https://revista.trabajosocial.or.cr/index.php/revistaRevista Costarricense de Trabajo Social ISSN Impreso: 1409-1763 ISSN electrónico: 2215-5120

TRABAJAR_LO_“MASCULINO”_EN_LA_C_RCEL

TRABAJAR LO “MASCULINO” EN LA CÁRCEL. REFLEXIONES DESDE EL CENTRO ESPECIALIZADO “OFELIA VINCENZI PEÑARANDA”

Jorge Chaves Aguilar1

Resumen

Este artículo plantea algunas ideas acerca de la forma en que el proyecto neoliberal y el recrudecimiento del discurso2 conservador patriarcal han precarizado la vida de los jóvenes varones, han disminuido las oportunidades de trabajo y aumentado su penalización y encarcelamiento. Además, esta situación ha generado y agravado un perfil de sujeto sospechoso y peligroso, donde las expresiones violentas de la masculinidad tienen su cuota de responsabilidad.

Lo anterior evidencia la importancia que tiene el trabajo que realizan las y los trabajadoras sociales cuando intervienen en casos donde se plantea como factor determinante la masculinidad en jóvenes privados de libertad para la reducción de las desigualdades de género.

Descriptores: jóvenes, pobreza, neoliberalismo, Trabajo Social

1 Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente. Bachiller en Trabajo Social. Tesiario de licenciatura en Trabajo Social. Bachiller en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica, Sede Occidente. Estudiante de la Maestría en Estudios de la Mujer, Géneros y Sexualidades. Investigador en temas de género, masculinidades y VIH.

2 El artículo surge como parte de la investigación Un estudio de las condiciones socio materiales de vida de mujeres madres que enfrentaron procesos especiales de protección por dependencia a sustancias psicoactivas, residentes en San Ramón. Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente. Bachiller en Trabajo Social. Tesiaria de licenciatura en Trabajo Social.

Recibido: 4 de enero, 2021 Aceptado: 10 de marzo, 2021

Working on “Masculinity” in Prison. Reflections from the “Ofelia Vincenzi Peñaranda” Specialized Center

Jorge Chaves Aguilar1

SUMMARY

The following article aims to outline ideas on the ways in which both the neoliberal project and the resurgence of the patriarchal conservative discourse have made precarious the lives of young men, reducing job opportunities and increasing both penalties and imprisonment.

The profile of a suspicious and dangerous subject has been created and then aggravated; in this, violent expressions of masculinity assume a share of the responsibility. In addition, this refers to the role and importance of social workers to intervene in these expressions of masculinity in incarcerated youth, in order to reduce gender inequalities.

Descriptors: Youth, Poverty, Masculinity, Neoliberalism, Social Work

1 Bachelor of Social Work. University of Costa Rica, West Campus. Master’s Student in Women’s Studies, Gender and Sexuality. Researcher on Issues of Gender, Masculinity and HIV.

Received: January 4, 2021 March, 10, 2021

Introducción

A partir de 1980 las políticas neoliberales, que han implementado los diferentes gobiernos en Costa Rica, han provocado una profunda precarización y flexibilización laboral que se traduce en mayores índices de desempleo2 . Aunado a lo anterior, las políticas públicas en Educación se han focalizado y concentrado en el fortalecimiento y acceso a la educación primaria y, en consecuencia, se le ha restado importancia a la educación superior. Además, después de la reciente aprobación3 del proyecto de Ley 20.580 se incorporan las Redes de Cuido y el Instituto Nacional de Aprendizaje al presupuesto del Ministerio de Educación Pública, lo que representa una importante disminución, pues hay que distribuir el monto asignado entre un número mayor de instituciones.

A lo anterior debe sumarse el avance del neoconservadurismo4 en la región latinoamericana que reinstala un clima cultural que pugna por mantener valores anacrónicos, moralistas, con respecto a la familia y a los estereotipos de género. Asimismo, establece políticas públicas que reafirman la concepción de familia tradicional, heteronormativa y, como si fuera poco, se apoya en la religión como aparato ideológico; esto obstaculiza la reducción de los índices de violencia machista hacia las mujeres y demás personas que no cumplen con los parámetros que impone la masculinidad hegemónica.

Las principales afectadas en este contexto machista son las mujeres; empero, las personas jóvenes también, ya que tras una educación deficiente orientada principalmente a la reproducción de mano de obra barata, y las pocas oportunidades de inserción en el mercado laboral, aumentan las probabilidades de ser arrastrados por la violencia y la criminalidad como método de sobrevivencia en un sistema que los excluye y encarcela sistemáticamente por su lugar de procedencia, portación de un rostro sospechosamente criminal y, evidentemente, su extracción social.

Por lo tanto, se planteó la siguiente interrogante, ¿es necesario, desde el Trabajo Social, poner en tensión la subjetividad que asumen los jóvenes privados de libertad, para generar rupturas en las formas en que conciben y ejercen su masculinidad? Si se considera que las cárceles constituyen un instrumento más de la política criminal y del aparato represivo del Estado, donde se segrega, según el sexo, a quienes están cautivos en ellas; la masculinidad es un asunto al que hay que prestarle atención desde Trabajo Social.

