labor que realizaba Trabajo Social, al posicionar rutas de intervención que respondían a las necesidades y demandas de los diversos sectores poblacionales y que, además, se vinculaba con esas poblaciones a través de un posicionamiento ético-político que favorecía a los sectores más “vulnerabilizados”.
Esa visión del programa respecto de la necesidad de ampliar el derecho a la educación de las personas adultas y la importancia de la acción social en los espacios locales, se reflejó durante el año 2018, en las inscripciones de dos procesos de regionalización en las sedes del Pacífico y del Sur. Fue así como se replicaron las acciones desarrolladas por parte del PEA-UCR en zonas geográficas de alta vulnerabilidad socioeconómica y de bajo índice de desarrollo humano según las variables de salud, educación y empleo, indicadas por el Informe Estado de la Educación en Costa Rica (2023).
El PEA-UCR partió de la modalidad de “Educación para personas jóvenes y adultas” (EPJA), que definió el Ministerio de Educación Pública (MEP) como una sección del sistema educativo que acogía a diversos sectores sociales con el fin de que estos pudieran finalizar sus procesos educativos y mejorar su condición social (Ramírez, Vargas y Quesada, 2017). De acuerdo con López (2015), la EPJA constituyó un proceso de aprendizaje en el que las personas adultas desarrollaban sus capacidades, enriquecían sus conocimientos y mejoraban sus competencias técnicas.
En ese sentido, la “Educación para personas jóvenes y adultas” se visibilizó como una alternativa que agrupaba a un sector poblacional que ya no tenía acceso -por diferentes razones- a las modalidades y espacios educativos tradicionales. Esto provocó la necesidad de un escenario que funcionara como una acción afirmativa que aminorara el riesgo de exclusión social que representaba la falta de formación básica, por lo que se planteó la figura de ciudadanía -estudiantado, para reflejar a esta población como sujeta de derechos (Fernández, 2011). Por tanto, desde esta mirada era importante derribar el paradigma educativo a partir del cual se planteaba que la educación formal se encontraba limitada a la niñez y la adolescencia, e incorporar una posición desde la educación permanente, que considera que el aprendizaje es parte de todas las etapas de la vida de las personas (Cavallo, 2023).
A partir del paradigma del aprendizaje a lo largo de la vida (ALP), se concibe la educación como un proceso que trasciende la formación tradicional que se imparte en los centros educativos y se plantea como “…un proceso continuo de desarrollo y perfeccionamiento de la propia persona, orientado hacia la plena satisfacción personal, el ejercicio social activo y un protagonismo en la transformación de su entorno” (Dávila, 2013, p.88). Por lo tanto, su vínculo con la Educación para Jóvenes y Adultos (EPJA) es fundamental, puesto que reconoce las capacidades, conocimientos y competencias que poseen las personas adultas y que se pueden potenciar desde la andragogía.
Sin embargo, la inserción de la población adulta en la educación formal presenta retos, principalmente identificados con factores o elementos “(...) exógenos a los procesos educativos, pero cuyas dinámicas responden a características muy particulares de las personas que asisten a estos programas” (Ramírez, Vargas y Quesada, 2017, p.46). Entre ellos puede citarse el contexto que permea a la población estudiantil, así como las propias limitaciones de los sistemas educativos que pueden incidir en la exclusión o integración de las personas estudiantes.
Uno de los principales elementos que limita la inserción de la población adulta en los centros educativos es la exclusión social, fenómeno multidimensional y multifactorial que “no solo implica la reproducción de las desigualdades tradicionales (arriba/abajo) sino que implica una relación de encontrarse dentro o fuera del sistema social (...) en el que se ejercen los diversos ámbitos de ciudadanía” (Jiménez y Taberner, 2009, p.13). En el contexto educativo, se reconoce que “la exclusión escolar (…) va de la mano de formas previas de exclusión social” (Jiménez y Taberner, 2009, p.13), porque estos factores se realimentan, agudizan y configuran trayectorias educativas de esa población ligadas a factores económicos, culturales, sociales, institucionales y pedagógicos que inciden en su permanencia en el sistema educativo formal.
