Resumen
La participación ciudadana es un derecho; en los regímenes democráticos es, además, un deber que no se limita exclusivamente al ejercicio del voto, sino que trasciende a espacios de rendición de cuentas y toma de decisiones. Estos espacios deben ser apropiados para las personas mayores y las organizaciones e instituciones que trabajan con esa población con el fin de hacer valer sus derechos en los procesos consultivos y de cocreación desde el Gobierno y desde una visión de corresponsabilidad entre ciudadanía y Estado.
No obstante, existen limitantes para ejercer el derecho a la participación: el modelo neoliberal imperante, los procesos de incidencia pueden resultar lentos, los horarios de las reuniones, frecuencia, recursos o lugar, la organización anti derechos humanos, o espacios disfrazados de participación y construcción cuando únicamente son informativos, porcentaje reducido de personas que se encuentran activas en la participación en el nivel de toma de decisiones y beligerancia.
La participación posibilita el ejercicio de la ciudadanía desde la democracia, logra problematizar la imagen estereotipada de la vejez y del envejecimiento que genera exclusión y violencia; sin embargo, se trata de un asunto que nos compete a todos y todas y, además, identifica la discriminación múltiple, por edad o por cualquier otra condición.
Se debe promover la reflexión sobre la importancia del enfoque de curso de vida en conjunto con otros sectores y colectivos, democratizando la información en todos los niveles, desarrollando estrategias socioeducativas de socialización, descentralización de los contenidos y transparencia de las acciones.
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