En las prisiones se concentran las expresiones de la masculinidad hegemónica más radicalizadas y violentas. Por esta razón, es importante trabajar integral y sistemáticamente con los jóvenes que están recluidos e institucionalizados dentro del Sistema Penitenciario Nacional en asuntos relacionados con la disminución y erradicación de la violencia machista porque se agrava en estos espacios.

2 Según el Vigesimocuarto Informe del Estado de la Nación, en el segundo semestre de 2018 la tasa de desempleo ampliado incluye a la población desempleada más la población que está fuera de la fuerza de trabajo y disponible, pero desalentada: aproximadamente un 9 % de los hombres y un 17.5 % de las mujeres.

3Aprobado el 3 de diciembre del 2018.

4“El neoliberalismo se encontró con los neoconservadores en el terreno de la política y de la cultura; querían una sociedad más quieta y ordenada, así como la restitución de valores tradicionales como la familia, la nación y la religión” (Tejeda, 2006, p. 76).

El objetivo principal de este artículo es proponer algunas ideas que demuestren la importancia de trabajar desde una perspectiva de género, más específicamente desde el enfoque de masculinidades, con los jóvenes privados de libertad para disminuir las manifestaciones de violencia que se generan entre ellos. Para lograrlo es necesario realizar un trabajo conjunto entre las distintas disciplinas que intervienen, tanto dentro como fuera de la cárcel; pero, principalmente, desde el Trabajo Social, porque un enfoque crítico, puede colaborar en la disminución de las distintas manifestaciones de la violencia de género y, por ende, influir en la construcción de una sociedad menos machista y patriarcal.

Metodología

Este trabajo es el resultado de un proceso de inserción y reflexión en el Centro Especializado Ofelia Vincenzi Peñaranda, localizado en San Rafael de Alajuela de Costa Rica (Ceovi). La labor respondió a la práctica profesional efectuada durante el primero y segundo semestres del 2018. Para ejecutarlo se diseñó un proyecto de intervención enfocado en el trabajo y sensibilización de las masculinidades con un grupo de diez jóvenes hombres, que se encontraban privados de libertad por distintos motivos. Además, se hizo una revisión bibliográfica acerca del tema en cuestión.

A partir de este proceso grupal y de la vivencia propia, se plantearon las siguientes cuestiones sobre la estrecha relación existente entre las políticas neoliberales, las masculinidades de los jóvenes privados de libertad y la construcción de un perfil de criminal que recae sobre los rostros jóvenes de la sociedad.

Desempleo y hombres jóvenes: algunos antecedentes

El avance del proyecto neoliberal ha generado en la actualidad una situación caracterizada por el despojo de las garantías laborales de la clase-que-vive-del-trabajo5 (Antunes, 2005), lo que ha provocado una profunda precarización de ese grupo poblacional y una flexibilización laboral que se traduce en mayores índices de desempleo. Los principales afectados por estas políticas de desregulación del trabajo son, en su mayoría, personas jóvenes que no tuvieron acceso o no pudieron mantenerse en el sistema educativo, ya que sus condiciones de trabajo, cuando lo tenían, eran precarias; en otros casos, formaban parte del subempleo o trabajo informal, que no les proveía de los recursos suficientes para subsistir.

La flexibilidad (laboral por supuesto) se convierte en la llave maestra del disciplinamiento y la ideologización. Flexibilidad es la palabra de orden desde la década de 1980, el eufemismo por antonomasia de la sobreexplotación y la “competitividad” o la “creación de empleo”, en sus más falaces justificaciones (Jiménez, 2016, pp. 446-447).

5 “La clase-que-vive-del-trabajo, la clase trabajadora hoy, incluye a todos aquellos que venden su fuerza de trabajo, teniendo como núcleo central a los trabajadores productivos No se restringe, por lo tanto, al trabajo manual directo, sino que incorpora la totalidad del trabajo social, la totalidad del trabajo colectivo asalariado (p.91)”.

En Costa Rica, los programas de ajuste estructural, implementados a partir de 1985 por el gobierno de Luis Alberto Monge (1982-1986), desestabilizaron el modelo agrario del país, contra-reformaron al Estado estrechándolo y atacando las garantías sociales y laborales conquistadas anteriormente; coyuntura que se tradujo en un empobrecimiento de las condiciones materiales de vida de la población en general. Estos hechos incrementaron la pobreza urbana, pues muchos sectores de la población sufrieron una importante disminución de sus ingresos, enfrentaron el desempleo o fueron desplazados hacia el sector de la economía informal, como consecuencia del fuerte ajuste que traían consigo los PAE. No obstante, esta situación se venía presentando desde los años que precedieron al gobierno de Monge Álvarez pues la economía era igualmente frágil e inestable.