Por lo anterior, la exclusión educativa se concibe como un “proceso o conjunto de procesos dinámicos, contextuales, multicausales, multidimensionales y de naturaleza relacional asociado a las potencialidades y dificultades de los sistemas educativos para garantizar equidad y participación plena de todo el estudiantado” (Batista y Torralba, 2019, p.3). A partir del análisis de estos elementos, el PEA-UCR se fundamenta en el paradigma de exclusión educativa, porque reconoce la existencia de causas estructurales que afectan los factores de riesgo que enfrentan las personas adultas.
Por tanto, la “…conformación de itinerarios de exclusión escolar tiene relación con otros factores estructurales, dinámicos y procesuales que desembocan en la privación de derechos esenciales de la ciudadanía” (Jiménez y Taberner, 2009, p.28). Se cuestiona, entonces, la perspectiva de deserción educativa, porque coloca la responsabilidad de la permanencia en los centros educativos sobre las personas, y obvia los procesos contextuales que afectan directamente las oportunidades y los derechos de ciertos grupos etarios.
Por estos motivos el PEA-UCR considera fundamental contextualizar y problematizar los aspectos vinculados a la educación de las personas adultas, para recuperar las experiencias y las necesidades de esa población, y “deconstruir” las visiones de mundo que la excluyen del derecho a la educación.
Para comprender los procesos de exclusión de las personas adultas de su derecho a la educación es necesario definir algunos indicadores. Sin embargo, es importante señalar que hubo que delimitar esos indicadores ya que son muchos los existentes, y se consideraron solo cuatro porque estadísticamente fueron los más relevantes según la información recabada a través del PEA-UCR: factores económicos, exclusión educativa, brechas de género y autoestima y redes de apoyo.
A continuación, se exponen los principales hallazgos relacionados con cada uno de ellos.
Análisis desde Trabajo Social de los indicadores de exclusión social presentes en la población adulta que conforma el PEA-UCR
Como parte de su labor investigativa, El PEA-UCR y el Departamento de Trabajo Social compilaron una serie de datos sociodemográficos concernientes al cuerpo estudiantil que conformaba el programa con el propósito de crear un perfil poblacional que orientara el quehacer y la formación educativa que se proveía al estudiantado. Lo anterior permitió identificar una serie de indicadores que incidían en la exclusión de las personas adultas de la educación formal.
Factores económicos
El perfil poblacional realizado en el año 2024 determinó que la mayor parte de la población que conformaba el PEA-UCR se desempeñaba en empleos asalariados con contrato por tiempo indefinido, trabajos no remunerados tales como oficios domésticos y labores de cuido, empleos no formales con modalidades por días, horas, ventas ambulantes y emprendimientos propios.
Figura No.1. Actividades económicas en las que se desempeñaba la población adulta que conformaba el PEA-UCR
Nota. Perfil poblacional PEA-UCR 2024
Perfil poblacional PEA-UCR 2024
Perfil poblacional PEA-UCR 2024
Como se puede observar, aunque un importante porcentaje de las personas se desempeña en empleos asalariados; existe, en contraposición, una diversidad de trabajos no formales que se convierten en el sustento de la población estudiantil. Lo anterior propicia que un 50 % de personas indique que su salario mensual oscila entre los 200 000 y los 400 000 colones, mientras que un 19 % señala que el monto percibido mensualmente es menor a los 200 000 colones. Dichos ingresos no solo deben cubrir las necesidades básicas del grupo familiar, sino que, en ocasiones, también se destinan al cuidado de padres, madres e, incluso, de otros integrantes de familias extendidas.
Esto genera una dicotomía en la posibilidad de suplir las necesidades de las poblaciones adultas, porque no cuentan con los recursos económicos necesarios para disfrutar de una vida digna y, tampoco, pueden optar por estrategias educativas que les permitan acceder a mejores puestos laborales con mayores ingresos. En ese sentido deben escoger las actividades inmediatas que les permitan subsistir y atender las responsabilidades familiares y, en consecuencia, los procesos educativos tienden a ser postergados y relegados.
Por lo anterior, la población estudiantil muestra altos niveles de insatisfacción en cuanto a la atención de diversas necesidades básicas: viajes y ocio, vivienda y alquiler, estudios, compra de medicamentos, transporte, internet y cable, entre otros.