En la actualidad, la situación nacional con respecto al empleo informal es alarmante, según datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec), en el tercer trimestre de 2018, se registró que un 45 % de la población económicamente activa trabajaba en condiciones de informalidad, alrededor de 962 mil personas, de las cuales 560 mil eran hombres, es decir, el 58,2 % (Inec, 2018).

Según el Programa Estado de la Nación (2018), la tasa de desempleo juvenil, entre los quince y veinticuatro años, en el primer semestre del año en curso, alcanzó un 17,5 %, es decir: por cada cien jóvenes hay, aproximadamente, dieciocho sin empleo. Lo anterior revela una clara falta de oportunidades laborales para la totalidad de los habitantes que están en edades productivas, lo que se traduce en una gran desigualdad con respecto a los ingresos y, por tanto, la reducción de la pobreza solo queda en discursos oficialistas del Gobierno:

Una vez más, en 2017 persistieron los problemas estructurales relacionados con la falta de oportunidades para que todos los habitantes del país tengan acceso a un ingreso digno. Estas dificultades se manifiestan en la elevada desigualdad de ingresos, en la incapacidad para lograr reducciones sostenidas en la pobreza, en un mercado de trabajo que crea escasas oportunidades de empleo y tiene barreras de entrada para ciertos grupos como las mujeres y las personas jóvenes, en un desempleo alto y en un estancamiento (o contracción) en los ingresos de la mayoría de la población (Programa Estado de la Nación, 2018, p. 56).

El fenómeno del desempleo se ha acrecentado en las últimas décadas, la generación nacida entre 1940- 1960, presentaba una tasa de desempleo, para las personas jóvenes, de un 13 %, la siguiente generación de jóvenes, nacidos entre 1960-1980, enfrentaron una tasa de desempleo del 9 %; no obstante, para los nacidos después de los 80, el índice de desempleo es del 18% a la edad de veinte años. Esto es una clara muestra de que las generaciones actuales de jóvenes se enfrentan a condiciones más hostiles que las experimentadas por sus antecesores (INEC, 2018).

Una consecuencia de este panorama tan hostil para la población joven, según el Programa Estado de la Nación (2017), es que las cárceles en Costa Rica aprisionan, mayoritariamente, a personas menores de 35 años: un 55 % del total de la población carcelaria nacional proviene de estratos socioeconómicos bajos, de núcleos familiares inestables debido a la imposibilidad de satisfacer necesidades materiales, además de afectivas, emocionales, filiales, entre otras.

Este crecimiento estructural del desempleo y la pobreza se ha convertido en un fenómeno que clasifica y, al mismo tiempo, excluye a la población juvenil; ensancha las capas medias y bajas, y las marginaliza. Esto provoca que los jóvenes se constituyan en un blanco predilecto de las políticas públicas de seguridad, ya que los identifican como criminales en potencia o coinciden con el perfil de sujeto sospechoso; situación que conduce a una mayor criminalización de la pobreza y de la juventud, en otras palabras, mayor represión para los jóvenes de las clases populares.

A esta condición de precarización y represión se suman características del empleo que deterioran las condiciones laborales de esta población. Lamentablemente, se ha ido generalizando una práctica negativa por parte de los empleadores pues “utilizan libremente a los trabajadores” y los desechan cuando lo consideran oportuno para sus intereses (Lutz, 2013). Además, existen otros factores que influyen en la expulsión del mercado de trabajo, entre ellos pueden señalarse:

La reducción del mercado de trabajo y el incremento proporcional de la experiencia profesional y nivel de estudio para ocupar los puestos vacantes, la incertidumbre en cuanto al aumento de la duración del tiempo de trabajo semanal, la multiplicación y diversificación de las tareas que realizar, el aumento constante del rendimiento para alcanzar metas siempre más elevadas, la competencia interna como mecanismo de estimulación del personal y la renovación del contrato, son todos elementos anxiógenos que fragilizan al trabajador (Lutz, 2013, p. 179).

Lo anterior plantea una interrogación: ¿qué tipo de trabajos están disponibles para los estratos jóvenes de la población si deben competir en un mercado donde la mayoría de los puestos son marginales y de alta demanda? El panorama es muy negativo: el desempleo responde a la deficiencia estructural estatal y a la desindustrialización, y las oportunidades laborales se han desprovisto de la mayor parte de las garantías sociales pues se han hiper-flexibilizado; además, un solo trabajo no es suficiente para sobrevivir. Por esa razón, esta población se ve forzada a realizar tareas poco remuneradas y en condiciones muy precarias, ejemplo de eso son los repartidores de comida o de otros bienes mediante el uso de bicicletas o motocicletas.

Esta sumatoria de elementos recae sobre la individualidad de la persona y la responsabiliza de su difícil condición de vida al mejor estilo del neoliberalismo que, sobre todo en los últimos años, no les ofrece a los jóvenes la oportunidad de insertarse en el mercado laboral.