Figura. No.2. Insatisfacción de las necesidades básicas de la población adulta que conforma el PEA-UCR
Perfil poblacional PEA-UCR 2024
Lo anterior determina que la población estudiantil considere que la modalidad gratuita del PEA-UCR es una propuesta que les permite acceder a la educación a pesar de las limitaciones económicas que padecen.
En estos momentos mi familia está pasando una situación económica difícil y ya con al menos un título de bachillerato podría encontrar un trabajo o bien poder entrar a una universidad pública becada, ya que mis ingresos no me permiten estudiar en algo privado (Informante 1, 15 de enero del 2024, comunicación personal).
Como se ha demostrado, el factor económico es un elemento estructural que genera desigualdad educativa: fenómeno que excluye “a determinados individuos o colectivos del acceso, permanencia y aprovechamiento del sistema educativo” (Favila y Lenin, 2017, p.78). Además, no contar con el título de bachillerato de secundaria es una limitante para la movilidad laboral y el acceso a mejores ofertas de trabajo que satisfagan las necesidades básicas de esta población y, por ende, sus condiciones sociales. Por lo tanto, el reto consiste en generar nuevos procesos que democraticen el acceso al derecho de la educación:
Agradezco el tiempo que se toman en crear estos programas para personas que económicamente no tenemos el acceso para pagar por clases (Informante 2, 15, enero del 2024, comunicación personal).
Necesito el título para mejorar mi situación laboral y económica, un buen trabajo (Informante 3, 15 de enero del 2024, comunicación personal).
Como indican las personas estudiantes, la educación es concebida como un motor de transformación y ascenso social, puesto que “el acceso igualitario a la educación es no solamente uno de los derechos humanos fundamentales, sino también un componente central del bienestar” (Favila y Lenin, 2017, p.78). Es decir, la formación educativa es un medio de dignificación social: fomenta la empleabilidad, la satisfacción de necesidades básicas, el ejercicio activo de la ciudadanía, y el desarrollo integral en diversas esferas de la vida social.
Como la mayoría de la población estudiantil indica, el factor económico es determinante en la exclusión del sistema educativo. Por eso el PEA-UCR se convierte en una alternativa de estudio gratuita que brinda acompañamiento a personas que pertenecen a distintas realidades y condiciones psicosociales que, sin embargo, la población identifica como su vida cotidiana, entorno familiar y comunal. Asimismo, desde el Departamento de Trabajo Social del PEA-UCR se han generado acciones afirmativas para incentivar la permanencia de la población; entre ellas alianzas interinstitucionales que brinden apoyo como las becas del IMAS, las de las municipalidades, permisos de estudio, certificaciones para los juzgados de familia, seguimientos psicosociales, subvención de materiales de clases, etc.
La labor del PEA-UCR es particularmente relevante porque democratiza espacios públicos para las poblaciones que han sido históricamente excluidas de esos escenarios, y demuestra la relevancia de la Acción Social desarrollada por las universidades públicas con el objeto de mejorar las condiciones de vida de la sociedad civil, las comunidades y, en particular, de las personas que han sido excluidas del derecho a la educación.
Exclusión educativa
Una de las principales variables identificadas en los perfiles poblacionales se refiere a las condiciones de vida que propician la exclusión de las personas estudiantes durante su adolescencia. En este sentido, un 90 % de la población refiere que la situación económica de su núcleo familiar incidió en ausencia de los centros educativos, situación que se vincula con una inserción temprana al mercado laboral.
Lo anterior permite retomar la reflexión que se ha generado entre las categorías de deserción escolar y exclusión educativa. Históricamente el Ministerio de Educación Pública elaboró una serie de indicadores basados en la deserción e, incluso, esos indicadores sirvieron de base para la toma de decisiones en relación con la educación de personas jóvenes y adultas. No obstante, cuando se recuperan las historias de vida de esas personas, es posible identificar procesos estructurales que generaron una expulsión de los centros educativos y, por ende, violentaron el derecho a la educación de esas personas durante su adolescencia.
Sumado a lo anterior, se reconocen otros factores: el convertirse en padre o madre en la adolescencia (11.40 %), falta de interés (6 %), decisión de sus encargados legales (2.68 %), afectaciones en la salud (1.68 %), vivencias de bullying o acoso escolar (1.68 %), elementos estructurales del Ministerio de Educación Pública (MEP) que incidieron en su permanencia (1.68 %) y varias de las anteriores (11.74 %).