Por lo tanto, “las necesidades de sobrevivir orillan a jóvenes y adultos a aceptar condiciones deplorables de trabajo e incluso en incursionar en mercados ilegales” (Lutz, 2013, p. 180). Es por eso que, desde el Estado, se promueven políticas de encierro para combatir a los perdedores del mercado, pues carecen de las condiciones necesarias para insertarse en la fuerza laboral del país. Condiciones que se alejan aún más cuando el sistema educativo, al igual que el mercado, expulsa a los jóvenes de sus aulas.

Con base en lo expuesto, puede afirmarse que una nueva forma de gobernar ha sido desarrollada y se basa en la gestión de la inseguridad y del crimen, originada por los gobernantes que irónicamente utilizan esta difícil situación para ganar votos en sus campañas electorales. En otras palabras, el populismo punitivo se ha convertido en la nueva estrategia para gobernar a través del crimen (Hunh, 2012). Tampoco debemos menospreciar el papel que tienen los medios de comunicación que generalizan un sentimiento de inseguridad nacional con el fin de incentivar una mano dura contra el crimen.

Por ejemplo, Laura Chinchilla presidenta del país en el periodo 2010-2014, tuvo como lema de campaña ser firme y honesta y, además, tener “cero tolerancia” contra el crimen. En su página web, citada por Hunh, Chinchilla expone: “¡Los criminales a la cárcel! Quien roba, asalta o asesina termina en la cárcel y no otra vez en la calle” (2012, p 80). A lo anterior agregaba que el legado de su gobierno era una Costa Rica como hogar seguro.

La seguridad basada en la mano dura y “cero tolerancia” se ha convertido, por lo tanto, en un discurso nuevo para la recolección de votos; es decir, ahora las personas simpatizan más con quien prometa menos indulgencia contra la criminalidad; discurso que, de igual manera, no pasó inadvertido en la campaña electoral del 2018.

Vemos entonces cómo, ante un estado social en decadencia, surge con fuerza un estado penal (Wacquant, citado por Lutz, 2013), característico de los estados contemporáneos alineados al proyecto neoliberal, cuya forma de combatir la pobreza es la penalización que:

…funciona como una técnica para la invisibilización de los problemas sociales que el Estado, como palanca burocrática de la voluntad colectiva, ya no puede o no quiere tratar desde sus causas, y la cárcel actúa como un contenedor judicial donde se arrojan los desechos humanos de la sociedad de mercado (Lutz, 2013, pp. 177-178).

El Estado, justificado en las falsas o exageradas formas de presentar la inseguridad ciudadana, crea diversos métodos de represión; estos son direccionados, principalmente, al castigo de la pobreza mediante la administración clasista de los ilegalismos (Foucault, 2002), con los cuales las clases dominantes se eximen de ser criminales, y trasladan esta carga negativa a las clases dominadas, de las cuales se puede sospechar que son peligrosos en potencia. De esta manera aumenta el número de leyes y políticas contra el “crimen”, se estigmatiza a diversos grupos poblacionales, especialmente a los jóvenes pobres y migrantes. De esta manera, se consolida el control, se justifica la violencia policial, se endurece el castigo y no se perdona a nadie que reproduzca el perfil de criminal ya instituido.

Wacquant estima que “el encarcelamiento es una técnica de regulación de la marginalidad: se encierra a quienes no tienen ninguna actividad lucrativa o cuya actividad económica es ilegal” (Citado por Lutz, 2013, p. 180). Así, los jóvenes que ni estudian ni trabajan (además de la insistencia en que trabajar es el máximo ideal o aspiración de esta sociedad) e incurren en alguna actividad delictiva para sobrevivir, se convierten en esa marginalidad que debe ser regulada. Con base en estos parámetros se caracteriza a la población y se construye un perfil del criminal, que refuerza la estigmatización y discriminación de los más desposeídos.

Esta reconfiguración del castigo hace crecer la “presión penal no sobre las ‘clases peligrosas’ stricto sensu, sino sobre los elementos marginados del mercado laboral (en particular los jóvenes y los extranjeros), a los que no se ofrece como perspectiva otra cosa que la aceptación de una inserción en el mercado de los empleos inseguros o sanciones carcelarias, especialmente en caso de reincidencia” (Wacquant, 2004, p.109).

Se disciplina, en el sentido estricto, a jóvenes y jóvenes migrantes, cuyas condiciones de vida han sido precarizadas debido a la reconfiguración del capital transnacional. Por lo tanto, solo tienen acceso a trabajos mal pagados, sin garantías ni protecciones sociales, condiciones que no pueden exigir porque es la opción laboral que se les presenta como única. Además, las otras opciones que el sistema les ofrece son, por ejemplo, el narcotráfico y otras actividades delictivas que son parte fundamental del sistema capitalista. En consecuencia, se reproduce la marginalidad para la preservación de estas actividades lucrativas, pero, en muchos casos, de forma muy violenta. Así, eventualmente el encarcelamiento es la última opción, que se acrecienta cuando existe un historial delictivo.

La delincuencia tiene cara de hombre joven

A lo largo de estas líneas se ha caracterizado el perfil de las personas que el sistema estatal ha generado. Es por eso que, al penalizarse la pobreza y crearse una nueva forma de controlar la marginalidad, se construyó un saber sobre quién y cómo se ve el delincuente. En otras palabras, el “delincuente es un producto de institución carcelaria” (Foucault, 2002, p. 281).

Wacquant (2014), complementa este perfil del criminal al agregar otro elemento señalado por varias investigaciones administrativas y judiciales: las personas sospechosas de alguna criminalidad comparten rasgos distintivos; entonces se detienen personas “por una mera sospecha basada en la ropa, el aspecto, el comportamiento y -antes que cualquier otro indicio- el color de la piel” (p. 37).

Es por esto que las detenciones “aleatorias” y los operativos que hace la policía en las calles de las ciudades del país, se basan en la reproducción de estereotipos de quien porta el rostro y demás características de la persona criminal6, lo que supone además, que se aplica, de manera inflexible, la ley contra los delitos menores, y se penaliza con la prisión todo acto que infrinja la ley, especialmente la relativa a la propiedad privada.

Por ejemplo, a partir del 2009, por mandato de la Asamblea Legislativa, se legalizó el castigo con prisión de uno a tres años a los hurtos, sin tomar en cuenta el monto de lo sustraído para agravar o disminuir la pena. Ejemplo de esto es lo ocurrido en la empresa Walmart que abanderó las políticas de “cero tolerancia y mano dura”, llevando a juicio a cualquier persona que descubriera sustrayendo productos en alguna de sus tiendas, y no aceptó conciliar; por lo cual en el 2013 presentaron ante los tribunales a 1141 personas y, en octubre del 2014, a 661 (Delgado, 2014).

Estas situaciones se vieron respaldadas judicialmente por el inicio de operaciones de los tribunales de flagrancia en el 2008, lo que causó que la población carcelaria aumentara en los últimos diez años. Las instituciones están sobrepobladas y hacinadas con personas que han cometido delitos menores, que anteriormente calificaban como contravenciones y no tipificaban como delitos. En el 2015, los trámites por delitos sorprendidos en el acto, pasaron de un 2 % a un 34 %; en otras palabras, de 79 a 3 040 condenas: aproximadamente ocho juicios diarios (Madrigal, 2017).

Sin embargo, esta penalización agudizada de los delitos menores ha sido legitimada por la población, puesto que, a partir del bombardeo mediático con respecto a los discursos de inseguridad, se justifica la aplicación de políticas contra los grupos que, colectivamente, se han adjetivado como peligrosas, especialmente los de jóvenes migrantes que son considerados sujetos nocivos para la sociedad. Además, si son adultos jóvenes, las personas consideran que representan un factor más de riesgo para muchas personas, porque la violencia en general tiene rostro masculino.

La población costarricense trata a ciertos grupos de extranjeros, a los jóvenes en grupo y sobre todo a los pobres como una amenaza para la seguridad, esto de acuerdo con los “conocimientos válidos” sobre la criminalidad en la práctica social y en la imaginación colectiva (Hunh, 2012, p.117).

Es así como en el Ceovi se muestran los rostros de la juventud empobrecida, parte de ellos migrantes, en su mayoría de piel oscura, tatuados, en apariencia heterosexuales. Sus historias de vida indican que muchos de ellos proceden de zonas y comunidades empobrecidas del país que se etiquetan de peligrosas o áreas urbanas hiperdegradadas, porque en ellas existe hacinamiento, pobreza y vicio (Davis, 2004).

Es importante recalcar que, según el criterio de las clases dominantes, en estas zonas hay carencia de los valores y de una moral hegemónica. En consecuencia, los sujetos que viven en ellas deben ser reeducados para adecuarlos a la norma. En otras palabras, mediante políticas públicas asistenciales, el Estado ofrece transferencias monetarias condicionadas (Lavinas, 2014), si las personas receptoras de ellas se responsabilizan de cumplir ciertos requisitos que les permitan mejorar su empleabilidad: educación, revisiones médicas periódicas, etc. Además, en la cárcel también se realiza este proceso correctivo que actúa contra la degradación y decadencia que acusa a la población juvenil, sin tener en cuenta que el sistema socioeconómico imperante los fuerza a actuar en contra de esas normas sociales.

De acuerdo con el filósofo-economista Amartya Sen, las políticas neoliberales restringen las libertades económicas, políticas y sociales que “hacen posible la libertad de acción y de decisión como las oportunidades reales que tienen los individuos, dadas sus circunstancias personales y sociales” (2000, p. 33). Por lo tanto, cuando gran parte de la población es privada de oportunidades de educación, empleo, vivienda digna, entre otros, carece de las condiciones necesarias para desarrollar plenamente sus capacidades y mejorar sus actitudes y comportamientos, pues, como se ha dicho, responden a su contexto más inmediato, familiar y “barrial”7 , principalmente.