Figura No.3. Factores de exclusión educativa que influyeron en la población adulta que conforma el PEA-UCR
Perfil poblacional PEA-UCR 2024
Además, es importante destacar las voces y vivencias de las personas estudiantes. En uno de los primeros relatos se resaltan elementos estructurales que incidieron en la falta de interés en continuar los estudios; situación que, finalmente, alejó a la población de los centros educativos:
Me costó mucho integrarme socialmente y sufrí mucho bullying de parte de mis compañeros e incluso maltrato de algunos profesores. Eso me desanimó tanto que perdí el interés por seguir estudiando (Informante 4, 15 de enero del 2024, comunicación personal).
Al respecto, es necesario destacar que Costa Rica se declaró como el país con el mayor número de casos de bullying reportados en el mundo, con un porcentaje del 44 % de acuerdo con el informe del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) 2022 (Cordero, 2024). La violencia escolar es un factor que incide en la permanencia de la población en los centros educativos, puesto que afecta el desarrollo integral de las personas al perjudicar los procesos de aprendizaje, reconocimiento de emociones y sentimientos y desarrollo de habilidades para la vida, entre otros (Ramírez y Villalobos, 2017).
Además, se evidenciaron casos en los que la población estudiantil fue excluida del sistema educativo por convertirse en padres y madres en su etapa de adolescencia:
Tengo tres hijos, el mayor lo tuve a los 15 años, me convertí en mamá soltera por lo que me tocó dejar el colegio para trabajar (Informante 5, 16 de enero del 2024, comunicación personal).
Por tanto, se entrecruzan diversas variables que inciden en el proceso de exclusión: la condición socioeconómica del grupo familiar, la necesidad de insertarse en el mercado laboral, así como asumir nuevas responsabilidades relacionadas con el cuidado de una persona menor de edad. Es por ello que Mazuera y Albornoz (2017) indican que “…la extensión de la escolarización y la apertura de opciones de vida distintas a la maternidad sólo se irán produciendo conforme se vayan modificando las estructuras sociales y culturales que ahora las restringen” (p.124).
En ese sentido, las personas adolescentes madres y padres deben colocar en “pausa” sus estudios ante las nuevas responsabilidades que asumen, por lo que es relevante visibilizar el acceso a la educación como un derecho universal. Esto es un desafío en Costa Rica, ya que de acuerdo con el Informe del Estado de la Educación (2023), el índice de exclusión intraanual en el sistema educativo, para los niveles de tercer ciclo y educación diversificada, es de 5 %, y presenta un crecimiento exponencial desde el 2020. Lo anterior evidencia los retos que se deben asumir desde el sistema educativo costarricense ante la identificación de elementos estructurales que generan barreras en el acceso a derechos fundamentales como la formación educativa.
Por esas razones, desde el Departamento de Trabajo Social del PEA-UCR y a partir de estrategias como el seguimiento a las personas estudiantes, se logran detectar rápidamente los factores estructurales o personales que inciden en la exclusión de jóvenes y adultos del sistema educativo; lo anterior con el propósito de generar estrategias que propicien su permanencia en el programa.
Desde el Departamento de Trabajo Social se ofrece una atención integral en función de los derechos de la población, pues ante los distintos contextos que afectan al estudiantado, se ofrecen alternativas que permiten validar el derecho a la educación de las personas adultas: autoestima, y derecho que tienen a retomar sus objetivos y sueños -a través de la educación- hasta la valoración de continuar con estudios superiores a través de actividades complementarias como talleres de ciencia, actividades de Orientación Vocacional, Giras Educativas y visitas a lugares de interés histórico.
Brechas de género
El género es una de las variables más relevantes identificadas en el perfil poblacional realizado. Los datos obtenidos revelan que la población estudiantil del PEA-UCR está significativamente feminizada, con un 68 % de mujeres en la matrícula.