En contextos barriales en donde operan pandillas, el alarde viril resulta fundamental para tratar de mantener a raya de posibles agresiones provenientes de otros hombres. Si tal alarde no resulta suficiente, entonces era necesario recurrir a la violencia en que los hombres eran socializados. La masculinidad en su medio era, sin duda, un instrumento defensivo y de sobrevivencia (Menjívar, 2004, p.38).

Lo explicado anteriormente obstaculiza el proceso de construcción de la masculinidad, porque al estar fuera del sistema educativo y enfrentar un alto índice de desempleo, la vida de estos jóvenes atraviesa por un proceso de precarización, en el que el único espacio para socializar es la calle, en ella moldean su identidad a partir de la relación que establecen con sus pares: hombres con los que también compiten. Por lo tanto, en un ambiente hostil, deben mostrarse fuertes y viriles.

Lo que se tiende a generar entonces son condiciones que agudizan las expresiones de estilos masculinos hegemónicos. Ante situaciones de mayor empobrecimiento lo que emerge son radicalizaciones de los modos patriarcales por parte de estos varones ante un contexto que niega posibilidades de vivir lo esperado tradicionalmente como fórmula para hacerse hombre (Duarte, 2011, p. 3).

Entonces, los jóvenes que son recluidos en centros penitenciarios potencian sus expresiones violentas hacia otras personas, cosifican y sexualizan a las mujeres, y enfrentan, por parte de sus pares, una eterna sospecha sobre su sexualidad. Siempre están coaccionados porque deben demostrar quién es el más hombre, quién se expresa mejor como tal; es decir, señalan toda conducta que no se asemeje a su marco ideológico cultural en relación con lo que significa ser hombre: feminizan y homosexualizan todo lo que no sea suficientemente masculino y, en consecuencia, desvalorizan a quien no cumpla con sus parámetros.

Las múltiples expresiones de la masculinidad en la sociedad tienen implicaciones diferentes: capacidades de acceso al ejercicio de poder, propiedad y prestigio, que están marcadas por los distintos contextos socioeconómicos de donde provienen los hombres; esto genera la construcción de diversas masculinidades (Duarte, 1999). Por lo tanto, si la cárcel encierra a hombres provenientes de clases populares, que expresan radicalmente su masculinidad para defenderse entre muros, deben preservar su prestigio masculino y evitar someterse ante el poder de otros hombres, es imposible demostrar debilidad, ya que su única identificación es una hombría imaginada.

Lo anterior representa un reto para las personas que trabajan con jóvenes privados de libertad, pues ellos no están acostumbrados a ser intervenidos ni a hablar con otros hombres que representen una posición de poder distinta a la que ellos construyen entre sí. Incluso, en algunas ocasiones, con la policía penitenciaria que está integrada mayoritariamente por hombres construyen alianzas y complicidades que sostienen un machismo y sexismo particular entre muros.

En consecuencia, cuando un hombre es parte de la sección técnica (Trabajo Social, Orientación, Psicología y Derecho) de las cárceles, profesiones que históricamente han sido desempeñadas por mujeres, los jóvenes activan otros métodos de defensa; lo que significa que reproducen o esperan ver reproducidos en ellas estereotipos de género: las mujeres, para ellos, son profesionales que escuchan, aconsejan e incluso cuidan de su progreso en la cárcel, es decir, de alguna u otra forma buscan consejo maternal. De ahí que tener que trabajar con estas profesionales puede significar un descenso en sus defensas masculinas o, en ocasiones, una subvaloración del rol profesional de estas personas.

Contrariamente, cuando es un hombre el que trabaja con ellos, asumen una actitud defensiva en competencia con el que consideran su rival. Lo que se traduce en que asocian con ese otro hombre la famosa frase de que en la cárcel “sobrevive el más fuerte”, por tanto, entre hombres hay que demostrar fortaleza y virilidad sea quien sea ese otro.

Masculinidades, cárcel y Trabajo Social

Todo lo anterior deriva en otro tema en cuestión, ¿es necesario trabajar desde un enfoque de género y, más específicamente, desde las masculinidades, con los jóvenes varones recluidos en cárceles? La respuesta es afirmativa. Incluso, es una fuente de insumos nuevos con los cuales se pueden crear formas de intervención diferentes si el trabajador social utiliza su instrumentalidad8 teórica, metodológica, técnica y operativa en perspectiva de género.

Con respecto a los desafíos que tiene que enfrentar el Trabajo Social latinoamericano, José Netto (2003) propone tres ejes hipotéticos de trabajo: teórico, político y técnico. La cualificación teórica es necesaria para enfrentar las distintas realidades sociales con las que trabajamos para no accionar desde el sentido común, e integrar los distintos tipos de análisis que han aportado las Ciencias Sociales a nuestro acervo profesional. Por lo tanto, debemos investigar sobre el tema en cuestión para lograr una intervención efectiva. En el caso que nos ocupa habría que indagar sobre estudios de género, masculinidades y juventud, para ofrecer otras perspectivas a los jóvenes privados de libertad.

En relación con el punto anterior, debemos incorporar a nuestro arsenal instrumental nuevas técnicas de intervención, producto de la convergencia de diversas líneas teóricas, tales como el marxismo y los estudios de género, los cuales nos permiten comprender que toda violencia y opresión es producto de la desigualdad material y social sobre la que se sostienen el capitalismo y el proyecto neoliberal de esta época. Por lo tanto, las expresiones violentas de la masculinidad, además de ser sostenidas por el patriarcado, son consecuencia de la lógica capitalista que considera al hombre como proveedor y dueño de su casa, mujer, hijos e hijas.

Toda acción nuestra es política, ya sea que siga la tendencia socialdemócrata de reformar conservando (Guerra, 2004); o trate de reformar al hombre para que sea útil y dócil al capitalismo, dentro de los patrones machistas y violentos. No obstante, también podría considerarse la opción de generar acciones que transformen la realidad propia y más inmediata de los agentes sociales con quienes trabajamos, en este caso: los jóvenes varones privados de libertad. Sin duda alguna, el Trabajo Social se inserta en una dimensión política, razón por la cual debemos contar con instrumentos que nos permitan hacer análisis coyunturales “de saber si mi plan de trabajo, el proyecto donde estoy ubicado, insertado, tiene viabilidad, cuáles son sus límites, sus aliados, sus adversarios” (Netto, 2003, p. 28).

En suma, estas tres cualificaciones permiten comprender mejor la realidad y la forma de intervenir en ella; además, acrecientan la instrumentalidad de la profesión, cuando suman elementos progresistas que posibilitan la revisión de sus fundamentos y de su legitimidad (Guerra, 2004), y cuestionan su funcionalidad en distintos espacios laborales.

Por ejemplo, el trabajo en cárceles no solo debe responder a la necesidad que tiene la burocracia penitenciaria de lograr eficiencia en el cumplimiento de las tareas; sino, además, al desarrollo de procesos de intervención que generen tensiones entre las relaciones profesional-privados de libertad; privados de libertad entre sí e, incluso, en el ámbito personal. Toda acción que propicie cambios en las subjetividades de los jóvenes y disminuya las expresiones de la desigualdad de género entre sus pares, especialmente entre sus pares femeninas, posibilitará la transición a una sociedad menos machista y violenta.

Entonces, Trabajo Social “además de un agente técnico especializado, (...) es un protagonista volcado para el conocimiento de sus papeles socio-político y profesional, envolviendo exigencias teóricas más rigurosas” (Netto citado por Guerra, 2004, p. 19). Estas exigencias le permitirán abordar integralmente las distintas realidades que encuentra en su diario quehacer y desentrañar relaciones de poder y desigualdades de género, entre otras. Además, podrá encausar las políticas sociales y penitenciarias, pensar acerca de ellas, reflexionar y, si es del caso, criticarlas para mejorar su intervención dentro del sistema penitenciario nacional.

Por esta razón, como se ha venido analizando,

…es fundamental la adopción de una determinada postura que sea crítico-investigativa. Esta postura permite calificar el ejercicio profesional, ya que incorpora la dimensión del cambio. Permite el avance de la profesión en el sentido de apuntar tendencias, anticiparse, reconstruir objetos de intervención, aprehender demandas emergentes (Guerra, 2011, p. 21).

Un proceso de trabajo fundamentado en la investigación crítica de la realidad que deseamos intervenir permite desentrañar el modo en que se configura el dominio masculino en la sociedad y su forma de organización; además, posibilita la reconstrucción de modelos de trabajo propicios para la atención de los hombres jóvenes que están encarcelados, tarea difícil, pero no imposible. Lo anterior confiere el carácter de vanguardista a la profesión por insertarse en espacios de trabajo a partir de perspectivas innovadoras sobre género, masculinidades y jóvenes privados de libertad. Y, aunque el enfoque de masculinidades sea un aporte postmoderno y posestructuralista, pues responde a una demanda emergente, es necesario trabajar sobre la violencia de género, la abolición y extinción del patriarcado que carcome a la sociedad en general, con el propósito de promover la emergencia de otros mundos posibles.

Finalmente, “el reconocimiento del otro exige que nuestra propia razón reflexione sobre las formas asumidas, en medio de la tensión entre el ser y el deber ser” (Aquín, 2003, p. 109). Es decir, como profesionales que incidimos en la subjetividad de las personas y en su ambiente más próximo, debemos desechar todos los estereotipos y prejuicios que el discurso neoliberal ha promovido con respecto a la inseguridad, la criminalidad, las poblaciones jóvenes, migrantes, etc., pues alimentan el ambiente de desconfianza que priva en nuestras sociedades.