Figura No.4. Sexo de la población adulta que conforma el PEA-UCR
Perfil poblacional PEA-UCR 2024
Las estudiantes del PEA-UCR poseen características específicas, un 70.5 % corresponde a mujeres que se desempeñan en oficios domésticos no remunerados (y remunerados), labores de cuido; son emprendedoras o se encuentran en desempleo. De esta forma, el perfil poblacional permite constatar que las mujeres inscritas en el programa desempeñan múltiples funciones: madres, estudiantes, trabajadoras y cuidadoras de hijos (as), cónyuges o parejas sentimentales, padres - madres y otros familiares.
Esto evidencia la permanencia de la doble y triple jornada laboral a la que la mujer sigue estando sometida en nuestro contexto; situación que, además, se vincula con los procesos de exclusión de la población femenina, ya que sus oportunidades de estudios y desarrollo personal se ven afectados por estas cargas de trabajo y responsabilidades. Todas ellas mediadas por los roles de género y las atribuciones sexuales vinculadas a ellos.
Esta complejidad de exigencias y responsabilidades asignadas socialmente a las mujeres en una sociedad patriarcal, se retratan en los relatos de las mujeres estudiantes del programa:
Quiero probarme a mí misma que sí puedo sin importar la edad, cumplir mi anhelo, lo que no hice en mi juventud (Informante 6, 15 de enero del 2024, comunicación personal).
Deseo terminar el colegio y una etapa no culminada en mi vida (Informante 7, 15 de enero del 2024, comunicación personal).
Como se muestra en las narraciones, las mujeres asumen una serie de roles de género que bloquean o condicionan sus potencialidades de desarrollo personal y profesional: labores de cuido, ser para otros, por lo que sus propios anhelos y aspiraciones son colocados en un segundo plano (Fonseca y Soto, 2022). Es por eso que una de las razones por las que las mujeres retoman sus estudios de secundaria es el crecimiento de sus hijos (as) porque eso les permite contar con más tiempo para dedicarle a sus propios proyectos.
De esta forma, el género en una sociedad patriarcal se convierte en un factor que puede incidir en la exclusión social de la población por las funciones asignadas: la precarización laboral, los desafíos que representa ejercer la maternidad como jefas de hogar, la división sexual del trabajo, entre otros (Fonseca y Soto, 2022).
Por tanto, se concluye que una gran cantidad de población que accede al PEA-UCR, son mujeres, a quienes se les vulnera el acceso a la educación, porque se encuentran relegadas a labores de cuidado y oficios domésticos no remunerados, o al insertarse en el mercado laboral, se desempeñan en empleos precarizados, lo que afecta la satisfacción de sus necesidades básicas y las de sus familias. De esta manera desde el Departamento de Trabajo Social del PEA-UCR se entiende la educación como un motor de cambio y transformación social de la realidad, y se incluyen estrategias como horarios diurnos que se complementan con la estancia de sus hijos (as) en los centros educativos, acompañamiento interdisciplinario y formación socioeducativa.
Es relevante destacar que cuando el Departamento de Trabajo Social entrevista a las mujeres estudiantes del PEA-UCR constantemente mencionan que forman parte del programa debido a los horarios diurnos que son más seguros para ellas, que el espacio universitario les brinda mayor comodidad y se sienten menos expuestas, que el programa cuenta con un reglamento contra el hostigamiento y el acoso sexual. Estos criterios reflejan experiencias previas que les han vulnerado y afectado su derecho a la educación, lo que debe llamar la atención sobre la situación estructural que sigue afectando de forma directa a la población femenina de nuestro país y que, si bien no es una situación exclusiva de ellas, las perjudica en mayor grado.
Autoestima y redes de apoyo
Los datos recopilados por el PEA-UCR muestran que la principal motivación de las personas adultas para retomar sus estudios es la necesidad de obtener un título de secundaria que les permita acceder al mercado laboral (37 %) o mejorar su posición en su empleo actual (3 %). A esta razón le siguen otras aspiraciones, como el deseo de continuar con una carrera universitaria (7 %) y la búsqueda de satisfacción personal (10 %), entre otras.
Figura No.5. Factores que motivan a la población adulta que conforma el PEA-UCR a retomar sus estudios
Perfil poblacional PEA-UCR 2024
De acuerdo con Cuenca (2011), la dimensión motivacional es un elemento fundamental para la población adulta, ya que les impulsa “(...) a la acción, a la vez que les orienta y les compromete” (p.241). En este sentido, las razones que incentivan al estudiantado a reincorporarse al sistema educativo formal son fundamentales para comprender el significado que las personas atribuyen al aprendizaje durante su experiencia formativa. Esto se refleja en las vivencias de la población.
El programa es excelente, estuve el año pasado y me gustó mucho, he crecido en mi autoestima y confianza de que puedo aprender cada día más, ha sido una experiencia maravillosa después de muchos años de no estudiar (Informante 8, 15 de enero del 2024, comunicación personal).
Como se indica, el reincorporarse al sistema educativo formal es clave para la población adulta y la motivación experimentada es intrínseca; es decir, proviene de sus propias vivencias académicas. De esta forma, la satisfacción personal se vivencia “al participar voluntariamente en un proceso de aprendizaje y culminarlo” (Cuenca, 2011, p.242).
De igual forma, la motivación de la población adulta por continuar sus estudios de secundaria puede ser interpersonal, es decir, el incentivo proviene de influencias relacionales actuales (Cuenca, 2011). Ante ello, la presencia de redes de apoyo familiares, de pareja, de amistades, de compañeros (as) y del mismo personal del PEA-UCR es crucial.
Aunado a este análisis, es importante mencionar que la población estudiantil retoma sus estudios en diversas etapas de su vida, a partir del momento en que fue excluida. Entre los rangos identificados se encuentran: 1 a 5 años (65 %), 5 a 10 años (42 %), 10 a 15 años (39 %), 15 a 20 años (26 %) y más de 20 años (51 %).
Figura No.6. Cantidad de años durante los cuales la población adulta que conforma el PEA-UCR pausó sus estudios
Perfil poblacional PEA-UCR 2024.
En las vivencias de la población se reconoce la edad como un desafío en el proceso de reinserción a la educación formal.
Sé que mi edad es avanzada y eso me ha hecho dudar de mi capacidad y de las oportunidades que puedo tener (Informante 9, 15 de enero del 2024, comunicación personal).
Aunque existe motivación para culminar una etapa educativa, se presentan sentimientos de vergüenza y temores ante el reto que representa continuar sus estudios de secundaria; lo anterior sumado a que un 26,5 % de la población estudiantil retoma su formación educativa después de veinte años de haber sido excluida del sistema educativo.
Yo quiero dejar mis temores y la vergüenza de no tener el bachillerato (Informante 10, 15 de enero del 2024, comunicación personal).
Lo anterior demuestra que la reinserción en el sistema educativo de las personas adultas que fueron excluidas en etapas tempranas de su vida representa un reto significativo, marcado por diversos factores, entre ellos, su autopercepción. A pesar de las dificultades, el estudiantado muestra una fuerte motivación por continuar y culminar su formación académica, aunque la ansiedad sobre sus capacidades y oportunidades sea un elemento constante. Este proceso de reintegración refleja la necesidad de brindar un apoyo adecuado, no solo en términos académicos, sino también emocionales, para superar los sentimientos de inseguridad y lograr una reintegración exitosa al sistema educativo formal (Fonseca y Soto, 2022).
Además, la metodología que implementa el Departamento de Trabajo Social con apoyo del personal docente y administrativo del PEA-UCR UCR, basada en postulados andragógicos, genera mecanismos que facilitan la reincorporación de la población adulta a los estudios de secundaria, pues al tomar conciencia de sus necesidades y condiciones particulares de vida se posibilitan espacios educativos más accesibles y equitativos.
El Programa también parte de un posicionamiento epistemológico que se basa en “el aprendizaje a lo largo de la vida”, y desmitifica los paradigmas que históricamente han señalado que solo en la niñez y en la adolescencia se logran procesos educativos significativos. Esto es relevante, porque la mayoría de la población estudiantil se encuentra en un rango de edad que oscila entre los 20 y los 49 años y, para su abordaje, el Departamento de Trabajo Social del PEA capacita a su cuerpo docente en la enseñanza de personas adultas, implementa métodos constructivistas en las lecciones, amplía la oferta de cursos de forma anual, habilita espacios de tutorías académicas, realiza giras educativas y desarrolla talleres sobre autoestima, toma de decisiones, manejo de límites familiares, generación de proyectos de vida, orientación vocacional y alternativas de estudios superiores etc.