Puede señalarse una delgada línea entre el Trabajo Social y el trabajo policial, puesto que “obedecen a una misma lógica de control y enderezamiento de las conductas de los miembros claudicantes o ineptos de la clase obrera” (Wacquant, 2014, p. 48); sin embargo, si reproducimos esta lógica podríamos individualizar y responsabilizar a los jóvenes encarcelados de los hechos que los condujeron a esa situación; no obstante, debe subrayarse el verdadero problema: una estructura social que los arrastra hacia el empobrecimiento y la criminalidad. Entonces, se debe reflexionar sobre nuestro quehacer: somos meros técnicos y técnicas, un policía más del sistema penitenciario o debemos ser agentes sociales que promuevan tensiones y transformaciones en la subjetividad de los jóvenes privados de libertad.

Conclusiones

Es evidente que, a partir de la aplicación, cada vez con mayor fuerza, de políticas que responden al proyecto neoliberal, las condiciones de empleo y las posibilidades de mantenerse en él son cada vez más precarizadas y flexibles. Lo que hace que los jóvenes, principalmente de barrios y comunidades marginales, tengan difícil acceso a un empleo estable, formal y bien remunerado. Esto provoca que sus condiciones de vida se vean vulneradas, precarizadas, y carezcan de posibilidades que les permitan realizar actividades lucrativas. Situación que los induce a ejecutar actividades económicas informales que, en ocasiones, se traducen en alguna actividad delictiva o violenta. Cualquier expresión de violencia que se manifiesta en ellos y a partir de ellos es una mera consecuencia de la desigualdad económica y social a la que son impelidos por el sistema capitalista.

Estas poblaciones son identificadas institucional y socialmente como sospechosas o peligrosas porque reflejan el perfil de criminal que se debe vigilar, controlar y castigar, lo cual se agrava si fenotípicamente se asocia con una persona migrante. En consecuencia, son jóvenes que desde edades tempranas son institucionalizados en centros especializados de retención, tal como el Ceovi, donde mediante el encarcelamiento, deben ser reformados, moralizados y transformarse en personas útiles para el sistema económico imperante, el capitalismo.

Son jóvenes varones que reproducen fiel y radicalmente la masculinidad hegemónica, machista y patriarcal, producto del contexto hostil y violento del que provienen. Para ellos es fundamental alardear de su virilidad y fortaleza para mantener el respeto de otros hombres y no ser violentado por ellos. Esta condición de “macho” se debe manifestar con más fuerza en el espacio intrarrejas que les impone la cárcel. Por esa razón, su masculinidad nunca debe ponerse en duda ni generar sospecha alguna, pues implicaría exponerse como homosexual y, por ende, feminizado.

Esto no solo es notorio en la interacción entre ellos, o entre los jóvenes y la policía penitenciaria masculina, sino, también, en la forma en que se expresan de las mujeres, como objetos que deben satisfacer sus deseos sexuales, por lo que pueden ser sometidas o desechadas. Por estas razones, es importante, desde el ejercicio profesional penitenciario/criminológico, intervenir la realidad de los jóvenes privados de libertad, para poder transformarla en algún grado; eso sí, desde un abordaje crítico, apoyado en la investigación y la teoría. Debe reconocerse que, lo anteriormente dicho, puede interpretarse, además, como un acto político por los aportes de los movimientos feministas que tratan de reducir la violencia y la desigualdad de género que existen en la sociedad.

Finalmente, es necesario reconocer que el tratamiento con enfoque de género de las masculinidades no es una tarea fácil. Por lo tanto, la intervención de jóvenes varones privados de libertad es un reto difícil de asumir por las y los colegas que trabajan en el sistema penitenciario nacional. Estos profesionales deben contar con los instrumentos que les puede proveer la profesión y con la experiencia y el conocimiento de otros colegas que laboran en condiciones similares; todo con el propósito de desterrar el trato clásico de vigilancia y castigo, característico de las lógicas de corrección carcelarias.

6 A inicios de las ciencias criminales italianas en el siglo XIX, Cesare Lombroso, criminólogo y médico; elaboró un perfil fenotípico del delincuente, el cual se basó en caracterizar y justificar, al mejor estilo del darwinismo social, a las personas potencialmente peligrosas y sus comportamientos delictivos.

7 Para profundizar más sobre las prácticas de las juventudes en contextos barriales, se recomienda leer el artículo de Onésimo Rodríguez (2018): “Pandillas, cuadrillas y barras de fútbol: prácticas plurales de la juventud”.

8 La instrumentalidad del Servicio Social puede ser vista como mediación por medio de la cual se puede recuperar la ruptura existente entre la corrección de los medios, la coherencia y la legitimidad de los fines, trascendiendo las acciones instrumentales y la razón instrumental - esta como medio de control/manipulación de la sociedad- (Guerra, 2004, pp. 17-18).

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