Figura No.7. Elementos que inciden en la dificultad de acceso al sistema educativo formal de las personas estudiantes que conforman el PEA-UCR.
Perfil poblacional PEA-UCR 2024
Como se sintetiza en la figura anterior, aspectos como el género, la edad, la vulnerabilidad económica, la autoestima y las redes de apoyo inciden en la exclusión educativa que enfrentan las personas estudiantes del PEA-UCR. Por eso este programa se convierte en una opción real para alcanzar sus metas y sueños educativos.
Es importante rescatar que el PEA-UCR ha logrado generar una inflexión en la atención educativa de las personas adultas, gracias a la participación y liderazgo que ha desarrollado desde la profesión del Trabajo Social, incorporando una serie de aristas y líneas de trabajo que pocas veces se identifican en procesos educativos de personas adultas, y adscribiendo una serie de posicionamientos éticos y políticos propios de la profesión y del compromiso que mantiene con los sectores históricamente excluidos.
Reflexiones finales
Como cierre del presente artículo, es relevante reflexionar sobre la necesidad de exculpar a la población adulta que no ha finalizado sus estudios formales durante la adolescencia. Es necesario romper con los estereotipos que se han asignado a esta población y, de esta forma, visibilizar cómo el contexto, las estructuras económicas, sociales, familiares y culturales generan exclusión, en mayor grado, en ciertos sectores sociales.
Las historias de vida de las personas adultas que retoman sus estudios están llenas de obstáculos, de estrategias de sobrevivencia, deseos de superación y mucha resiliencia. Es indispensable que el aparato del Estado cambie la visión sobre esta población, genere política pública para su atención y resarza la deuda que existe con esta población en cuanto a su derecho a la educación:
Sé que estoy de edad avanzada pero las ganas de superación no se van con un número (Informante 11, 15 de enero del 2024, comunicación personal).
Principalmente por satisfacción y autorrealización personal, es un ciclo que deseo concluir, y que a la vez me permitirá mejorar mi situación tanto emocional como económica (Informante 12, 15 de enero del 2024, comunicación personal).
Desde el departamento de Trabajo Social del PEA-UCR ha sido posible identificar lo importante que ha sido el programa en las vidas de las personas que pasan por él. Ha constituido la democratización de un espacio que, a pesar de ser público, se presenta como inalcanzable para ciertas poblaciones; genera un sentimiento de pertenencia en la población estudiantil, se constituye en un factor protector y devuelve a las comunidades el aprendizaje generado en el ámbito universitario en materia de educación para personas jóvenes y adultas.
En este mismo sentido el Departamento de Trabajo Social ha tenido un enorme impacto en la gestión del programa; tanto la dirección como el equipo asesor que la acompaña han diseñado e incluido estrategias educativas y de formación que hacen del programa uno de los mejores en el país, por lo que ha llegado a ser reconocido por el Ministerio de Educación Pública como un programa modelo para otras instituciones.
Deseo profundamente realizarme como profesional. y así tener más oportunidades de trabajo para darles mayores oportunidades en calidad de vida a mis hijos (Informante 13, 15 de enero del 2024, comunicación personal).
Siguiendo en el programa siento que sí soy capaz de seguir adelante y poder llegar a estudiar en la universidad (Informante 14, 15 de enero del 2024, comunicación personal).
El Programa plantea un reto para los procesos educativos de las personas adultas, pero también ofrece una oportunidad gracias a la historia y a la trayectoria que ha generado. Es importante destacar, también, los aportes relevantes que puede ofrecer la profesión del Trabajo Social en la dirección de procesos educativos y psicosociales, pues su visión no es solo administrativa, sino que incorpora lo educativo y el acompañamiento a la población estudiantil; acciones que constituyen un salto cualitativo en los procesos educativos de personas adultas.
Las experiencias adquiridas pueden servir como base para futuras actividades y procesos, y muestran la relevancia y el impacto que tienen la acción social y las universidades públicas en la vida de la sociedad civil y en las comunidades en donde desarrollan sus actividades; por lo que es fundamental defender una labor tan importante, realizada con compromiso y rigurosidad.
